Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de Tres Arroyos · Causa DIGI-37744
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda indemnizatoria deducida por Mariana Gordovil, Inés Gordovil y Gerardo Gordovil , contra Sabella Agustina Isabel y Doglioli Julio Edison, en obligación extendida a la aseguradora también traída a juicio La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales. En consecuencia, corresponde condenar a los referidos accionados, en el plazo de diez (10) días de quedar firme el presente resolutorio, a abonar entonces a cada uno de los tres actores indicados , la suma de pesos diecisiete millones trescientos diez mil ($ 17.310.000), con más los intereses referenciados.
2Imponer las costas a los demandados y a la citada en garantía perdidosos, conforme los fundamentos referidos.
3Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, para cuando exista base arancelaria firme (arts. 51 y concs. decreto-ley 8.904 y ley 14.967).
GORDOVIL GERARDO C/ DOGLIOLI JULIO ALFREDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) DIGI-37744
estos caratulados "Gordovil Gerardo c/Doglioli Julio Alfredo y otros s/Daños y Perjuicios" nº 37.744 de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Tres Arroyos, traídos a despacho a fin de dictar sentencia de mérito, de los que:
RESULTA : I) Que con fecha 22-12-2.021 se presenta el Dr. Pablo M. Abraham, en representación de la Sra. Mariana Gordovil (DNI Nro. 22.053.029), Sra. Inés Gordovil (DNI Nro. 22.507.686) y Sr. Gerardo Gordovil (DNI Nro. 18.002.175), conforme poderes otorgados a través de Escrituras Nro. 166 y 147 respectivamente, ambas pasadas ante el escribano Santiago Scattolini, escribano Titular del Registro Notarial Nro. 63 del Partido de Bahía Blanca, a fin de promover DEMANDA por DAÑOS Y PERJUICIOS por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL ($. 46.590.000,00), o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a producirse en los presentes autos, con más los intereses desde el momento del hecho hasta el efectivo pago, gastos, costos, costas y eventual desvalorización monetaria si existiere al momento de dictar sentencia contra los Sres. SABELLA, Agustina Isabel (DNI Nro. 16.772.176); DOGLIOLI, Julio Edison (DNI Nro. 38.291.016) y la Compañía Aseguradora LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES (CUIT 30-50001770-4).
Indica que en la representación invocada se encuentra legitimada activamente para peticionar, atento el carácter de sus poderdantes de damnificados por el fallecimiento de sus padres, quienes en vida fueran la Sra. DOMENECH, Ana María (DNI Nro. 4.776.550) y el Sr. GORDOVIL José Antonio (DNI Nro. 5.479.593), en el accidente de tránsito ocurrido el día 20 de agosto del año 2021, en las inmediaciones del kilómetro Nro. 515 de la Ruta Nacional Nro. 3, en el Partido de Tres Arroyos, siendo aproximadamente las 10:50 hs.
Explica que la presente acción se dirigió en principio contra el Sr. Julio Alfredo DOGLIOLI (DNI Nro. 14.770.766), quien al momento del accidente conducía un automotor Marca Clío GSE-456; siendo además titular de dominio de dicho vehículo, y contra Compañía Aseguradora LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES (CUIT 30-50001770-4), con domicilio en la calle Istilart N° 76 de la ciudad de Tres Arroyos.
Refiere que, habiéndose producido el fallecimiento del requerido en el ámbito de la mediación, Sr. Julio Alfredo Doglioli, en fecha 24 de septiembre de 2021 y en virtud de haberse iniciado en fecha 19/10/2021 el correspondiente proceso sucesorio por parte de su esposa e hijo, a través del expediente judicial "DOGLIOLI, Julio Alfredo s/ Sucesión Ab-Intestato", Expte. Nro. 37.591, de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de Tres Arroyos, se ampliaron oportunamente los requeridos en el marco de la mediación y habiéndose producido el cierre de la misma, se entabla la presente demanda contra la Sra. SABELLA, Agustina Isabel (DNI Nro. 16.772.176) y el Sr. DOGLIOLI, Julio Edison (DNI Nro. 38.291.016), en su carácter de herederos universales del Sr. Julio Alfredo Doglioli (DNI Nro. 14.770.766).
Asegura que, en tren de responsabilidades, responden los accionados en virtud de lo dispuesto por los Arts. 1757 y 1758 del CCYCN, ya que dejando de lado la responsabilidad aquiliana y la doctrina, se habrá de responder no porque haya mérito para sancionar una conducta reprochable, sino porque se ha originado el factor material del cual como condición sine qua non, provino el daño.
Explica de qué modo se hallan acreditados, en este caso, el daño; la calidad de dueño y/o guardián de los accionados; el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal entre la actuación de esa cosa y el daño.
Asegura que independientemente de lo expuesto anteriormente, la Sra. Agustina Sabella y el Sr. Julio Edison Doglioli responden dada su condición de herederos universales del conductor del vehículo Renault Clío Dominio GSE-456, dado que la conducta del Sr. Julio Alfredo Doglioli resultó ser culposa y negligente.
Indica que el Sr. Julio Alfredo Doglioli debió advertir la circulación de otros vehículos circulando por la mano contraria de la Ruta Nacional Nro. 3 en las inmediaciones del km 515, en el Partido de Tres Arroyos, situación que le hubiera permitido mantener el control debido del automotor, evitando en consecuencia el impacto que generó, como a la postre ocurriera. Cabe aclarar que existió en la conducción del vehículo Renault Clío Dominio GSE-456 una conducta totalmente desaprensiva e imprudente, más aún considerándose que en la Ruta Nacional Nro. 3 el tránsito es muy importante e intenso.
Hace constar que la realidad indica que Doglioli no tuvo pleno dominio sobre su vehículo, generando de esta manera el evento dañoso, entendiéndose dicha obligación a cargo del conductor del vehículo como "el deber de "conservar el dominio" del automotor, animal o cualquier otro tipo de vehículo. Significa, según la interpretación que siempre se ha dado a la expresión: "tener a las cosas sometidas a la dirección, voluntad o deseos", poder apurar o detener la marcha a voluntad; esquivar girando a un lado o a otro, etc.
Deja aclarado que no se da en el caso, supuesto ni conducta alguna de terceros por los que los demandados no deban responder, que puedan llevar a pensar en una eximición total o parcial de la responsabilidad de los demandados.
Narra que el día 20 de agosto del año 2021, siendo aproximadamente las 10:50 hs., la Sra. Ana María Domenech y el Sr. José Antonio Gordovil, circulaban de manera reglamentaria en su vehículo Marca Suzuki, Dominio IAU 899, por la Ruta Nacional Nro. 3, en inmediaciones al Kilómetro Nro. 515, en dirección sur-norte (Bahía Blanca-Tres Arroyos), a una velocidad regular y conforme el sentido obligatorio de circulación. Se detalla que el automotor Dominio IAU-899 era conducido en dicho momento por parte de la Sra. Ana María Domenech. El día se presentaba bueno en cuanto a las condiciones climáticas, sin factores meteorológicos adversos. Resalta por otra parte, que la luz era natural dada la hora, por lo que la visibilidad era óptima. Se indica además que la superficie de la ruta no se encontraba mojada ni húmeda.
Alega por otra parte que el Sr. Julio Alfredo Doglioli transitaba en idéntico horario y lugar a bordo del vehículo de su propiedad Renault Clío, Dominio GSE-456, en sentido norte-sur (Tres Arroyos-Bahía Blanca), es decir, en sentido contrario al cual lo hacían la Sra. Domenech y el Sr. Gordovil. Previo a arribar a una pequeña curva que se presentaba hacia su derecha, la cual se encuentra a pocos metros del ingreso a la localidad de Micaela Cascallares, correspondiente al Partido de Tres Arroyos, la Sra. Domenech encuentra interrumpida su marcha por la presencia del vehículo Renault Clío conducido por el Sr. Julio Alfredo Doglioli. Cabe destacar que el Sr. Doglioli luego de atravesar la curva posterior al ingreso a la localidad de Micaela Cascallares, deja de tener pleno dominio sobre su vehículo, hecho que lo llevó a impactar el lateral izquierdo y parte frontal del vehículo Suzuki Fun, Dominio IAU-899, ocupado por la Sra. Ana María Domenech, en su carácter de conductora, y por el Sr. José Antonio Gordovil, en su condición de acompañante. Se indica que la Sra. Domenech conducía teniendo pleno dominio de su vehículo y conforme a las disposiciones legales vigentes. Se detalla que si bien su licencia de conducir presentaba vencimiento en fecha 01/07/2020, se explica que la misma continuaba teniendo plena vigencia, dado que la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires prorrogó oportunamente por 24 meses el vencimiento de las licencias de conducir cuyo vencimiento operara entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020.
Enfatiza que la intromisión del vehículo conducido por el Sr. Doglioli, en el carril de la ruta correspondiente al vehículo de los Sres. Domenech y Gordovil, fue tan abrupta y contundente que prácticamente podría graficarse que el Renault Clío impactó y generó grandes daños principalmente sobre el lateral izquierdo del vehículo hacia su interior, afectando la humanidad de la Sra. Domenech y del Sr. Gordovil, sin que pudiera realizar la conductora del vehículo algún tipo de maniobra evasiva para poder evitar el gran impacto sufrido.
Destaca que el vehículo Renault Clío conducido por el Sr. Doglioli se desplazaba con exceso de velocidad; hecho que se extrae a partir de la deformación del vehículo Suzuki Fun, la violencia sufrida en el físico de los ocupantes del mismo, lo cual les generó la muerte en forma espontánea y el registro de velocidad que quedó reflejado en el tablero del Renault Clío Dominio GSE-456, exactamente "150 km/h", considerándose en especial que la velocidad permitida en dicho lugar es de 80 km/h.
