Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 25.421-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Res. N° 103/2005, reencuadrándose la sanción aplicada en la figura de omisión (art. 45), y graduándosela en el 100% de la obligación omitida.
2Revocar íntegramente la Res. N° 60/2004.
3Las costas se imponen según los respectivos vencimientos de las partes.
4Regular los honorarios de la Dra. Anahí Ethel Vázquez en la suma de $7.957 y de la Dra. Ana Elizabeth Esper en la suma de $2.652 en sus caracteres de apoderadas del recurrente, y del Dr. Leandro De Carli en la suma de $6.631 y de la Dra. Paola Martínez Naifleisch en la suma de $19.894 en sus caracteres de patrocinantes del recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, las tareas desarrolladas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
5Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $12.222 por la representación procesal y $30.554 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo del Sr. Miguel Gordon, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, las tareas desarrolladas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 Las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-18550019-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Febrero de 2023 apelación”. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 25.421-I (y su acum. N° 26.834-I) caratulado “Gordon, Miguel David s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Miguel David Gordon interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 60/2004 y 103/2005, emitidas el 22 de diciembre de 2004 y el 14 de diciembre de 2005, por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales agosto de 1999 a marzo de 2000, y en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 1999 y 2000, intimándole el ingreso de $62.959,74 y $ 103.955,41, más intereses resarcitorios (art. 37, ley), respectivamente.
Asimismo, en dichos actos se le aplicaron sendas multas de defraudación en los términos del art. 46 y 47, inc. d) de la misma ley (t.v.), por $188.879,22 y $311.866,23.
En su presentación ante este Tribunal, se agravia de los ajustes practicados en dicho actos por aplicación de la presunción de incremento patrimonial no justificado prevista en el art. 18, inf. f) de la ley 11.683 (t.v.) al desconocerse los pasivos que contrajera con el Sr. Martin Guyot y otros inversores residentes en el exterior con el propósito de llevar a cabo un negocio en el país que dieron lugar, a su vez, a los aportes de capital que hiciera en la empresa Delivery.com.ar S.A. en la que en la misma época era su principal accionista y Director.
Agrega que ante la inminente prescripción de algunos períodos fiscales del impuesto al valor agregado, sin determinarse, ni previa ni concomitantemente, el impuesto a las ganancias del mismo período, se vulneró groseramente el silogismo determinativo dado por el art. 18, inc. f) de la ley 11.683, ya que mal puede existir determinación en dicho gravamen si no se ha definido primero si corresponde o no la del impuesto a las ganancias, por lo que concluye que se hizo un ajuste en el impuesto al valor agregado sin base imponible real.
Realiza una breve descripción del proyecto “Real Delivery”.
Dice así que nació como un negocio en el año 1997 con los Sres. Martín Guyot, Pablo Calderini y Luis Caputo, de quienes recibió los fondos a los que se refiere el Contrato de Facilidad Crediticia firmado con el primero, que aportó en original en la instancia de la fiscalización.
Cuestiona que se dude de la validez de dicho acuerdo por carecer de fecha cierta, principal sustento de las determinaciones de oficio, ya que, según explica a este Tribunal, la falta de dicho recaudo en materia civil es inoponible a terceros y por ende no se producen los derechos que de él emanan, pero en materia tributaria la cuestión es diferente, ya que la falta de fecha cierta no produce que el contrato carezca de valor probatorio en el ordenamiento tributario, máxime si puede ser respaldado por otras pruebas e indicios precisos y concordantes que den cuenta de la existencia de la operación celebrada.
Agrega, por otro lado, que la prueba documental no constituye el único medio para acreditar la recepción de los fondos de parte de terceros, sino que puede probarse por cualquier medio probatorio.
Resalta que los pasivos que contrajo se encuentran respaldados también con la declaración prestada por el director del estudio legal que intervino en la documentación de los contratos -Arthur Andersen Legales- en la que se describen las tareas realizadas por dicho estudio para sus clientes –Sres. Guyot y Gordon- que, según sigue diciendo al ser documentación emanada de un tercero es irrevocable en cuanto a la fecha, y es anterior al inicio de la inspección, y descarta entonces que pueda haber existido una tarea de armado de la operatoria, ya que para ello tendría que haber contado con la complicidad profesional y delictual de un prestigioso estudio de asesores.
Aclara que el Sr. Guyot era residente de los EE.U.U. al tiempo de la inspección pero se encontraba en la Argentina al momento de la celebración del contrato de financiación, y que acompañó su declaración testimonial efectuada ante un notario de dicho país y debidamente certificada por el consulado nacional, en donde expresamente reconoce el mutuo, la entrega y la aplicación de los montos en cuestión.
También señala que se acompañaron a las actuaciones administrativas diversos artículos periodísticos que acreditan que el Sr. Guyot se encontraba en el país al momento de la firma del contrato, que se adjuntaron una gran cantidad de mails que acreditan la relación crediticia y comercial impugnada por el juez administrativo por su deficiente y desprolija bancarización (sic), resaltando que a la fecha en que los contratos fueron firmados dicho requisito no era obligatorio para celebrar tal operatoria, ni había disposición o norma alguna que lo exigiera.
Invoca que el Sr. Guyot le facilitó en préstamo U$S350.000 y que no fue casual que en las declaraciones juradas impugnadas declarara recibir en préstamo:
-en el año 1999, U$S201.154 (de los cuales U$S25.000 los recibió mediante transferencia bancaria desde Prudential New York a su cuenta del Banco Itau Buen Ayre) y el resto lo recibió en efectivo en el país del Sr. Guyot y del Sr. Enrique Calderini (padre de uno de los inversores que atrajo el Sr. Guyot para el desarrollo del proyecto comercial en el país), y -en el año 2000, declaró los aportes realizados a Delivery.com.ar S.A. por U$S148.846, Destaca que ambas operaciones totalizan los U$S350.000, que es la suma que le prestó el Sr. Guyot que conforma el pasivo impugnado.
