Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de Morón · Causa MO-18627-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD articulado por la parte actora del art. 3°de la ley 26.773 (art. 726 del CCC).-
2Hacer lugar a la DEMANDA y condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a pagar al damnificado BRIAN IGNACIO GABRIEL GONZALEZ RIOS, la suma de Pesos VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 22.694.477), en concepto de prestaciones dinerarias de la LRT y normas complementarias (arts.6 ,14 inc.a, del ap. 2 de la ley 24.557; art. 17 de ley 26.773; Dec. 1694/09; Dec. 472/14 y art. 11 de la ley 27.348).-
3COSTAS A LA DEMANDADA, en su calidad de vencida (arts.24 de la ley 15.057).-
4En caso de verificarse mora por parte de la demandada en el cumplimiento de la presente Sentencia - y hasta su efectivo pago -, al capital establecido se le adicionará un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina art. 770 del Cód. Civ. y Com).-
5El capital, intereses y costas deberán pagarse dentro de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 Ley 15.057). Respecto de los pagos a realizarse, la demandada deberá depositar el CAPITAL ACTORAL en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible (art. 17 ley 27.348). …
AUTOS: GONZALEZ RIOS BRIAN IGNACIO GABRIEL C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DELTRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE
EXPTE MO-18627-2024
///la Ciudad de Morón, en la fecha y hora consignadas en las referencias de firma digital impuestas al pie, los señores. Jueces que integran el Tribunal de Trabajo N° 2 de Morón, .Dres. María Alejandra Amaya, Carolina Noale - en calidad de Juez Subrogante-, y Ambrosio Miguel Valle - Magistrado del Tribunal de Trabajo N° 5 de Morón -, a fin de dictar Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 párrafo 3° in fine de la ley 15.057, previo sorteo en el siguiente orden: Dres. NOALE - AMAYA- VALLE, en los autos caratulados: "GONZALEZ RIOS BRIAN IGNACIO GABRIEL C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DELTRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE", EXPTE MO-18627-2024 resolviendo plantear y votar por separado las siguientes:
PRIMERA: ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Carolina NOALE, dijo:
Antecedentes del caso:
Que se presenta en autos el Sr. Brian Ignacio Gabriel GONZALEZ RIOS , con el patrocinio letrado del Dr. Facundo José Nieto (T° LIV, F° 86 CASI), a iniciar demanda por Accidente en ocasión del Trabajo contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.-
Dirige su acción contra la DIAPA que resolviera no determinar incapacidad en el trabajador por el accidente que reclama.-
Relata que al momento del siniestro se encontraba prestado tareas para su empleadora, MUNICIPALIDAD DE MERLO, contando con dos años de antiguedad; revistando como Agente de Tránsito.-
Dice que el día 27 de junio de 2023, a la 8,40 hs. se dirigía a su casa luego de terminar su jornada laboral a bordo de su motocicleta, cuando resultó impactado por otro vehículo. Dice que sufrió diversos traumatismos, resultando mas perjudicado en el tobillo izquierdo y en el hombro derecho. Por sus propios medios fue a un centro médico privado, efectuando luego la denuncia ante la ART. A partir de ese momento fue atendido a través de las prestadora de la demandada, le realizaron estudios, dispusieron tratamiento kinesiológico y administración de analgésicos.-
Que el 28 de julio de 2023, pese a continuar con dolencias y limitación funcional, le otorgan el alta médica, sin incapacidad.-
Es asi que da inicio al trámite por Divergencia ante la SRT, dictaminando la ausencia de incapacidad.-
Manifiesta acerca de la responsabilidad de la aseguradora.-
Denuncia padecer incapacidad física del 18 % y psíquica del 9 % de la total obrera. Practica liquidación. Opone la inconstitucionalidad del art. 3° de la ley 26.773. Funda en derecho, ofrece prueba, y solicita se haga lugar a la demanda, con costas.-
Que en fecha 19 de agosto de 2024 se confiere traslado de la demanda, presentándose el 9 de septiembre de 2024, el Dr. Pablo M. Padilla (Tº XXXVIII Fº 411 CASI), invocando la calidad de apoderado de PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA, conforme los instrumentos que acompaña y la contesta.-