Reclama la cobertura de daño extrapatrimonial, ya que como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Ana María Domenech y del Sr. José Antonio Gordovil, sus hijos, es decir, la Sra. Mariana Gordovil, Inés Gordovil y Gerardo Gordovil, resultan claros los padecimientos que han sufrido los mismos, y más aun considerando las condiciones de violencia bajo los cuales se desarrolló su muerte. Que asimismo existen también circunstancias especiales en la vinculación de la Sra. Ana María Domenech y del Sr. José Antonio Gordovil con sus hijos que tornan a este caso bastante particular.
Reitera que justipreciar pecuniariamente el daño extrapatrimonial resulta ser una tarea difícil. No obstante, los requerimientos formales lo exigen, así en virtud de los fundamentos y consideraciones expresadas anteriormente, esa parte los estima en la suma de PESOS DOCE MILLONES ($. 12.000.000) POR CADA UNO DE LOS HIJOS, lo cual arroja un resultado de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES ($36.000.000)., considerándose especialmente que en este caso se está contemplando el fallecimiento de ambos padres. Se detalla además que esta suma deberá ser debidamente actualizada al momento de dictar sentencia.
Añade daño psicológico. Funda y justiprecia.
Peticiona la cobertura de daño automotor. También de valor vida (1. Valor Vida Sra. Ana María Domenech; 2. Valor Vida Sr. José Antonio Gordovil).
Emite liquidación, refiriendo que al sólo efecto de evitar excepción de defecto legal estiman el monto total de demanda en la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL ($. 46.590.000,00-), cifra esta que deberá actualizarse con los parámetros usuales en la materia al momento del fallo, más los intereses correspondientes; o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse y de la justipreciación debida.
Solicita inconstitucionalidad del art. 4 ley 25.561.
Ofrece prueba, funda en derecho y solicita que oportunamente se dicte sentencia, condenando a los demandados y a la citada en garantía al pago de las sumas reclamadas con más los correspondientes intereses, gastos, costos y costas del proceso.
II. Conferido traslado, con fecha 19-04-2.024 se presenta la Dra. Maria I. Fossati, en su carácter de letrada apoderada de LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES , a contestar la citación en garantía que se ha formulado en autos, los Sres. MARIANA GORDOVIL INES GORDOVIL Y GERARDO GORDOVIL, demandando por daños y perjuicios, con un reclamo de $46.590.000, con más sus intereses, costas y costos, contra AGUSTINA ISABEL SABELLA Y JULIO EDISON DOGLIOLI, en su carácter de herederos de JULIO ALFREDO DOGLIOLI y citado en garantía a su mandante, por ser aseguradora del vehículo Renault Clio 2 F2, año 2007, dominio GSE456, asegurado Agustina Isabel Sabella, solicitando su rechazo.
Reseña que la aseguradora que representa acata la citación en garantía formulada, atento el vehículo Renault Clio, Dominio GSE-456, se halla amparado por la póliza de responsabilidad civil nº 51722790 contratada por la codemandada, SABELLA, AGUSTINA ISABEL, hasta el límite del seguro y en la medida del mismo. Recuerda que los límites a la cobertura contratada por el Asegurado son oponibles a terceros, entre ellos los actores, que esos límites son los límites mismos del seguro, fuera de dichos límites no hay seguro.
Conforme un imperativo procesal, deja negados todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, que no sean objeto de especial reconocimiento en el responde.
Indica que su mandante desconoce la ocurrencia del hecho, como asimismo las circunstancias denunciadas en autos -modo y lugar de ocurrencia-. Aclara que en el evento, la responsabilidad, es exclusiva del conductor del Suzuki Fun, Dominio IAU899, Sra. Ana María Domenech.
Explica que Domenech conducía el Suzuki Fun sin el perfecto dominio del mismo, e impactó con el frente del Renault Clio, provocando que su trompa quede destruida y abollada sin capot. Doglioli circulaba por ruta nacional nº 3 en dirección Tres Arroyos-Bahía Blanca, por su carril de marcha, con el dominio pleno del vehículo, cuando fue impactado por el Suzuki Fun conducido por Domenech, que lo hacía en sentido contrario. Los hechos descriptos por la parte demandante carecen de asidero y no se fundamentan en elementos objetivos para acreditar los mismos, ni para poder atribuirle la responsabilidad a Doglioli.
Enfatiza que fundamentan los mismos en un informe de parte realizado por el Sr. Piñero, que no es en realidad un informe pericial, pues Piñero no es el perito de la causa penal (El perito es Shedden) ni el de autos (que aún no se ha sorteado), sino un consultor técnico contratado por la parte actora o sus letrados. Esa parte niega la autenticidad de dicho informe, como su contenido, y sus conclusiones. Ese informe se ha practicado sin contralor ni intervención alguna de sus mandantes. Ni siquiera con intervención de ningún funcionario judicial. Es un mero informe de parte, elaborado a los fines de preconstituir prueba, a sabiendas de que en nuestro ordenamiento no se admite el consultor técnico o perito de parte, y por ende se agrega este documento, como intento de sortear dicha barrera procesal.
Advierte que quien informa fue contratado por la parte actora, de quien percibe su honorario, llega a conclusiones contrarias a las de la causa penal, sin elemento objetivo alguno que realmente lo justifique. El motivo es simple y obvio, está escribiendo lo que la actora le pidió que escriba.
Solicita que no se considere dicha pieza a la hora de sentenciar, y se indique al perito que actuará en estos autos que no debe tomarla en cuenta, pues no es una pieza procesal objetiva, no es prueba.
Niega y rechaza las fotografías adjuntas por la parte demandante en la causa penal. La causa penal referida y agregada en formato digital en autos, no cuenta con elementos objetivos para acreditar la responsabilidad en el hecho en Doglioli, ni siquiera se realizó la pericia accidentológica. Por ello, el informe del Sr. Piñero, sin perjuicio del desconocimiento de su parte, carece de objetividad para fundar los hechos conforme narran.
Subraya que Doglioli no realizó ninguna maniobra imprudente y/o negligente que provocará el accidente. En el evento, el accidente ocurre por la actuación imprudente del conductor del Suzuki Fun, Sra. Domenech, desplazando y excluyendo al demandado Doglioli, hoy sus herederos.
Aduce que no existen elementos que determinen la responsabilidad de Doglioli en el accidente, la que recae exclusivamente en la Sra. Domenech. La conducta imprudente de la infortunada Sra. Domenech fue la causa eficiente del accidente y sus resultados. En ese contexto, la demanda debe rechazarse contra los codemandados y la citada en garantía, por cuanto, la culpabilidad absoluta del accidente es de la conductora del Suzuki Fun, Sra. Domenech.
Se expide en relación a los daños alegados en demanda y el reclamo indemnizatorio pecuniario consecuente. Niega y rebate cada uno de ellos.
Ofrece prueba.
Responde al planteo de aplicación, actualización e inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y solicita su rechazo.
Solicita aplicación art. 730 del C.C.C.
Peticiona que oportunamente se rechace la demanda, con costas.
III. Con fecha 20-11-2.024 se presenta la Dra. Maria I. Fossati, en su carácter de letrada apoderada de JULIO EDISON DOGLIOLI y contesta demanda, solicitando su rechazo.
Niega en forma general y particular todo hecho y documentos referidos en demanda, que no sean objeto de puntual reconocimiento en el responde.
Narra que su mandante desconoce la ocurrencia del hecho, como asimismo las circunstancias denunciadas en autos -modo y lugar de ocurrencia-. Asegura que en el evento, la responsabilidad, es exclusiva del conductor del Suzuki Fun, Dominio IAU899, Sra. Ana María Domenech. Pasa a explicar. Domenech, conducía el Suzuki Fun sin el perfecto dominio del mismo, e impacto con el frente del Renault Clio, provocando que su trompa quede destruida y abollada sin capot. Doglioli, circulaba por ruta nacional nº 3 en dirección Tres Arroyos-Bahía Blanca, por su carril de marcha, con el dominio pleno del vehículo, cuando fue impactado por el Suzuki Fun conducido por Domenech, que lo hacía en sentido contrario.
Entiende que los hechos descriptos por la parte demandante carecen de asidero y no se fundamentan en elementos objetivos para acreditar los mismos, ni para poder atribuirle la responsabilidad a Doglioli.
Refiere que fundamentan los mismos en un informe de parte realizado por el Sr. Piñero, que no es en realidad un informe pericial, pues Piñero no es el perito de la causa penal (El perito es Shedden) ni el de autos (que aún no se ha sorteado), sino un consultor técnico contratado por la parte actora o sus letrados. Esa parte niega la autenticidad de dicho informe, como su contenido, y sus conclusiones. Ese informe se ha practicado sin contralor ni intervención alguna de sus mandantes. Ni siquiera con intervención de ningún funcionario judicial. Es un mero informe de parte, elaborado a los fines de preconstituir prueba, a sabiendas de que en nuestro ordenamiento no se admite el consultor técnico o perito de parte, y por ende se agrega este documento, como intento de sortear dicha barrera procesal.
Advierte que quien informa fue contratado por la parte actora, de quien percibe su honorario, llega a conclusiones contrarias a las de la causa penal, sin elemento objetivo alguno que realmente lo justifique. El motivo es simple y obvio, está escribiendo lo que la actora le pidió que escriba. Además, como fuera expuesto en el CPCC no se admite el perito de parte, por lo que el agregado de dicha pieza violaría la normativa procesal indirectamente.
Solicita que no se considere dicha pieza a la hora de sentenciar, y se indique al perito que actuará en estos autos que no debe tomarla en cuenta, pues no es una pieza procesal objetiva, no es prueba.
Señala que la conducta imprudente de la infortunada Sra. Domenech fueron las causas eficientes del accidente y sus resultados. En ese contexto, la demanda debe rechazarse contra los codemandados y la citada en garantía, por cuanto, la culpabilidad absoluta del accidente es de la conductora del Suzuki Fun, Sra. Domenech.
Se expide sobre los daños alegados en demanda. Refuta cada petición indemnizatoria.
Ofrece prueba, responde planteo de aplicación y actualización e inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, solicitando su rechazo.
Solicita aplicación art. 730 del CCC.
Peticiona que oportunamente se rechace la demanda, con costas.
