Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-17577-DO1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 23-06-2026 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. Habiendo mediado contradicción, la imposición de costas se difiere para el momento procesal oportuno (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa C. 101.606 "Álvarez", sent. de 16-04-2014 y esta Alzada causa C-11560-BB1E "Aguzzi", sent. de 17-03-2022).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-17577-DO1E "GONZALIA JUAN JOSE c. MUNICIPIO DE LEZAMA s. MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL. PUBLICO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora y Ucín .
I. El magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores, con fecha 22-06-2026, rechazó la medida cautelar requerida por la parte actora, habida cuenta de no hallarse acreditados en autos los requisitos esenciales que hacen a su viabilidad (arts. 22 del C.C.A.), impuso las costas al vencido y postergó la regulación de honorarios.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación articulado contra dicho pronunciamiento por la parte actora y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Una detenida lectura del escrito inicial me permite apreciar que Juan José Gonzalia promovió la presente pretensión cautelar contra la Municipalidad de Lezama con el objeto de obtener la suspensión de los efectos del acto administrativo de fecha 18-05-2026, por el que se dispuso su suspensión preventiva sin goce de haberes en el marco de un sumario administrativo sustanciado en su contra.
Solicitó, asimismo, que se ordene a la comuna la restitución y pago de los haberes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026, que denunció impagos, así como de aquellos que se devenguen durante la tramitación del proceso principal.
Al fundar su reclamo, relató que se desempeña como agente de planta permanente de la Municipalidad de Lezama, con una antigüedad de quince años de servicios, sin registrar sanciones ni apercibimientos previos.
Expuso que padece una hernia inguinal diagnosticada el 10-12-2025 por su médico tratante, Dr. Santiago Bonavita, dolencia para cuya superación de programó una intervención quirúrgica para el 2-7-2026.
Señaló que el 20-03-2026 presentó ante la Municipalidad un certificado médico que indicaba reposo laboral por treinta días y una nota dirigida al Intendente Municipal por la que solicitaba el otorgamiento de una licencia extraordinaria.
Refirió que, siguiendo las directivas impartidas desde la comuna, el 31-03-2026 concurrió al control médico laboral efectuado por el Dr. Juan José Zubizarreta, profesional que confirmó el diagnóstico de hernia inguinal, aunque consideró que se encontraba en condiciones de realizar "tareas livianas".
Afirmó que, pese a tal indicación, la Municipalidad no dispuso ni le notificó una reubicación laboral concreta ni determinó las tareas que debía cumplir, por lo que continuó observando las indicaciones de reposo impartidas por su médico tratante.
Sostuvo que la discrepancia entre el criterio de su médico y el del profesional de la Municipalidad imponía acudir al procedimiento establecido por el art. 82 de la ley 14.656 y elevar los antecedentes a la Junta Médica Provincial, manteniéndose hasta su pronunciamiento la percepción íntegra de sus haberes.
Alegó que la Municipalidad prescindió de dicho procedimiento y consideró injustificadas sus inasistencias para luego iniciar un sumario administrativo y disponer su suspensión preventiva sin goce de haberes.
Relató que el 06-05-2026 intimó a la comuna mediante telegrama laboral al pago de los salarios que denunció retenidos y comunicó que se encontraba a la espera de la intervención quirúrgica.
Añadió que, frente a la negativa de la Mesa de Entradas municipal a recibir posteriores descargos en soporte papel, remitió un nuevo telegrama laboral al que adjuntó la constancia de la cirugía programada.
Expuso que el Municipio denegó la licencia solicitada y consideró injustificadas las inasistencias registradas desde el 31-03-2026, notificándole con posterioridad -el 18-05-2026- el inicio del sumario administrativo y la suspensión preventiva dispuesta sin goce de haberes, medida que se sustentó en haber sido visto en la vía pública transportando una caja, hecho a partir del cual la Administración infirió que se encontraba trabajando para un tercero.
Cuestionó la legitimidad de dicho proceder por entender que la comuna omitió observar el mecanismo establecido por el art. 82 de la ley 14.656 frente a la discrepancia existente entre los criterios médicos y avanzó directamente con el procedimiento disciplinario, privándolo ilegítimamente de sus haberes.
