Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°9139/25 Sentencia: Definitiva Actor: González Oscar Demandada: La Segunda ART S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 23-04-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintitrés días del mes de abril de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “GONZALEZ OSCAR C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. S/ LABORAL (RECARATULADO)”, Expte. Nº 1203/20 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Puerto Deseado, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 9139/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Horacio Fernández y Humberto Eduardo Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A fs. 1/42 se presenta la Dra. Norma B. Navarro en representación de Oscar Alejandro Gonzalez y deduce demanda contra Coserena S.A. y La Segunda ART S.A. y reclama indemnización por incapacidad parcial y permanente producto de un accidente de trabajo. Posteriormente desiste de la demanda contra Coserena S.A. y se traba la litis con la aseguradora.
II. Corrido el traslado de la acción, a fs. 70/88 el Dr. Carlos E. Linares con el patrocinio letrado de la Dra. Silvina Godoy contestan la demanda. Seguidamente la causa se abre la causa a prueba y producida ésta y se dicta sentencia. En la sentencia que luce en PE1997652-2025 se resuelve declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 24.557 y del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 669/19, admitir la demanda interpuesta por Alejandro Oscar Gonzalez contra la Segunda ART S.A. y condena al pago de la indemnización conforme lo establecido en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la Ley 24.557 y el artículo 3 de la Ley 26.773, por la incapacidad sufrida del 11,7% de la Total Obrera (T.O.), dispone que se determine el monto por parte del Gabinete Contable Oficial con más los intereses calculados desde el 10 de julio de 2019 hasta la fecha de efectivo pago, aplicando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina; disponiendo que para el cálculo del ingreso base y la actualización de las sumas se tendrá en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante (10/07/2019), la redacción vigente del artículo 12 de la Ley 24.557, el artículo 11 de la Ley 27.348 y la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley 26.773; declara abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad planteada respecto del Decreto 658/96 y del Decreto 474/14, imponer las costas a la parte demandada, difiere la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia.-
III. Esta sentencia es apelada por la parte actora que en PE2011357- 2025 expresa agravios. En su memorial señala que le agravia la no aplicación del art. 2 de la ley 26773 con los alcances que le da la sentencia. Relata que la tasa activa Banco Nación no cubre la disminución parcial y permanente que padeció el trabajador. Recuerda que el DNU 669/2019 modifica el art. 12 de la Ley 24.557 y la tasa de interés aplicable a las prestaciones del sistema de la Ley 24.447 pero que se declaró inconstitucional por diversos jueces. Sostiene que la norma es inconstitucional porque se dictó mientras el Congreso está sesionando, no constituye una "ley en sentido general"; viola el principio de progresividad de los derechos contenido en el enunciado del art. 14 bis C.N. y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que expresamente lo prevé en su art. 9; y, porque es retroactiva afectando la garantía constitucional de protección del trabajo en sus diversas formas. Solicita por ello se modifique el cálculo de la tasa de interés que refleje la realidad económica y el proceso inflacionario señalando antecedentes jurisprudenciales. Agrega que la tasa de interés que se fije en la sentencia se tiene que condecir con la adecuada reparación del daño (art.19 CN). sostiene que debe fijarse como punto de partida el día de la primera manifestación invalidante conforme lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 26.773. Realiza el cálculo de los intereses con relación a la inflación a fin de demostrar la insuficiencia de lo dispuesto en la sentencia. Tacha de inconstitucional el modo de cálculo de la prestaciones dinerarias cuando por imperio legal o resolución se ordene abonar una indemnización que no cubra los derechos básicos e irrenunciables del trabajador, atacando así los artículos 11,12,13,14,16,17,18, cc y ss de la ley 24557, y todas sus modificaciones y decretos reglamentarios que no logren mantener los estándares mínimos de indemnización y protección del capital del trabajador. Hace reserva del caso federal.-