Opone en primer término, excepción de incompetencia por patología psicológica como de previo y especial pronunciamiento. Excepción en razón de la materia.-
Seguidamente reconoce que su mandante emitió un contrato de afiliación a favor de la empleadora del actor, MUNICIPALIDAD DE MERLO por los riesgos de accidente del trabajo, instrumentado bajo el Nº 94829, vigente desde el 30/01/2004 hasta el 31/01/2025.-
Manifiesta que el contrato debe quedar delimitado a los términos de lo discutido en el trámite de comisión médica.-
Contesta la demanda. Niega, rechaza y desconoce todo lo afirmado por el actor en demanda.-
Reconoce haber recepcionado la denuncia por el siniestro en fecha 30/06/2023, y como sucedido el 27/06/2023, quedando asentada bajo el N° 02345753/001/00. Dice que el actor ingreso con dolor de tobillo izquierdo y hombro derecho, que se le realizaron estudios médicos y una vez terminada la rehabilitación y atento a la inmejorable atención médica otorgada, se le dio el alta médica en fecha 28/07/2023.-
Reconoce que fecha 28/08/2023 el actor inició trámite por Divergencia en la Determinación de la Incapacidad, ante la Comisión Médica N° 381 de la localidad de MORÓN, la cual concluyó que no poseía incapacidad.-
Opone defensa de Falta de Legitimación Pasiva por patología inculpable (hombro derecho -tendinosis-) por inexistencia de relación de causalidad. -
Solicita la aplicación de la ley 24.432 y la inaplicabilildad del art. 3° de la ley 26.773.-
Ofrece prueba. Pide la aplicación de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Decreto 659/96). Se opone a la producción de pericial psicológica. Hace reserva del Caso Federal y solicita el rechazo de la demanda, con costas.-
Que en fecha 10 de marzo de 2025, se proveen las pruebas ofrecidas.-
Habiéndose otorgado los pertinentes traslados a las partes a fin que presenten los alegatos, clausurada la etapa probatoria e integrado debidamente el Tribunal, están estos autos en condiciones de resolver.-
Análisis del caso:
Persigue el promotor del pleito, indemnización en los términos de la ley 24.557 (art. 6°) y el art. 3° de la ley 26.773, en virtud de las secuelas incapacitantes que denuncia a consecuencia del accidente in Itinere padecido el 27 de junio de 2023.-
Dable es señalar que no ha mediado controversia respecto a la competencia material asumida por el tribunal. En efecto, con la tramitación del Expte SRT N° 399626/23, el damnificado acreditó haber ocurrido en instancia previa ante la Comisión Médica de Morón, dando cumplimiento con el art. 1° de la ley 27.348 y art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.-
La demandada solicitó expresamente la utilización del baremo de la LRT, lo cual resulta de recibo toda vez que el uso de la Tabla de Incapacidades Laborales, prevista en el Anexo I del Dec. 659/96, es obligatorio en casos como el presente, ya que las pautas establecidas en el régimen legal de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los que alude la Ley 24.557, sus normas y resoluciones complementarias, respecto a la determinación de la incapacidad de carácter permanente, y la consecuente cuantía del resarcimiento tarifado, se halla prevista en los arts. 8 inc- 3 y 40 inc. 2 ap. c de la LRT, ratificada luego por la Ley 26.773, en cuanto dispone el art. 9 que los colegiados que han de aplicar la LRT deberán "ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos", a la Tabla de Incapacidades citada supra.-
Tal criterio de evaluación fue expresamente convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Recurso de Hecho deducido por Asociart ART S.A. en la causa Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A: S/ Accidente Ley Especial (Sent. de fecha 12 de noviembre de 2020). En el precedente en cuestión se afirma que habiendo el legislador establecido un régimen de prestaciones dinerarias tarifadas, la determinación del grado de incapacidad laboral constituye un parámetro esencial, debiendo ser determinado por autoridad administrativa o judicial a la que corresponde intervenir "con arreglo a una misma tabla de evaluación"; teniendo en miras asi, que los damnificados siempre reciban un trato igualitario, en el sentido que "sus incapacidades serán apreciadas, tanto en sede administrativa como judicial, aplicando criterios de evaluación uniformes, previamente establecidos y no con arreglo a pautas discrecionales" confiriendo de éste modo al sistema de prestaciones reparadoras la "automaticidad pretendida". Bajo tales parámetros, el Superior Tribunal de la Nación, descalificó el fallo que recurriera la aseguradora Asociart ART S.A:, por arbitrario (cuyo origen fuera la sentencia dictada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del Expediente 47.722/2014).-
