Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8553/24 Sentencia: Definitiva Actor: González María Sol Demandada: Procepet Sociedad Anónima y Otro Objeto: Laboral Fecha: 30-10-2024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los treinta días del mes de octubre de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “GONZALEZ MARÍA SOL C/ PROSEPET SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO S/ LABORAL" Expte. 36822 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de esta ciudad que tuviera ingreso en esta instancia, bajo el Nº 8553/24. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto Eduardo Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta la Dra. María Carolina Sotomayor y los Dres. Nicolás A. Fernandez y Luis M. Della Rosa en representación de María Sol Gonzalez, demandan a Prosepet S.A e YPF S. A. solicitando el pago de salarios caídos y los rubros derivados del despido incausado, lo que estiman en $3.336.762,01. Señalan que la nombrada ingresó a trabajar para la demandada el 6 de actubre de 2011 como contadora pública, y se encontraba encuadrada en el CCT 611/2010. Agrega que a mediados de junio de 2018 se entera que estaba embarazada y comunica ello mediante TC a las demandadas y reclama los salarios adeudados. Allí comienza un intercambio epistolar que refiere y se tiene presente; concluye que existió un despido indirecto y que la codemandada es solidariamente responsable.
II. A fs. 73 se celebra audiencia de conciliación laboral con resultado negativo y las demandadas contestan la demanda. A fs. 74/97 se presenta el Dr. Ignacio Ferreyra Amuchástegui en representación de Prosepet S.A. y contesta la demanda incoada. Realiza la negativa detallada y da su versión de los hechos. Sostiene que Prosepet SA tenía contrato con YPFSA que finalizó en marzo de 2018, que con ello finalizó la labor de la empresa, por lo que a principio de abril de 2018 no se desarrolló ninguna actividad ni se sostuvo vínculo laboral con la actora. Agrega que María Sol Gonzalez no puso más su fuerza de trabajo a disposición de la demandada desde esa fecha (abril 2018) por lo que al momento de comenzar el intercambio epistolar ya se había producido la desvinculación laboral en diferentes términos que los invocados. Impugna los rubros cuyo cobro se pretende, ofrece prueba, hace reserva del caso federal.- A fs. 93 y ss. el Dr. Leonardo Regensburger contesta la demanda en representación de YPF S.A., realiza la negativa de los hechos, afirma que no se daría el supuesto de solidaridad laboral por ser las tareas desarrolladas por la actora ajenas a la incumbencia de la codemandada, entiende que son improcedentes los rubros requeridos, impugna la liquidación propuesta y la tasa de interés. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.-
III. A fs. 144/149 se ordena la producción de prueba y finalizada la misma en PE PE1367889-2024 se dicta sentencia de primera instancia, que rechaza la demanda contra Prosepet SA, admite parcialmente la demanda contra YPF SA con relación a la indemnización del art 80 de la LCT, impone las costas proporcionalmente entre la actora y la demandada, intima a Prosepet a confeccionar el Certificado de Trabajo, difiere la regulación de honorarios. Seguidamente se dicta una aclaración de la parte resolutiva desestimando la solidaridad pretendida y condenando a Prosepet SA al pago de la indemnización por falta de entrega del certificado del art. 80 de la LCT.
IV. En PE1387096-2024 la parte actora apela y expresa agravios con relación a la sentencia dictada. En su presentación hace una reseña del trámite dado a la presente causa, invoca la violación del plazo razonable detallando los trámites realizados en la instancia de grado.
Seguidamente argumenta que la sentencia de grado sería nula por arbitrariedad por absurdo, pues señala que YPF no posee legitimación pasiva, pero después la condena en la parte resolutiva.
Sostiene que el fallo se aparta de los principios laborales que tutelan a la actora de autos y no se realiza una debida apreciación de la prueba siendo incongruente en su apreciación y conclusión lo que sostiene como causal de nulidad.
Le agravia que se haya rechazado la solidaridad de YPF SA. Recuerda que la actora era parte del personal jerárquico de Prosepet, y tenía como funciones las relativas a la organización contable de Prosepet y su relación con YPF, liquidación de sueldos, análisis de costos, actualización de tarifas, etc. Ello sería demostrativo que las tareas eran complementarias de la actividad normal de YPF SA y que existiría una unidad técnica de ejecución. Refiere a la prueba pericial contable producida por la empresa. Agrega que la actividad productiva de YPF, siempre fue realizada por medio de terceros, tal como es la empresa demandada y los servicios prestados por Prosepet eran necesarios para el debido cumplimiento del giro propio de YPF SA. Agrega que se encuentran reunidos los requisitos del art. 30 LCT. Cita antecedentes jurisprudenciales que se tienen presente. Se explaya sobre la labor desrollada por cada una de las demandadas y su vinculación que demostraría la solidaridad que pretende, recordando que la actora estaba encuadrada en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad petrolera privada referido al personal jerárquico (CCT 611/10).
