Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 6985
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello se deben rechazar los agravios vertidos por la recurrente. Sin perjuicio de ello, hago notar por otro lado, que, como señala la sentencia en el anteúltimo párrafo antes del Resuelvo, se deja constancia que tampoco se ha producido prueba alguna que acredite la existencia de consecuencias invalidantes, hecho que, también, habría significado el rechazo de la demanda.
VII. Que en función de los argumentos expuestos respondo a la primera cuestión y afirmo que la sentencia es justa, que debe rechazarse la referencia a la nulidad de la sentencia. Pero también que de ser exacta la información recibida que se debe intimar el pago de la tasa de justicia omitida. Por otro lado, y en función del art. 46 inc. 5º de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial recordar, aunque no fue materia de recurso, que no corresponde diferir la regulación de honorarios hasta que la sentencia esté firme, fuera de los casos que puede admitirse. Así lo voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Luego del examen de la causa y los agravios comparto las razones expuestas en el voto que antecede y las demás observaciones que se realizan en el considerando VII. Adhiero pues al voto que antecede.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 6985 Sentencia: 2937 Actor: Jorgelina Elizabeth Goro/ Amanda Josefa Arbe/Graciela Dorado Demandada: Empresa Cooperativa de Transporte Sportman Ltda./Juan Carlos Sela.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 25/03/2022 Texto:
En la Ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veintidós se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “GORO, Jorgelina Elizabeth y otros c/ EMPRESA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SPORTMAN LTDA. y otros s/ daños y perjuicios” Expte. Nº 21.762 del año 2014 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Puerto Deseado y que ingresaran en esta instancia bajo el número 6985. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que con la documentación de fs. 1/32 y escrito de fs. 33/50 el Dr. Miguel Nicolás Cano se presenta invocando la representación de Jorgelina Elizabeth GORO, de Amanda Josefa ARBE y de Graciela DORADO (pero sólo acredita la representación de las dos primeras, de esta última fue patrocinante cuando se presentó como querellante en la causa penal fs. 202). En representación de las nombradas promueve demanda por daños y perjuicios contra la Empresa Cooperativa de Transporte Sportman Ltda. y contra el Sr. Juan Carlos SELA en su carácter de chofer por cobro de la suma de $ 4.181.000, con lo que en más o en menos resulte de las pruebas a aportarse, con más intereses y costas. En primer lugar, critica el sumario de instrucción falencias de las que hace mérito para referirse a la culpa objetiva no aplicable al chofer.
Hace referencia al vuelco sufrido por el ómnibus de la codemandada cuando circulaba desde Caleta Olivia a Puerto Deseado 38,6 Km de esta última localidad, sobre la ruta nacional 281 el 17 de febrero de 2.010. Expresa que en ese vehículo viajaban las actoras. Relata el accidente, al deslizarse el colectivo hacia la banquina, y su posterior vuelco cuando el chofer intenta volverlo a la ruta. Lo atribuye a circular a una velocidad superior a la que el estado del tiempo (viento e intensa lluvia) y la calzada lo permitían. Especula sobre lo que pudo hacer el chofer frente a lo resbaladiza de la calzada y trabajos que se realizaban en ella. Le imputa falta de sentido común y estima probada en la causa penal que se ofrece como prueba.
Manifiesta que sus poderdantes se encontraban frente a un escenario desconcertante con muchos heridos y el cadáver de un pasajero. Dice que estaban muy golpeadas y heridas y fueron trasladadas por algunos vehículos al Hospital distrital, donde posteriormente se hace presente la Policía. Refiere que el accidente se encuentra suficientemente probado con la causa penal. Atribuye la culpa al codemandado Sr. Juan Carlos SELA como chofer del vehículo en la emergencia, por no haber obrado con prudencia con un colectivo colmado de pasajeros en esas condiciones climáticas. Invoca el art. 1109 del Código Civil con cita de jurisprudencia. Asigna responsabilidad a la Cooperativa demandada en función del art. 1113 del mismo cuerpo legal por la culpa de su dependiente y niega culpa de las víctimas.
Invoca también el art. 184 del Código de Comercio por no llevar a las personas transportadas sanas y salvas. Detalla los perjuicios de cada una de las actoras que se tienen presentes por daño material, gastos médicos, lucro cesante, pérdida de chance y daño moral formulando alegaciones sobre la procedencia. Practica liquidación, funda en derecho y ofrece prueba. Al proveer la demanda (fs. 51) se intima al Dr. Cano a acreditar la representación invocada de la Sra. Graciela Dorado y se corre traslado de la demanda. Se lo intima a tramitar el beneficio de litigar sin gastos. Consultado el Juzgado por la Dra. Lima, a mi pedido, se le informó que fue iniciado, pero terminó por caducidad de la instancia.