Sentado lo expuesto y en cuanto a las patologías que el damnificado ha denunciado como incapacitantes, era carga del peticionario acreditar tales dolencias de conformidad con la carga impuesta por el art. 375 del CPCC (art. 89 de la ley 15.057), a quien afirma un hecho constitutivo, obligación que a la luz de la prueba producida, ha logrado acreditar.-
En efecto, la pericia médica fue presentada el 12 de julio de 2025. Informó el perito luego de efectuar la revisación clínica del damnificado y analizar los estudios complementarios solicitados, ponderando además la ausencia de patología previa o posterior que justifiquen esa lesiones que: "Con relación a la causa-efecto pueden considerarse absolutamente ciertas todas las lesiones descriptas, habida cuenta de los elementos que preceden, deben admitirse sobre la base de los informes de los estudios, de la historia clínica, y demás constancias que obran en el expediente, que existe una relación de causalidad entre el siniestro relatado en autos y las secuelas descriptas. Para tabular la incapacidad física de el actor se recurrió al BAREMO 659/96 de la Ley 24.557."
Constató entonces del hombro derecho la presencia de limitación funcional que, conforme el baremo, lo incapacita en un del 9.45%. Efectúa el detalle de la distintas limitaciones según la Abducción a 120° = 2%; Aducción a 20° = 1%; Flexión a 120° = 2%; Extensión a 30° = 1%; Rotación Externa a 70° = 2% y Rotación Interna a 30° = 1%; considerando que es el Miembro hábil superior derecho = 5%.-
Y, en cuanto al tobillo izquierdo , expresó que surge del examen físico la limitación funcional evidenciada siendo coincidente con la documental acreditada y que el Baremo utilizado pondera, en su capítulo osteoarticular, tobillo, limitación funcional, una incapacidad del 7%; discriminando Limitación a la Flexión plantar a 20° = 3%; de la Flexión dorsal a 10° = 2%; a la Inversión a 20° = 1% y a la Eversión a 10° = 1%.-
Adicionó luego los Factores de Ponderación: Dificultad para realizar tareas habituales: 10%; y la Edad: 3%.-
Concluyó el perito que - habiendo empleado el método de la capacidad restante -, el demandante padece de una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 17,84%.-
Al conferirse traslado a las partes fue consentido por la parte actora e impugnada por la demandada; respondiendo el perito el embate de la accionada. -
Luego de la atenta lectura de ambas presentaciones, y aplicando las reglas de la sana crítica, que resultan de la valoración de los elementos de prueba recibidos, de manera razonada conforme las reglas de la lógica, como asi también fruto de la ciencia y experiencia, atendiendo también a los principios que informan la materia que se fundamenta en la debida integración y armonización de los elementos de juicio, tengo para mi que, visto que la pericia se sustentó no sólo en el examen físico del actor, sino ademas en los estudios complementarios ya mencionados, y dado no encontrar razones para apartarme de las conclusiones de la pericia médica; atendiendo además a los términos de la contestación de impugnación efectuada por la perito actuante, considero cierto y probado que, la incapacidad del accionante se relaciona causalmente con el siniestro que nos ocupa (arts. 12, 54, 89 de la ley 15.057 y art. 375 del CPCC).-