Hace referencia que tal como se analiza la solidaridad hoy en nuestro derecho no es necesario que deba probarse el ánimo defraudatorio ni la presencia del ardid o engaño. Agrega que fue la propia operadora YPFSA quien fijó los montos para abonar los acuerdos celebrados en los términos del art. 241 de la LCT con relación al personal de Prosepet S.A. Hace mención a la importancia de las pruebas testimoniales y de informes en el punto.-
En segundo término se agravia por haberse considerado el despido por voluntad concurrente de las partes.
Señala que si bien el último salario percibido por la actora fue el del mes de marzo del año 2018, la actora continuó laborando para la demandada realizando los acuerdos de desvinculación y a la espera de un acuerdo para ella misma. Menciona la prueba de estas circunstancias, y refiere que la actora recibió dos propuestas para desvincularse de la demandada en el mes de junio de 2018, y las negociaciones del caso finalizaron en julio de 2018. Por dichas razones la actora habría intimado como lo hizo, siendo que se trata de una profesional que también tenía otras actividades en forma autónoma que le permitían su subsistencia. Cita antecedentes y solicita se admita la demanda por despido indirecto y se condene al pago de los rubros correspondientes.- Se agravia además por haberse desestimado la aplicación de la multa 132 bis LCT.
Recuerda que la actora nunca recibió los certificados art. 80 LCT, por lo que nunca pudo saber si sus empleadoras habían ingresado los aportes adeudados, de lo que tomó conocimiento cuando la AFIP contestó el informe. Qu existiría constancia que ni Prosepet ni su solidaria YPF realizaron los aportes desde el mes de enero de 2017 hasta la fecha de cese de la actora. Concluye que como el empleador retuvo aportes y/o contribuciones y al momento de la extinción del contrato de trabajo no los ingresó a favor de las entidades a las que estuvieren destinados por lo que corresponde se revoque la decisión.- Se agravia por la tasa de interés aplicada, rechazo de depreciación monetaria y aceptación de la declaración de indexación.
Agrega que la tasa de interés pasiva en modo alguno potencia el capital adeudado. Con mayor razón cuando al día de la presentación que realiza las tasas de interés corren ciento cincuenta (150) puntos porcentuales por debajo de la inflación anual informada por el INdEC, de acuerdo con el deseo del gobierno nacional de mejorar la hoja de balance en pesos del BCRA. Agrega que la situación brindada termina beneficiando al deudor moroso y facilita el litigio judicial. Solicita se disponga un ajuste por inflación siguiendo el procedimiento de otros tribunales. Solicita se declare la procedencia de la indexación solicitada. Se agravia además por haberse rechazado la capitalización de intereses. Sostiene que debió ordenarse en forma oficiosa tal proceder teniendo presente que es un proceso laboral se encuentra expresamente prevista y autorizada la posibilidad de condena ‘ultra petita’, respecto de las cantidades adeudadas.
Solicita se admita el agravio.
Se agravia por la imposición de costas. Hace referencia que como debería cambiarse la solución al caso procedería revocar la forma en que se impusieron las costas. También lo invoca en forma subsidiaria pues su parte tuvo derecho a reclamar como lo hizo y existen diferentes posturas sobre los planteos propuestos.-
Mantiene la cuestión federal.-
V. En PE1414364-2024 la demandada Prosepet SA contesta los agravios. Hace una consideración con relación a los términos en que se expresa el letrado de la parte actora y seguidamente responde los agravios que guardan relación con la postura de su parte. Expresa que los agravios sobre la forma en que se formalizó el distracto no logran desvirtuar la soliddez del razonamiento de la Sentencia y su fundamento. Refiere que el juez de grado consideró que la relación laboral se extinguió por voluntad concurrente de las partes en virtud de lo normado en el art. 241 última parte LCT. Reitera que el contrato con YPF SA fue hasta el mes de marzo de 2018 y ese fue el último mes que laboró la actora y que cursó las intimaciones luego de cuatro meses después. Sostiene que la actora no logra rebatir los razonamientos efectuados en la sentencia de grado, sino que sólo expresa una disconformidad con la decisión atacada. Agrega que la sentencia analizó correctamente la forma en que se extinguió la relación laboral, valoró adecuadamente la prueba arrimada, y la conducta de las partes desde que se percibió el último salario hasta que se cursó la primer intimación, concluyendo en la desestimación de los rubros indemnizatorios reclamados por encuadrar la situación en el art. 241 in fine LCT.