IV. Con fecha 06-12-2.024 se presenta la Dra. Maria I. Fossati, en el carácter de letrada apoderada de AGUSTINA ISABEL SABELLA , a contestar la demanda que se ha formulado a su mandante Agustina Isabel Sabella, en autos, los Sres. MARIANA GORDOVIL, INES GORDOVIL Y GERARDO GORDOVIL, demandando por daños y perjuicios, con un reclamo de $46.590.000, con más sus intereses, costas y costos, contra AGUSTINA ISABEL SABELLA Y JULIO EDISON DOGLIOLI, en su carácter de herederos de JULIO ALFREDO DOGLIOLI y citado en garantía a La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros grales. (aseguradora del vehículo Renault Clio 2 F2, año 2007, dominio GSE456), solicitando su rechazo.
Niega en forma general y particular todo hecho y documentos referidos en demanda, que no sean objeto de puntual reconocimiento en el responde.
Narra que su mandante desconoce la ocurrencia del hecho, como asimismo las circunstancias denunciadas en autos -modo y lugar de ocurrencia-. Asegura que en el evento, la responsabilidad, es exclusiva del conductor del Suzuki Fun, Dominio IAU899, Sra. Ana María Domenech. Explica que Domenech, conducía el Suzuki Fun sin el perfecto dominio del mismo, e impacto con el frente del Renault Clio, provocando que su trompa quede destruida y abollada sin capot. Doglioli, circulaba por ruta nacional nº 3 en dirección Tres Arroyos-Bahía Blanca, por su carril de marcha, con el dominio pleno del vehículo, cuando fue impactado por el Suzuki Fun conducido por Domenech, que lo hacía en sentido contrario.
Entiende que los hechos descriptos por la parte demandante carecen de asidero y no se fundamentan en elementos objetivos para acreditar los mismos, ni para poder atribuirle la responsabilidad a Doglioli.
Refiere que fundamentan los mismos en un informe de parte realizado por el Sr. Piñero, que no es en realidad un informe pericial, pues Piñero no es el perito de la causa penal (El perito es Shedden) ni el de autos (que aún no se ha sorteado), sino un consultor técnico contratado por la parte actora o sus letrados. Su parte niega la autenticidad de dicho informe, como su contenido, y sus conclusiones. Ese informe se ha practicado sin contralor ni intervención alguna de sus mandantes. Ni siquiera con intervención de ningún funcionario judicial. Es un mero informe de parte, elaborado a los fines de preconstituir prueba, a sabiendas de que en nuestro ordenamiento no se admite el consultor técnico o perito de parte, y por ende se agrega este documento, como intento de sortear dicha barrera procesal.
Advierte que quien informa fue contratado por la parte actora, de quien percibe su honorario, llega a conclusiones contrarias a las de la causa penal, sin elemento objetivo alguno que realmente lo justifique. El motivo es simple y obvio, está escribiendo lo que la actora le pidió que escriba. Además, como fuera expuesto en el CPCC no se admite el perito de parte, por lo que el agregado de dicha pieza violaría la normativa procesal indirectamente.
Solicita que no se considere dicha pieza a la hora de sentenciar, y se indique al perito que actuará en estos autos que no debe tomarla en cuenta, pues no es una pieza procesal objetiva, no es prueba.
Señala que la conducta imprudente de la infortunada Sra. Domenech fueron las causas eficientes del accidente y sus resultados. En ese contexto, la demanda debe rechazarse contra los codemandados y la citada en garantía, por cuanto, la culpabilidad absoluta del accidente es de la conductora del Suzuki Fun, Sra. Domenech.
Se expide sobre los daños alegados en demanda. Refuta cada petición indemnizatoria.
Ofrece prueba, responde planteo de aplicación y actualización e inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, solicitando su rechazo.
Solicita aplicación art. 730 del CCC.
Peticiona que oportunamente se rechace la demanda, con costas.
V. Dictada la apertura a prueba respectiva (05-03-2.025), vencido el plazo probatorio y emitido llamamiento de autos para dictar sentencia (06-11-2.026), firme el mismo (19-11-2.026), la causa quedó en estado de formular el presente pronunciamiento; y,
1. Que las partes han planteado los hechos en que fundan su pretensión y defensa, produciendo los medios de prueba a fin de su acreditación. Resta en consecuencia, el dictado de la sentencia de mérito, analizando la trama fáctica alegada y la prueba reunida, a la luz del principio de la sana crítica (arts. 384 y concs., C.P.C.C.).
Las legitimaciones activa y pasiva no han sido controvertidas específicamente. En cuanto a la legitimación activa , los actores, hijos de los fallecidos Ana María Domenech y José Antonio Gordovil, se encuentran legitimados para reclamar el daño extrapatrimonial a título personal (arts. 1.741 y concs. del Código Civil y Comercial Nacional aplicable al caso -art. 7 del mismo-.), y los demás rubros en su carácter de herederos de aquéllos (arts. 2.277, 2.280 y concs., C.C.C.). Ana María Domenech era titular del rodado actor dominio IAU 899 (ver título de propiedad en presentación del 27-12-2.021). También era tomadora del seguro que amparaba dicha unidad actora (ver presentaciones emitidas por la firma Federación Patronal de Seguros S.A., el 07-02-2.025 y el 02-12-2.025).
En cuanto a la legitimación pasiva , resulta de lo dispuesto por los arts. 1.757, 1.758, 1.769 y concs., C.C.C. respecto del dueño y guardián del vehículo interviniente, extendiéndose a los herederos del conductor fallecido, Sra. Agustina Isabel Sabella y Sr. Julio Edison Doglioli, en los términos de los referidos arts. 2.280, 2.317 y concs., C.C.C., conforme surge del expediente sucesorio nº 37.591 en trámite ante este mismo Juzgado y que ahora tengo a la vista. De tal proceso sucesorio surge asimismo el título automotor del rodado dominio GSE 456, bajo titularidad de Sabella Agustina Isabel y cónyuge allí inscripto también Doglioli Julio Alfredo (ver en presentación del 16-05-2.022 en causa nº 37.591). También surge la Sra. Sabella como tomadora del seguro respectivo (ver en presentación de la citada en garantía, del 19-04-2.024). Por su parte, La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales resulta alcanzada en su carácter de aseguradora citada en garantía, en la medida del seguro (arts. 118 y concs., ley 17.418), extremo reconocido al contestar la citación y confirmado por la prueba informativa emitida por la Superintendencia de Seguros -present. del 19-11-2.025- (arts. 163 incs. 2º, 4º y 5º, 484 y concs., C.P.C.C.).
Sentado ello y conforme la prueba pericial mecánica producida en autos -medio pertinente e idóneo para acreditar la mecánica del accidente vehicular que nos convoca- (arts. 375, 384 y concs., C.P.C.C.), se obtiene que en cuanto a los factores ambientales y vehiculares que intervinieron en el evento, el Perito señala que "el siniestro se produjo sobre la ruta nacional n° 3, en inmediaciones de la progresiva, kilómetro 515 donde la ruta describe una curva de radio sumamente amplio (una curva "muy leve") hacia la izquierda conforme la progresiva ascendente (Tres Arroyos-Bahía Blanca). El pavimento se encontraba seco y en buen estado de conservación. Existe señalización horizontal consistente en doble línea continua de color amarillo en el eje central y sendas líneas continuas de color blanco sobre cada lateral. La señalización vertical estaba constituida por un cartel indicador de cruce de caminos y un indicador de velocidad máxima 80 Km/h. En el momento en que produjo el siniestro las condiciones ambientales se presentaban favorables, con buena visibilidad. En la colisión intervinieron un automóvil marca Suzuki modelo Fun dominio IAU899 y un automóvil marca Renault modelo Clío dominio GSE456".
Asimismo, en cuanto al tipo de hecho y mecánica del mismo, refiere que "el siniestro consistió en una colisión cuasi frontal excéntrica entre vehículos automotores que transitaban en sentidos opuestos al interceptarse parcialmente sus trayectorias"; en tanto que "Conforme a los antecedentes obrantes en los presentes actuados e IPP n° 1911/2021 formada a raíz del suceso dañoso, el siniestro se produjo el día 20 de agosto de 2021 a las 10:30 horas aproximadamente en circunstancias en que el automóvil marca Suzuki modelo Fun dominio IAU899 conducido por la señora Domenech transitaba por la ruta nacional n° 3 en el sentido que conduce desde Bahía blanca hacia Tres Arroyos, esto es, desde el sudoeste hacia el noreste. Simultáneamente, por la misma ruta y en sentido opuesto (noreste-sudoeste) circulaba el automóvil marca Renault modelo Clío dominio GSE456 conducido por el señor Doglioli. Al arribar ambos vehículos a la progresiva kilómetro 515 de la ruta se produjo la colisión entre ellos. Conforme a la localización de las deformaciones en cada vehículo observables en las fotografías obrantes en la IPP, entraron en contacto el sector frontal del Renault Clío con el lado izquierdo del frente y lateral izquierdo del Suzuki Fun".
Requerido determine velocidades, concluye que "con los indicios objetivos de carácter técnico obrantes en los presentes actuados e IPP formada a raíz del suceso dañoso no es posible establecer mediante cálculos físico matemáticos valores de velocidad de los móviles intervinientes". Así, para reiterar luego que "con los indicios objetivos de carácter técnico obrantes en los presentes actuados e IPP formada a raíz del suceso dañoso no es posible establecer mediante cálculos físico matemáticos valores de velocidad de los móviles intervinientes. No se relevaron rastros en la zona de tránsito previo al choque de los automóviles que permitan establecer las maniobras efectuadas por los conductores con anterioridad a producirse la colisión. En función de la localización del punto de impacto es posible determinar que el Renault Clío se desplazó en forma oblicua de derecha a izquierda (de atrás hacia delante)".