La pericia psicológica fue presentada el 10 de junio de 2025. El perito luego de evaluar al damnificado mediante la entrevista semidirigida y la administración de los tests que estimó pertinentes, informó que: "El entrevistado transitó una serie de experiencias psicotraumáticas (accidente de moto, derivaciones del mismo, secuelas permanentes, y otras), que actuaron en él como factor noxa eficiente, desencadenante de una patología psíquica resultante de vivencias psíquicas secundarias derivadas del traumatismo violento, inesperado, doloroso y con importante daño corporal. Al no haber podido elaborar ni procesar, las afecciones secuelares permanentes que la afectan físicamente, ni la declinación anímica originada por el siniestro mencionado, se plasmo en su psique una neurosis postraumática a la manera de una reacción vivencial anormal. Se evidencian elementos reactivos y traumáticos asociados a síntomas psicológicos directos producto del accidente. A saber: estado de alerta, ansiedad y angustia frente a estímulos asociados al accidente, sintomatología fóbica con respecto a manejar moto, perdida de placer en actividades que antes disfrutaba. De acuerdo a todo lo precedentemente expuesto, se puede concluir, que el entrevistado presenta un trastorno por estrés postraumático, provocado a causa del estrés producido, por una situación novedosa (accidente), que lo toma sorpresivamente e impacta emocionalmente en su orden psíquico, de forma negativa, desbordándolo. En el entrevistado se presentan áreas vitales afectadas, así como sintomatología, que son la base para la determinación de daño psíquico y su correspondiente incapacidad.
De acuerdo al Baremo de Incapacidades Laborales 659/96-Ley 24557, el Sr. González Ríos Brian Ignacio Gabriel responde a las características propuestas por una Reacción Vivencial Anormal Neurótica RVAN con manifestación FOBICA de GRADO II. En el entrevistado el porcentaje de incapacidad psicológica es de 9%. El porcentaje está relacionado en su totalidad y tiene un nexo causal directo con el accidente.".-
Si bien la pericia fue impugnada por la parte demandada, tengo para mi que ha logrado formar convicción en mi ánimo la presencia de tal incapacidad en el accionante, remitiéndome a los fundamentos expresados en el informe pericial (arts. 54, 89 de la ley 15.057; arts. 375 y 474 del CPCC).-
Ahora bien no obsta a tal mérito, el traslado conferido en 16 de marzo de 2026, y por el que se solicita a los peritos médico y psicólogo, una readecuación del porcentaje incapacitante que ha surgido de la pericia, de acuerdo al baremo del Dec. 549/25, pues nada impide al tribunal disponer todas las medidas de prueba que estime pertinentes, previas al dictado de la sentencia (36 inc 2 del CPCC). Asi las cosas, visto que, independientemente de la disposición que manda adecuar los informes de acuerdo el nuevo baremo del Dec.549, la fecha del siniestro data del 27 de junio de 2023 y que el damnificado fue evaluado tanto en la Comisión Médica, como en oportunidad de llevarse a cabo las entrevistas periciales, en el marco de estas actuaciones, de acuerdo al anterior baremo, he de estarme a lo dicho en el párrafo precedente, con fundamento en la irretroactividad de la ley (art. 5 del CCC; cfr. fundamentos del precedente L. 118.695 "Staroni, Lidia Estela contra Provincia A.R.T. S.A. y ots. Amparo").-
Sentado lo expuesto, y en razón de haber acreditado el damnificado las incapacidades denunciadas, corresponde determinar el grado incapacitante psicofísico total por ambas dolencias a los fines de su cuantificación, atendiendo al método de la capacidad restante, toda vez que no es dable, sumar aritméticamente las mismas. Para ello, he de seguir lo previsto por el Baremo de la LRT y los precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de este Estado. En efecto el mismo tiene dicho que " en supuestos de incapacidades múltiples, la determinación final del grado de menoscabo parcial y permanente con que la víctima emerge del hecho dañoso y sus derivaciones, no se logra mediante la suma o yuxtaposición de todos y cada uno de los porcentuales de incapacidad, que los expertos médicos de cada disciplina del arte de curar determinan o precisan sobre cada área lesionada del sujeto", aplicando por ello el método de la capacidad restante (SCBA LP L 85715 S 09/05/2007 y baremo de la LRT).-
Luego y teniendo en cuenta el grado de incapacidad física que afecta la accionante - que asciende al 17.84 % de la T.O., y el establecido en la pericia psicológica, con fundamento en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del 9 %, aplicando el método de la capacidad restante, y comenzando por el de mayor puntuación, se arriba un total del 25.23 % de incapacidad de la total obrera, derivada del accidente acreditado en autos (100 % -17.84 %) *9 + 17.84 %).-