No hay constancias que se hubiera reclamado el pago de la tasa de justicia omitida.
II. Que con la documental de fs. 56/73 y memorial de responde de fs. 74/83 se presenta el Dr. Gustavo Fernando Mazzola como apoderado de la Cooperativa de Servicios para Transportista de Pasajeros y Cargas Sportman Ltda. Plantea la caducidad e interpone las excepciones de falta de legitimación pasiva, prescripción y la falta de personería para representar a la Sra. Graciela Dorado. La falta de legitimación pasiva la funda en la diferencia de denominación de su representada con la demandada. La de prescripción en el transcurso del término de prescripción del art. 855 del Código de Comercio para la Empresa demandada y contra el chofer. En subsidio contesta demanda; desconoce la documental, cita en garantía a Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros indicando la póliza. Formula 64 negativas puntuales que se tienen presente. Sostiene que la relación con las actoras se basa en el contrato de transporte. Refiere la experiencia del chofer y las características del vehículo. Considera desacertado que, conforme señala la actora, debiera haber detenido el rodado en la banquina y que lo demás surgirá de la causa penal. Hace notar que las lesiones sufridas por las actoras conforme su ingreso al hospital dista diametralmente de las invocadas en la demanda. Sostiene que la parte actora realiza un mix sobre la naturaleza de las responsabilidades que reclaman y entiende que nunca existió la posibilidad de reclamar la dualidad de responsabilidades. Adelanta la ardua tarea que enfrentará el magistrado para encuadrar adecuadamente el cúmulo de responsabilidades (sin violar el principio de congruencia) que reclaman las actoras, que se excluyen entre sí, de modo que el reclamo queda huérfano de sustento. Sostiene que, de progresar la presente, se debe resolver sin violar las normas que rigen el objeto del proceso. Pide que oportunamente se rechace la acción en todas sus partes con costas. Ofrece prueba y funda en derecho su posición. La parte actora a fs. 85/86 contesta el traslado de las excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción. Nada dice de la falta de personería con relación a la invocada de la Sra. Dorado. La actora a fs. 117 desiste de la acción respecto del codemandado Juan Carlos SELA.
Por fallecimiento del Dr. Mazzola a fs. 126 toma participación como apoderada de la demandada la Dr. Graciela E. Ruata de Leone.
Luego de diversas contingencias procesales este tribunal revoca la interlocutoria de fs. 121/122 y se dispone la citación de la citada en garantía.
III. Que con la documental de fs. 145/154 y escrito de fs. 155/160 se presenta la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros representada por el Dr. Fabricio Carbone Miele y opone excepción de prescripción, otorga garantía y denuncia el límite de cobertura y franquicia. Formula negativas e impugna la autenticidad instrumental de la documental acompañada por la actora. Plantea que las actoras no acreditaron la calidad de pasajeras con el respectivo pasaje, sin acreditar que estuvieran en el colectivo el día del supuesto accidente. Plantea además la improcedencia y rechaza los daños reclamados e impugna la liquidación. Se opone, por improcedente, al planteo de actualización monetaria. En subsidio, para un supuesto de acogimiento parcial de la pretensión de las actoras solicita la imposición de costas en forma proporcional al progreso y rechazo de la acción con cita de jurisprudencia. Subsidiariamente solicita limitación de la responsabilidad por el pago de las costas. Ofrece prueba y sostiene la inoponibilidad de la causa penal. Reserva el caso federal e invoca el derecho que le asiste a su parte. Corrido traslado de la excepción de prescripción por providencia de fs. 169 el actor la contesta con el memorial de fs. 170/171 y sostiene, reiterando su anterior respuesta a la excepción de la transportadora, y pone énfasis en el comienzo del plazo, que entiende debe computarse a partir de la fecha en que se conoce el verdadero daño. Cita jurisprudencia.
El interlocutorio de fs. 173/174 rechaza la falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, declara abstracto el tratamiento de la excepción de falta de personería y no hace lugar a la de prescripción como de previo y especial pronunciamiento, difiriendo su consideración para el momento de dictar sentencia.
A fs. 178 se adecúa el trámite como juicio ordinario por la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia, y se fija la audiencia preliminar. No obstante adaptarse al nuevo código del rito, se ponen posiciones a las actoras (fs. 255/257) que no aportan nada a la causa. A fs. 189 toma intervención por la demandada la Dra. Mirtha M. Marsicano, quien es la única que concurre a la audiencia preliminar de la que ilustra el acta de fs. 193 donde se fijan los hechos controvertidos y se provee la prueba ofrecida por las partes y se fija la audiencia respectiva. Por telegrama de fs. 239 Jorgelina Elizabeth GORO revoca el poder otorgado al Dr. Cano. Toma intervención en el expediente con el patrocinio del Dr. Maximiliano Fiol.
