Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 37294-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y revocar el pronunciamiento apelado con el alcance del considerando X. 2. Distribuir las costas con arreglo al considerando XI. 3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
22900/2023 GONZALEZ, SILVANA CRISTIAN-TF 37294-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 26 de octubre de 2023.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La señora Silvana Cristian González, por medio de su apoderado, interpuso recurso de apelación contra las resoluciones nºs:
a. 146/2012 (DV DEOB) que determinó de oficio la obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2005 y 2006) y liquidó los intereses resarcitorios.
b. 95/2014 (DV DEOB) que aplicó una sanción de multa graduada en tres veces el importe del tributo omitido en aquellos períodos fiscales (artículos 46 y 47, inciso 'b', de la ley 11.683).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación, resolvió "[c]onfirmar las resoluciones apeladas [...] en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden".
Asimismo, reguló los honorarios a favor de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, que fueron apelados "por altos" y "por bajos".
Para decidir de ese modo, sostuvo los siguientes fundamentos:
i. La AFIP-DGI concluyó en que correspondía aplicar la presunción prevista en el artículo agregado a continuación del artículo 18 de la ley 11.683 respecto de los fondos ingresados a la cuenta bancaria de la contribuyente durante los períodos fiscales 2005 y 2006.
ii. Ese artículo establece que "Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación [...] cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerará que tales fondos constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local".
"No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados".
iii. "[A] los fines de justificar el origen de los fondos resulta fundamental probar fehacientemente 'las actividades' que lo generaron. En tal sentido la recurrente debió probar que ANSA CAPITAL CORPORATION, realizó efectivamente actividades para generar los fondos prestados y que esa entidad declarara y o tributara por las mismas ante el fisco de ese país".
iv. La compulsa de las actuaciones evidenció las siguientes circunstancias:
a. El ingreso de los fondos al país estaba acreditado.
El peritaje contable evidenció que quien ordenó la transferencia fue "ANSA CAPITAL CORPORATION [que] tiene su sede y es una Sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, habiendo efectuado la remesa de uSs 4.000.000.- desde una cuenta del Bco. HSBC sucursal de Suiza, mediante swift datado el 21/12/2005".
El BNP Paribas informó que "con fechas 27/12/2005 y 05/01/2006 la cuenta nº 09198 030070 010 063 USD recibió transferencias del banco HSBC Private Bank (Suisse) S.A. de Suiza, código Swift Blicchgg, por las sumas de U$S 2.000.000 y U$D 2.000.000, respectivamente, siendo en los dos casos el ordenante de la transferencia Ansa Capital Corp". b. El contrato de préstamo acordado entre las partes no tenía un adecuado respaldo documental.
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22900/2023 GONZALEZ, SILVANA CRISTIAN-TF 37294-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ciertamente, el examen de las actuaciones administrativas evidenció que sólo la firma de la recurrente estaba certificada ante un escribano "mas no así la del sujeto que habría actuado en carácter de representante del acreedor".
"ANSA SUCURSAL informó que el Sr. Shlomo MEICHOR -declarado representante de ANSA [matriz]- 'no viajó al país para suscribir el préstamo [...] ni se informó tampoco acerca de la modalidad que se habría empleado para gestionar la suscripción del mismo'".
Por tanto, concluyó en que no estaba acreditada la participación de ANSA (matriz) en la realización del préstamo.
c. La motivación del préstamo, las actividades de la prestamista y la conformación del grupo.
A diferencia de los restantes contratos que conformaron el acuerdo marco y cuyos fondos se recibieron de ANSA (sucursal argentina), la recurrente y ANSA (matriz) no brindaron las explicaciones que habrían impulsado a las partes a firmar el contrato de mutuo.
Concluyó en que no había certeza acerca de quiénes eran los verdaderos propietarios de la compañía radicada en la jurisdicción de nula o baja tributación fiscal (ANSA matriz) ni tampoco "de la real fuente de los valores recepcionados por la recurrente como derivados de la misma". Ciertamente, la recurrente no logró acreditar que "ANSA CAPITAL CORPORATION y LANSING FINANCE CORPORATION [supuesta controlante de la primera] desarrollaran de manera efectiva [una] actividad empresaria económicamente significativa en el lugar de su constitución, registro o incorporación y/o en terceros países, que justificaran el origen y generación de los fondos prestados".