Refiere que la recurrente introduce cuestiones que no fueron invocadas al momento de realizar las intimaciones ni el escrito de demanda, por lo que no corresponde ingresar a su estudio. Al respecto indica que en ningún momento se señaló la negociación que se alega entre las partes y que estaba esperando un acuerdo para ella. Que los correos cursados entre las partes referidos a un acuerdo de desvinculación, si bien nunca se concretó por cuestión solo imputable a la actora, no puede servir como pretendido fundamento de que ésta seguía prestando servicios. Insiste que desde abril de 2018 la actora dejó de concurrir a trabajar y la demandada no le otorgó más tareas. Entiende por fuera del principio de congruencia que ahora se alegue que mientras duraban las negociaciones la actora seguía laborando.
Y además que dicho acuerdo nunca se suscribió, de allí que mal puede la actora ahora aducir que estaba "a la espera” del mismo, situación que no mencionó al momento de trabar la litis. Afirma que ello viola el principio de inmutabilidad de la causa de despido plasmado en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo fundamento es además garantizar el derecho de defensa en juicio. Hace referencia al principio de buena fe y agrega que dichos argumentos no pueden ser ahora considerados por ser traídos en forma tardía al pleito. Reitera que la actora no trabajó a partir del mes de abril por lo que no corresponde abonar salario alguno, siendo concluyente la actitud asumida; asimismo entiende que resultan conjeturas las expresiones de que las negociaciones del acuerdo “culminaron a fines de julio de 2018 (cuando dejaron de contestarle)”, ya que ello nunca fue afirmado ni probado por la parte actora.
También califica de novedosa la situación que alude a que visitó a su familia en la ciudad de Córdoba, extremo que jamás afirmó ni probó en la etapa oportuna; o que su marido trabaja en el rubro de la arquitectura. Concluye que ello no fue tenido en cuenta en la instancia de grado y tampoco debe serlo en esta instancia. Cita antecedentes que se tienen presente. Sostiene que se debe confirmar el rechazo de los rubros indemnizatorios y la multa del art. 2 de la Ley 25.323 y del art. 178 LCT reclamadas, toda vez que la extinción del vínculo en los términos del art. 241 última parte LCT ninguna obligación indemnizatoria acarrea, a lo que se suma que el agravamiento por el embarazo solo resulta procedente cuando se prueba que el despido fue por causa del mismo, lo que en este caso en modo alguno aconteció.
Solicita se desestime el agravio.
Con relación a la multa del art. 132 bis LCT tampoco puede prosperar, ya que falta el recaudo legal de la intimación previa al empleador que exige el art. 1 del Decreto Reglamentario 146/2001. Agrega que la actora es contadora, trabajaba en el área y no puede ahora alegar que no sabía si habían ingresado los aportes. Reitera los argumentos expuestos en la demanda en cuanto a las funciones que realizaba María Sol Gonzalez como servicio contable externo.
En cuanto al agravio sobre la forma de realizar el cálculo recuerda que esta Cámara se ha pronunciado al respecto en cuanto a la improcedencia. Señala que la pretensión es contraria a la ley N° 25.561 que establece una prohibición indexatoria, ya que si bien derogó el régimen de convertibilidad impuesto por la Ley N° 23.928, no modificó en lo sustancial los arts. 7 y 10 de esta última, que mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación. Hace referencia a los precedente que sostienen que la tasa de interés constituye un remedio que, sirve para revertir las consecuencias ocasionadas por el fenómeno inflacionario sobre el patrimonio del acreedor. Menciona la postura del Tribunal Superior de Justicia que se inclina por aplicar la tasa de interés pasiva del Banco Central de la República Argentina. Hace referencia a la importancia de la postura del TSJ SC. y cita antecedentes. Concluye que debe desestimarse lo requerido en agravios.- También se opone a la capitalización de intereses, sostiene que el agravio es insuficiente, además de sostener la improcedencia de lo requerido. Recuerda que el anatocismo es una excepción en el Código Civi y Comercial y como tal de aplicación restrictiva, siendo inviable la pretensión. Agrega que la norma es inconstitucional por cuanto afecta el derecho de propiedad, genera una desmesurada consecuencia patrimonial, vulnera la pauta o límite establecido en el art. 771 CCCN y produce un enriquecimiento indebido del acreedor. Solicita su rechazo o se limite la aplicación del instituto en forma subsidiaria. Finalmente, solicita se confirme la sentencia en materia de costas y se desestime el último agravio de la actora dado que lo resuelto se ajusta a derecho, ya que la distribución de las costas e imposición a la parte actora y demandada en atención a los rubros que no progresan y los que no, efectuada resulta legal y ajustada a derecho.
