Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las multas aplicadas frente al impuesto a las ganancias-salidas no documentadas y al impuesto al valor agregado; y reducirlas a su mínimo legal. Con costas a la recurrente en la parte que se confirma y por su orden en la parte que se reduce.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-91229396-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Agosto de 2025 Sentencia.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y José L. Pérez (Vocal Subrogante de la Primera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 36.774-I y sus acumulados 41.541-I y 41.540-I, caratulados “GOOD IDEA S.R.L s/recurso de apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que en atención a lo resuelto por la Alzada a fs. 437/439, cabe abocarse al tratamiento de las multas frente a los impuestos a las ganancias-salidas no documentadas por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto de 2006 (de la Resolución AFIP-DGI N° 98/2012) y al valor agregado por febrero, abril a junio, agosto y septiembre de 2006 (de la Resolución AFIP-DGI N° 269/2014). Ambas fueron encuadradas en los arts. 46 y 47 inc. a), b), c) y e) de la ley 11.683.
II. Que los agravios de la recurrente sobre la multa aplicada en el impuesto a las ganancias-salidas no documentadas versan sobre la improcedencia de la multa en salidas no documentadas por no haber ingresado mediante declaraciones juradas, lo que configuraría la ausencia del elemento típico objetivo del art. 46. Cita jurisprudencia que abona su postura.
En ese sentido, cabe otorgarle razón a la recurrente en que no se encuentra configurado uno de los elementos del tipo descripto en la norma en que se encuadra la conducta, toda vez que las boletas de depósitos contempladas para el ingreso del gravamen no pueden ser consideradas declaraciones juradas en el sentido que el artículo 46 requiere.
Ello así por cuanto para nuestro sistema tributario, la declaración jurada es aquélla que efectúa el contribuyente o el sujeto obligado a declarar, mediante la cual realiza una operación de interpretación de las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o los hechos cuya verificación reconoce e identifica el hecho imponible definido por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las pautas legales y finalmente, aplica la alícuota del impuesto sobre los valores determinados (conf. Jarach, Dino; “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo-Perrot, pág. 432 y sgtes.). Es así, que como con justeza lo dice el Profesor Giuliani Fonrouge, la declaración tributaria es una determinación del impuesto efectuada por el sujeto obligado. Es el medio por el cual el contribuyente fija el monto del impuesto, mientras no sea impugnada, regula la existencia y medida de la obligación tributaria. (conf. CNACAF, Sala I, “MOUKAREL S.A.C.I. y F”, 20/5/94).
En definitiva, es el acto que permite pasar de la base imponible abstracta, definida y regulada por el legislador a la base concreta e individualizada que hace desaparecer la situación de incertidumbre inicial que el acreedor posee sobre la existencia y dimensión de la obligación impositiva.
En ese contexto, y más allá de las regulaciones establecidas en la RG 893 del 11/9/2000 –aplicable en algunos períodos discutidos en autos-, que contempla la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, establece plazos y formas de ingreso, no instrumenta –a mi criterio- una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, toda vez que tanto aquellas como las boletas de depósito, si bien cumplen la función de exteriorizar al fisco el cumplimiento de una obligación tributaria, lo cierto es que la naturaleza de unos y otros instrumentos –según se vio- es distinta. (vid. doctrina legal del Acuerdo Plenario de este Tribunal, de fecha 3/12/75, “Gaseosas La Tablada S.A.”).
No obsta a tal conclusión lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 11683. En efecto, de consuno con dicho precepto, a fin de aplicar las sanciones previstas en los artículos 39, 45 y 46 de la LPT, las boletas de depósito, deben cumplir con los siguientes elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte” (conf. CNFED. CONT. ADM., Sala I; “Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016). Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que aquellos fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la multa se aplica con relación a la salida documentada en sí misma y no en función del impuesto a las ganancias o al valor agregado que pudiera haber omitido la actora en virtud de la deducción indebida en su respectiva declaración jurada. (conf. Entre otros, T.F.N., Sala A, “Vaccaro, Néstor J”, 17/12/2003).
En atención a lo expuesto, corresponde revocar la sanción aplicada en la resolución N° 98/2012 frente al impuesto a las ganancias-salidas no documentadas. Con costas al Fisco Nacional.
III. Que por otro lado, corresponde tratar la procedencia de la mencionada multa frente al impuesto al valor agregado de la Resolución AFIP-DGI N° 269/2014, en los términos de los arts. 46 y 47 inciso a), b), c) y e) de la ley 11.683.
Al respecto, la recurrente manifiesta la ausencia de conducta dolosa en el ilícito endilgado, en relación a las operaciones con el proveedor calificado de apócrifo. En subsidio, solicita su reencuadre en los términos del art. 45 de la ley 11.683.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
IV. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió, para el encuadre de las conductas del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado, la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es –generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Desde ya, que las presunciones así definidas y contenidas en el artículo 47 dispensan de la prueba del hecho presumido al organismo fiscal favorecido por ella, pero pueden ser refutadas por el contribuyente mediante el desarrollo de una probanza en la cual se acredite la falsedad o inexistencia del hecho presumido.