A fs. 259 se clausura el periodo probatorio y se ponen los autos para alegar, sin que las partes hagan uso de ese derecho. A fs. 272 se llama autos a sentencia, y consentido se ponen los autos a despacho.
La sentencia obra a fs. 273/276 que acoge la excepción de prescripción opuesta por la accionada Cooperativa de Servicios para Transportistas de Pasajeros y Cargas Sportman Limitada y la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte Público de Pasajeros y rechaza la demanda incoada por Jorgelina Elisabeth GORO y Amanda Josefa ARBE, con costas a las actoras vencidas. Difiere la regulación de honorarios hasta tanto la sentencia se encuentre firme.
IV. Que disconforme con lo resuelto el apoderado de las actoras interpone a fs. 281 recurso de apelación que le es concedido, por providencia simple de fs. 282, libremente y con efecto suspensivo. A fs. 289 la apoderada de la demandada acusa caducidad de segunda instancia. La parte actora contesta el traslado y la caducidad es rechazada por este tribunal el 21 de mayo de 2021.
El Dr. Cano por la representación residual expresa agravios en el SiPed con el memorial PE199868-2021 de los que se corre traslado a las contrarias. El apoderado de la Citada en garantía es el único que contesta los agravios con el escrito PE 218990-2021. Los autos se elevan con la certificación digital de estilo. Recibidos, estando consentida la integración, se pasan los autos a sentencia estableciendo el orden para el estudio. Al sostener el recurso por la coactora Amanda Josefa ARBE señala los perjuicios que le causa la sentencia y le agravia que se haya acogido la excepción de prescripción. Coincide con el magistrado en que no es de aplicación el plazo anual del art. 855 del Código de Comercio, ni el bianual del Código Civil sino el plazo de tres años de la ley de defensa del consumidor; en que este proceso fue iniciado 4 años y tres meses y cuatro días después del suceso, y que se debía analizar la existencia de hechos que hayan podido interrumpir o suspender el curso de la prescripción. Entiende que se yerra al realizar este último análisis. Critica que, al hacer lugar a la excepción, el magistrado manifiesta que no se advierte que la Sra. ARBE hubiera asumido el rol de querellante, y hace hincapié que intervino en tal carácter en la causa penal la coactora Sra. Jorgelina Elizabeth GORO (representada por él en estos autos hasta que le revocara el poder) y entiende que existieron actos suspensivos de la prescripción conforme el art. 3982 del Código Civil. Sin criticar la actuación del Dr. Amaya en la causa penal, sostiene que existió una actitud cierta de la víctima, una voluntad de defender sus derechos activamente. Señala que las actoras desistieron de la acción contra el Sr. SELA, luego de más de 4 años y medio de desestimada la acción penal. De allí sostiene que existieron actos interruptivos de la prescripción, que entiende es el 11 de diciembre de 2012 en que se dictó sentencia en la causa penal acollarada a la presente. Afirma que, aún entendiendo que la Sra. ARBE no tomó intervención en la causa penal, lo hizo como víctima representada por el Sr. Agente Fiscal.
Señala que, al contestar la excepción de prescripción, se sostuvo que el plazo debía comenzar a contarse desde el momento de la consolidación del daño, que no era conocido por las actoras al promover la demanda. Dice que la Sra. ARBE comenzó a tener conocimiento del daño a principios del año 2011, dado que, de la atención primaria en el Hospital Distrital de Puerto Deseado, solo surgen golpes y contusiones, al no verificarse ningún otro tipo de estudio. Expresa que en el caso que nos ocupa, no existía ese día, al iniciarse la acción, sino el conocimiento de la Sra. ARBE que efectivamente había sufrido lesiones de mayor complejidad a las por ella conocidas como consecuencia del accidente. Hace referencia a la falta de centros de mayor complejidad en Puerto Deseado.
Informa que, para realizar una tomografía o una resonancia debió viajar a Comodoro Rivadavia, con intervención de la Caja de Servicios Sociales. Afirma que, al iniciar la demanda conocía la existencia del daño, pero no se había consolidado y decidió iniciar la demanda estando en tratamiento sin saber el grado de incapacidad. Sostiene que, en el caso, desde el hecho y luego pueden producirse otros daños que agraven los inicialmente producidos como consecuencia del hecho productor. Por ello no se puede hablar de daño cierto en su total dimensión y, en el caso, no se determinó el grado de incapacidad de sus mandantes, por no contar con dictamen de la junta médica, o pericial para poder hablar de consolidación del daño.