Señala, por otra parte, que el Fisco Nacional no tuvo en cuenta la secuencia de los aportes a partir del análisis del Libro Diario en la empresa en que se hicieron, Delivery.com.ar S.A., en los que figuran asentados los ingresos como los aportes para futuras suscripciones de acciones, los cuales tienen fechas posteriores a que efectuara el ingreso de las sumas de dinero facilitadas por el Sr. Guyot.
Sigue relatando que el 12 de febrero de 2000 celebró un contrato de compraventa de acciones por el que cedió y transfirió al Sr. Guyot el 45 % de las acciones de Delivery.Com.Ar S.A. en pago de las sumas que este último le había prestado para realizar el negocio, es decir, U$S350.000, y así el Sr. Guyot capitalizó el crédito e ingresó como socio en dicha empresa, ejerciendo por ende la opción que se había reservado en el contrato.
Reitera ante este Tribunal que pese a que el contrato de préstamo o de facilidad crediticia carece de fecha cierta, se encuentra validado por una gran cantidad de documentos y registraciones que impiden que el mismo sea impugnado por la mera falta de acreditación bancaria del ingreso de los fondos, entre ellos, las órdenes de pago de la empresa suscriptas por el Sr. Guyot en su representación, que dan cuenta de su participación en el negocio; la correspondencia mantenida entre los Sres. Caputo, Gordon y Guyot, así como también la nota de un empleado del Banco Itaú Buen Ayre en la que deja constancia del ingreso de U$S25.000 a la cuenta del Sr. Gordon desde la cuenta del Sr. Caputo en una entidad bancaria del exterior.
En cuanto al dinero entregado por el Sr. Guyot y por el padre del Sr. Calderini al Sr. Gordon en efectivo en el país, agrega que luego de recibido lo depositó en la cuenta corriente de Delivery.com.ar S.A. del Banco Río, figurando dichos depósitos en el Libro Diario y Caja, conforme, según dice, obra probado en las actuaciones administrativas. Precisa que Pablo Calderini transfería el dinero a la cuenta de su padre en el Banco Comercial Israelita y éste último entregaba el dinero en efectivo al Sr. Gordon. Agrega que este operatoria surge del fax acompañado en las actuaciones donde el Sr. Calderini (padre) confirma haber recibido transferencias por U$S305.000.
Explica a continuación que Delivery.com.ar S.A. fue vendida a Doblir Trust Corporation S.A. y que en el contrato de compraventa -artículo 4.4- se dejó asentado que su capital social era de U$S350.000 y que a la fecha de suscripción accionaria solo se encontraban integrados U$S201.154, que es, precisamente, el monto que el Sr. Gordon había recibido del Sr. Guyot.
Critica, por último, que el juez administrativo no haya rendido prueba que las sumas integradas como aportes de capital en Delivery.com.ar S.A. se hayan originado en el ejercicio de su propia actividad –los servicios de estudios de mercado y consultas de opinión pública-, por todo lo cual solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal.
En cuanto a las multas aplicadas, sostiene que no se está en presencia de una maniobra defraudatoria, atento a que el Fisco Nacional no ha colectado ninguna prueba que permita sostener la acusación más allá de los deficientes indicios presuncionales de ventas omitidas, indicios que a su criterio quedaron desvirtuados con sus agravios. Agrega que no existe en el caso de autos un ardid o engaño con el propósito de inducir a error y evadir el gravamen, por lo que sin la presencia del elemento intencional doloso no puede existir la acción típica configurativa de la defraudación fiscal. Ofrece la producción de prueba informativa, pericial contable, caligráfica y testimonial y por todo lo expuesto, solicita que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes.
II. A fs. 70/79 y 301/309 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, con costas.
Para ello, sucintamente, invoca que entre agosto de 1999 a marzo de 2000 el Sr. Gordon hizo aportes irrevocables de capital a la empresa Delivery.Com.Ar S.A. Agrega que dicha firma tuvo un procedimiento de determinación de oficio por incremento patrimonial no justificado por haber recibido aportes del exterior en el año 2000 de la empresa Delivery.Com.Ar LTD., con sede en las Islas Vírgenes, y que el señor Gordon era en esa fecha el Presidente de ambas firmas.
Indica que en la sustanciación de dicho procedimiento, al ser analizada la cuenta bancaria del Sr. Gordon en el Banco del Buen Ayre, se comprobó que las acreditaciones no guardaban relación con los ingresos declarados, diferencias que fueron justificadas con préstamos realizados por el Sr. Guyot, residente en EE.UU, formalizados con el Contrato de Facilidad Crediticia. Los montos de los pasivos ascendían a dicha fecha a U$S201.154 y al 31 de marzo de 2000 a U$$148.846. El juez administrativo, por aplicación de la presunción de incremento patrimonial no justificado del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.v.), impugnó el pasivo exteriorizado por el Sr. Gordon en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 1999 por $201.154, y presumió ingresos omitidos de declarar en el período fiscal 2000 por los fondos recibidos en los primeros tres meses por aplicación del primer párrafo del mismo artículo considerándolos derivados del ejercicio de su actividad profesional.
En el impuesto al valor agregado, determinó ventas omitidas por los fondos recibidos en cada uno de los meses invocando para ello el art. 18 de la ley 11.683.
Para ello, tuvo en cuenta los siguientes antecedentes que surgieron de las tareas de fiscalización:
a. la falta de fecha cierta en el denominado contrato de facilidad crediticia, al no encontrarse formalizado en instrumento público (conf. art. 979 del entonces Código Civil). Al tratarse de instrumentos privados sostuvo que le eran aplicables las disposiciones de los arts. 1034 y 1035 de dicho Código respecto que no prueban contra terceros la verdad a la fecha expresada en ellos; y b. la falta de prueba del ingreso de los fondos del exterior, ya que las acreditaciones en las cuentas bancarias fueron mediante depósitos en efectivo.
Solicita, entonces, a este Tribunal que dicte sentencia en la que se confirmen las Resoluciones, con costas.