Asimismo la documentación y los informes destinados a probar la constitución del grupo económico del cual formaba parte la prestamista eran inconsistentes pues en las actuaciones administrativas el representante legal de ANSA -sucursal- brindó informaciones contradictorias respecto a como era la conformación del mismo.
Era acertada la observación que efectuó la AFIP en cuanto a que ANSA (matriz) no presentó "documentación pertinente de sus últimos estados contables aprobados" ni dio una descripción en un "instrumento firmado por autoridad competente [...] de las principales actividades realizadas durante el ejercicio económico en que se realizaron los préstamos o durante el año inmedianto anterior [...] ni se agregaron los títulos de propiedad de los activos fijos no corrientes que se invocan" de forma tal que se pudiera comprobar que tenía una actividad empresarial relevante.
Paralelamente, a fs. 1682/1684 de las actuaciones administrativas la firma ANSA (sucursal Argentina) contestó que no contaba con información para responder cómo ANSA (matriz) obtuvo los fondos que le había prestado a la aquí recurrente.
v. La reseña efectuada demostró que la recurrente no logró desvirtuar la presunción tal como lo exigía el artículo agregado a continuación del artículo 18 de la ley 11.683.
vi. El agravio tendiente a cuestionar la validez constitucional de ese artículo no podía ser examinado en función de la restricción jurisdiccional prevista en el artículo 185 de la ley 11.683.
A pesar de ello puntualizó que la queja carecía de consistencia pues aún cuando el ingreso formal de los fondos se produjo desde Suiza el préstamo fue otorgado por "un sujeto radicado en las Islas Vírgenes Británicas (Territorio no autónomo del Reino Unido) jurisdicción considerada de baja o nula tributación" y la contribuyente no logró demostrar "fehacientemente que tales disposiciones [de fondos] se originaron en actividades realizadas por ella o por terceros de dicha jurisdicción o que procedieron de colocaciones de fondos oportunamente declarados".
vii. Los agravios referentes a los intereses resarcitorios debían ser desestimados pues se trataba de la indemnización debida a la AFIP-DGI como resarcimiento por la mora en el pago.
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22900/2023 GONZALEZ, SILVANA CRISTIAN-TF 37294-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO viii. La multa aplicada debía ser confirmada, ya que la pretensión infraccional de la AFIP-DGI derivó de actos fraudulentos realizados por la recurrente, que fueron determinados y fundados y que tuvieron la aptitud de detraer la materia imponible.
III. La recurrente interpuso recurso de apelación y expresó los agravios que fueron replicados por la AFIP-DGI.
Sostuvo las siguientes críticas:
i. La apreciación del Tribunal Fiscal fue arbitraria, y conforme al artículo 86, inciso 'a', de la ley 11.683 la cámara deberá someter esos hechos nuevamente a revisión.
Ciertamente, la recurrente "hacia el 31.12.2005 [...] [debía] afrontar obligaciones dinerarias por U$S 16,5 millones" por lo que tenía fundados motivos para solicitar el préstamo en discusión.
Explica que la consultora Infupa S.A. acercó a la firma ANSA, y que ésta última mostró un considerable interés en prestar a la recurrente esas sumas de dinero pues ello, a su vez, le permitiría participar del negocio inmobiliario que ésta se encontraba desarrollando por medio de una de sus sociedades.