Sentado lo expuesto, surge de las constancia de los trámites del proceso que la pericia contable fue presentada el 12 de febrero de 2026; dando cuenta de la Afiliación de la empleadora del damnificado - MUNICIPALIDAD DE MERLO-, con la aseguradora demandada, instrumentada bajo el N° 94829, vigente al momento del accidente de autos. También dio cuenta de las prestaciones de atención médica brindadas y que surge del anexo Evolución del Siniestro, registrado bajo el N° 02345753/001 (art. 375 del CPCC).-
Asimismo, de acuerdo al detalle de los salarios consignados, informó que el IBM del trabajador, que ajustó mes a mes con la variación del Índice RIPTE, en los términos del art. 11 de la ley 27.348, vigente a la fecha de ocurrencia de la contingencia; obtuvo para el trabajador la suma de Pesos 180.452,61 (arts. 12, 54, 89 de la L.O.; art. 375 del CPCC; art. 12 de la LRT).-
Al traslado conferido quedó consentido para las partes, en razón del silencio guardado (art. 17 de la L.O.).-
Luego y con la documentación que obra en autos, tengo por cierto que, habiendo nacido Ignacio Gabriel GONZALEZ RIOS el día 22 de agosto de 2001, su edad al momento del siniestro de autos, era de 21 años (art. 375 del CPCC).-
Decisorio:
Acreditado el accidente de naturaleza In Itinere, padecido por el damnificado el 27 de junio de 2023 (cfr. art. 6º inc. 2° de la L.R.T.), la reducción de la capacidad laboral parcial y permanente (art. 8 de la ley 24.557) y la relación de causalidad entre ambos extremos, considero que de conformidad con lo que dispone el art. 14º ap. 2. a) de la L.R.T. (t.o. Dec. 1694/09; 472/2014 y Res. MTEySS) - vigente a la fecha del accidente- corresponde declarar a la demandada, deudora de la prestación dineraria que establece la norma, consistente en el pago único de una prestación dineraria.-
Asi las cosas y a los fines de determinar el quantum indemnizatorio de la prestación dineraria, habré de tener en cuenta el ingreso base ajustado por RIPTE, en los términos del art. 11 de la ley 27.348 establecido supra , de Pesos 180.452,61, monto al que de conformidad con lo dispuesto por el texto del art. 12 ley 24.557 (t.o. ley 27.348) vigente a la fecha del siniestro (27 de junio de 2023), habrán de adicionarse intereses calculados al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (a contar desde la fecha de producción del siniestro y hasta el momento de la liquidación por determinación de la incapacidad laboral definitiva, lo cual en el caso de autos se concreta a través del presente pronunciamiento.-
La referida operación matemática arroja un ingreso base actualizado y con interés que asciende a la suma de Pesos 549.248,12 ( 180.452,61.+ 368.795,51).-
Establecido lo anterior, corresponde ahora determinar el monto indemnizatorio en función de la fórmula prevista por el inc.a, del ap. 2 del art. 14 de la Ley 24.557 (t.o. Dec. 1278/00, modif. Dec. 1694/09; art. 17 de la ley 26773 y ley 27.348).-
La fórmula es la siguiente IBM x 53 x 65/x32 % I = ($ 549.248,12 x 53 x 3.09 x 25.23 %) = Pesos 22.694.477.-
En relación al art. 3° de la ley 26.773, la parte actora opuso la inconstitucionalidad de la limitación impuesta por la referida norma, para casos como el presente, que versa respecto a un accidente in itinere , y peticionó se haga lugar a este incremento. Por su parte la demandada se manifestó en contra de su procedencia. Remito a la lectura de las posturas de ambas, plasmadas en el libelo de inicio y en el responde.-
El citado artículo dice: "Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes), percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en éste régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al 20 % de esa suma" Surge entonces que el fundamento del art. 3° de la ley 26.773, radica en la responsabilidad objetiva del empleador frente a los infortunios que padezca el trabajador, en ocasión de su trabajo o mientras se encuentre a su disposición; situación fáctica no compatible con las probanzas de autos (art. 375 del CPCC).