Añade que "las deformaciones en el Renault Clío se localizaron sobre todo su frente y en el Suzuki Fun en su sector frontal izquierdo y sector delantero del lateral del mismo lado, esto es, en forma oblicua con respecto al eje longitudinal del vehículo. En el croquis del anexo I se ha graficado la probable posición que ocupaban lo móviles al momento de impactarse en función de las deformaciones detalladas. De este detalle se deduce que el Renault Clío reúne las características de vehículo embistente y el Suzuki Fun las de vehículo embestido, en ambos casos, físico mecánico, esto es, independientemente de las maniobras ejecutadas y/o actitudes asumidas por los conductores de los automóviles intervinientes en la colisión".
Al requerirle especificación de zona de impacto, destaca que "en el escenario del siniestro se relevaron sobre el pavimento rastros de neumáticos de forma curvilínea que culminaron en el sitio donde quedó en reposo el automóvil Renault Clío, sitio localizado sobre la banquina del lado izquierdo de la ruta conforme su progresiva ascendente, esto es, sobre el carril opuesto al que transitaba el automóvil previo a producirse la colisión. Sobre este mismo carril se relevó la existencia de la mayor concentración de fluidos dispersos y autopartes pertenecientes a los vehículos involucrados. Estos elementos definen a este lugar como en el que se produjo el impacto entre los vehículos"; para referir que " la colisión se produjo debido a que uno de los vehículos invadió el carril opuesto al de su circulación normal " y que "no tratándose de una intersección de caminos, no aplica una prioridad de paso, resumiéndose a que cada conductor debe conservar a su vehículo transitando por el carril que le corresponde".
En cuanto a establecer posible lugar de punto de impacto entre los vehículos, refiere el Perito que " sobre el carril izquierdo de la ruta (conforme su progresiva ascendente), esto es, el carril de tránsito del Suzuki Fun, se relevó la existencia de rastros de neumáticos marcando la trayectoria post impacto del Renault Clío y de la mayor concentración de fluidos dispersos y autopartes pertenecientes a los vehículos involucrados. Estos elementos definen a este lugar como en el que se produjo el impacto entre los vehículos ". En cuanto a la marcación, define que "la señalización vertical estaba constituida por un cartel indicador de cruce de caminos y un indicador de velocidad máxima 80 Km/h.".
Hace constar el Perito que "en el momento en que produjo el siniestro las condiciones climáticas se presentaban favorables, con buena visibilidad". Y que "el siniestro se produjo sobre la ruta nacional n° 3, en inmediaciones de la progresiva, kilómetro 515 donde la ruta describe una curva de radio sumamente amplio (una curva "muy leve") hacia la izquierda conforme la progresiva ascendente. El ancho de la ruta es de 7,30 metros. El pavimento se encontraba seco y en buen estado de conservación. La única iluminación en el lugar del hecho es la natural".
Señala nuevamente el experto, al finalizar su cometido que, a diferencia de lo sugerido por la parte demandada en sus postulaciones defensivas, es " sobre el carril izquierdo de la ruta (conforme su progresiva ascendente), esto es, el carril de tránsito del Suzuki Fun, se relevó la existencia de la mayor concentración de fluidos dispersos y autopartes pertenecientes a los vehículos involucrados. Estos elementos definen a este lugar como en el que probablemente se produjo el impacto entre los vehículos " (ver presentación del 29-04-2.025; el destacado no es original).
Si bien la presentación técnica que antecede fue escuetamente observada por la contraparte (ver presentación del 19-05-2.025), no hallo mérito para apartarme de sus conclusiones, pues se encuentra correctamente fundada, es uniforme y concuerda con los demás elementos de convicción que la causa ofrece; y en tanto no puede ser contradicha por la mera disconformidad que se formula contra ella, sin agregar nueva y consistente opinión técnica que avale tal sola impugnación (arts. 384, 474 y concs., C.P.C.C.).
Con motivo del mismo suceso accidentológico, se promovieron los actuados penales PP-02-01-001911-21/00 que fueron ofrecidos y agregados como prueba en este proceso civil (ver presentación del 06-06-2.024 e informe del 26-10-2.026). Dicho proceso, si bien culminó con el archivo del mismo, dada la extinción de la acción penal en contra del imputado fallecido (arts. 290 y concs., Cód. Proc. Penal Pcial. 59 inc. 1º Cód. Penal; ver res. del 26-10-2.021 de tal proceso penal), obran allí no obstante piezas probatorias que coadyuvan a la misma valoración que emerge de la contundente pericia técnica accidentológica vial producida en este expediente civil. Entre otros, el acta de procedimiento (fs. 1/5 de tales obrados penales); acta de inspección ocular y croquis ilustrativo (fs. 8/9); fotografías (fs. 16/17 - 55/73 y 83 vta./90); testimonio Sr. González (fs. 18/19); y finalmente, informe técnico acompañado que, a diferencia de lo señalado en la contestación de demanda, sí permite corroborar presuncionalmente, lo referido con contundencia por el Perito designado en estos autos civiles, en prueba pertinente y atendible. Ello, al referir que "al momento de la máxima aproximación de los vehículos (cruce), el RENAULT CLIO, transita por el inicio de una curva existente en el trazado de la ruta, inclinándose hacia su izquierda, invadiendo el carril contrario por donde circulaba el SUZUKI FUN, produciéndose la colisión, en el centro del carril correspondiente al SUZUKI, surgiendo de fotografías aportadas y croquis efectuado por personal Policial, con máxima precisión el sector de impacto, dejando sobre el asfalto, gran cantidad de fluidos, marcas de roces metálicos y materiales blandos, restos de objetos desprendidos de los rodados, y a partir de ese punto, se inicia la trayectoria post-impacto." (fs. 79/90, I.P.P.).
2. Reseñado tal material probatorio principal de autos, cuadra referir que el presente caso ha de subsumir en la teoría del riesgo creado, la cual surge de la responsabilidad civil objetiva, por cuanto el hecho dañoso referido se produce por el riesgo o vicio de la "cosa riesgosa", es decir dos rodados en movimiento.
Como suele referirse en casos como el presente, por dicha razón la parte actora damnificada debe probar la existencia del daño, la relación causal entre el daño y la cosa, el riesgo o vicio de la cosa y el carácter de dueño o guardián de la cosa riesgosa.
Por su lado, es carga de la parte accionada (y de la firma aseguradora coadyuvante citada también) -para eximirse total o parcialmente de su responsabilidad presumida- acreditar la culpa de la propia víctima, el hecho de un tercero por el cual no debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor (Cám. Civ. Com., Sala I, causa "Carrera" Nº 93.422, sent. del 09-05-95; Cám. Civ. y Com. Sala II causa 145.469 "Sur Agropecuaria", sent. del 15-02-2.019, entre muchos).
Y en tal último entendimiento, acreditar la fractura del nexo causal, exigía de la parte accionada un despliegue probatorio adicional, que en el caso -vale adelantar- no luce acreditado (Cám. Civ. Com. y Sala cit., causa nº 153.788 "Oakley", sent. del 23-02-2.021).
Tal hermenéutica, surgida principalmente a partir de la doctrina del artículo 1.113 del anterior Código Civil, ha sido inveteradamente sostenida tanto por el Máximo Tribunal Provincial (S.C.B.A., A. 73.173 "Frías", sent. del 29-05-2.019, entre muchas), como por nuestro Tribunal de Alzada (causas nº 148.030 Sala I, "Pomi" sent. del 14-11-2.019; 149.516 Sala II "San Román" sent. del 11-02-2.019, entre muchas otras).
Principios hoy incorporados a las normas del actual Cód. Civ. Com. -aplicable al caso conforme la fecha del suceso histórico valorado (art. 7, Cód. Civ. Com.)-, en los artículos 1.716 (en cuanto la violación del deber de no dañar a otro, da lugar a la reparación del daño causado); 1.722 y 1.723 (los cuales legislan acerca del factor objetivo de atribución de responsabilidad); 1.725 (valoración de la conducta); 1.729, 1.730 y 1.731 (en cuyas mandas se plasma el hecho del damnificado o de un tercero y el caso fortuito o fuerza mayor, como eximentes de tal responsabilidad presumida y objetivada); 1.734 y 1.736 (en tanto disponen sobre la prueba de los factores de atribución, eximentes y relación de causalidad); 1.757 (acerca del daño causado por el riesgo de las cosas) y 1.769 dado que " los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de las cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos ".
La conducta del conductor del Renault Clío resulta pues antijurídica (arts. 1.717 y concs., C.C.C.), pues al invadir el carril opuesto, delimitado por doble línea amarilla continua. Incumplió así el deber de circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el pleno dominio del vehículo (arts. 39 inc. b, y concs., ley 24.449 aplicable, a la que adhiere la ley provincial 13.927); así como el deber de circular a una velocidad que le permitiera mantener dicho dominio atendiendo a las condiciones de la vía. Tal infracción guarda relación causal con el siniestro, de modo que se presume su responsabilidad (arts. 64 y concs., ley 24.449), presunción que la parte demandada no ha logrado desvirtuar (arts. 1.729, 1.734, 1.736 y concs., C.C.C.; arts. 375, 384 y concs., C.P.C.C.).
Así, se presume responsable del accidente quien carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con su causa, sin perjuicio de la responsabilidad de otros (art. 64, referenciado). En tal sentido, la pericia mecánica de autos recuerda que no se trata en el caso, de una intersección y que "no aplica una prioridad de paso", en tanto que la infracción comprobadamente cometida por el Sr. Doglioli hoy fallecido -haber invadido el carril opuesto- está causalmente vinculada con el choque dañoso. Presunción que admite prueba en contrario, naturalmente, pero que en nuestro caso no se ha configurado, al no haberse reforzado como era debido, la carga de la parte demandada de comprobar cualquier circunstancia que limite o incluso descarte la responsabilidad objetiva presumida en la demandada.
Asimismo, la doble línea amarilla continua del eje central, que describe el perito, prohíbe cruzarla o sobrepasarla (decreto 779/95, reglamentario de la citada Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, Anexo sobre el sistema de señalización vial -señalizaciones-).