En ese contexto, las partes firmaron un acuerdo marco que comprendió varios contratos de mutuo; tres se materializaron con la sucursal en el país de ANSA mientras que el que se encuentra en discusión se firmó con la casa matriz radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
ii. La conducta de la AFIP fue contradictoria pues aplicó la presunción del artículo agregado a continuación del artículo 18 de la ley 11.683 al préstamo que la recurrente recibió de ANSA (casa matriz) pero no procedió así con los aportes de fondos de la casa matriz a la sucursal de ANSA en Argentina que luego fueron prestados a la recurrente.
iii. El préstamo con ANSA (casa matriz) estaba debidamente instrumentado, se acreditó la recepción de los fondos, su aplicación y posterior devolución.
iv. Se probó "la debida constitución de ANSA en BVI [British Virgin Islands], y su objeto social, en función del estatuto traducido acompañado. Los estados contables presentados por ANSA resultan en los términos de las exigencias de su país de radicación, suficientemente indicativos de su situación financiera y principales transacciones".
v. La existencia de ANSA (matriz) y de su capacidad económica estaban probadas pues se demostró que el señor Raz Steinmetz, quien era un ciudadano israelí de reconocida fortuna, ejercía el control de la sociedad prestamista.
vi. La sentencia hace "una previa inferencia de que los fondos, por ser de titularidad de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, provienen de esta última jurisdicción. Omitiendo el hecho de que los fondos proceden de una cuenta ubicada en Suiza".
En ese contexto, plantea la inconstitucionalidad del artículo agregado a continuación del artículo 18 de la ley 11.683 "pues resuelve gravar la capacidad contributiva de un tercero (prestamista) en cabeza del prestatario. Ello resulta de la restrictiva interpretación de los medios de prueba [...] en tanto solo admite la prueba del desarrollo de actividad en las Islas Vírgenes (en cantidad suficiente para el préstamo), o la justificación de fondos oportunamente declarados por el perceptor" lo que lesiona el principio de razonabilidad de las normas.
vii. La sentencia sostiene una contradicción: "que el prestamista carece de substancia ('autopréstamo') sólo cuando contabiliza el préstamo desde su casa matriz (Islas Vírgenes), no así cuando lo hace desde su sucursal argentina".
viii. La supuesta contradicción en relación con la conformación del grupo económico no era tal sino que se debió a que el examen fue realizado en distintos momentos pues "el cambio en la composición accionaria de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22900/2023 GONZALEZ, SILVANA CRISTIAN-TF 37294-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ANSA, que llevó a que Lansing Finance Corporation redujera su participación, se produjo luego de tomarse el préstamo con mi mandante, el 3.5.2006".
ix. El contrato de préstamo tiene fecha cierta aunque solo esté certificada la firma de la recurrente. Sin embargo "su eventual ausencia no necesariamente resulta en la aplicación de la presunción de que nos hallamos ante un incremento patrimonial no justificado" pues la existencia de aquél puede probarse por otros medios.
x. La multa aplicada debe ser dejada sin efecto, en tanto no se observó el plazo razonable para el dictado de una resolución.
Subsidiariamente, plantea que la sanción debe ser revocada en tanto no hay ninguna prueba que exhiba su conducta como maliciosa o engañosa.
xii. El decaimiento de la prueba testimonial y de la prueba informativa dirigida a ANSA Sucursal evidenció que el Tribunal Fiscal condujo el proceso con un estricto apego a las formas, y por ello solicita que se habilite su producción en esta instancia de conformidad con el artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
xiii. Plantea la inconstitucionalidad del artículo 86 de la ley 11.683 en tanto la autorización de "un recurso de revisión y apelación contra las sentencias definitivas que condenen al pago de tributos e intereses con carácter 'limitado' [...] vulnera los principios de tutela judicial efectiva y de razonabilidad".
xiv. Debe reintegrarse las sumas de dinero que se ingresaron con posterioridad al dictado de la sentencia del Tribunal Fiscal, para saldar los ajustes que practicó la AFIP "con más los intereses resarcitorios que se devenguen desde la presentación de esta expresión de agravios".
IV. Que el replanteo de pruebas en esta instancia y la consiguiente apertura en virtud de la correlación de los artículos 379 y 385, segundo párrafo, del código procesal, a los que remite el artículo 260, inciso 2°, del código citado sólo es admisible en el caso de negligencias o caducidades mal decretadas o no ajustadas a derecho, siempre y cuando el peticionario justifique adecuadamente que no medió demora de su parte, ni desidia o desinterés en la producción de las probanzas pertinentes (esta sala, causa nº 60.857/2013, "Rosas Viviana Graciela c/ IUNA s/Empleo Público", pronunciamiento del 7 de agosto de 2018).