Mantiene la reserva del caso federal.
VI. El 11 de junio del corriente en PE1414673-2024 la codemandada YPF S.A contesta los agravios. Aclara en principio que el escrito recursivo se aparte de la normativa de la ley formal correspondiente ya que el apoderado de la actora insinúa que la sentencia dictada fue contraria a sus intereses por haber instado el dictado del fallo al cuestionar la demora del trámite, haciendo referencia inclusive a que se mostro “animadversión”. Solicitando se disponga mantener el decoro y respeto en las presentaciones.
Agrega que se realizan afirmaciones dogmáticas que nada tienen que ver con una crítica propiamente del fallo, por lo que solicita no se tenga en cuenta.-
Con relación a la contradicción que invoca en agravios por haber sido YPF SA condenada a entregar el certificado siendo que se desesetimó la solidaridad, hace referencia que se dictó una sentencia aclaratoria que corrige dicha situación por lo que ese agravio sería abstracto.-
Con relación a la solidaridad pretendida aclara que la circunstancia de estar vinvulado a un convenio de la actividad petrolera no importa sostener la responsabilidad solidaria en materia laboral, y recuerda que la actora no realizó ninguna actividad propia y especifica de YPF SA. Disiente con el recurrente en cuanto al análisis de la pericia contable ya que entiende que el juez la tuvo en cuenta y consideró que el servicio era prestado por una UTE, es decir, por varias empresas, no solo por la empleadora de la actora y por eso concluye que no existía exclusividad en la prestación de dichos servicios. Agrega que la actividad realizada por la actora, contadora y encargada de finanzas, no se relaciona con la actividad normal y específica de YPF S.A. Recuerda que la pericia contable da cuenta que no se encontraba registrada en el sistema de recursos humanos contratados por la codemandada. Analiza los fallos citados en agravios y sostiene que no se corresponden con los hechos aquí tratados. Hace mención a lo decidido por la CSJN en “Payalap- Editorial Rio Negro” respecto del alcance del artículo 30 de la LCT, lo que se tiene presente. Señala que el fraude a que se hace alusión no fue argumentado por las interesadas. Hace mención de antecedentes de esta Cámara de apelaciones. Recuerda que fue la propia actora que hizo referencia a los contratos que tenía la demandada con la actora y la UTE por lo que no corresponde cuestionarlo ahora. Sobre la forma en que se decidió el distracto refiere que que existiría una contradicción en sostener que YPF SA formuló los acuerdos y luego sostener que fue la actora quien realizó los acuerdos de desvinculación. Hace mención a los correos electrónicos y señalando que la actora nada tuvo que ver con la confección de los acuerdos. Transcribe párrafos de cuestiones de hecho que no fueron propuestas en la demanda lo que señala como violación del principio de congruencia, y que sería un intento de justificar la demora en cursar la intimación a su empleadora. Concluye que existió un comportamiento inequívoco de abandono de la relación. En cuanto al agravio por rechazar la sanción del art. 132 bis, sostiene que debe confirmarse ya que existe el libre acceso a las plataformas de los organismos estatales para verificar los aportes. Además reitera que la actora no intimó tal como sostiene el juzgador. Agrega la interpretación que correspondería en el caso en caso de determinarse la solidaridad.
Con relación a la aplicacion del art. 276 LCT, o la posibilidad de que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que prohíbe la indexación, comparte lo resuelto en la instancia de grado y solicita se desestime lo requerido. Cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se tienen presentes.
Sostiene la improcedencia de la capitalización de intereses. Sostiene que la norma del art. 770 inc. c del CCC se aplicaría a deudas líquidas.
Afirma que las costas deben aplicarse conforme la normativa vigente y no como propone el recurrente.-
Realiza planteos subsidiarios para el caso de modificarse la sentencia.
