Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2577/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE882256-2023 (INR00000120.pdf) y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1153905-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2577/23-TSJ Interlocutorio N°: 3810 Actor: GONZALEZ PISTONE FACUNDO EMILIANO Demandada: MORRISON JUANA DOLINA Objeto: LABORAL Fecha: 24-05-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3810 FOLIO Nº 6931/6935 PROT. ELECT. TSS1 024 I.241
Río Gallegos, 24 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “GONZALEZ PISTONE FACUNDO EMILIANO c/ MORRISON JUANA DOLINA s/ LABORAL”, Expte. Nº G-17.685/16 (G-2577/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de sus letradas apoderadas, Dras. María Cristina Riera y Marcela Castro Dassen (cfr. PE882256-2023, INR00000120.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que rechazó el recurso de apelación deducido por la nombrada y admitió parcialmente el deducido por el accionante, condenando a la Sra. Juana Dolina Morrison a abonar al actor la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y revocó la imposición de costas de Primera Instancia debiendo ser soportadas por la accionada vencida. Asimismo, confirmó la sentencia en lo demás que fuera materia de agravio (cfr. PE851806-2023).- A su turno, el Juzgado de origen había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida en los términos de los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, rechazando la acción con relación a la multa regulada en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323 y del artículo 80 de la LCT con costas por el orden causado (cfr. fs. 274 y vta.).-
II. La demandada interpone recurso de casación acusando errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15 y arbitrariedad (cfr. PE882256-2023, pdf cit., pág. 1).-
Agravia a su parte que: “…considere probados los hechos que se le imputaran…pero que minimice los mismos al considerarlos de un escaso grado de gravedad para producir la ruptura del vínculo, lo que pone en evidencia la desnaturalización del principio tuitivo del trabajo.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 8/9).-
Agrega que se equivoca la Alzada: “…al afirmar que no se acreditó la existencia de antecedentes desfavorables del trabajador actor ya que muy por el contrario, durante la etapa de prueba se demostró acabadamente el esfuerzo que hizo nuestra mandante por sostener el vínculo a lo largo de la relación laboral, sin provocar en el actor reacción alguna para el cumplimiento en debida forma de sus obligaciones emergentes de esa relación.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 9).-
Afirma que la anterior instancia se sirve -para fundamentar la falta de gravedad del hecho injuriante- de un antecedente jurisprudencial que resulta con una base fáctica absolutamente distinta simplemente porque se trataba de un vínculo laboral de 28 años de antigüedad y que tal antecedente no puede ser aplicado de manera alguna al caso de autos (cfr. PE y pdf. cits., pág. 10).-
Insiste en que la interpretación que realiza la Cámara del artículo 242 de la LCT es forzada y causa agravio a su parte que le impongan una obligación indemnizatoria que no correspondería ante una correcta valoración de los hechos (cfr. PE y pág. cit.) y que en la sentencia se sostenga que los hechos imputables no resultan suficientes para provocar la pérdida de confianza invocada en la oportunidad de provocar la ruptura del vínculo laboral (cfr. PE y pdf cits., pág. 13).-
Cita jurisprudencia que avala su postura y solicita que se realice una correcta valoración de los hechos en el marco temporal y funcional de la relación de trabajo en los términos del artículo 242 de la LCT, casando la sentencia en crisis, otorgando a los mismos la gravedad tal para interrumpir el vínculo laboral rechazando la demanda en todas sus partes, con costas. (cfr. PE cit., pág. 15).-
Seguidamente se queja de la aplicación errónea del artículo 80 de la LCT en virtud que: “…de las propias fechas que se analizan en la sentencia emanada de la Alzada surge palmariamente que se dio cumplimiento a la certificación en I (sic) término de ley […] La jurisprudencia…transcripta resulta clara, concreta y aplicable al caso de autos por cuanto nuestra mandante confeccionó los certificados en límite temporal de producida la extinción de la relación de trabajo y en la oportunidad de ser intimada una vez más los puso a su disposición mientras que el trabajador actuó con desidia al no concurrir a retirarlos ni al domicilio de su ex empleadora ni al propio Juzgado en ocasión de ser intimado, consintiendo por otra parte los certificados a no impugnarlos en la oportunidad procesal de correrle traslado de la documental.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 15/19).- En cuanto a la arbitrariedad que denuncia, sostiene que la misma: “…se trasluce de la simple lectura del fallo en cuanto emerge la ligereza de la forma de analizar la causa y la condición de escasa magnitud para determinar la ruptura del vínculo, ocupando apenas dos carillas para ello en una sentencia de 25 páginas con la gravedad que determina la sentencia condenatoria.”.- (cfr. PE y pdf cits., pág. 21).-
Finalmente se agravia de la imposición de costas en cuanto su parte resultó gananciosa en gran parte del reclamo efectuado por el actor, con relación al importe que demanda (cfr. PE y pág. cit.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE1153905-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE721186-2023).-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- La controversia central gira en torno a determinar si la falta de confianza alegada por la demandada basada en los hechos imputados al actor revestía o no el carácter de injurioso al extremo de impedir o no la prosecución de la relación laboral habida entre los litigantes.-