III. En cuanto al trámite de los Expedientes, a fs. 142 está agregada la sentencia de esta Sala del 6 de abril de 2009 en la que se hace lugar a la excepción de cosa juzgada presentada por el Fisco Nacional en relación al recurso de apelación contra la Res. N° 60/2004 por haber sido deducido fuera de término; sin embargo, dicha decisión fue revocada en la sentencia de Cámara del 14 de febrero de 2012 (fs. 223/225).
A fs. 328 obra el auto de apertura sobre la prueba ofrecida y a fs. 344 el que resuelve el recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por el recurrente contra el auto de la entonces Vocalía Instructora que rechazó la realización de la pericial caligráfica; allí también ordenó la producción de la prueba testimonial, el libramiento de oficio al Síndico designado en la quiebra de la firma “Delivery.com.ar SA.” a los fines de que pusiera a disposición sus libros contables; además, hace lugar a la prueba informativa ofrecida en los recursos.
A fs. 347, 405, 413 y 445; 429, 440, 441 y 494 obran las respuestas del Banco Itaú Argentina S.A.; del Síndico de Delivery.com.ar S.A.; de la Dirección Nacional de Migraciones y del Banco Biesel Grupo Macro a los oficios librados; a fs. 423, 433/434, 435/436, 437/438 obra declaración testimonial de los Sres. Leonardo Javier Fernández, Gustavo Marcos Gómez, Alberto Tenaillon y Marcelo Arturo Monge; a fs. 439 se tiene por desistido al recurrente de la declaración testimonial de los Sres. Martin Guyot y Pablo Calderini.
A fs. 497 se clausura el período probatorio y a fs. 505 el Tribunal en pleno dispone la acumulación del Exp. N° 26.834-I al N° 25.421-I. A fs. 533 se elevan los autos a conocimiento de esta Sala; a fs. 535 se ponen los autos para alegar, presentando alegato únicamente el Fisco Nacional, conforme surge de fs. 541/543 y a fs. 559 quedan en estado para dictar la sentencia.
IV. Corresponde analizar ahora si la Resoluciones Nros. 60/2004 y 103/2005 se ajustan a derecho y si la prueba aportada y ofrecida por el recurrente es suficiente para dejar sin efecto la pretensión fiscal y las sanciones aplicadas en ellas. No se encuentra en discusión que el Sr. Gordon, que declara como actividad la prestación de servicios de investigación de mercado, entre agosto de 1999 y marzo de 2000 tenía depositados U$S350.000 en su cuenta bancaria que es el monto que primero la fiscalización y luego el juez administrativo presumieron corresponde a ingresos omitidos y ventas sin declarar, porque no guardaba relación con sus declaraciones juradas presentadas.
La justificación que dio en la instancia previamente sustanciada y ante este Tribunal también es que dicha suma corresponde a dinero que le prestó el Sr. Martín Guyot en el marco de un Contrato de Facilidad Crediticia, un ciudadano residente en EE.UU, según sus dichos, que lo obtuvo de otras dos personas como inversores, los Sres. Luis Caputo y Pablo Calderini. Este último, a su vez, lo recibió de su padre, en todos los casos para realizar inversiones en un negocio en Argentina.
Según el Contrato de Facilidad Crediticia, el Sr. Gordon obtuvo una línea de crédito de U$S350.000 del Sr. Guyot, en el que declaró como domicilio una casa en General Pacheco, provincia de Buenos Aires (v. fs. 55/57, Cpo. IVA N° 1, act. adm.). En sus Cláusulas, se dice que “…a simple requerimiento del Deudor, el Acreedor se obliga a entregar los importes que el Deudor le requiera hasta cubrir la suma del crédito disponible con anterioridad al 11 de agosto de 2000”, a una tasa del 6% anual, y que los pagos se debían realizar en el domicilio del Acreedor en dólares estadounidenses. A fs. 59/61 del mismo expediente, con el mismo tipo de letra, obra el Contrato de Compraventa de Acciones suscripto en Argentina el 11 de febrero de 2000. Obran allí, asimismo, los siguientes acuerdos contractuales, todos con el mismo tipo de letra y sin cumplir ninguna formalidad: el convenio de accionistas del 23 de diciembre de 1999 entre el Sr. Gordon y Doblir Trust Corp. S.A., firmado por su Presidente el Sr. Monge que declara como domicilio la República Oriental del Uruguay y Nitrowen Corporation S.A., con su Presidente el Sr. Gomez, con domicilio en Uruguay también; y el Contrato de compraventa de acciones entre el Sr. Gordon y dichas empresas de 22 de diciembre de 1999, en la que venden por $140.000. Es en este documento donde se informa como capital suscripto la suma de S350.000 y como capital integrado $201.154.
No se encuentra en discusión tampoco que el Sr. Gordon junto a tales personas constituyeron una sociedad, Delivery.com.ar S.A., ni la efectiva existencia del negocio de internet que dicha firma desarrolló, ni de las relaciones entre los inversores y el aquí recurrente que dan cuenta, entre otra documentación, los correos electrónicos que se enviaron; tampoco se controvierte la intervención de asesores legales en su instrumentación a los que la recurrente denomina como testigos calificados de la operatoria; ni tampoco el Fisco Nacional ha puesto en duda que el Sr. Guyot estuvo varias veces en el país (fs. 407/412). Por otro lado, que tanto el negocio de Delivery.com, como él y sus socios salieron en diarios y revistas es de público conocimiento.
Por otro lado, fue la Administración Tributaria la que en otra fiscalización constató que el Sr. Gordon era accionista y director de Delivery.com.ar S.A., ya que fue en dicha empresa donde dijo haber realizado los aportes de capital en efectivo, con el dinero también en efectivo, recibido por parte de terceras personas. Constató en dicha oportunidad también que los aportes de capital en el año 1999 fueron cuatro: $49.829, $60.000, $24.825 y $66.500, en agosto, octubre, noviembre y diciembre y que en ese año, el Sr. Gordon no tuvo ingresos gravados; los del año 2000 fueron tres: $1800, $70.810 y $76.236, en enero, febrero y marzo, meses en los que el Sr. Gordon tampoco declaró ingresos gravados. Obra también allí acreditado el depósito de los aportes en la cuenta de Delivery.com.ar S.A. y el retiro de honorarios por parte del Sr. Guyot como director de la sociedad (fs. 363/404).