Dice que al demandar estaba transitando el tratamiento, como se indicó que había sido intervenida quirúrgicamente el 9 de abril de 2014 para control y ajuste de la prótesis y por ello, al 21 de mayo, no se podía tener conocimiento de las secuelas y daños sufridos. Entiende que se trata de una causa de suspensión de la prescripción al permitirle esperar el resultado de las acciones tendientes a determinar el verdadero daño, para no correr el riesgo de demandar apresuradamente. Reconoce que no existe una fecha precisa a partir de la cual computar el plazo de la prescripción y por ende que la prescripción se ha operado. Describe el instituto de la interrupción de la prescripción y el efecto de esta.
Entiende debemos, como tribunal, tenerlo presente, y a partir del cual comienza uno nuevo. Razona que, por otro lado, la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante la autoridad judicial que traduzca la intención de no abandonarlo, aunque sea defectuosa, por un incapaz o ante tribunal incompetente. Se refiere al nuevo Código Civil y Comercial y cita jurisprudencia de la Corte Suprema.
Entiende que el magistrado yerra al computar el plazo de la prescripción desde el accidente sin analizar “los distintos actos interruptivos de la prescripción” y, especialmente, el hecho de que aún sin conocer la entidad del daño la Sra. ARBE inició la presente acción. Critica que el juez realizó una interpretación contraria a la voluntad de la actora y no la interpretó teniendo en cuenta la ratio legis de la norma. Razona para criticar la sentencia que ella se aparta de la primacía de la realidad y entiende que la Sra. ARBE nunca desistió de su voluntad de reclamar las acreencias objeto de este juicio. Sostiene que falta la actividad del juez en desplegar la sana crítica y el valor justicia, sino queda viciado de nulidad. Dice que se desoye los argumentos de la demanda y no indica claramente desde que fecha habría computado el plazo de prescripción, y es escueto en el tema. Solicita se revoque la sentencia en cuanto fuera materia de agravios.
V. Que solo la citada en garantía contesta los agravios con la pluma de su apoderado el Dr. Fabricio Carbone Miele quien sostiene que el juez ha sido claro al analizar la excepción de prescripción al establecer que correspondía aplicar el plazo del art. 50 de la ley 24.240, y que, desde el accidente a la promoción de la acción transcurrieron 4 años, 3 meses y 4 días. Hace notar que se analizó si hubieron hechos que pudieran interrumpir o suspender el curso de la prescripción y respecto de la alegada participación de las actoras en la causa penal instruida por el accidente (Expte. 2989/2010) indica que no se advierte que la Sra. ARBE haya asumido el papel de querellante, por lo que carece de efecto suspensivo. Agrega que la presentación de la Sra. GORO como querellante, contra el Sr. Juan Carlos SELA, no tiene efectos de suspender el curso de la prescripción contra la empresa de transporte. Respeto del alegado comienzo del computo del plazo de la prescripción a partir desde la fecha que las actoras dicen haberse enterado de las lesiones. Hace notar que la Sra. GORO tuvo conocimiento de las lesiones en su columna en marzo de 2010 y que la Sra. ARBE no pudo probar en autos lesiones padecidas por el accidente por lo que se debe tomar en cuenta la fecha del accidente. Explica que el magistrado resalta que las accionantes no han producido prueba alguna que acredite la existencia de consecuencias invalidantes, lo que hubiera también significado el rechazo de la demanda. Defiende la sentencia por criteriosa y ajustada a derecho y explica que analizó en su pronunciamiento el planteo de prescripción a la luz de la normativa legal vigente, y por ello que la actora no ha sido desoída en sus argumentos, sino que fueron refutados uno por uno. Pide el rechazo de los agravios.
VI. Que debe ponerse un poco de orden para dar tratamiento al escrito de agravios de la única recurrente Amanda Josefa ARBE habida cuenta la revocación de poder otorgado al Dr. Cano por Jorgelina Elizabeth GORO de fs. 239 quien consintió la sentencia.
Debo aclarar que descarto la mención que se realiza el apoderado de la Sra. ARBE respecto de que “si no es así el fallo queda viciado de nulidad.” Es sólo una disconformidad con lo resuelto, que no alcanza a ser tratado como recurso de nulidad, toda vez que por éste se procura reparar errores in procedendo, es decir errores en las formas que deben observarse para obtener un acto procesal válido, siendo que sólo se invocan presuntos errores in iudicando, subsanables por la vía de la apelación. Antes de ingresar al tratamiento de los agravios debo señalar que a fs. 203 se declaró la caducidad de la prueba informativa de la actora dirigida al Centro de Estudios Penta de Comodoro Rivadavia, y no obstante se agregó a fs. 219/238, por la Oficial Marcela Chávez a cargo de la Jefatura de Despacho, en orden a lo dispuesto por el art. 362 del CPCC.