No se advierten esas circunstancias en relación al decaimiento de: a. La prueba testimonial: pues la parte actora tomó a su cargo la comparecencia del testigo Pablo Javier Gronda y éste no concurrió sin que se brindara un motivo para justificar su incomparecencia (fs. 346). b. La prueba informativa: ya que la parte actora solicitó que se ordenara librar un oficio reiteratorio a ANSA -sucursal- a pesar de que había dejado transcurrir 3 (tres) meses sin diligenciar el oficio a esa entidad (ver fs. 426).
V. Que el planteo referente a la inconstitucionalidad del artículo agregado a continuación del artículo 18 (incorporado, como se dijo, mediante la ley 25.795) y del artículo 86 de la ley 11.683 no ha sido acompañado de una línea argumentativa ni probatoria idónea.
En relación con la primera de esas normas, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en el precedente " Hermitage" (Fallos: 333:993), que "como principio general, no es objetable que el legislador al establecer un tributo utilice la técnica de las presunciones. La necesidad de acudir a éstas es admitida por la doctrina y receptada por los ordenamientos jurídicos de diversos países, aunque se ha enfatizado en que para evitar situaciones inicuas su uso debe ser limitado a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen".
"En efecto, la problemática de las presunciones en materia tributaria es el resultado de la tensión de dos principios: el de justicia tributaria y el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22900/2023 GONZALEZ, SILVANA CRISTIAN-TF 37294-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de capacidad contributiva, y es por ello, que 'requieren un uso inteligente, concreto y racional'. Es en el supuesto de las presunciones denominadas iuris et de iure, en el que la cuestión adquiere 'su mayor dramatismo'". Ahora bien, la lectura del contenido de la norma muestra que ésta admite prueba en contrario. Aquí, no se advierte ni se ha demostrado la irrazonabilidad que la adjudica la recurrente.
Por otro lado, respecto de la disposición que contiene la segunda norma debe puntualizarse que el recurso de revisión con carácter limitado no constituye una regla absoluta, pues, en sentido contrario, su lectura exhibe que la cámara podrá apartarse de las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación "cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos".
Las consideraciones precedentes descartan los planteos de inconstitucionalidad de la parte actora.
VI. Que debe determinarse la procedencia del ajuste en el impuesto y por los períodos involucrados, como consecuencia de la impugnación que el Fisco Nacional realizó al pasivo que la contribuyente contrajo con la empresa ANSA, radicada en un país de nula o baja tributación.
El agregado a continuación del artículo 18 de la ley de procedimiento fiscal (incorporado mediante la ley 25.795) establece que "Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación [...] cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerará que tales fondos constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local". "No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados".
En consecuencia, el contribuyente debe acreditar que: 1) los fondos se originaron en actividades efectivamente realizadas por éste o por terceros en el país de nula o baja tributación, o 2) que aquéllos provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados.
VII. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causa “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
VIII. Los agravios que la parte actora sostiene para intentar rebatir el pronunciamiento apelado solo comportan una diferente valoración de los hechos, puesto que la recurrente no logró demostrar de un modo concreto e indubitable que los fondos remesados por la empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas se originaron en: 1) actividades efectivamente realizadas por la recurrente o por terceros en dicho país, o 2) colocaciones de fondos oportunamente declarados por aquella.
Ciertamente, el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal prestó una especial consideración a la circunstancia de que no existía un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22900/2023 GONZALEZ, SILVANA CRISTIAN-TF 37294-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO respaldo documental del contrato de mutuo con ANSA (matriz) y puntualizó que ello que fue reconocido por el representante de la firma actora quien sostuvo que "Silvina González suscribió dos ejemplares del contrato de mutuo en la ciudad de Buenos Aires conforme surge de la notificación notarial F002187355 emitida por el Dr. Gustavo G. Martinez. Dicho documento fue remitido luego a Ansa Capital Corporation [matriz]" (ver fs. 431/432 y 439/468 de las actuaciones administrativas, cuerpo principal nº 3).