Adujo, asimismo, que la circunstancia de haber sido visto en la vía pública transportando una caja no demostraba que desarrollara tareas para un tercero ni que tal actividad resultara incompatible con la dolencia que motivó la indicación de reposo laboral.
Con tal piso de marcha, calificó el proceder municipal como arbitrario y contrario al debido procedimiento y sostuvo que el acto que dispuso su suspensión preventiva sin goce de haberes se encontraba afectado de nulidad.
En cuanto a la tutela precautoria requerida, solicitó la inmediata suspensión de los efectos del acto de fecha 18-5-2026, el restablecimiento del pago de sus haberes y el pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026 y de aquellas que se devenguen con posterioridad.
En punto a la verosimilitud del derecho, sostuvo que la ilegitimidad del proceder administrativo surgía, principalmente, de la inobservancia del procedimiento previsto por el art. 82 de la ley 14.656, pues, frente a la discrepancia entre el diagnóstico e indicación de reposo de su médico tratante y el criterio del profesional municipal que lo consideró apto para realizar tareas livianas, la demandada debió remitir los antecedentes a la Junta Médica Provincial y mantener, hasta su pronunciamiento, el pago íntegro de los haberes.
Añadió que la Municipalidad no le asignó ni notificó tareas livianas concretas y que, pese a ello, consideró injustificadas sus ausencias y dispuso su suspensión sin goce de sueldo.
Cuestionó también que se hubiera inferido que desarrollaba una actividad laboral para un tercero por la mera circunstancia de haber sido visto en la vía pública transportando una caja, afirmando que su dolencia le impedía realizar tareas que demandaran esfuerzo pero no restringía su libertad ambulatoria.
En lo atinente al peligro en la demora, invocó el carácter alimentario de los haberes cuya percepción fue suspendida y la incidencia que su privación produce sobre su subsistencia y la de su grupo familiar, particularmente frente a la intervención quirúrgica programada para el 2-7-2026.
Finalmente, sostuvo que la tutela solicitada no ocasionaría una afectación al interés público, pues se limitaría a restablecer el pago de los haberes mientras se resuelve la controversia.
2. Al fundar el rechazo al pedido cautelar formulado, el magistrado de primera instancia tuvo en consideración la documental aportada por el actor así como las constancias administrativas acompañadas por la Municipalidad al contestar el informe que le fuera requerido en los términos del art. 23 inc. 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo.
En ese andar, relevó que el 29-12-2025 el accionante solicitó el otorgamiento de vacaciones por el período comprendido entre el 5-1-2026 y el 22-3-2026 y que, con posterioridad, el 02-03-2026 requirió una licencia extraordinaria sin goce de haberes por motivos personales desde el 23-3-2026 hasta el 23-3-2027.
Señaló que, una vez finalizada la licencia por vacaciones, la Comuna intimó al agente a presentarse a trabajar a partir del 25-3-2026 y que el 20-3-2026 éste formuló un nuevo pedido de licencia extraordinaria sin goce de haberes, esta vez a partir del 20-4-2026, invocando razones vinculadas con su estado de salud y acompañando certificados médicos que indicaban reposo por treinta días.
Expuso que el 27-3-2026 el Municipio citó al actor a una entrevista médica para el día 31 de ese mes, oportunidad en la que el Dr. Zubizarreta consignó el diagnóstico de hernia inguinal e indicó la realización de "tareas livianas", dando por finalizada la licencia en esa misma fecha.
Indicó, asimismo, que el 18-05-2026 se notificó al accionante el decreto N° 407/2026, dictado el 15-05-2026, mediante el cual se tuvieron por injustificadas sus inasistencias desde el 31-03-2026, se rechazaron los pedidos de licencia extraordinaria, se dispuso su suspensión preventiva sin goce de haberes por el plazo de sesenta días y se ordenó la instrucción de un sumario disciplinario administrativo, con designación de instructor sumariante y secreto de las actuaciones.
Ponderó, además, los fundamentos consignados en aquel acto, destacando que allí se hizo mérito de la denuncia formulada por el Director de Obras y Servicios de la comuna, quien habría manifestado que el 4-5-2026 observó al actor descargar cajas de una camioneta e ingresarlas a una escuela.
Relevó que la autoridad municipal consideró que no existía un acto administrativo que concediera la licencia extraordinaria solicitada, que no surgían del legajo estudios médicos que justificaran su otorgamiento y que los pedidos de licencia fueron denegados.