En tales prescripciones sobre el modo reglamentario de transitar, subsume la inconducta de quien venía al mando del Renault Clío, cuya maniobra resultó causa eficiente del siniestro.
En tal contexto de prescripción legal, cualquier maniobra debe advertirse previamente y realizarse con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito, y el conductor del rodado Clío debió usar la calzada sobre su derecha, ya que el desvío a la izquierda hacia una trayectoria ocupada, sin factores que fundamentaran su maniobra hacia la izquierda invasora de carril, y con el componente humano como único desencadenante, es una pérdida del dominio efectivo del vehículo y una conducción que crea evidente riesgo para sí y terceros, en la circulación vehicular compartida en la ruta nacional nº 3.
En el citado plexo legal, que hace a la seguridad vial en el tránsito en ruta nacional, se ubican las violaciones probadamente cometidas por la parte demandada, como resulta de lo acreditado en estas actuaciones, a través de la instrumental y fotografías acompañadas, así como dictamen pericial mecánico, con ubicación de daños en ambas piezas vehiculares, restos hallados en cada espacio de la cinta vial nacional y mecánica circunstanciada del accidente (arts. 375, 384, 456, 474 y concs., C.P.C.C.).
Ello, reiteramos, sin que se halle acreditado, como vimos, a la luz de tal plexo aplicable y por parte de la demandada, evento alguno que permita contrarrestar el juicio de responsabilidad objetiva presumida que gobierna la imputación hacia el mismo, con el despliegue probatorio adicional que el caso requería.
Tan así que, incluso de resultar imposible definir la situación de hecho acaecida (supuesto que no se cumple en nuestro puntual caso), pesaría aún así, sobre el dueño de la cosa riesgosa presumida y demandada, la responsabilidad objetiva civil jurídica, atento que es a dicha parte a quien le corresponde demostrar el obrar de la víctima, interruptivo del nexo causal (Cám. Civ. Com. Bahía Blanca Sala I, causa nº 148.030 "Pomi", sent. del 14-11-2.019); y si bien la parte accionada hace hincapié en tal circunstancia en su defensa procesal de autos, no llega sin embargo a acreditar dicho vital extremo, en el modo o carga requerida por la hermenéutica legal aplicable al caso (arts. 375 y concs., C.P.C.C.).
Es así que por aplicación del principio de prudencia en el conducir, el demandado Doglioli (hoy, sus sucesores) debió circular de forma y velocidad tal que de ningún modo invadiera el carril contrario, en zona expresamente prohibida al efecto. Por ello, la ley aplicable erige como postulado que, cuanto mayor resulta el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente, teniendo en miras la valoración de la previsibilidad de las consecuencias del hecho dañoso (art. 1.725, Cód. Civ. y Com.) y sin que se halle acreditado, como vimos, hecho alguno imputable al demandante o cualquier tercero -carga procesal que pesaba sobre la demandada-, a fin de revertir su responsabilidad presumida (arts. 375, 384 y concs., C.P.C.C.).
En tal marco, la conducta pues desplegada por la parte accionada, en desatención a tales parámetros de ley, resultó causa eficaz del lamentable siniestro vial analizado. Reiteradamente nuestra Suprema Corte Provincial ha dicho (invocando anterior codificación civil de fondo, pero de igual aplicación al caso presente) que "para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, C.C.). El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 del Código Civil)" (S.C.B.A., Rc. 121.608 "M. P.", sent. del 08-08-2.018, entre muchas).
Como suele señalarse, el principio de precaución y de prevención del daño, de concreta aplicación a la circulación vehicular (Bahía Blanca, Cám. Civ. y Com. Sala I causa 152.060 "Heim", sent. del 19-11-2.019), imponía en el caso que Doglioli se cerciorara de que con su maniobra no colocara, a él ni a otro rodado conduciendo, en situación de peligro por inminente enfrentamiento vehicular (arts. 1.710 y concs., C.C.C.).
Ello así, puesto que -como vimos- nuestra legislación civil se enrola en la teoría de la causalidad adecuada, que es aquella según la cual el curso natural y ordinario de las cosas resulta idóneo para producir el resultado, esto es, que, ante tal hecho, deba normal o regularmente producirse tal consecuencia (arts. 1.725, 1.726, 1.727 y concs., Cód. Civ. Com.). La relación causal se establece así por la normalidad del efecto con relación al acto, es decir, por la previsibilidad de sus consecuencias.
Desde tal hermenéutica, es procedente atribuir responsabilidad a la parte demandada, ya que obrando con la impericia en que ejecutó su maniobra, era previsible la consecuencia de la "colisión cuasi frontal excéntrica" -como se denomina en pericia- con la unidad de los actores (arts. 163, 375, 384, 456, 474 y concs., C.P.C.C.).
Por los fundamentos expuestos, y las fuentes de derecho puntualizadas, la responsabilidad del accidente evaluado en autos se imputa exclusivamente a la parte accionada (con motivo del Renault Clío dominio GSE 456 conducido por el Sr. Doglioli Julio Alfredo hoy fallecido) Sres. Sabella Agustina Isabel y Doglioli Julio Edison ; ello, a favor de la parte actora Sres. Mariana Gordovil, Inés Gordovil y Gerardo Gordovil (Sres. Ana María Domenech y José Antonio Gordovil, fallecidos).
La citada condena ha de extenderse a la aseguradora también traída a juicio, La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales citada en garantía, merced al contrato de seguro vigente a la fecha del siniestro. Y ello será, -en principio- en la medida del seguro oportunamente contratado por dichas partes, difiriendo el tratamiento definitivo de la readecuación del límite de la cobertura, para la oportunidad procesal correspondiente (arts. 118 y concs., ley 17.418).
3. Establecida la declaración de responsabilidad, corresponde abordar el estudio de los reclamos indemnizatorios pretendidos en consecuencia por la parte accionante.
Como resulta sabido, todo aquel que por su responsabilidad presumida haya ocasionado un daño a un tercero, se encuentra obligado a su reparación. Ello así, puesto que el perjuicio es el fundamento primero de la responsabilidad civil. Sin daño no hay responsabilidad. Asimismo, tratándose de indemnización en dinero, tradicionalmente se ha sostenido, de manera uniforme por la doctrina y jurisprudencia, el principio de la reparación integral o plena de los daños , sobre la base de lo dispuesto por los artículos 1.716, 1.721, 1.723, 1.724 y concs. del C.C.C.
La finalidad del resarcimiento es procurar restablecer tan exactamente como sea posible, el equilibrio destruido por el hecho ilícito, para colocar a la víctima a expensas del responsable, en la misma o parecida situación patrimonial a la que se hubiese hallado si aquél no hubiese sucedido. Principio de reparación integral, que -como recuerda la Corte Federal- resulta la base de nuestro sistema de indemnización civil, y halla sustento en mandas constitucionales y supraconvencionales (C.S.J.N., Fallos: 335:2333; 314:729, entre muchos otros).
Es así que el consabido deber alterum non laedere ("no dañar a otro") es consagrado por la Constitución Nacional (art. 19) y Tratados Internacionales, ya que por la vía de lo dispuesto en el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, con fuerza y jerarquía superior a las leyes, el art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estatuye que " ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa ". Su violación importa como consecuencia un derecho a la reparación, que debe ser plena o integral, vale decir justa, porque no sería acabada indemnización si el daño quedara subsistente en todo o en parte (S.C.B.A., C. 97.144 "M.E.N.", sent. del 30/9/2.009).
En tal entendimiento, la responsabilidad podrá comprender tanto los daños a los bienes, como a la persona (arts. 1.737, 1.739, 1.746 y concs., C.C.C.), y se extiende no sólo al perjuicio efectivamente sufrido (daño emergente), sino además a las ganancias de las cuales la víctima se vio privada por el daño (lucro cesante) (arts. 1.740 y concs., C.C.C.).
Será carga del reclamante, acreditar tanto su legitimación específica respecto de cada perjuicio, así como la prueba del daño y su cuantía (arts. 1.744 y concs., C.C.C.; 375 y concs., C.P.C.C.).
Corresponde entonces, adentrarnos en el estudio y resolución de cada uno de los rubros indemnizatorios cuyo reclamo dinerario se peticiona.
3.1.) Valor vida Sres. Ana María Domenech y José Antonio Gordovil.
Señalan los actores que se reclama a través del presente el valor vida que representaba para los demandantes Inés y Mariana Gordovil y Gerardo Gordovil, la presencia de la Sra. Ana María Domenech y del Sr. José Antonio Gordovil en sus actividades económicas, sobre todo en la empresa familiar, la cual está constituida por la sociedad "Silver Moon S.A.", representada a través de comercio que se especializa en la venta de regalería, relojes, obsequios personales, etc.
Especifican que, por un lado, la Sra. Ana María Domenech tenía una participación directa en la sociedad que integraba junto al Sr. Gerardo Gordovil, constituyendo la misma una empresa familiar. Refieren que más allá de la constitución y participación referida en la sociedad, se indica que la Sra. Ana María Domenech realizaba todo tipo de tareas administrativas en el comercio que forma parte de la sociedad, comprendiendo sobre todo el manejo de las tareas administrativas y bancarias.
Señalan el desajuste que se ha generado en forma automática en el desarrollo comercial cotidiano de sus poderdantes al momento de generarse la ausencia de la persona que realizaba todos los trámites administrativos, bancarios y manejo de claves y cuenta bancaria, entre tantas otras actividades. Indican que se reclama a través del presente, y por el fallecimiento de la Sra. Ana María Domenech, la suma correspondiente a una/una empleada/o de comercio (Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 130/75) por el plazo de cinco (5) años, período por el cual se considera que la Sra. Domenech podría haber prestado servicios a favor de la empresa familiar. Justiprecian el rubro a su respecto.