Dicho lo anterior, lo que no justificó el Sr. Gordon, ni en las actuaciones sustanciadas en sede administrativas ni con la prueba rendida ante este Tribunal, es el origen de los fondos que eventualmente fueron destinados a aportes de capital en Delivery.com.ar S.A. que es, en definitiva, lo que le interesa a la Administración Tributaria cuando ejerce sus facultades de verificación y fiscalización que la ley 11.683 y, en particular, cuando recurre a la presunción de incremento patrimonial sin justificar prevista en el art. 18, inc. f) y a la presunción simple de ingresos omitidos prevista también en dicho artículo de la ley 11.683.
Cabe recordar que dicha norma establece las facultades de la Administración Tributaria para practicar determinaciones estimativas en base a presunciones. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en más de una oportunidad que las presunciones son elementos de juicio aptos para aquellos casos en que el contribuyente no ha presentado declaraciones juradas o cuando no existan o resulten insuficientes las registraciones contables y documentación que respalden las operaciones comerciales, sin que ello implique autorizar decisiones discrecionales (Fallos 264:99).
Se trata, en definitiva, de la potestad que la ley le asigna para verificar que los movimientos de fondos en efectivo no correspondan a ingresos que fueron sustraídos previamente del deber de tributar en Argentina. Es por eso que, en el curso del procedimiento de fiscalización, luego en el de determinación de oficio y, por último, en el proceso contencioso ante este Tribunal Fiscal de la Nación, previstos en dicha norma, el contribuyente tiene el derecho a ejercer su defensa y rendir prueba; en el caso, el Sr. Gordon tenía el derecho a justificar que los fondos depositados en su cuenta bancaria detectados por la fiscalización, que es el indicio que el juez administrativo adoptó para presumir los ingresos omitidos y a partir de ello las ventas omitidas también, tenían una causa diferente en dinero propio generado por el ejercicio de su actividad gravada o de terceros que estaba fuera del circuito formal.
Es el Sr. Guyot el que en la declaración del 15 de diciembre de 2001 que obra en fs. 64 del Cpo. IVA N° 1, act. adm., dice que “Los fondos fueron efectivamente girados -desde el exterior- entre agosto de 1999 y marzo de 2000 (según detalle), entregados en efectivo y/o depositándose los fondos en las cuentas del Sr. Gordon y/o de la Sociedad”, pero sus dichos no tienen ningún respaldo que acrediten el lugar desde donde salieron y la forma en que los fondos ingresaron al país y luego fueron entregados al Sr. Gordon, salvo las referencias que hacen los testigos que prestaron declaración ante este Tribunal que mencionan que se retiraban en financieras o casas de cambio.
Reconoce el aquí recurrente que todos los movimientos de dinero fueron en efectivo, salvo la suma de U$S24.879 que uno de los mencionados como inversores, el señor Luis Caputo, dijo haber remitido por transferencia bancaria a la cuenta del Sr. Gordon en el Banco Itau Buen Ayre. Sin embargo, a fs. 347 de este Expediente, en respuesta al oficio que se librara a solicitud del recurrente, el Banco Itaú Argentina S.A. contesta que según sus registros no existen operaciones de transferencias provenientes del exterior que hayan sido acreditadas para el día 23.8.1999 en la cuenta del Sr. Gordon, adjuntando los extractos del período comprendido entre el 31.7.1999 y 31.8.1999. Cabe destacar que el recurrente no requirió explicaciones respecto a dicha contestación, ni solicitó aclaración y/o ampliación de la medida probatoria ofrecida.
Si bien a fs. 67 del Cpo. IVA N° 1 obra copia de la Orden de Pago aportada por el mismo Banco por dicha suma como acreditada en la cuenta del Sr. Gordon, asiste razón a la representación fiscal cuando sostiene que no es posible tener certeza que corresponde a la operatoria objeto de investigación.
Idéntica falencia tiene la prueba rendida respecto de las transferencias de fondos entre el Sr. Enrique Pedro Calderini al Sr. Pablo Calderini quien dijo que su padre le remitía fondos que entregaba en efectivo al Sr. Gordon, también para financiar el proyecto de Delivery.com.ar S.A. Sin embargo, librado el oficio al Banco Comercial Israelita a los fines de que informara sobre las cuentas del Sr. Enrique Pedro Calderini, a fs. 494 adjunta resúmenes de la cuenta del 17/8/2004 al 31/8/2009, es decir por un período diferente a las fechas en que dice haber hecho tales operaciones -marzo y julio de 1999 por las sumas de U$S 30.000, U$S 35.000 y U$S 250.000-. Tampoco en este caso, el recurrente requirió aclaraciones a la entidad oficiada sobre el alcance de la prueba rendida.
Entonces, si bien el Sr. Gordon alega que tiene la potestad de probar los préstamos recibidos por otros medios diferentes a los exigidos por la Administración Tributaria, lo cierto es que no rindió esos otros medios. Si bien ofreció una prueba pericial contable sobre los libros de Delivery.com.ar S.A., a fs. 405 el Síndico de la quiebra hizo saber que no contaba con los registros contables ya que nunca se habían puestos a disposición del Tribunal actuante; adjuntó, de cualquier modo copia simple de ellos en 42 fojas (fs. 363/404), a pesar de lo cual el Sr. Gordon no impulsó la realización de la prueba, aún cuando en el escrito de fs. 322/327 insistió en su producción. Finalmente a fs. 497, la Vocalía Instructora dispuso el cierre del período probatorio sin que se produjera.
Queda referirse a los correos electrónicos aportados en copias como prueba documental y a las declaraciones de los testigos prestadas ante este Tribunal.