En definitiva, la aludida normativa del art. 3° de la ley 26.773, tuvo en miras, eliminar o atemperar las posibles diferencias que pudieran existir entre las reparaciones del sistema de la LRT y las fundadas en el derecho común - en las que fuera parte la empleadora -, situación fáctica que como ya expresara no se vincula con la reclamación de autos.-
Tal criterio - en favor de la constitucionalidad del artículo -, fue expresamente convalidado por parte del Superior Tribunal en sendos fallos, constituyendo su jurisprudencia de aplicación obligatoria para el fuero (L. 120.170, "Fleita", sentencia de 29-VII-2015; L. 119.002, "Carabajal", sentencia de 25-IV-2018 y L. 120.205, "Pereyra", sentencia de 11-III-2020; e.o.) y concordantemente con lo sostenido también por parte de la CSJN en autos "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", Sent. 7-VI-2016).-
No pierdo de vista además que un fallo judicial que descalifique una norma legal es un acto de suma gravedad institucional, al que sólo debe recurrirse como ultima ratio del orden jurídico, debiendo evidenciarse de manera palmaria la repugnancia existente entre la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende y la garantía de la Constitución Nacional, tal como reiteradamente ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.( in re 285:322; 288:325),; y requiere de quien la invoca indefectiblemente la acreditación del perjuicio concreto que su aplicación le ocasiona, no bastando consideraciones genéricas o hipotéticas.-
Por lo expuesto, propongo rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773, por falta de acción (art. 726 del CCC).-
Ahora bien, a la fecha de la contingencia de marras (27 de junio de 2023) , se hallaba vigente la reforma introducida por la ley 26.773 (art. 17 ley cit,), cuya normativa establece que el método de ajuste a aplicar desde el 26- X- 2012, ha de efectuarse por la evolución del índice RIPTE, que eleva los pisos mínimos de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte del trabajador, como así también de la compensación por cualquier otro daño no reparado prevista en el art. 3°, segundo párrafo de la ley 26.773.. Por ello y teniendo en cuenta la fecha de acaecimiento del accidente reclamado en autos y la resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social vigente a la fecha expresada (Res.12/23) y el porcentaje de incapacidad establecido en autos ( 25.23 %), el cálculo no supera éste último importe previsto en la fórmula polinómica ya mencionada ( $ 11.589.837 x 25.23 %) corresponde por ello, diferir aquel a condena; ello a la luz del precedente "Godon Pablo David C/Provincia ART SA S/Diferencia Indemnizatoria" (SCBA L 118.532).-
En cuanto a la aplicación del Índice RIPTE, en relación al art. 17 de la ley 26.773, se recuerda que la SCBA ha dicho: "El decreto 472/14 recoge la exégesis de los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773 -derogados por la ley 27.348 (art. 21)- y de las resoluciones n° 34/13, 3/14 y 6/15 dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en cuanto el índice RIPTE resulta aplicable sobre las compensaciones adicionales de pago único y sobre aquellos importes correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del decreto 1694/09" (conf. SCBA LP L. 119002; S 25/04/2018, "Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia A.R.T. S.A. y otro. Accidente in itinere") .-
Finalmente, la parte demandada solicita la aplicación a estos actuados de la ley 24.432; es asi que en favor de la constitucionalidad de la norma se expidió en sendas causas la Suprema Corte provincial receptado en iguales términos en el Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 120.948, "Cano", sent. de 27-VI-2020; L. 121.845, "Romero", sent. de 27-VII-2020 y L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020).