Agregó que, sobre la base de tales circunstancias, la Administración estimó que existían indicios que justificaban, en ese estadio, la suspensión preventiva del agente y la investigación de su conducta.
Prosiguió señalando que de las actuaciones correspondientes al expediente administrativo N° 4135-000-7688/26 surgían el memorándum de fecha 5-5-2026 en el que se describió la denuncia formulada por el Director de Servicios Municipales, el dictamen jurídico que recomendó la instrucción del sumario, el decreto N° 407/2026, su notificación y las comunicaciones cursadas por el accionante.
Asimismo, tuvo en cuenta que el actor interpuso contra dicho acto recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio el 22-5-2026 y que, previo dictamen jurídico, había sido rechazado por decreto N° 467/2026 del 11-6-2026, notificado el 16-6-2026.
A partir del examen de los antecedentes delineados y con el grado de conocimiento propio de la instancia cautelar, el juez consideró que no se advertían a primera vista irregularidades en el trámite administrativo.
Observó que el procedimiento se encontraba en la etapa inicial del sumario, durante la cual las actuaciones revestían carácter secreto hasta la finalización de la prueba de cargo, señalando que el régimen aplicable contempla la posibilidad de disponer preventivamente la suspensión del trabajador por un plazo que no excediera de los sesenta días, aunque advirtió que el acto administrativo remitió, en este último aspecto, al art. 79 de la derogada ley 11.757.
Desde tal mirador, apreció que no surgía de manera manifiesta una transgresión al procedimiento sumarial tramitado.
Consideró que la determinación de la naturaleza y entidad de la eventual falta y la decisión acerca de la procedencia de una sanción correspondían, en principio, al ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración, sin perjuicio de su ulterior revisión judicial frente a un ejercicio irrazonable o arbitrario, cuestión cuyo examen, entendió, excedía el ámbito cautelar.
Apuntó que la tutela requerida procuraba paralizar los efectos de un acto que dispuso la sustanciación de un procedimiento sumarial y adoptó una medida de naturaleza preventiva que, prima facie, se encontraba alcanzada por la presunción de legitimidad propia de los actos administrativos.
Concluyó que determinar si asistía -o no- razón al accionante respecto de la incidencia que su estado de salud podía proyectar sobre la legitimidad de la medida adoptada requería un mayor debate y prueba dentro del proceso, incompatible con el ámbito cognoscitivo acotado, provisorio y superficial propio del despacho cautelar.
Por tales razones, juzgó que no se encontraba configurada la verosimilitud del derecho invocado y, ante la ausencia de ese presupuesto, consideró innecesario examinar los restantes recaudos de admisibilidad, desestimando la medida precautoria solicitada.
3. En su recurso de apelación la parte actora cuestiona la valoración efectuada por el magistrado de las circunstancias del caso y reprochándole haber omitido aplicar lo dispuesto por el art. 82 de la ley 14.656.
Sostiene que el juez centró su análisis en la sucesión de licencias solicitadas por el agente, perdiendo de vista la ilegitimidad que, a su entender, exhibe el decreto N° 407/2026.
Afirma que la existencia de criterios médicos contrapuestos (el reposo indicado por su médico tratante frente a la prescripción de tareas livianas efectuada por el profesional municipal) obligaba a la Municipalidad a someter la cuestión a la Junta Médica Provincial y mantener, entretanto, el pago íntegro de los haberes.
Partiendo de lo anterior, objeta que se reconozca a la Municipalidad la posibilidad de considerar injustificadas las inasistencias posteriores al control médico del 31-03-2026 y disponer su suspensión preventiva sin goce de sueldo.
Postula que, mientras subsistiera aquella discrepancia y hasta que se expidiera la Junta Médica Provincial, la Administración carecía de potestad para adoptar tales decisiones.
Alega que la omisión del procedimiento que reputa obligatorio configura una transgresión al principio de legalidad y sostiene que la suspensión preventiva importó, en los hechos, la aplicación anticipada de una sanción con privación total de sus haberes.
Denuncia que la resolución apelada convalida una afectación a la protección convencional del salario, pues la privación íntegra de su remuneración durante el período de suspensión preventiva vulnera los principios de intangibilidad y protección de los medios de subsistencia.