De dichos elementos surge la efectiva relación entre el aquí recurrente y los Sres. Guyot, Calderini y Caputo (v. fs. 104/111, Cpo. IVA N° 1, ant. adm.) y también puede extraerse de ellos la existencia de varios movimientos de dinero en dólares y en efectivo que son, justamente, los detectados por la fiscalización y que el recurrente no pudo justificar. Así, ante este Tribunal el testigo Gómez, que participó del negocio de Delivery.com.ar S.A. en sus inicios y luego firma transferencias accionarias de Delivery.com.ar S.A. como Presidente de Nitrowen Corporation S.A. con domicilio en la República Oriental del Uruguay, dijo que entre agosto de 1999 y hasta el 2001 “…ingresaba dinero en efectivo a la empresa todos los meses aportado por Martin Guyot”, y agregó en su declaración que “…los montos exactos no los conoce pero eran dos o tres fajos de dólares” (fs. 433/434); otro testigo, Monge, que firma como Presidente de Doblir Trust Corp. con domicilio en el mismo país, declaró haber acompañado a Guyot a una financiera o casa de cambio “…para que no fuera solo a retirar el dinero y que cree que eran arriba de los veinte o treinta mil dólares” (fs.437/438). A fs. 413 obra agregada la contestación de la Dirección Nacional de Migraciones en la que informa los movimientos migratorios del Sr. Guyot, adjuntando tal información en las planillas obrantes a fs. 407/412; sin embargo, el hecho que el Sr. Guyot haya estado en el país en la fecha de celebración del Contrato de Facilidades Crediticias, nada aporta en favor de la justificación del pasivo porque él mismo reconoció en su declaración ante escribano que las transferencias de los fondos se hicieron desde el exterior a las cuentas del Sr. Gordon y/o de Delivery.com.ar S.A.
Los dichos del Sr. Gordon en esta instancia son así meros dichos, ya que carecen de respaldo documental en los términos del art. 33 de la ley 11.683 que dispone que “todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas”; tampoco cumple con las exigencias derivadas del art. 377 del CPPC.
Es que no contribuye, por cierto, a dar credibilidad a sus agravios el hecho que ni el denominado Contrato de Facilidad Crediticia del 12 de agosto de 1999, ni el Contrato de Compraventa de Acciones del 11 de febrero de 2000, en ambos casos celebrados entre él y el Sr. Guyot, fueron hechos por escritura pública, tampoco fueron formalizados en instrumento privado, ni siquiera fueron certificadas sus firmas ante escribano o por alguna autoridad que otorgue certeza no solamente de la fecha en que se firmaron sino de las personas que efectivamente intervinieron allí.
Tampoco tienen formalidad alguna, ni fecha cierta ni certificación de firmas, los restantes documentos de la operatoria comercial en la que supuestamente fueron afectados los fondos prestados y finalmente capitalizados como tenencias accionarias en Delivery.com.ar S.A., empresa que terminó en quiebra.
Sí, en cambio, tiene intervención notarial y consular la declaración del Sr. Guyot del 15 de diciembre de 2001 efectuada en Key Biscayne, Florida, EE.UU, en la que informa como profesión asesor financiero y aclara bajo juramento de decir verdad que los fondos fueron girados entre agosto de 1999 y marzo de 2000 y entregados en efectivo y/o depositados en las cuentas del Sr. Gordon y/o de Delivery.com.ar S.A.”. Explica allí también que ejerció su derecho a comprar el 45% de las acciones con el que canceló el crédito con el señor Gordon y a continuación aclara que, “…de inmediato todos los accionistas de esta transferimos nuestras tenencias a Real Delivery.com Ltd. de British Virgin Island, pues habíamos decidido que una sociedad de exterior seria mejor como holding company no solo de la compañía argentina sino de otras similares en América Latina”.
Agregó allí también que “Posteriormente un inversor tomó el 10% de “RealDelivery.com.Ltd reduciéndose la participación de los anteriores accionistas. Más adelante cedimos el control de la compañía a otros inversores conservando nosotros una participación poco significativa” –fs. 63/65, Cpo. IVA N° 1, act. adm.-.
Queda claro así que los fondos prestados al Sr. Gordon no fueron reintegrados, sino capitalizados por su acreedor en sociedades que tuvieron sucesivos cambios de accionistas domiciliados tanto en la República Oriental del Uruguay como en las Islas Vírgenes, lo cual, en lo que aquí interesa, dificulta también la prueba sobre su origen y real calificación jurídica.
De ello se sigue que no fue la falta de fecha cierta en los acuerdos exhibidos la única objeción que hizo la fiscalización a la justificación del pasivo, sino la sumatoria de irregularidades que en conjunto restan credibilidad a la operatoria de préstamo en forma integral que invoca el recurrente.
No debe perderse de vista tampoco que el Sr. Guyot, según su propia denominación, era un asesor financiero radicado en EE.UU.
Asistía entonces derecho a la Administración Tributaria a exigir prueba más que concluyente de la existencia de los pasivos, como la llama el recurrente, más aun cuando los movimientos de los fondos fueron en efectivo y, los fondos prestados terminaron capitalizados en una empresa ubicada en Islas Vírgenes Británicas que en esa fecha y aún en la actualidad es considerada una jurisdicción de baja o nula tributación en el impuesto a las ganancias (art. 20, ley, texto desde 2019).
En definitiva, ni en la instancia administrativa previamente sustanciada ni ante este Tribunal, el aquí recurrente logró probar efectivamente la secuencia completa de la operatoria de crédito con un residente del exterior con la que pretende justificar el pasivo impugnado, esto es, no ha probado que los fondos en cuestión tienen origen en préstamos de dinero legítimos, prueba que por ser la parte interesada, estaba a su cargo rendir.
Es el propio recurrente el que en su presentación ante este Tribunal reconoce que la operatoria con los inversores residentes en el exterior se llevó a cabo a cabo de una forma veloz e informal, que no era un mutuo común y corriente, mas ello no lo eximía de adoptar formalidades mínimas exigibles por tratarse de una persona dedicada a las inversiones y los negocios.