Mantiene el planteo del caso federal.-
VII. En primer término cabe aclarar que no se advierte animosidad por parte del juzgador para decidir como lo hizo ya que dictó una sentencia debidamente fundada que no denota animosidad con ninguna de las partes. En otro aspecto invoca el recurrente una desviación del principio del plazo razonable. Es sabido que la duración del proceso constituye una garantía exigible en toda clase de proceso (arts. 18, 75 inc. 22 Constitución Nacional, 8 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos) y en el particular es importante por tratarse de un proceso de índole laboral que lleva seis -6- años en trámite. Sin perjuicio de instar a todos los operadores intervinientes que deberán arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento con los plazos procesales, así como también al principio de concentración, no puedo dejar de señalar que la circunstancia de existir vacancias en cargo de magistraturas prolongadas (en el caso por más de cinco -5- años), conlleva indefectiblemente a una palpable dilación en la duración de los procesos, lo que se pone de manifiesto con mayor razón cuando se encuentran en etapa de dictar sentencia. Propongo la posibilidad de poner en conocimiento de la presente al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Magistratura a fin de que arbitren los medios a su alcance para dar cobertura al cargo de magistratura vacante en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nro. 1 de esta ciudad. Sumado a ello debo recordar que la presente causa estuvo en etapa de producción de pruebas desde mayo de 2019 hasta noviembre de 2022, siendo dicha duración también imputable a las partes a quienes se recomienda un mayor apego a la celeridad en las diligencias a su cargo. -
VIII. En otro orden previo a ingresar al análisis de los agravios propuestos sobre la decisión recaída en éstos, debo aclarar que se introducen en agravios argumentos que no fueron propuestos al momento de deducir la demanda, tales como que la actora tenía otro trabajo y podía esperar el cobro de sus haberes, el trabajo de su marido, la ausencia en las vacaciones de invierno, y que participó en la confección de los acuerdos de desvinculación de otras personas y que estaría esperando por el suyo. Ello constituye un claro desvío del principio de congruencia que exige una adecuación concreta en lo requerido al momento de iniciar la demanda, las defensas de la contraria y lo que llega a conocimiento del juzgador al momento de sentenciar, por lo que en este estadio (agravios) no pueden introducirse nuevos argumentos para ser considerados, por ser diferentes o novedosos con relación a los que se sometieron a conocimiento del juez de grado, siendo que ello se encuentra estrechamente ligado con el principio de defensa en juicio (arts. 18 Constitución Nacional, 34 inc. 4to. y 276 del CPCC por remisión de la ley 1444). Por tal razón aclaro que no serán tenidos en consideración al momento de resolver.
IX. NULIDAD: Sostiene el recurrente que la sentencia de grado sería nula por existir contradicción al momento de decidir. Ya que señala que no existiría solidaridad de las demandadas y después condena a YPF SA por entrega de certificado laboral. Al respecto tengo presente que con la aclaratoria dictada en PE843595-2024 queda determinado quien será responsable de la entrega del certificado del art. 80 y el rechazo de la solidaridad, por lo que las contradicciones invocadas en agravios al respecto tienen allí la respuesta. Por tal razon la nulidad pretendida debe desestimarse.-
X. DISTRACTO: Sobre la forma en que se debe entender el distracto habré de considerar la prueba arrimada a éstos, toda vez que de la relación laboral entre las partes no existe cuestionamiento. Así tengo en cuenta que el intercambio epistolar comienza el 3 de agosto de 2018 en que la actora notifica su embarazo y reclama haberes de mayo y junio de igual año. En el mes de junio de 2018 se habrían celebrado acuerdos de desvinculación, siendo la actora incluída en los mails donde se efectuaban las propuestas, ya que dichos acuerdos no fueron incorporados en este expediente y no existe constancia de que se hallan perfeccionado. Dichos correos fueron acompañados por la demandada Prosepet S.A. a fs. 119 y ss. donde además se deja consignado que se trataría de una información confidencial. No surge del expediente, no obstante de haberse introducido extemporáneamente el argumento, que María Sol Gonzalez participara en la confección de dichos acuerdos. De la documentación aportada por AFIP -aportes en línea- e informe brindado surge que la actora estaba inscripta como empleada de Prosepet S.A. y se le realizaron los aportes hasta el mes de marzo de 2018, aclarando ello además con la firma de Romina E. Aguilar, jefa de receptoría que se encuentran acreditados los aportes previsionales (fs. 766/781).
Se acompañó el contrato que unía a la demandada con YPF S.A. y la pericia contable al respecto.
En la declaración brindada por Lorena Yolanda Dominguez, ésta relata en concordancia con las demás pruebas señaladas que la empresa laboraba prácticamente en su totalidad para YPF S.A. y al finalizar el contrato en marzo de 2018 no tuvo continuidad, que se trató de reubicar algunos empleados y con otros se acordó el pago de dinero. Asimismo señaló que la actora laboraba como contadora en la empresa y tenía conocimiento de ello.