Conforme la reseña precedente, no cabe duda que los fundamentos de la casación, remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenos al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal -se pretende aquí la revisión de los hechos y las pruebas de la causa- todo lo cual resulta extraño al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Nutrida jurisprudencia sobre el particular, abona este criterio: “...en la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en principio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de grado y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre perspícuamente absurdo o arbitrariedad...” (cfr. STJ, Santiago del Estero, “Santillán Ramón Horacio y Otros c/ Panificadora García y/u Otros”, del 19/10/2009, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/56855/2009) En idéntico sentido: sum. TSJ, Córdoba, sala laboral, “Varela Carlos Armando c/ Lotería De La Provincia De Córdoba S.E.”, del 09/06/2010, www.infomaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/37178/2010.- Asimismo, que: “Evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo absurdo.” (cfr. SCBA, sum. “Pucheta Luis B. c/ Royal Group Technologies del Sur S.A. y otros s/ Despido”, causa L89160 S, del 08/07/2008).-
Se observa, en el sub lite, que las cuestiones esgrimidas por la impugnante con relación a la falta del dependiente y la sanción, que culmina con la disolución de la relación laboral, se vinculan con aspectos referidos a hechos y prueba, cuyo juzgamiento, en principio, es privativo de los jueces de grado, irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, vicio que no se acredita ni se avizora en el sub examine.-
Lo mismo ocurre con relación a la multa regulada en el artículo 80 de la LCT.-
Con relación a ello, tiene dicho este Alto Cuerpo que: “…los debates sobre…si el certificado previsto en el artículo 80 de la LCT, fue entregado en tiempo y forma…son todas cuestiones de hecho cuyo discernimiento deriva de la valoración de la prueba aportada por las partes que…se encuentra reservada a la instancia ordinaria, y marginada de la casación salvo la eficaz demostración de absurdo…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3162, Folio 5193/5196). En la misma senda, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “…la verificación de si en un caso dado se configuran -o no- los presupuestos fácticos para la procedencia de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. ley 25.345), constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales del trabajo que no pueden ser revisadas por la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo que debe ser denunciado y eficazmente demostrado…” (cfr. “Lezcano Maximiliano Martín c/ Margobal SA s/ Despido”, causas LP 119.685, S del 09/08/2017; y “Giordano Julio César c/ Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina s/ Despido”, causa LP 114.166 S, del 15/07/2015).- Por tanto, se advierte que el recurso intentado no se encuentra debidamente fundado.-
En definitiva, la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas adunadas a la causa, hizo la Cámara constituye una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Alto Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- En este caso, la Excma. Cámara de Apelaciones ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que, más allá de su error o acierto, no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en este error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian.
Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (conf. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de casación”, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3331, Folio 5558/5560).- En este contexto, observamos que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba.
Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante: “-...el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa-, en grado tal que justifique su revisión por la última instancia provincial...” (cfr. Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).- En suma, se observa que la recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
IV. En cuanto a la arbitrariedad denunciada tampoco se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que configuran y la impugnante no logra poner de manifiesto que la sentencia recurrida se aparte en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezca de una carencia absoluta de fundamentación, así como también que se funde en afirmaciones meramente dogmáticas u omita pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino Nueva Edición Ampliada y Actualizada”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: “...el apelante no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal...” (Fallos 325:2192. Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y al que remite).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'...” (cfr. Juan Carlos Hitters: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En definitiva, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia, que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado.
V. Respecto a la errónea aplicación de la ley no podemos soslayar lo difuso del planteo toda vez que la recurrente solo se limita a mencionar la normativa que considera violada (arts. 242 y 80 de la LCT) sin argumentar adecuadamente cómo es que se produjo esa violación. Ante contextos como el descripto, este Tribunal Superior de Justicia ha pronunciado: “...ha omitido, la recurrente, efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios del casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016).- En este aspecto, no está de más recordar que aun en la hipótesis que sobre la materia puedan existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal Superior de Justicia, al decir que: “Cuando existen distintas visiones sobre el 'thema decidendum', como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorios Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919).-
VI. Finalmente tampoco resulta apta para la apertura de esta instancia extraordinaria la impugnación por la condena en costas.-
Ello es sí toda vez que este Tribunal reiteradamente ha expresado que: “'…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado […] la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación...'” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
VII. En resumen, los argumentos con que procura la accionada obtener que se revoque el fallo impugnado no demuestran arbitrariedad, ni apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva ausencia de fundamentación, ni la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria.-
Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE882256-2023 (INR00000120.pdf), no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1153905-2023., de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE882256-2023 (INR00000120.pdf) y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1153905-2023.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1024I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3810 Folio N°: 6931/6935 Secretaría: 1
Fin de la sentencia