Cabe recordar que la Cámara ha sostenido en más de una ocasión que "…más allá de las formalidades que puedan exigirse en la firma de un contrato de mutuo, la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser particularmente indudable acerca del nacimiento, de las modalidades y, eventualmente, de la extinción de la deuda. Es necesario, pues, que se demuestre la secuencia de la operatoria pertinente" (Sala I, "Badial S.A. (TF 32.999-I c/ DGI"),sent. del 3/2/2015 y "Ariston S.A. c/ DGI s/ recurso directo del organismo externo", sent. del 16/07/15). En fecha reciente dijo también que “… la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser indudable. Para ello, resulta necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en particular, la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución (conf. “Club Vacacional S.A. c/ Dirección General Impositiva c/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 14/4/16. En el mismo sentido se expidió la Sala I, in re “Badial SA (TF 32.999-I) c/ DGI”, sent. del 3/2/15 y “Ariston SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/07/15). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los contratos regidos por el derecho comercial deben ser probados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2246 del Código Civil, según el cual el “mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa el valor de $10.000” (conf. Fallos 334:249)” –“Avital S.A.”, sentencia del 20.2.2022-. Lo expuesto basta para confirmar la determinación de oficio practicada en la Res. N° 103/2005 en el impuesto a las ganancias, al haberse presumido ingresos omitidos en el período fiscal 1999 por aplicación del inc. f) del art. 18 de la ley 11.683, como por aplicación de la presunción simple de su primer párrafo para el período fiscal 2000.
V. Sin embargo, tales consideraciones no resultan suficientes para confirmar también la pretensión fiscal notificada en la Res. N° 60/2004 en relación al impuesto al valor agregado.
Cabe recordar que el art. 18, inc. f) de la ley 11.683, según el texto anterior a la reforma de la ley 25.795 (B.O. 17/11/03), vigente en los períodos fiscales 1999 y 2000 que aquí importan, establecía que “los incrementos patrimoniales no justificados con más de un 10% (diez por ciento) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, constituyen ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias. Cuando se trate de un responsable del impuesto al valor agregado, la suma de los conceptos indicados precedentemente deberá servir de base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial, ello mediante la aplicación del porcentaje que resulte de relacionar el total de las operaciones declaradas o registradas con la utilidad neta del ejercicio en cuestión”.
Es decir que, bajo dicha norma, la inferencia de las ventas omitidas no era directa.
En el caso, si bien el Fisco Nacional probó la existencia del incremento patrimonial originado en los fondos acreditados al Sr. Gordon, no probó a la misma vez que tales fondos se hubiesen originado en el ejercicio de sus propias actividades.
Por ello, resulta aquí de aplicación la jurisprudencia de la Cámara en cuanto a que “…en el caso de incrementos patrimoniales la traslación al impuesto al valor agregado no opera automáticamente y sin mayor análisis pues, si bien el Fisco tiene por ley la facultad de utilizar presunciones para determinar la verdadera situación fiscal del contribuyente, no está autorizado a 'intuir' tal situación” (conf. “Viacava, Ricardo O. -TF 13.153-I – AC 13.695-I/13.694-“, sent. del 12/12/01; “Mirab S.A.”, sent. del 22/02/07, y más recientemente, “Cavallo Comunicaciones S.A. (TF 24.014-I) contra D.G.I.”, sent. del 25/06/13). En el mismo sentido, al no haberse efectuado ningún tipo de tarea tendiente a demostrar la existencia de ventas omitidas, resulta insuficientemente fundada la pretensión gravatoria del Fisco Nacional, sin adentrarse en el análisis de la actividad del contribuyente y sin sopesar la posibilidad de otras alternativas que resultan frecuentes en materia de ardides tendientes a obtener “fondeo” con dinero no declarado (“Food & Beverage Investments S.A. (TF 24.601-I) contra D.G.I.”, sent. del 5/9/13)”.
Dijo asimismo en este precedente que “...una vez que se confirma la existencia de un incremento patrimonial no justificado, la DGI debe determinar por un método, cuál es el importe de las ventas omitidas. Para ello, tal como lo pone de relieve el doctor Castro, no siempre que se verifica un incremento patrimonial no justificado el Fisco Nacional se encuentra habilitado para efectuar el ajuste impositivo en el impuesto al valor agregado, suponiendo por tanto, que tal incremento responde a ventas omitidas alcanzadas por este gravamen. Esta operación, requiere, para que sea ajustada a derecho, una intensa motivación del Organismo, avalada por determinada fiscalización puntual en relación a cada período. En el caso de autos, la inspección, ni siquiera ha intentado demostrar la existencia de ventas omitidas. Esto es, presume que hubo ventas omitidas, cuando perfectamente podrían darse otras formas de evadir el gravamen. Por tanto, tal como lo advierte el voto minoritario, ha operado en el caso de autos un automatismo injustificable” (conf. “Alsur Bahía SA (TF 19.839-I) c/ DGI”, sent. del 18/06/08; pronunciamiento firme -conf. in re A. 307.XLV, “Alsur Bahía S.A. (TF 19.839-I) c/ DGI.”, sent. del 7/9/10-. En esa línea, esa misma Sala, in re “Kuzma, Rodolfo Alfredo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 14/11/19)” –conf. “Avital S.A.”, cit-.
El juez administrativo no alega que el Sr. Gordon ejerció una actividad generadora de ventas gravadas no declaradas, sino que la existencia de las ventas omitidas fue inferida directamente de la calificación de ingresos omitidos del pasivo declarado por él mismo que no pudo justificar, por lo que en este aspecto y en atención a la jurisprudencia más arriba citada la pretensión fiscal debe ser dejada sin efecto.
VI. Por último, resta tratar los agravios vinculados únicamente con la sanción impuesta en la Res. N° 103/2005 toda vez que al dejarse sin efecto la Res. N° 60/2004, también debe revocarse también la multa allí aplicada.
La multa correspondiente al impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 1999 y 2000 debe ser confirmada porque se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar las maniobras llevadas a cabo por el Sr. Gordon para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones como contribuyente, en particular los movimientos de dinero en efectivo con los que dice haber realizado aportes de capital, también sin justificar.