Estas medidas probatorias resultan concordantes, coincidentes en el tiempo y en el contenido. Del análisis brindado surge que efectivamente la actora laboró hasta el mes de marzo de 2018 y posteriormente no percibió haberes ni se puso a disposición de la empleadora para el trabajo. Durante más de cuatro meses la actora no mantuvo relación con la empleadora y tampoco ésta intimó para que se presente a trabajar. Este comportamiento importa un abandono recíproco de la relación, tal como sostiene el juez de grado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 241 última parte de la LCT, al señalar que "...Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación." Si bien esta figura es de interpretación restrictiva, entiendo que en el caso se ha configurado.
Tengo presente que la propia actora es contadora y se desempeñaba como tal para la demandada percibiendo sus haberes en forma mensual, la tarea que desempeñaba le permitía tener cabal conocimiento que la actividad principal de la empresa finalizaba al concluir el contrato con YPF S.A. Transcurrieron más de cuatro meses sin concurrir a su trabajo, sin percibir haberes y sin efectuar reclamo alguno. Si bien no existen pautas concretas para esta situación prevista en al art. 241 última parte de la LCT, entiendo que en el caso es aplicable. La propia demandada señaló que propuso montos para lograr acuerdos extintivos de la relación y aún así la actora -que no lo habría percibido- esperó dos meses más para comenzar el intercambio epistolar.
Si tenemos en cuenta que el salario se encuentra íntimamente vinculado con la subsistencia familiar, la necesidad de su percepción se evidencia en forma inmediata. Tal es así que en los juicios por despido, en su mayoría, la primer intimación se realiza en forma inmediata al cesar la relación laboral o la falta de percepción de haberes. En similar sentido se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones al sostener que "Se ha configurado la extinción del contrato por mutuo acuerdo de las partes, ya que así resulta del comportamiento inequívoco del ellas, toda vez que el actor permaneció sin prestar servicios ni requerir la dación de tareas al menos desde el mes de diciembre de 2014 hasta el mes de marzo de 2015 en que decide enviar su misiva rupturista y la demandada tampoco lo intimó a retomar sus labores...Se concluye que la relación habida entre las partes se extinguió por la voluntad concurrente de éstas, en los términos del art. 241, tercer párrafo de la L.C.T., ya que tanto el trabajador como los codemandados dejaron de cumplir simultáneamente con las prestaciones a cargo de cada una de ellas, así el actor dejó de prestar servicios sin requerir la dación de tareas y el pago del salario mientras que las empleadoras dejaron de cumplir con el deber de ocupación sin intimar al mismo a que retomara sus labores." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: V, Hermosilla Omar c/ Álvarez González Salvador y otro s/ despido, 8 de julio de 2022, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M-137697-AR||MJJ1376979).- Por lo expuesto hasta aquí entiendo que el agravio en este aspecto no puede prosperar por considerar acertado el razonamiento del magistrado de grado.
XI. Indemnización por falta de aportes, arts. 132 bis LCT. Sostiene el recurrente que el incumplimiento tal como se encontraba normado en dicho artículo se encontraría acreditado. En virtud de dicho artículo esta sanción procede cuando al momento de la extinción del contrato de trabajo el empleador no ha ingresado los aportes retenidos al trabajador durante la vigencia de la relación laboral, sean legales o convencionales, con destino a los organismos de la seguridad social y sindicales. Como contrapartida a dicha obligación patronal se encuentra el deber de intimar al empleador, para que en el término de 30 días regularice la situación, ingresando los aportes retenidos, sus intereses y multas a los organismos de seguridad social. La documentación que se encuentra agregada a fs. 767/768 da cuenta que durante el año 2017 y hasta marzo de 2018 los aportes de seguridad social y obra social no se realizaron. Por otro lado de los recibos de haberes que se encuentran agregados se desprende que los descuentos se efectuaron.
Si bien la actora no intimó específicamente a que se realicen los aportes mediante carta documento, sí lo reclamó al momento de interponer la demanda, y tampoco se realizaron los aportes ya que la prueba informativa así lo demuestra.
Cabe señalar que el fin que persigue el decreto reglamentario 146/01 es evitar la evasión fiscal y castigar al empleador que no dió cumplimiento con las obligaciones contenidas en la mencionada norma.