Afirma que la suspensión sin goce de sueldo lo privó de la totalidad de los recursos destinados a atender su subsistencia y la de su grupo familiar y sostiene que tal consecuencia no podía ser válidamente dispuesta por la Administración ni convalidada judicialmente.
Finalmente, cuestiona la valoración del peligro en la demora por entender que la falta de percepción de sus haberes no puede ser considerada un perjuicio meramente patrimonial susceptible de reparación ulterior, atento al carácter alimentario del salario y a la imposibilidad de diferir la satisfacción de las necesidades ordinarias de subsistencia hasta la resolución definitiva del proceso.
Añade que tal riesgo se encuentra agravado por su estado de salud, en tanto padece una hernia inguinal y tenía programada una intervención quirúrgica para el 2-7-2026.
Expresa que la privación de sus ingresos y de los recursos necesarios para afrontar el período previo y posterior a la cirugía lo coloca en una situación de especial vulnerabilidad y compromete sus derechos a la salud y a la subsistencia.
4. La comuna accionada brinda su réplica el memorial de agravios y solicita el rechazo del recurso intentado por el actor.
II. El recurso no merece prosperar.
1. Es menester recordar que las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la sentencia de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento.
Lo anterior, junto a la normativa que corresponde aplicar al proceso en tratamiento -cfr. arts. 22 a 26 del C.P.C.A.-, delinean los presupuestos esenciales que habilitan el despacho de este tipo de medidas, a saber: a) el derecho invocado debe ser verosímil en relación con el objeto del proceso; b) debe existir la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho y, c) la tutela requerida no debe afectar gravemente el interés público [cfr. doct. S.C.B.A. "Club Estudiantes de La Plata", sent. de 26-X-2005]. Estos recaudos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir todo juez para otorgar la tutela precautoria, exigiendo una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos, empero, sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual [cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 64.769 "C.,d", sent. de 8-XI-2006].
Por lo demás, la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto implique obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora (cfr. doct. S.C.B.A. "Kel Ediciones S.A. y otra", sent. de 4-VII-2007), en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que gozan (cfr. C.S.J.N Fallos 318:2374; 319:1069; 323:3326) que sólo cede ante actos irregulares (Fallos 293:133), injustificados o abusivos (Fallos 318:2431).
2. Bajo tales parámetros, entiendo que, en el presente caso, no se vislumbra la verosimilitud del derecho necesaria para sustentar la tutela requerida, toda vez que, examinadas las constancias de autos a partiri del conocimiento expedito y superficial propio de este tipo de medidas, no advierto una actuación manifiestamente antijurídica de la accionada que autorice a suspender los efectos del acto cuestionado.
Es que, si bien es cierto que el despacho favorable de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo de su verosimilitud [C.S.J.N. Fallos 306:2060; 313:521; 318:2375] cuando el objeto de la pretensión consiste o habrá de consistir en la anulación de un acto, la verificación de la apariencia del derecho invocado se vincula directamente con la nitidez y gravedad de los vicios que pueda presentar el acto cuestionado, por lo que las medidas suspensivas, o aquellas que de algún modo se encaminen a enervar -directa o indirectamente- los efectos propios de un acto administrativo, justamente por la presunción de validez de la que están investidos, sólo tienen cabida cuando quien acciona los impugna sobre bases a primera vista verosímiles [cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 250:154; 251:336; 307:1702; 313:819; 315:2956; 315:2040; 318:2374, S.C.B.A. causas B. 64.853 "Transporte del Oeste S.A.", res. de 11-XII-2003; B. 62.471 "Oreópulos", res. de 26-II-2003; B. 61.322 "Peroko", res. de 3-IX-2003].
Advierto que el argumento sustancial mediante el que el recurrente procura demostrar la verosimilitud de su derecho reside en que, frente a la discrepancia que existiría entre el reposo prescripto por su médico tratante y la indicación de "tareas livianas" efectuada por el profesional de la comuna, la Municipalidad se encontraba obligada a someter la cuestión a la Junta Médica Provincial en los términos del art. 82 de la ley 14.656 y, hasta tanto dicho organismo se expidiera, mantener el pago íntegro de sus haberes.