Esta circunstancia también es reconocida por la recurrente en su memorial como se desprende de la reseña efectuada en el considerando III, punto x.
Respecto del origen de los fondos, ponderó que no se acompañó prueba de la cual pudiera inferirse "que los valores acreditados en la cuenta bancaria declarada como de propiedad de ANSA descendieron de LANSING FINANCE CORPORATION" pues "la Sra. Carmen O. Barriosen su calidad de secretaria de esa compañia- informó [....] que esa firma mantenía activos '...no corrientes consistentes en inversiones en bienes raíces fuera de Argentina en U$S 25.000.000', los cuales, más allá de no haber sido individualizados ni determinado su lugar de asiento, no merecen ser titulados de ágil disponibilidad como para que pudieran haber sido encausados prontamente" (fs. 1272/1276 de las actuaciones administrativas, cuerpo principal nº 7).
Referentemente a la composición del grupo económico, tuvo en cuenta correctamente que acerca de los períodos fiscales 2005 y 2006 el representante legal de ANSA sucursal ofreció informaciones contradictorias relativas a su conformación.
En efecto, en la multinota que presentó durante la tramitación de las actuaciones administrativas manifestó que los accionistas de ANSA CAPITAL CORPORATION eran "Lansing Finance Corporation 77,5%, Argentina Capital 12,5% y Yale Argentina 10% (ver fs. 1682/1683 de las actuaciones administrativas, cuerpo principal nº 9).
Sin embargo en la presentación que realizó ante la Inspección General de Justicia, el 13 de junio de 2005, manifestó que la sociedad controlante de ANSA CAPITAL CORPORATION era exclusivamente LANSING FINANCE CORPORATION (ver fs. 1254/1265 de las actuaciones administrativas, cuerpo principal nº 7).
En suma, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal en la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado un error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal reseñado, por lo que cabe tener por válidas sus conclusiones respecto de los hechos examinados.
Por tanto, las objeciones formuladas por la parte actora no pueden prosperar.
IX. Corresponde confirmar la aplicación de los intereses resarcitorios liquidados en las resoluciones impugnadas, ya que se ajusta a la previsión del artículo 37 de la ley 11.683 en los términos del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Fallos: 304:205 ("Ika Renault ").
X. La solución es distinta para la multa discutida, con arreglo al pronunciamiento dictado por esta sala el 17 de diciembre de 2021 en la causa "San Jaime S.A. (TF 28250-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo", que fue reiterada en la causa 17.569/2021 "Bingos Platenses SA", pronunciamiento del 25 de agosto de 2022, a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad.
En función de las conclusiones allí expuestas (ver, en particular, el considerando VIII del precedente aludido), teniendo en cuenta que la sanción impuesta tuvo origen en hechos que se desarrollaron en los ejercicios fiscales 2005 y 2006, se puede corroborar que a la fecha de la presente decisión transcurrieron dieciocho años aproximadamente desde los hechos considerados como pasibles de sanción.
Por tanto, la pretensión de la AFIP-DGI tendiente a exigir el pago de la multa se halla extinguida ya que se encuentra configurado en el caso una afectación a la garantía de ser juzgada en un plazo razonable (Fallos: 334 :1264).
XI. En lo que atañe a la imposición de costas dispuesta por el Tribunal Fiscal por la confirmación de la determinación del impuesto y de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22900/2023 GONZALEZ, SILVANA CRISTIAN-TF 37294-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO los intereses resarcitorios, no se advierten razones suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota, contenido en los artículos 184, quinto párrafo, de la ley 11.683, y 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
No obstante, por los fundamentos expuestos en el considerando X, las costas relativas a la sanción de multa involucrada deben ser distribuidas, en ambas instancias, en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del código citado).
XII. En este contexto, corresponde dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal en el pronunciamiento del 14 de diciembre de 2022 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos.
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y revocar el pronunciamiento apelado con el alcance del considerando X. 2. Distribuir las costas con arreglo al considerando XI. 3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que la jueza Liliana María Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Fin de la sentencia