Particularmente en el precedente L. 77.914, "Zuccoli, Marcela A. contra SUM S.A. Daños y perjuicios", la Corte se pronunció en igual sentido, siendo de aplicación en el orden provincial el art. 505 - último párrafo- del Código Civil en materia de honorarios, que establece un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al pleito, en concepto de costas y con plena operatividad en el ámbito de esta la Provincia, sin que tal disposición requiera de adhesión alguna por parte de este Estado, no vulnerando ello en modo alguno la autonomía local, ya que las regulaciones de honorarios se realizan de hecho y de derecho conforme a las leyes arancelarias locales, por lo que no existe desplazamiento del régimen provincial en detrimento de otro especial. Se recuerda también que el máximo Tribunal de la Nación, se pronunció desde antaño sobre la constitucionalidad de la facultad del Congreso nacional de dictar normas procesales con el fin de asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar (Fallos, 137:307; 138:154 y 157; 141:254; 162:376; 247:524; 265:30; 299:45).
Por lo expuesto, corresponde tener presente su pedimento.-
Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 24 de la L.O.).-
Intereses:
En caso de verificarse mora por parte de la demandada en el cumplimiento de la presente Sentencia - y hasta su efectivo pago -, al capital establecido se le adicionará un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina art. 770 del Cód. Civ. y Com).-
ASI LO VOTO
Los Sres. Jueces Dres. María Alejandra AMAYA y Ambrosio Miguel VALLE, por iguales consideraciones y compartir los mismos fundamentos, adhieren al mismo y votan en idéntico sentido.-.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Sra. Juez Dra. Carolina NOALE, dijo: En atención al resultado de la votación a la cuestión que antecede, corresponde:
1. RECHAZAR el PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD articulado por la parte actora del art. 3°de la ley 26.773 (art. 726 del CCC).-
2. HACER LUGAR A LA DEMANDA y condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a pagar al damnificado BRIAN IGNACIO GABRIEL GONZALEZ RIOS, la suma de Pesos VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 22.694.477), en concepto de prestaciones dinerarias de la LRT y normas complementarias (arts.6 ,14 inc.a, del ap. 2 de la ley 24.557; art. 17 de ley 26.773; Dec. 1694/09; Dec. 472/14 y art. 11 de la ley 27.348).-
3. COSTAS A LA DEMANDADA, en su calidad de vencida (arts.24 de la ley 15.057).-
4. En caso de verificarse mora por parte de la demandada en el cumplimiento de la presente Sentencia - y hasta su efectivo pago -, al capital establecido se le adicionará un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina art. 770 del Cód. Civ. y Com).-
5. El capital, intereses y costas deberán pagarse dentro de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 Ley 15.057). Respecto de los pagos a realizarse, la demandada deberá depositar el CAPITAL ACTORAL en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible (art. 17 ley 27.348). A tal efecto, queda intimada la parte actora para que denuncie y acredite en autos la titularidad y los datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° CBU, ALIAS) a los efectos hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. Se hace saber a la demandada que SOLO deberá depositar en la cuenta de autos el monto correspondiente al accionante en el caso de que éste manifieste expresamente no poseer cuenta sueldo. A los efectos de lograr mayor celeridad y economía procesal, se hace saber que la presentación de invocación y acreditación de la cuenta bancaria referidas supra, se descargará del sistema informático y se dará inmediata publicidad a los fines de su visualización por la obligada al pago, la que deberá consultar periódicamente el sistema informático. Se pone en conocimiento de la demandada que el C.U.I.T. del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es: 30-70721665-0.
6. A los fines de lo dispuesto por el art. 23 de la ley 14.967, deberán pasar los autos a Secretaría. Fecho vuelvan para la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.
7. Tener presente lo solicitado por la parte DEMANDADA en relación a la ley 24.432.-
8. LIBRESE OFICIO por Secretaría, a la SRT y al SERVICIO DE HOMOLOGACION de la CMJ N° 38 de Morón, a los fines que tomen razón de la sentencia recaída en los presentes actuados "GONZALEZ RIOS BRIAN IGNACIO GABRIEL C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DELTRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE", EXPTE. MO-18627-2024 en relación al Expte. Administrativo SRT N° 399626/23.-
ASI LO VOTO
Los Sres. Jueces Dres. María Alejandra AMAYA y Ambrosio Miguel VALLE, por iguales consideraciones y compartir los mismos fundamentos, adhieren al mismo y votan en idéntico sentido.-.