IV. Estos agravios no fueron contestados por la parte demandada quedando la causa en estado de dictar sentencia.
Ingresando al estudio de la causa la recurrente funda sus agravio únicamente sobre la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios de las sumas de condena determinadas en la instancia de grado. Sobre el punto se observa que al momento de introducir la demanda la parte actora no liquidó un monto determinado, y señala que se hará el cálculo conforme lo dispuesto el art. 14 inc. 2 de la ley 24557, con aplicación del RIPTE, y más adelante pide la aplicación de la tasa activa del Banco Nación o los más favorables para el trabajador a fin de que la reparación sea justa y plena. La Jueza de grado en la sentencia ordenó que para el cálculo de debe tenerse en cuenta la primera manifestación invalidante la redacción del art. 12 de la ley 24557 y 11 de la ley 27348 más la aplicación de los intereses correspondientes a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.-
Corresponde señalar que el art. 12 de la Ley 24.557, en la redacción introducida por la Ley 27.348 —vigente con anterioridad al dictado del Decreto 669/2019— establecía que dicho ingreso debía calcularse como el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante y, disponía su actualización mediante la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde dicha fecha hasta la determinación de la prestación. El Decreto 669/2019 modificó este mecanismo, pero se declaró su inconstitucionalidad en el fallo recurrido, lo que no fue materia de recurso.- En el particular el recurrente señala diversos cuestionamientos constitucionales en tanto, el índice adoptado podría no reflejar adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo de la prestación.
Llegado este punto voy a reiterar los argumentos utilizados en pronunciamientos anteriores (LINARES DANIEL ANDRES C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE LABORAL”, Expte. Nº 20.159, Sent. del 15/9/2025, TOMO: CIII, REG.: 3142, FOLIO: 134/139, PROT. ELECT. A201 046 S.251) Señalé en dicha oportunidad que "En cuanto a la tasa de interés moratorio el inc. c) del art. 768 del CPCC (que considero aplicable al caso) delega en los jueces/as la determinación de la tasa aplicable conforme las reglamentaciones del BCRA. Por lo que, mientras no exista una ley especial o cuando dicha ley no consagre una reparación constitucionalmente adecuada, los juzgadores debemos fijar una tasa de interés respetando la Constitución a los fines de no agravar el daño ni afectar el derecho de propiedad del trabajador (arts. 14, 14 bis, 17 y 19 de la CN), debiendo procurarse que la reparación o resarcimiento sea integral, general o completa.
Ante la existencia de una situación desigual de poder en las relaciones laborales, el principio protectorio del art. 14 bis de la CN que establece y garantiza derechos laborales y sociales fundamentales para el trabajador, exige que dicha desigualdad sea compensada en favor del sujeto de preferente tutela constitucional por cualquiera de las otras dos vías (legal o judicial) de fijación de la tasa de interés moratorio. En el presente caso se debe analizar y sentenciar conforme a sus propias circunstancias, a la realidad económica y las normas aplicables. Entiendo que utilizar la tasa activa en los presentes es contrario a los intereses del trabajador cuyo crédito laboral, de indudable naturaleza alimentaria".
En las presentes actuaciones la utilización de la Tasa Pasiva del BCRA arroja un mayor importe que la utilización de la Tasa Activa, por el período de tiempo en que debe realizarse el cálculo.
Por tales fundamentos, entiendo que corresponde aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos siendo ello además la doctrina casatoria del Tribunal Superior de la Provincia y habiendo quedado acreditada la insuficiencia de los intereses que propone la juzgadora de grado (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la CN; 768 inc. c) del CCyCN; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Entiendo que la sentencia dictada en primera instancia resulta parcialmente justa y debe ser modificada en los términos señalados. Conforme se admiten los agravios las costas deben ser soportadas por su orden ya que no fueron contestados, y la regulación de honorarios se difiere para cuando exista monto determinado en la instancia de grado. Así lo propongo al Acuerdo.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
V. Comparto las consideraciones formuladas por la primera votante en atención a la actualización de las sumas de condena conforme la Tasa Pasiva del BCRA.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. En función de las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir los agravios de la parte actora, modificando la tasa de interés, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena y confirmar el fallo en lo restante. 2º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado. 4°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
XI. En función de lo manifestado anteriormente adhiero a la propuesta formulada por la Dra. Bard.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
CALETA OLIVIA, 23 de abril de 2026
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo dictado precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir parcialmente los agravios de la parte actora, modificando la tasa de interés, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena y confirmar el fallo en lo restante. 2º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC).-3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.-4°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Horacio Fernández no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Horacio Fernández- Juez de Cámara Presidente; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 023 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3194 Folio Nº: 120/123 Secretaria: 1
Fin de la sentencia