Entiendo que este agravio debe prosperar parcialmente siendo Prosepet S.A. la obligada al mismo habida cuenta que era quien tenía la responsabilidad de liquidar los haberes e ingresar los aportes correspondientes. Teniendo presente además que la actora no figuraba en los registros de la codemandada, siendo la empleadora principal la obligada por ser la responsable de ingresar los aportes. Por ello habrá de admitirse el reclamo aplicando una sanción a la empleadora equivalente a una remuneración -teniendo en cuenta la última precibida- que se devengará mensualmente hasta tanto se acrediten haberese ingresado los aportes. Teniendo en cuenta que la presente se trata de una condena que no tiene contenido resarcitorio, sino sancionatorio, motivo por el cual dichos montos se comenzarán a devengar una vez transcurridos diez días de quedar firme la presente, sin perjuicio de que deberá actualizarse el monto histórico de los haberes teniendo en cuenta para ello el recibo obrante a fs. 25 y la tasa de interés fijada en la sentencia de grado. (art. 132 bis LCT t.o. art. 43 ley 25.345; art. 1 del dec. 146/01).-
XII. Se agravia el actor por la forma en que se dispuso el cálculo en la sentencia de grado. El actor requiere en agravios la posibilidad de actualizar el capital adeudado, declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexación o disponer que se encuentra derogada por la confirmación art. 276 LCT y se disponga repotenciar el capital, estableciendo un interés puro desde que los créditos debieron ser abonados hasta el momento de la sentencia de Cámara, y luego un interés desde la sentencia hasta el efectivo pago. Debo adelantar que comparto la forma en que fue decidido, habida cuenta que la demanda prospera por rubros que resultan ser sancionatorios y no indemizatorios. Sumado a ello recuerdo que al respecto la suscripta se ha pronunciado sobre el punto en los autos “ROMANO LEONARDO C/ CLEVER TECNOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
S/ LABORAL” Expte. N° 1247/21, (TOMO: XCIX SENTENCIAS, REGISTRO: 3025, FOLIO: 071/075, Prot. Elec.- A201 037S.231, 3-10-2023) donde señalé que "...además que la depreciación de la moneda y la inflación existente no es un fenómeno que afecta sólo al trabajador, sino que también los empleadores se ven inmersos en este fenómeno y la sociedad toda y que desde el poder judicial también debe velarse por el equilibrio. Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que "...Es procedente el agravio referido a la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la Ley 25.561, que modificó los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, reemplazando el término australes por pesos, pero manteniendo vigente la prohibición de actualización monetaria, indexación de precios y repotenciación de deudas para aquellas obligaciones de dar sumas de dinero, pues no se encuentra acreditada una afectación al derecho de propiedad del actor de tal magnitud que sustente la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, mas aun cuando el a quo aplicó a las sumas adeudadas un interés equivalente al promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales (del dictamen de la Sra. procuradora Fiscal al que la Corte remite)." (en Puente Olivera Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur S.R.L. s|despido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8-nov-2016, Cita: MJ-JU-M-101872-AR | MJJ101872).
En igual pronunciamiento se hizo referencia a los precedentes "Chiara Diaz" (fallos:329:385) y "Massolo" (fallos: 333:447) reiterando que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria significaría traicionar el objetivo antiflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales 23938 y 25561. En similar sentido se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en Expediente CNT 52162/2016/CA1, SENT. DEFINITIVA 84876, AUTOS: “ALTAMIRANDA, Luis Guillermo c/ GALENO ART S.A. s/ Accidente Ley Especial”, 17 días del mes de MARZO de 2021. (www.cij.gov.ar). Es del caso recordar que la inconstitucionalidad de una norma es el último recurso que pude tener la magistratura para salvaguardar un derecho; entendiendo en el caso que existen otras formas de lograr recomponer el crédito del trabajador sin llegar a dicho extremo, como lo es la tasa de interés dispuesta en la sentencia de grado." Resta señalar que si bien la suscripta se ha pronuniciado por la utilización de la Tasa de interés activa del BNA, en el caso propongo la utilización de la tasa de condena en la sentencia de grado, habida cuenta que por el período de tiempo que habrá de liquidarse resulta ser mayor a la tasa activa, y se trata de una interpretación en beneficio de la trabajadora (art. 9 LCT).
El recurrente cita un antecedente de esta Cámara de Apelaciones y quien escribe no fue parte en dicho decisorio habiendo sido un voto de los Dres. Monelos y Alonso.