Añaden que en el caso del Sr. Gordovil, se manifiesta, conforme lo relatado por sus poderdantes, que el mismo realizaba habitualmente tareas de asesoramiento financiero a favor de la empresa familiar, atendiendo a su experiencia en condición actual de asesor financiero y a su vasta experiencia obtenida por haber sido empleado bancario. Destacan que el Sr. Gordovil poseía en la ciudad de Bahía Blanca una oficina de asesoramiento financiero propia, localizada en la calle Berutti Nro. 30 de dicha ciudad. Consideran que el Sr. José Antonio Gordovil podría haber brindado sus servicios por un plazo de cinco (5) años más, consideran finalmente el valor vida que se podría asignar a la pérdida del Sr. Gordovil.
La parte demandada, resiste el rubro en su constitución y valuación.
Con respecto al puntual rubro indemnizatorio aquí pretendido, es dable recordar que lo que se intenta reparar por vía sustitutiva en el caso, no es la muerte en sí misma, sino las consecuencias o ayuda económicas que tal desvanecimiento de los familiares fallecidos, pudiere haber ocasionado en las víctimas accionantes judiciales (Cám. Civ. Com. Bahía Blanca Sala II, causa 154.407 "Pizzo", sent. del 04-11-2.021), requiriéndose así una reparación de aquellos valores que con la vida de los progenitores fallecidos -en nuestro caso-, se hubieren podido alcanzar.
Así -explica la Corte Federal como doctrina general en la materia-, la supresión de una vida, aparte de la ruptura del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes (C.S.J.N., Fallos: 329:4.944).
Se trata pues de aproximarse a la medición de cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el fallecido producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue (C.S.J.N., Fallos: 329:4.944).
Ahora bien, la codificación civil de fondo aplicable refiere en su art. 1.745 del C.C.C., en cuanto a indemnización por fallecimiento, que " en caso de muerte, la indemnización debe consistir en:
a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal;
b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente ; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes;
c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido " (el destacado es propio).
Del solo cotejo de la pretensión actoral en demanda, se aprecia que el supuesto invocado por la parte actora no subsume en ninguno de los casos señalados por la ley, como habilitados o legitimados para serles otorgada la especial indemnización legal.
Es que la indemnización correspondiente a la reparación del daño material valor vida, debe efectuarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso, valoradas a la luz del ordenamiento jurídico respectivo, teniendo que ser evaluada prudencialmente por el órgano jurisdiccional. Ello, a efectos de cuantificarse el rubro, en función del valor económico de las aptitudes frustradas por el daño, valoradas en la fecha más próxima a la sentencia (Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala I causa 151.236 "Mucha", sent. del 09-10-2.019, entre muchas otras). Ya lo que se indemniza es la repercusión patrimonial que ha tenido la muerte de los progenitores en las personas autorizas o legitimadas por la ley .
Los actores de autos, al tiempo del accidente (20-08-2.021) resultaban (y resultan aún hoy), mayores y capaces (Gordovil Gerardo 55 años; Gordovil Mariana 51 años y Gordovil Inés 49 años a la fecha del suceso; ver DNI en presentación del 22-12-2.021). Los progenitores fallecidos, también al tiempo del accidente, tenían 77 años (Ana M. Domenech) y 82 años (J. A. Gordovil) (ver actas de defunción en presentación del 27-12-2.021).
Como consecuencia de ello, no resultan los actores, en principio y siempre según lo acreditado en la causa, personas menores de edad ni personas bajo declaración restringida de capacidad jurídica, como así exige la normativa invocada para requerir el reconocimiento de su puntual derecho indemnizatorio y por ende con daño legal presumido a su favor (arts. 1.745 y concs., C.C.C.) Tampoco invocaron ni acreditaron necesidad alguna acerca de eventual derecho alimentario que pudieren solicitar legalmente, frente a sus padres fallecidos en el siniestro vial (arts. 658, 1.745 inc. b y concs., C.C.C.); ni encuadran los mismos en el inciso "c" del referido artículo 1.745, debiendo recordar al respecto que la dependencia económica de adultos no se presume, sino que debe acreditarse, lo que en modo alguno ha acontecido en autos (arts. 25, 31, 662, 663 y concs., C.C.C.; 375 y concs., C.P.C.C.).
Cabe agregar, además, que tampoco ha podido abonarse debidamente que los progenitores de los actores integraran, efectivamente, la firma Silver Moon S.A. Más allá de la documentación acompañada y valorada a la luz de la expresa negativa al respecto por parte de la demandada, se obtiene que finalmente la AFIP informó en autos que "atento lo manifestado, se hace saber que a la fecha del hecho (20/08/2021) la Sra. Ana María Domenech CUIT 27-04776550-7 y el Sr. José Antonio Gordovil CUIT 23-05479593-9 -partes del proceso-, no se encontraban incluidos en la nómina de declaración jurada de SILVER MOON S.A. CUIT 30-71150446-6" (ver presentación del 08-09-2.026) (ver asimismo informes agregados con fechas 16-01-2.023, 13-06-2.024, 14-02-2.025, 08-05-2.025 por parte del Municipio de Bahía Blanca).
Con fecha 16-01-2.023 el Municipio de Bahía Blanca informa que, en sus registros, no obra acreditación de que exista un comercio en el cual estuviere inscripto José Antonio Gordovil. De su lado, ANSES informa liquidación de haberes para Domenech y para Gordovil, en informes del 15-05-2.024 y del 04-02-2.025; en tanto que con fecha 06-02-2.025 ANSES informa percepción de beneficio previsional jubilatorio desde el 06-2.006 para Gordovil y desde el 09-2.006 para Domenech, lo que refuerza la falta de certeza de cinco años de servicios futuros. AFIP informa con fechas 05-09-2.024 y 11-03-2.025 que Gordovil se halla inscripto ante tal Dependencia, como monotributista en categoría locación de servicio.
Por su lado, el informe emitido en autos con fecha 26-06-2.025, por el cual la Dirección Provincial de Personas Jurídicas da cuenta de que "la sociedad "SILVER MOON S.A." se encuentra inscripta bajo la matrícula (VIG) Nº 99828 de fecha 25 de agosto de 2010, legajo Nº 176745, registrando domicilio en "SAN MARTIN Nº 70, BAHIA BLANCA, BAHIA BLANCA"-La documentación adjuntada se correspondería con la oportunamente desglosada" (ver también informes emitido por ese mismo Ministerio de Justicia del 27-07-2.023; 14-05-2.025 señalando este último que Silver Moon S.A. no está inscripta y no tiene antecedentes).
Sin embargo, aún así, y suponiendo que efectivamente pudiera concluirse que los Sres. Gordovil (padre de los actores) con su rol de asesor financiero de la sociedad anónima y Domenech (madre de los actores, directora suplente de la entidad) desgraciadamente fallecidos, integraran dicha persona jurídica formal e invocada, el eventual daño consecuente alegado sería en primer término, de la misma sociedad, que tiene personalidad jurídica distinta de sus socios (arts. 141, 143, 148 inc. "a" y concs., C.C.C.; 2 y concs., ley 19.550).
En tal virtud, los hijos no pueden en principio, reclamar a título personal el perjuicio de la firma (en especial Gordovil Mariana e Inés), por lo que el menoscabo recaería, en primer lugar, sobre el patrimonio social, sin que los accionantes estén legitimados en principio, para reclamar a título personal un daño de un tercero. Y en el caso de Gerardo, aun siendo socio, sólo podría reclamar su propia pérdida acreditada, lo que tampoco luce probado. En todo caso, sólo sería resarcible entonces, la disminución cierta y probada de sus propias ganancias, ya que el daño resarcible es la lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento, y el perjuicio debe ser cierto y consecuencia del hecho. Los actores deben demostrar un menoscabo en su patrimonio (arts. 1.737, 1.739, 1.744 y concs., C.C.C.), extremo que no se acreditó mediante -por ejemplo- balances, retiros, pericia contable ni otro medio idóneo respectivo. Tampoco se ha deslindado, en tal virtud, entre los tres co-actores, el menoscabo puntual e individual, frente a la empresa que se habría visto perjudicada por la pérdida de ambos progenitores.
Asimismo, amén no haberse acreditado los ingresos en las actividades que denuncian los actores en demanda, los mismos se corresponden en todo caso, con actividades que bien han podido seguir ejerciendo los actores, como el comercio, dado que no obra prueba alguna en autos, que los mismos obedezcan al carácter personal de ambos padres fallecidos ni que existiera -como vimos- dependencia o subsistencia económica de los actores adultos de sus -a su vez-, adultos mayores padres fallecidos (arts. 375 y concs., C.P.C.C.).
Incluso el reclamo basado en el costo de un empleado de comercio, como se subraya en demanda, resultaría en todo caso un costo de reemplazo para la empresa, lo que refuerza el presunto daño en cabeza de la sociedad y no de los aquí actores herederos, en invocación de un supuesto puntual indemnizatorio de la codificación civil, para los allí consecuentes legitimados (art. 1.745, C.C.C. cit.). Y si bien, un damnificado indirecto podría intentar probar un daño propio (arts. 1.738, 1.739 y concs., C.C.C.), admitiendo entonces que la enumeración podría no resultar taxativa, aún así el daño debe probarse por parte del interesado que lo invoca, lo que en nuestro supuesto no se ha dado (como por ej., supuestos excepcionales donde el hijo mayor y capaz actora, probara efectivamente que sus padres adultos mayores fallecidos, aún subvenían a las necesidades de aquél, mediante prueba testimonial, documental, pericial contable, informativa de transferencias bancarias a su favor, etc.). Ante la absoluta orfandad probatoria al respecto, el rechazo del rubro indemnizatorio, se impone (arts. 375 y concs., C.P.C.C.; 1.744 y concs., C.C.C.).
A mérito de lo expuesto, el presente ítem indemnizatorio no puede ser recogido. A mayor abundamiento tampoco podría ahondarse en una indebida duplicación de reparaciones. El sufrimiento por la pérdida de los padres se evaluará y eventualmente compensará con el también requerido en demanda, daño extrapatrimonial (arts. 1.741 y concs., C.C.C.). A su respecto, el valor vida peticionado -y finalmente no otorgado, por no haberse acreditado la concurrencia de sus presupuestos dañosos, cuando ello era carga de los accionantes-, no podría erigirse tampoco, en un modo encubierto de vedada duplicación indemnizatoria por símil concepto. Es que, de admitirse, implicaría ello reproducir lo que se repara con el daño extrapatrimonial (1.744, 1.745 y concs., C.C.C.; 375, 384 y concs., C.P.C.C.).