Con tal piso de marcha, el apelante sostiene que la omisión de aquel procedimiento torna manifiestamente ilegítima la decisión de considerar injustificadas sus inasistencias posteriores al 31-03-2026 y disponer su suspensión preventiva sin goce de haberes.
A partir de la precedente descripción, estimo que los argumentos ensayados en el recurso examinado no logran desvirtuar la conclusión a la que arribó el magistrado de grado, referida a que la cuestión planteada requiere del desarrollo de un ámbito de mayor debate y prueba, impropio,por cierto del acotado marco de conocimiento característico de esta instancia cautelar.
Conviene reparar que determinar si las indicaciones efectuadas por el médico tratante del accionante y por el profesional de la Comuna configuraron una discrepancia que imponía desplegar el procedimiento previsto por el art. 82 de la ley 14.656, exige avanzar sobre aspectos controvertidos por las partes que integran, precisamente, el núcleo de la cuestión que habrá de ser resuelta al momento de decidir la pretensión principal.
En efecto, establecer el alcance que corresponde asignar a aquellas indicaciones médicas y, a partir de allí, determinar si la Municipalidad se encontraba obligada a requerir la intervención de la Junta Médica Provincial y mantener entretanto el pago íntegro de los haberes supone abordar cuestiones que, por su naturaleza, no pueden ser definidas con la profundidad necesaria en el reducido marco de discernimiento propio del despacho precautorio.
Así, la insistencia del recurrente en que la sola existencia de criterios médicos encontrados imponía acudir al mecanismo contemplado por el art. 82 de la ley 14.656, no alcanza para demostrar el desacierto del razonamiento seguido en la instancia anterior, desde que la postura del apelante parte de tener por configurado el presupuesto que permitiría aplicar aquella disposición, sin hacerse cargo de la conclusión del magistrado acerca de la necesidad de un conocimiento más amplio para determinar la efectiva configuración de los extremos invocados en demanda (arg. art. 56 inc. 3° del C.P.C.A.).
Así, los argumentos expuestos en el memorial no permiten comprobar, con el grado de nitidez exigible en esta instancia inicial, una actuación manifiestamente antijurídica de la demandada que justifique neutralizar cautelarmente los efectos del acto cuestionado. Por el contrario, la procedencia de los reparos formulados por el accionante exige avanzar sobre cuestiones de hecho y de derecho que deberán ser examinadas con mayor amplitud al resolver la controversia de fondo, labor que desborda el conocimiento expedito y superficial propio de esta incidencia.
En tales condiciones, considero que no se encuentra suficientemente configurada la verosimilitud del derecho invocado, circunstancia que basta para confirmar el rechazo de la tutela precautoria solicitada.
Finalmente, aclaro que los argumentos vinculados con el carácter alimentario de los haberes y las consecuencias que su falta de percepción proyectaría sobre la situación económica y de salud del accionante tampoco permiten modificar la solución propiciada, pues tales manifestaciones procuran demostrar la configuración del peligro en la demora, recaudo cuyo examen el magistrado consideró innecesario frente a la ausencia de verosimilitud del derecho, de modo que, aun cuando las circunstancias invocadas pudieran resultar relevantes para la ponderación del periculum in mora, carecen de aptitud para suplir la ausencia del restante recaudo indispensable para el otorgamiento de la tutela requerida (cfr. esta Alzada causas C-3556-NE1 "Aineseder", sent. del 06-11-2012 y C-11861-NE1E "Montiel", sent. del 31-05-2022).
3. Por lo expuesto, al no encontrarse acreditada con la intensidad convenientemente necesaria la verosimilitud del derecho invocado, corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar el pronunciamiento de grado.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 23-06-2026 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. Habiendo mediado contradicción, la imposición de costas debería diferirse para el momento procesal oportuno (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa C. 101.606 "Álvarez", sent. de 16-04-2014 y esta Alzada causa C-11560-BB1E "Aguzzi", sent. de 17-03-2022).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la cuestión planteada en el mismo sentido .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 23-06-2026 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento en crisis. Habiendo mediado contradicción, la imposición de costas se difiere para el momento procesal oportuno (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa C. 101.606 "Álvarez", sent. de 16-04-2014 y esta Alzada causa C-11560-BB1E "Aguzzi", sent. de 17-03-2022).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente, cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1026-2026
Fin de la sentencia