Por estos fundamentos entiendo que el agravio no puede prosperar(arts. 276 LCT, 90 y ccs. ley 1444).-
XIII. COSTAS. Toda vez que la demandada no hizo entrega del certificado de trabajo, ni realizó ingreso de los aportes correctamente, que el instituto por el que se entiende el distracto es de interpretación restrictiva, y que la actora pudo creerse con derecho a reclamar como lo hizo, entiendo que las costas deberán ser soportadas por la demandada Prosepet S.A. en ambas instancias (art. 68 CPCC por remisión del art. 122 ley 1444).-
Resta señalar que devienen abstractos los demás planteos habida cuenta que los rubros por los que prospera el reclamo constituyen sanciones por incumplimientos puntualmente de Prosepet S.A. ya que no correspondería tampoco solidaridad alguna tanto en la confección del certificado de trabajo como en ingresar los aportes de las liquidaciones de haberes que realizaba la empleadora principal.-
Por la forma en que me he pronunciado entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse en la imposición de costas conforme lo señalado precedentemente.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIV. Que esta causa contiene aristas que la diferencian de las consideraciones que tuve en vista en mi voto en los autos "Pérez, Raúl Ramón c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ demanda laboral" que se invoca en agravios. En el recurso se pretende que además de la recomposición del capital por una tasa de interés se le sume un reajuste por desvalorización monetaria por un índice que propone. Shyloc maneja la pluma del recurrente, pues la simple operación de doble recomposición de la indemnización en la forma pretendida le origina un resultado alejado de la equidad y resulta abusiva. El recurrente no ha señalado la forma que lo afecta la solución de la sentencia desarrollando el agravio de tal forma de señalar de que forma la sentencia se encuentra equivocada. Ergo no da pleno cumplimiento al art. 264 del CPCC.- Quiero recordar que en el precedente invocado ambas partes habían recurrido, el actor por la indexación y la empleadora atacó la tasa de interés. Ello permitió que se redujera tasa de interés al 8% anual establecida universalmente para las obligaciones en monedas estables y para llegar a una suma estable se dispuso como forma de indexar que las indemnizaciones se fijaran tomando en cuenta la remuneración actual de un operario en la misma categoría y antigüedad que tenía el actor de esos autos.
Ello me lleva a adherir al voto de mi distinguida colega en un todo siendo lo expuesto un comentario que entendí obligatorio al invocarse un precedente de mi autoría, pero con distintas circunstancias fácticas y de congruencia.
Comparto la solución brindada a las demás cuestiones propuestas en agravios.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XV. En función de los argumentos desarrollados en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar el pedido de nulidad de la sentencia por haber sido subsanado el error. 2°) Admitir parcialmente los agravios de la actora. 3°) Modificar el punto 1 de la sentencia y su aclaratoria de PE843595-2024 admitiendo el reclamo por falta de ingreso de los aportes. 4°) Disponer el pago de los aportes faltantes que deben ingresarse en los organismos correspondientes en el término de diez días de notificada de la presente bajo apercibimiento de liquidar una suma mensual a favor de la actora en la forma dispuesta en el considerando XI. 5°) Imponer las costas a la demandada Prosepet S.A. en ambas instancias. 6°) Confirmar la sentencia en lo restante que fuera materia de agravios. 7°) Exhortar a los operadores judiciales y auxiliares de la justicia a dar cumplimiento con el mandato constitucional de observar un plazo razonable para la realización de los procesos judiciales. 8°) Poner en conocimiento del Exmo. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura las circunstancias señaladas en cuanto a las dificultades existentes por los prolongados períodos de vacancias en la magistratura a los fines que estimen corresponder. 9°) Tener presente la reserva del caso federal. 10°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia. 11°)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XVI. Que considero a la propuesta ajustada a lo tratado al contestar la primera cuestión. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 30 de octubre de dos mil veinticuatro
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L LA:
1. Desestimar el pedido de nulidad de la sentencia por haber sido subsanado el error.-
3. Modificar el punto 1 de la sentencia y su aclaratoria de PE843595-2024 admitiendo el reclamo por falta de ingreso de los aportes.-
4. Disponer el pago de los aportes faltantes que deben ingresarse en los organismos correspondientes en el término de diez días de notificada de la presente bajo apercibimiento de liquidar una suma mensual a favor de la actora en la forma dispuesta en el considerando XI.-
5. Imponer las costas a la demandada Prosepet S.A. en ambas instancias. -
6. Confirmar la sentencia en lo restante que fuera materia de agravios.-
7. Exhortar a los operadores judiciales y auxiliares de la justicia a dar cumplimiento con el mandato constitucional de observar un plazo razonable para la realización de los procesos judiciales.-
8. Poner en conocimiento del Exmo. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura las circunstancias señaladas en cuanto a las dificultades existentes por los prolongados períodos de vacancias en la magistratura a los fines que estimen corresponder.
10. Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia.
11. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. Fdo. Humberto E. Monelos- Juez de Cámara- Presidente; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; ANTE MI: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201040S.241 Tomo: CI Sentencia: 3080 Folio Nº: 079/090 Secretaria: 1
Fin de la sentencia