3.2.) Daño psicológico.
Refieren los actores que a través de la presente acción se reclama específicamente el daño psicológico que ha generado y continúa generando el acto dañoso ocasionado por el Sr. Doglioli. La realidad de los hechos marca que solamente a través del tratamiento psicológico los demandantes de autos podrán comprender de la mejor manera posible las consecuencias disvaliosas que sufre actualmente como consecuencia del evento sufrido. En tal sentido, se estima que sus poderdantes deberían contar con un tratamiento mensual de 4 sesiones en promedio, con un costo que sugieren. Asimismo -añaden- debe considerarse que un tratamiento psicológico adecuado generalmente debe perdurar en el tiempo, comprendiéndose que en el caso de autos el mismo se podría extender por el lapso de 5 años, en cada uno de los tres actores.
La parte demandada niega el rubro, en su constitución y valuación, señalando en breve, que no se trata de un daño cierto ni, por ende, resarcible, correspondiendo su rechazo.
Se produjo prueba específica, respecto del presente hecho controvertido. En tal virtud, emitió dictamen la Licenciada en Psicología designada en autos (ver presentación de fecha 24-05-2.025), quien relata las técnicas psicológicas utilizadas y las observaciones realizadas en las tres entrevistas mantenidas con los tres actores de este proceso.
En primer término, se expide en relación a Gerardo Gordovil, refiriendo los antecedentes del caso y la evaluación profesional del sujeto, para concluir en lo que respecto a este rubro indemnizatorio solicitado que ".en cuanto a la necesidad de tratamiento psicológico el Sr. Gordovil sería pertinente a fin de abordar el proceso de duelo por la pérdida de sus padres, así como también por la soledad en la que se siente por su ausencia a la hora de hacerse cargo del cuidado de su hijo. Sería conveniente realizar terapia focalizada en frecuencia semanal. El costo actual incluye 25.000 aproximadamente la sesión. La duración de la misma es imposible de determinar pues depende en alto grado, de la necesidad del entrevistado de iniciar psicoterapia y de la capacidad de insight que posea".
Luego realiza similar descripción y análisis, en relación a Mariana Gordovil, para concluir que "según relata La Sra. Mariana Gordovil ha realizado terapia y ha construido herramientas que le permitan elaborar el duelo por la pérdida de sus padres, manifiesta que en la actualidad no lo hace, pero que evalúa retomar dado que aún quedan cuestiones por elaborar. Se evalúa conveniente el espacio terapéutico en la actualidad".
Finalmente, aborda el caso de Inés Gordovil. Luego de describir su situación psicológica y el cuadro de ansiedad que determina, señala que "en cuanto a la necesidad de tratamiento psicológico para la Sra. Inés es posible referir que sería de importancia para la Sra. retomar un proceso terapéutico, que le permita elaborar una perdida tan importante en la vida psíquica, de las Sra. figuras de sostén y cuidado, así como también abordar la ansiedad que surge como consecuencia de la forma en que se dio la perdida. Es necesario dado que la sintomatología que la Sra. presenta le obstaculiza un devenir cotidiano esperable, no pudiendo viajar y siendo muy angustiante que otros lo hagan".
Sin perjuicio de la observación realizada al respecto por la parte demandada (ver presentación del 06-06-2.025), y más allá de que los peritajes no resultan vinculantes para el Juzgado, no encuentro motivos serios, no obstante, que permitan apartarnos del dictamen técnico acompañado (arts. 375, 384, 474 y concs., C.P.C.C.).
En consecuencia, hemos de recoger entonces el plan insinuado por la Perito, a fin de que un tratamiento psicológico permita revertir los síntomas remanentes en los tres actores. Resulta razonable, a la luz de lo peritado, establecer un año calendario de sesiones, con una frecuencia semanal, para cada uno de ellos (arts. 163 incs. 5º y 6º, 165 y concs., C.P.C.C.).
El Colegio de Psicólogos provincial ha informado oportunamente en autos, el valor mínimo ético de unidades a fijar por sesión terapéutica (6 UP; ver informe agregado el 29-12-2.022). El Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires fijó $5.250 para el período del 1-10-2.026 al 31-12-2.026 (ver en https://colpsi14.org.ar/aranceles-de-matricula " style="color:#0000FF;text-decoration:underline ;"> https://colpsi14.org.ar/aranceles-de-matricula ).
Estableciendo la cantidad de 10 UP por sesión ($52.500), con una regularidad de una sesión por semana ($210.000 al mes), durante 11 meses, ello arroja la cifra final de $2.310.000 para cada uno de los tres actores , a valores lo más cercanos posibles a la fecha de dictado de la presente sentencia de mérito (arts. 1.737, 1.739, 1.740, y concs., C.C.C.; 165, 384, 456, 474 y concs., C.P.C.C.).
3.3.) Daño automotor.
Destacan los actores que el Sr. Julio Alfredo Doglioli, embistió de manera intempestiva a la Sra. Ana María Domenech y al Sr. José Antonio Gordovil, causando el fallecimiento de ambas personas, pero que además debe destacarse que se generó como daño material la destrucción total del vehículo Marca Suzuki, Modelo Fun, Dominio IAU-899, tipo sedán 3 puertas, Chasis Nro. 9BGRS08Y09G273185, Motor Nro. T90000882. En particular, se explica que el estado anterior del vehículo era óptimo, encontrándose en perfectas condiciones para su uso y circulación. Refieren que el valor de mercado del vehículo Suzuki Fun referido anteriormente, en las condiciones en las que se encontraba, asciende en la actualidad a la suma de Pesos Novecientos Mil ($. 900.000), el cual solicitan en cobertura de reparación, destacando finalmente que el valor reclamado deberá ser debidamente actualizado al momento de dictarse sentencia.
La parte demandada, niega la constitución del rubro y su valuación. En forma eventual, solicita se deduzca el valor potencial de venta de los restos del vehículo que esa parte justiprecia en un 40% del valor del vehículo.
El presente rubro no puede prosperar puesto que, en primer término y más allá de la declaración unilateral realizada en demanda sin apoyo probatorio, acerca del valor de la Suzuki IAU 899, no se ha acreditado en definitiva, por prueba pertinente respecto de tal hecho controvertido (en especial, prueba pericial mecánica, entre otras), ningún valor correspondiente a la unidad siniestrada, cuando ello era carga procesal de la parte accionante, como ya se dejó sentado (arts. 375 y concs., C.P.C.C.; 1.744 y concs., C.C.C.).
A mayor abundamiento, con fecha 02-12-2.025 Federación Patronal Seguros S.A. hace saber en autos que "el vehículo Suzuki Fun, dominio IAU 899, se encontraba amparado al 20/08/2021 por la Póliza Nº 27504896, tomador DOMENECH ANA MARIA. Se abonó indemnización por destrucción total, se acompaña detalla contable donde consta siniestro, fecha y montos" ($ 751.000, a la fecha señalada por la entidad oficiante), lo cual conllevaría, de concederse la parcela pretendida, un enriquecimiento sin causa ante una duplicidad indemnizatoria indebida (arts. 1.794, 1.795 y concs., C.C.C.). Tampoco se ha señalado ni menos aún probado, solicitud de indemnización restante, de considerar la parte actora exiguo el monto recuperado ante aquella sede particular (arts. 375 y concs., C.P.C.C.).
3.4.) Daño extrapatrimonial (daño moral).
Señalan los actores que como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Ana María Domenech y del Sr. José Antonio Gordovil, sus hijos, es decir, la Sra. Mariana Gordovil, Inés Gordovil y Gerardo Gordovil, resultan claros los padecimientos que han sufrido los mismos, y más aun considerando las condiciones de violencia bajo los cuales se desarrolló su muerte. Que asimismo existen también circunstancias especiales en la vinculación de la Sra. Ana María Domenech y del Sr. José Antonio Gordovil con sus hijos que tornan a este caso bastante particular.
Refieren que poco esfuerzo cuesta imaginar las consecuencias de la repentina pérdida de la vida de ambos padres para cualquier persona y más aún en las circunstancias en las cuales ocurrió el hecho lamentable. Que a partir del fallecimiento de los padres de mis poderdantes se ha generado una problemática inimaginable, incluso hasta dentro de grupo familiar de cada uno de ellos. Que todas esas circunstancias, han generado en las Sres. Mariana, Inés y Gerardo Gordovil un daño extrapatrimonial, denominado también daño moral.
Comprenden que la compensación debe ser importante y debe permitir a mis poderdantes afrontar sus actividades y responsabilidades diarias. Justiprecian el rubro y refieren que ello se desprende del valor pecuniario que resultaría necesario alcanzar a fin de que las Sras. Mariana, Inés y Gerardo Gordovil puedan adquirir un departamento de un ambiente de características y calidades medios, localizado en una zona de la ciudad de Bahía Blanca que cuente con todos los servicios públicos (electricidad, gas, cloacas, asfalto, luminaria), a un valor actualizado al tiempo de sentenciar.
La parte demandada niega el rubro y la valuación realizada por los actores.
Como se suele referir al respecto, el daño moral es aquel que afecta los derechos y atributos de la personalidad y genera una profunda influencia en la misma, provocando alteraciones o modificaciones negativas. Por ello podemos afirmar que el daño moral trasciende el mero trastorno anímico y genera un verdadero perjuicio, provocando cambios en la personalidad y en la vida de la persona. Lesiona los bienes más notables de la persona humana, al alterar el equilibrio del espíritu (v. por todos, C. Civil y Com. de B. Bca. Sala I, Expediente Nro. 144.177, "Campaña Contardi", sent. del 20/08/2.015).