POR ELLO, y lo que resulta del Acuerdo celebrado, el Tribunal RESUELVE:
1. RECHAZAR el PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD articulado por la parte actora del art. 3°de la ley 26.773 (art. 726 del CCC).-
2. HACER LUGAR A LA DEMANDA y condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a pagar al damnificado BRIAN IGNACIO GABRIEL GONZALEZ RIOS, la suma de Pesos VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 22.694.477), en concepto de prestaciones dinerarias de la LRT y normas complementarias (arts.6 ,14 inc.a, del ap. 2 de la ley 24.557; art. 17 de ley 26.773; Dec. 1694/09; Dec. 472/14 y art. 11 de la ley 27.348).-
3. COSTAS A LA DEMANDADA, en su calidad de vencida (arts.24 de la ley 15.057).-
4. En caso de verificarse mora por parte de la demandada en el cumplimiento de la presente Sentencia - y hasta su efectivo pago -, al capital establecido se le adicionará un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina art. 770 del Cód. Civ. y Com).-
5. El capital, intereses y costas deberán pagarse dentro de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 Ley 15.057). Respecto de los pagos a realizarse, la demandada deberá depositar el CAPITAL ACTORAL en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible (art. 17 ley 27.348). A tal efecto, queda intimada la parte actora para que denuncie y acredite en autos la titularidad y los datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° CBU, ALIAS) a los efectos hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. Se hace saber a la demandada que SOLO deberá depositar en la cuenta de autos el monto correspondiente al accionante en el caso de que éste manifieste expresamente no poseer cuenta sueldo. A los efectos de lograr mayor celeridad y economía procesal, se hace saber que la presentación de invocación y acreditación de la cuenta bancaria referidas supra, se descargará del sistema informático y se dará inmediata publicidad a los fines de su visualización por la obligada al pago, la que deberá consultar periódicamente el sistema informático. Se pone en conocimiento de la demandada que el C.U.I.T. del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es: 30-70721665-0.
6. A los fines de lo dispuesto por el art. 23 de la ley 14.967, deberán pasar los autos a Secretaría. Fecho vuelvan para la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.
7. Tener presente lo solicitado por la parte DEMANDADA en relación a la ley 24.432.-
8. LIBRESE OFICIO por Secretaría, a la SRT y al SERVICIO DE HOMOLOGACION de la CMJ N° 38 de Morón, a los fines que tomen razón de la sentencia recaída en los presentes actuados "GONZALEZ RIOS BRIAN IGNACIO GABRIEL C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DELTRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE", EXPTE. MO-18627-2024 en relación al Expte. Administrativo SRT N° 399626/23.-
9. Oportunamente regístrese y notifíquese con su entrega en forma electrónica, sin necesidad de otro instrumento ni de formato de cédula (arts. 16 de la ley 15.057; 143 inc. 1 del CPCC, Ac. 3991/20 de la SCBA), cúmplase y previa vista fiscal, archívense las presentes actuaciones.
Dra. CAROLINA NOALE
JUEZ DEL TRABAJO
DRA. MARIA ALEJANDRA AMAYA DR. AMBROSIO MIGUEL VALLE
JUEZ DEL TRABAJO JUEZ DEL TRABAJO
Ante mi,
Se deja constancia que la presente resolución se ha notificado en forma automatizada, bajo el mecanismo aprobado por el Ac. 3991 de la S.C.J.B.A.; modif. del "Reglamento para la notificación por medios electrónicos" (Ac. 3845).-
Firmas
Funcionario firmante: NOALE Carolina - JUEZ
Funcionario firmante: AMAYA Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Ambrosio Miguel - JUEZ
Funcionario firmante: FRACCHIA Felipe - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 232-2026
Fin de la sentencia