V. Que conforme se desprende de las actuaciones llevadas adelante, el organismo fiscalizador efectuó las observaciones que conllevaron a considerar el accionar de la actora en una conducta dirigida a defraudar al Fisco Nacional, originándose un mayor impuesto a ingresar; y en consecuencia encuadró la conducta en las previsiones del art. 47 inciso a), b), c) y e) de la ley 11.683 al presumir una conducta dolosa que permite extraer la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
Dicha sanción estaba fundada en su elemento objetivo, al haber ingresado un impuesto inferior al debido y en el subjetivo, al haber utilizado facturas atribuidas al proveedor calificada de apócrifo Redes y Construcciones S.A para computar créditos fiscales consignados en las declaraciones juradas presentada por el impuesto y periodos fiscales señalados.
En consecuencia, la Administración extrajo la conclusión que se cometió intencionalmente el ilícito en cuestión, al presumir una conducta dolosa que permite extraer la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
Ello así, los argumentos de la recurrente se limitan a esgrimir la inexistencia de la conducta dolosa, siendo una defensa dogmática sin aportar elementos de prueba que destruyan el accionar fiscal y las presunciones aplicadas.
Por lo expuesto, considero que la multa aplicada frente al impuesto al valor agregado, se ajusta a derecho. En ese sentido, voto por confirmar la multa de la Resolución N° 269/2014, con costas a la recurrente. El Dr. Porporatto dijo:
Que en el decisorio de fs. 437/439 la Alzada resolvió: "... rechazar las excepciones de prescripción opuestas por la parte actora [...] remitir la causa al Tribunal Fiscal a fin de que se pronuncie sobre dichas sanciones en función al resto de los cuestionamientos formulados...". En consecuencia, corresponde tratar las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas -períodos fiscales 02/2006 a 04/2006 y 06/2006 a 08/2006- y el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 02/2006, 04/2006 a 06/2006, 08/2006 y 09/2006, ambas encuadradas en los artículos 46 y 47 -incs. a), b), c) y e)- de la Ley 11.683.
Al respecto el suscripto se expidió sobre la procedencia de ellas en la resolución de fecha 11 de junio de 2024 (IF-2024-61519599-APN-VOCII#TFN), cuyos fundamentos se transcriben a continuación: "III.- Que, en razón de lo expuesto, resta tratar las infracciones en Impuesto a las Ganancias-Salidas no documentadas y el Impuesto al Valor Agregado.
En materia de sanciones derivadas el impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala "B" de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A." sentencia del 25/10/04 y "Translavial S.A." del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Exema. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Radio Emisora Cultural S.A.", del 9/11/00, y "Red Hotelera Iberoamericana S.A.", del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido recientemente tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-1) c/ DGI", compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el periodo 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) N° 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la ley n° 11.683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben serian pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
IV. Sentado lo expuesto, cabe señalar que el artículo 46 de la ley n°11.683 exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
En cuanto al elemento objetivo, se entiende que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, en tanto considera inexactas las declaraciones juradas presentadas, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas. Pero, que la declaración jurada original sea a todas luces inexacta no lleva, indubitablemente, a entenderla como engañosa, ardidosa o maliciosa ni que su rectificativa confirme defraudación alguna. En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Con respecto al elemento subjetivo del artículo 46 acude a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, respecto de la voluntad defraudatoria del sujeto.
En el caso bajo análisis acude a los incisos a), b), c) y e) del artículo 47 citado que establece: ...a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11. b) cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible; c) si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso y e) Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos.
En atención a que habiéndose demostrado por el fisco la inexistencia del proveedor impugnado, la gravedad resulta palmariamente expuesta, y teniendo en cuenta que la actora no aportó prueba alguna para revertir las presunciones a las que hemos hecho referencia, corresponde confirmar las sanciones aplicadas.
V. Que, en relación a las sanciones aplicadas en los tres gravámenes discutidos corresponde confirmar las mismas pero con las siguientes consideraciones: a) del artículo 46 ley n °11.683 mediante la Resolución n° 98/2012, equivalente a 3 tantos el monto omitido en el Impuesto a las Ganancias-Salidas no documentadas- (períodos 02/06, 03/06, 04/06, 06/06 a 08/06); b) del artículo 46 y 47 a), b) c) y e) de ley n °11.683, equivalente a 3 veces el Impuesto las Ganancias evadido por el período 2006 impuesta en Resolución n°268/2012 (DV DEOA) y c) del artículo 46 y 47 a),b) c) y e) de ley n °11.683, equivalente a 3 veces el Impuesto al Valor Agregado evadido (períodos 02/06, 03/06 a 06/06, 08/06 y 09/06,) aplicada mediante la Resolución n° 269/2012 (DV DEOA), considero que, la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal como revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, en el caso concreto, entiendo que corresponde reducirlas a su mínimo legal en atención a que los actos atacados no han fundamentado el agravamiento de la pena el contribuyente de autos y que el contribuyente carece de antecedentes infraccionales -hecho que, en principio, llevaría a reducir el quantum de las multas los respectivos mínimos legales de la escala punitiva-.
Las costas en este aspecto se imponen a la recurrente en la parte que se confirma y por su orden en la parte que se reduce la sanción".
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere a los fundamentos expuestos por el Dr. Porporatto, votando en su mismo sentido.
Por lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las multas aplicadas frente al impuesto a las ganancias-salidas no documentadas y al impuesto al valor agregado; y reducirlas a su mínimo legal. Con costas a la recurrente en la parte que se confirma y por su orden en la parte que se reduce.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2025.08.19 14:24:33 ART Date: 2025.08.19 16:52:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.19 17:05:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.19 17:06:57 -03:00
Fin de la sentencia