Interpreto que, en el caso, la muerte por accidente vial de los progenitores de los actores, lógicamente pudo haber generado evidentes padecimientos en ellos, con una negativa influencia en sus vidas. La prueba recolectada coadyuva a valorar el sufrimiento que el episodio de autos bien pudo haber dejado los accionantes. Las máximas de experiencia también lo indican.
Ahora bien, sabido es que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral se adecúa a las circunstancias de hecho que el juzgador pondera (S.C.B.A., causa L. 118.975 "Alvarez", sent. del 07/03/2.018), dependiendo de la suficiente alegación y demostración que del menoscabo efectúe el reclamante (causa B. 59.612 "Arruvito", sent. del 14/02/2.018), y que la determinación de la suma en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas, ya que su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y sin que obste a ello la determinación realizada en demanda (causa C. 120.616, "Cárdenas", sent. del 07/02/2.018).
Nuestra Cámara Departamental ha expresado -respecto de la indemnización por daño moral- que su justiprecio exige valoración en concreto , con los datos acreditados en la causa, explicitando los placeres compensatorios que una suma de dinero consecuente podría implicar (causa "Midolo", Sala II, sent. del 14-03-2.018), computando a tal fin la entidad del agravio y el impacto que el mismo ha debido tener en el modo de ser y estar en el mundo de los actores. Por lo tanto, su avaluación debe hacerse -y con todas las dificultades que ello acarrea-, atendiendo al costo de reversión, procurando a los demandantes el acceso a goces sustituibles, proporcionales al triste y desagradable episodio vivido.
Se trata de pues de hallar un parámetro del costo de reversión, a fin de que la suma asignada permita procurarle a la parte actora el acceso a bienes o servicios que puedan brindarle goces compensatorios, proporcionales al grado de afectación (Cám. Civ. y Com. Sala I, causa 151.236 "Mucha" ya cit., sent. del 09-10-2.019, entre muchas).
Es que el propio art. 1.741 del Cód. Civ. y Com. aplicable prescribe que el presente monto de indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
De acuerdo a la situación de los accionantes, sus edades al tiempo del siniestro, así como demás características que surgen del modo de vida de los actores y la vinculación (familiar y laboral) habida entre los padres fallecidos y ellos, entiendo que sería apropiado para la reparación del daño moral infligido a los aquí actores, una suma de dinero como costo de reversión, que alcance a fin de procurar a los mismos el acceso a bienes o servicios que puedan brindarle goces compensatorios proporcionados al grado de afectación vivido, con motivo del episodio dañoso de autos.
En base a ello, estimo juicioso fijar como daño moral a favor de cada uno de los accionantes , la suma estimativa de pesos quince millones ($15.000.000) , con el objetivo de adquirir equipamiento tecnológico hogareño para ellos y/o su medio familiar conviviente; o refaccionar su hogar; o realizar un viaje para cada uno de ellos y un acompañante (viaje estimado: https://www.despegar.com.ar/trip/accommodations/results/PV52cae317e7d84742811bbde1a8afa26c29908263?searchParams=RkgvQUlSXzE5MjYzNi9DSVRfMTA3Ny8yMDI2LTEyLTA3LzIwMjYtMTItMTQvQ0lUXzEwNzcvMjAyNi0xMi0wNy8yMDI2LTEyLTE0LzJ8SDE6SCxGMDpGLFhTOlhT&flow=FH&tripItem=H1&stepNum=0&from=PSB&from=PSB&deviceType=DESKTOP&searchId=0207947d-fc1b-4ed7-9a37-dc90f7c27674&nw=true&bookingCurrency=MEP¤cy=ARS&tp=eyJJbnMiOjE3OTQ0OTU3NzIwMjgsIklyIjoxMDU0OX0= " style="color:#0000FF;text-decoration:underline ;"> https://www.despegar.com.ar/trip/accommodations/results/PV52cae317e7d84742811bbde1a8afa26c29908263?searchParams=RkgvQUlSXzE5MjYzNi9DSVRfMTA3Ny8yMDI2LTEyLTA3LzIwMjYtMTItMTQvQ0lUXzEwNzcvMjAyNi0xMi0wNy8yMDI2LTEyLTE0LzJ8SDE6SCxGMDpGLFhTOlhT&flow=FH&tripItem=H1&stepNum=0&from=PSB&from=PSB&deviceType=DESKTOP&searchId=0207947d-fc1b-4ed7-9a37-dc90f7c27674&nw=true&bookingCurrency=MEP¤cy=ARS&tp=eyJJbnMiOjE3OTQ0OTU3NzIwMjgsIklyIjoxMDU0OX0%3D ).
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Placeres compensatorios, sólo como meros ejemplos escogidos , asociados a los acreditados perfiles de los actores y en forma diferente y menor al sugerido en demanda, que se reputa excesivo. Ello, en el marco -claro está- de la consabida dificultad propia de establecer este tipo de reparación por daño moral, y los que se reputan en principio, más adecuados al daño probadamente acaecido en autos y a las circunstancias personales del mismo.
Valor escogido finalmente, que se aprecia a la fecha del dictado de esta sentencia de mérito (arts. 1.741 y concs., Cód. Civ.).
4. A mérito de los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar a la demanda indemnizatoria deducida por Mariana Gordovil, Inés Gordovil y Gerardo Gordovil , contra Sabella Agustina Isabel y Doglioli Julio Edison, en obligación extendida a la aseguradora también traída a juicio La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales. En consecuencia, corresponde condenar a los referidos accionados, en el plazo de diez (10) días de quedar firme el presente resolutorio, a abonar entonces a cada uno de los tres actores indicados , la suma de pesos diecisiete millones trescientos diez mil ($ 17.310.000).
Habiéndose fijado la indemnización a los valores más cercanos al dictado de esta sentencia, y conforme criterio sostenido por nuestra Suprema Corte Provincial, en doctrina legal (causa C. 120.536 "Vera", sent. del 04-07-2.018; C. 123.306 "Panettieri", sent. del 10-11-2.020), y por el Tribunal de Alzada Departamental, a las sumas por las que prospera la acción, se le aplicará un interés puro del seis por ciento (6%) anual sobre el capital, desde la fecha del hecho ( 20-08-2.021 ) y hasta la fecha de dictado de la presente. En tanto que, a partir de allí y hasta el efectivo pago, la tasa de interés aplicable será la tasa pasiva más alta en pesos fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada periodo y por aquellos días que no alcance a cubrir el lapso señalado el cálculo debe ser diario con igual tasa, hasta el efectivo pago (arts. 7, 768 y concs., Cód. Civ. Com.).
Lo expuesto, sin perjuicio de lo que oportunamente pudiere disponerse en relación a eventual actualización de tal crédito y extensión de suma asegurada, en la liquidación a presentarse por parte interesada, conforme las bases explicitadas en este resolutorio y teniendo en cuenta asimismo las presentaciones ya glosadas al respecto (S.C.B.A. causa "Barrios, C. 124.096, sent. del 15-04-2.024).
Es que debe ello integrarse e interpretarse de conformidad con la doctrina legal que impera en la materia, por la cual la "medida del seguro" (límite de cobertura) no debe entenderse nominalmente, sino en sentido de obligación de valor, ya que la cobertura habrá de establecerse al momento de la valuación judicial final del daño, a la luz de los límites actualizados de la póliza. Es así que el Máximo Tribunal Provincial ha resuelto que "la revisión equitativa del contrato implica incluir en ´la medida del seguro´ el valor de la garantía vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva. Tiene por finalidad readecuar los guarismos de manera tal que la suma asegurada mantenga la capacidad de cobertura que el asegurado había contratado originalmente, sin soslayar ni menos aún desconocer el singular marco del contrato de seguro y sus cláusulas. [siendo] una razonable aplicación de las cláusulas del contrato de seguro ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En suma, la revisión equitativa del contrato de seguro, lejos de importar una desventaja patrimonial para la empresa aseguradora, importa en rigor recomponer la ecuación económica del contrato de seguro y restablecer el sinalagma contractual que se ha visto afectado significativamente por el transcurso del tiempo y las fluctuaciones económicas por las que ha atravesado el país" (S.C.B.A. causa C. 124.368, "Montaño y Zarate", sent. del 02-09-2.025, ver allí los fundamentos completos de tal decisión que integra el ordenamiento jurídico aplicable al caso; arts. 1 y concs., Cód. Civ. Com.; 161 y concs., Const. Pcial.; 278 y concs., C.P.C.C.).
Como lo tiene dicho el Tribunal de Alzada, así las cosas, se propone que la aseguradora responda hasta el límite de cobertura dispuesto por la Superintendencia de Seguros de la Nación, vigente al momento del efectivo pago (Sala 2, expte. nº 167.664 "Vigna", sent. del 19-10-2.026).
Costas : en cuanto a las mismas, deben imponerse a ambos demandados condenados, en el carácter de vencidos o procesalmente perdidosos, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía, en los términos y con el alcance de la cobertura contratada, también en su condición de vencida y sin perjuicio de lo que pudiere disponerse finalmente, en cuanto a la extensión de la suma asegurada (art. 68 y concs., C.P.C.C.; 118 y concs., ley 17.418).
POR ELLO , normativa, doctrina legal y jurisprudencia aplicable, es que:
1. Hacer lugar a la demanda indemnizatoria deducida por Mariana Gordovil, Inés Gordovil y Gerardo Gordovil , contra Sabella Agustina Isabel y Doglioli Julio Edison, en obligación extendida a la aseguradora también traída a juicio La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales. En consecuencia, corresponde condenar a los referidos accionados, en el plazo de diez (10) días de quedar firme el presente resolutorio, a abonar entonces a cada uno de los tres actores indicados , la suma de pesos diecisiete millones trescientos diez mil ($ 17.310.000), con más los intereses referenciados.
2. Imponer las costas a los demandados y a la citada en garantía perdidosos, conforme los fundamentos referidos.
3. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, para cuando exista base arancelaria firme (arts. 51 y concs. decreto-ley 8.904 y ley 14.967).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.
Firmas
Funcionario firmante: ELIZALDE Fernando Marcelo - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 148-2026
Fin de la sentencia