Sin embargo, tratándose de una determinación sobre base presunta resulta de aplicación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 312:447 en cuanto a la imposibilidad de fundar la pena exclusivamente en la presunción fiscal y tener así por probado el dolo que como requisito insoslayable exige la figura del art. 46 de la ley 11.683. En el caso, además, la presunción de dolo que el juez administrativo invocó fue la prevista en el inc. d) del art. 47 que se refiere, esencialmente, a la falta de libros y registraciones de las operaciones del contribuyente, pero asiste razón al Sr Gordon cuando en su recurso de apelación invoca que tales elementos no le eran exigibles por tratarse de un contribuyente persona humana, lo que debilita aún más la fundamentación de la sanción en la forma dispuesta en la Resolución recurrida.
Ello, en modo alguno implica que la conducta del Sr. Gordon quede impune, sino que ante dicho contexto la pena que le corresponde es la de omisión prevista en el art. 45 de la misma ley, que dada la gravedad y entidad de los importes involucrados, debe ser graduada en el máximo allí previsto, es decir, en el 100% del gravamen omitido de declarar en ambos períodos fiscales.
VII. Por las razones expuestas, corresponde:
1. Confirmar parcialmente la Res. N° 103/2005, reencuadrándose la sanción aplicada en la figura de omisión (art. 45), y graduándosela en el 100% de la obligación omitida.
2. Revocar íntegramente la Res. N° 60/2004.
3. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos que efectúa la Dra. O’Donnell en los considerandos I a IV de su voto, como así también la confirmación de la Resolución 103/2005 en cuanto determina de oficio el Impuesto a las Ganancias con más sus intereses, ello por aplicación de los artículos 18 y 37 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 según Decreto 821/98).
II. Que, sin embargo disiento con la decisión que adopta con relación a la Resolución 60/2004. Que con la prueba producida, la documentación existente en las actuaciones y la conclusión que precede respecto de la existencia de un incremento patrimonial no justificado, corresponde considerar la presunción aplicada en el marco del artículo 18 de la ley de procedimiento fiscal en el Impuesto al Valor Agregado.
Que las evidencias que conducen a entender que los ingresos de fondos en la contabilidad fiscal del recurrente carecen de la “justificación de origen”, lo son en el plano económico-financiero, más allá del impacto fiscal posterior que pueda merecer. Una forma de expresar la situación es que el “origen” que se pretendió hacer valer –pasivos inexistentes o no probados- no fue demostrado y por lo tanto conduce tácitamente a afirmar que esos fondos tienen un origen diferente que no se ha exteriorizado (v.g. otros pasivos, ingresos provenientes de diferentes fuentes de ganancias en su máxima expresión,). En esa etapa previa el contribuyente tuvo derechos amplios de probar ese verdadero origen, aun cuando se apartara de la primera exteriorización como pasivo. Cumplida esa fase, dos podrán ser las consecuencias; el incremento patrimonial quedará justificado o por el contrario se abre una ventana de incertidumbre y falta de precisión, pues no se habrá explicado en el plano fiscal el verdadero origen de los fondos.
Probada la entrada de fondos y calificados como incremento patrimonial por falta de justificación de su procedencia, la ley de procedimiento fiscal autoriza que la AFIP utilice ese ingreso como presunción de la existencia de un origen asociado con actividades gravadas (v.g. en el impuesto a las ganancias y/o el impuesto al valor agregado y/o Impuestos Internos al Consumo). Sin embargo esa labor encuentra limitaciones legales en la aplicación de las presunciones que contempla el artículo 18, que son, entre otros, los propios gravámenes a los que se puede extender su gravabilidad. El alcance amplio del objeto del impuesto a las ganancias aplicable a la mayor parte de las actividades que se desarrollan en la economía, hace que la presunción para con esos fondos injustificados en su origen pueda ser utilizada con mayor comodidad y amplitud, sin embargo de tratarse de eventuales ingresos que no debieron haber pagado el citado tributo, el contribuyente tuvo la libertad de haberlo expuesto en la etapa anterior cuando se debatía el origen del incremento patrimonial, por lo que va de suyo que la ausencia de esta prueba por parte del contribuyente justifica la presunción de que todo incremento patrimonial se considerará que proviene de ganancias gravadas y que debe tributar el impuesto. Algo similar sucede con el Impuesto al Valor Agregado, pero quizás con un mayor condicionamiento, aún más nítido en los Impuestos Internos. La norma otorga una facultad amplia, pero no de aplicación automática o discrecional. Mínimamente deberíamos estar frente a sujetos que desarrollan o se presuma que desarrollan actividades alcanzadas por alguno o ambos tributos, caso contrario la facultad que concede el artículo 18, en el caso de incrementos patrimoniales, llevaría al absurdo de reclamar el pago de un impuesto que nunca hubiera correspondido tributar.
Entonces aquí juega un papel fundamental la actividad probatoria desplegada y ventilada en la causa por ambas partes. En este pasaje del análisis está en debate el Impuesto al Valor Agregado, ya que el Fisco Nacional consideró que aquellos ingresos no estaban justificados en el pasivo inexistente ni en ninguna otra fuente y los trató como ingresos/ventas alcanzados con el Impuesto al Valor Agregado por considerarlos generados por la actividad declarada del recurrente. En rigor pudo haber provenido de cualquier otro origen, pero en el terreno de lo razonable no se puede exigir que el Fisco Nacional después de haber demostrado la inexistencia del pasivo también deba demostrar cuál fue el “verdadero origen”, sería una situación kafkiana de imposible resolución (detectar fondos que no se facturaron, servicios que no dejaron rastro alguno, o pasivos con infinitos acreedores). Una lectura en contrario constituiría una prueba diabólica. Por ello a mi entender la solución hay que encontrarla en el terreno de lo posible, lo ecuánime y sin apartarse del marco legal de la legislación sustantiva y del derecho de defensa del contribuyente. Se trata de una presunción que debe ser analizada en el ámbito de un equilibrado margen lógico y legal. En primer lugar entiendo que la actividad que desarrolla y que declaró el actor ante la AFIP es prioritaria. A su vez es trascendente si la misma está alcanzada o no con el gravamen bajo análisis. También repercute si en sus declaraciones juradas surge la existencia de otra actividad o actividades que pudieran estar al margen del tributo y que permitieran confundir la presunción de gravabilidad.
En el caso particular se trata de una persona física que se encontraba inscripta en el Organismo Recaudador con la actividad declarada de “estudio de mercado realización de encuestas de opinión pública” que encuadra en el código N° 741300 -fs 366 cuerpo de ganancias N° 2 de los antecedentes administrativos- en el Impuesto a las Ganancias desde 01/02/1992 y si bien del Padrón Único de Contribuyentes y Responsables no surge su inscripción en el IVA. A fs. 319/321 obran presentaciones de declaraciones juradas, formularios 731, correspondientes a los períodos fiscales 12/2000 y 2/2002, que responden al gravamen. En especial se destaca que en diciembre 2000 se declara débito fiscal por la actividad 731409. Las declaraciones juradas originales presentadas en el IVA datan desde el año 1997, que también lucen en los antecedentes administrativos.
En forma paralela se observan declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias fs 302/311 de los aa, por los años 1997 a 2000, con ganancias gravadas únicamente correspondientes a la cuarta categoría. Con ello se descarta la existencia de otro ingreso gravado declarado –según las propias ddjj presentadas- que corresponda a cualquiera de las otras tres categorías de ganancias, que pudieran orientar hacia el desarrollo de alguna actividad no gravada o exenta en el IVA. Sin embargo aun cuando en la cuarta categoría podrían incluirse ganancias no alcanzadas/exentas con el IVA, tales como honorarios de directores, lo concreto es que en el año 2000 se declaran en la cuarta categoría ganancias por $ 99.000, excediendo el límite de $ 12.500 alcanzados por el gravamen para este último tipo de ingresos.
En otro rubro que pudiera estar a favor del actor lo constituye las ganancias exentas que figuran en las declaraciones juradas 1997/2000, especialmente 1999, pues como se señaló anteriormente dentro de las infinitas hipótesis que podrían existir respecto del origen real de los fondos exteriorizados como pasivos –luego considerados inexistentes- podrían surgir aquellos que se originan en activos financieros que no tributarían el IVA, sin embargo el contribuyente presentó declaraciones juradas originales, sus rectificativas y transcurrió toda la fiscalización; y en ningún momento opuso un argumento de este tenor para revertir los indicios existentes en cuanto a que el incremento patrimonial conduce a pensar que tuvo su motivación en la actividad personal de cuarta categoría declarada frente al organismo recaudador. Por otra parte, no comparto el agravio que opone la actora en cuanto considera que se ha recurrido a un silogismo al determinar el IVA sin haber determinado ganancias, y transcribe en su escrito recursivo que “las sumas de los conceptos indicados precedentemente deberá servir de base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial”-art.18 LPT-. Claramente la exigencia no se refiere al impuesto sino a la base que le da origen que es el incremento patrimonial que no ha podido justificarse. En síntesis, que la determinación del impuesto a las ganancias haya sido posterior no resulta óbice para que, no habiéndose demostrado el pasivo declarado, éste se haya constituido en un incremento patrimonial no justificado, a su vez base de la presunción.
Que por último, no desconozco el cambio en la legislación a partir de la sanción de las Leyes Nos 25.795 y 26.044 en cuanto modificó el inc. f) del artículo 18 de la LPT, análisis que he efectuado en los autos HERRERA, Amalia Esther - Sentencia de esta Sala D del 5 de agosto de 2019-, en la que se incorporó en forma expresa el segundo párrafo referido al Impuesto al Valor Agregado y la facultad de extender la figura del incremento patrimonial no justificado como base de tributación de este gravamen, quedando tipificado en forma categórica el supuesto y la cuantificación del impuesto. Sin embargo, con carácter previo el artículo 18 según texto ordenado en 1998 por el Decreto 821, contemplaba la facultad de estimación de la materia imponible y la utilización en el IVA de los incrementos patrimoniales como base de la tributación. No se observa ninguna restricción legal a la utilización de la normativa del artículo 18 vigente al momento de los hechos para extender la repercusión al IVA, solo en la medida que los hechos queden encuadrados razonablemente como generados por la actividad gravada, supuesto demostrado en las presentes actuaciones. Además el Fisco Nacional ha efectuado en forma expresa el adecuado encuadre legal exigido por la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en la causa Gamarnik Gustavo José del 20 de noviembre de 2018.
En tal estado, me he formado opinión de la existencia de indicios objetivos y ningún agravio en favor de la actora que permitan revertir o poner en jaque la posición fiscal. Por ello voto por confirmar la determinación del IVA, ya que se lo hizo a) en base al artículo 18 de la ley de rito, b) se imputaron los ingresos a los períodos fiscales mensuales donde ingresaron los fondos y c) se aplicó la alícuota general del gravamen.
III. En virtud de la complejidad que ha rodeado al caso, coincido con la Dra. O’Donnell en la confirmación de la multa analizada y en el reencuadre propuesto, pero haciendo extensivas ambas conclusiones a las dos multas aplicadas en las resoluciones apeladas, al haber sido el resultado de un único hecho económico cuestionado.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar parcialmente la Res. N° 103/2005, reencuadrándose la sanción aplicada en la figura de omisión (art. 45), y graduándosela en el 100% de la obligación omitida.
2. Revocar íntegramente la Res. N° 60/2004.
3. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos de las partes.
4. Regular los honorarios de la Dra. Anahí Ethel Vázquez en la suma de $7.957 y de la Dra. Ana Elizabeth Esper en la suma de $2.652 en sus caracteres de apoderadas del recurrente, y del Dr. Leandro De Carli en la suma de $6.631 y de la Dra. Paola Martínez Naifleisch en la suma de $19.894 en sus caracteres de patrocinantes del recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, las tareas desarrolladas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
5. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $12.222 por la representación procesal y $30.554 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo del Sr. Miguel Gordon, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, las tareas desarrolladas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 Las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.02.17 10:34:31 -03:00 Date: 2023.02.17 15:14:37 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.17 15:43:03 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.17 15:43:04 -03:00
Fin de la sentencia