Por otro lado, en función de la atribución otorgada por el art. 46 inc. 5 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial señalo (aunque no ha sido materia de agravios) que corresponde, al dictar sentencia, resolver todas las cuestiones (art. 164 inc. 6 del CPCC y art. 70 de la ley 3330). Por ello no se puede diferir la regulación de honorarios, toda vez que al proceder así no se conjuga con los principios de celeridad y economía procesal. Hechas estas consideraciones previas, e ingresando a los fundamentos con lo que sostiene el recurso se puede apreciar que, respecto del comienzo del computo se critica que no se haya ponderado la intervención de la Sra. ARBE en la causa penal instruida a raíz del accidente del ómnibus de la demandada. Invoca que la coactora Sra. Jorgelina GORO intervino activamente en ese proceso donde, por su entonces representante el Dr. Amaya, asumió el rol de querellante y que la recurrente Sra. ARBE entendió que no era necesario por la intervención del Fiscal. Y afirma que un acto interruptivo fue el dictado de sentencia el 11 de diciembre de 2012 en la causa “Transporte Sportman s/ accidente (ruta 281 km. 40)” Expte. 2.989/10 acollarado a estos autos. Acá estamos ante obligaciones con distinta causa: los daños que cada una de las actoras sufrió en el mismo accidente. Se recurrió a litisconsorcio facultativo por ser las acciones de ambas conexas por el título y el objeto. Pero cada acción sigue su propia suerte al no ser solidarias.
Por ello la actuación que pudo tener en la causa penal una de las coactoras no beneficia o perjudica a la otra. Por ello la causal de interrupción (art. 3986 del Código Civil) que pudo esgrimir la actora GORO la beneficia sólo a ella y no se transmite a la coactora. El art. 3991 del Código de Vélez Sarsfield vigente en esa época disponía:
“La interrupción de la prescripción, causada por demanda judicial, no aprovecha sino al que la ha entablado, y a los que de él tengan su derecho.”
Ello es así por cuanto la interrupción tiene carácter personal. Si se considera que debe aplicarse el Código Civil y Comercial, éste mantiene el alcance personal de la interrupción de la prescripción en su art. 2549 cuando dispone, en consonancia con el art. 2540, que:
“La interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles.”
Y no estamos frente a obligaciones solidarias ni indivisibles. Ergo el eventual efecto que pudo haber tenido la actuación como querellante de la coactora Sra. Jorgelina Elizabeth GORO no se extiende a la acción de la Sra. Amanda Josefa ARBE, motivo por el que propongo rechazar este argumento ensayado por la recurrente por intermedio de su apoderado.
Consiente la parte de la debilidad de esta argumentación se sostiene en agravios que, aún entendiendo que la Sra. ARBE no tomó intervención como parte querellante, “lo hizo como víctima, representada por el Sr. Agente Fiscal y por ende debe computarse el plazo de la prescripción desde el dictado de la sentencia mencionada supra.”
Pero, si examinamos la causa penal acollarada, se observa que Amanda Josefa ARBE presta declaración testimonial en sede policial donde responde al ser preguntada si desea instar la acción penal “Por el momento no se” (fs. 102 vta.). En el Juzgado de Instrucción a fs. 195 vta. al responder a la octava pregunta responde “No, no es mi deseo instar la acción penal.” Por lo que mal puede sostenerse que el Agente Fiscal la representara en la causa penal. A mayor abundamiento, debe recordarse que el Ministerio Fiscal promueve y ejerce la acción penal en la forma establecida por la ley (art. 59 del CPP). Si bien la víctima tiene la seguridad y esperanza que el Agente Fiscal promoverá la instrucción de la causa, la investigación y en su momento formulará el requerimiento de elevación a juicio no es apoderado de la víctima, a quien le asegurará los derechos que emanan del art. 72, 73 y 74 del CPP al promover y ejercer la acción penal.
Por ello propongo, al Acuerdo, no atender tampoco este argumento.
El otro cauce por el que se pretende atacar la sentencia se apoya en criticarla en cuanto sostiene que la actora no ha acreditado, en la causa, que la toma de conocimiento de su supuesta incapacidad ha sido de una fecha posterior a la del accidente sufrido. Expresa que al iniciarse la acción no existía, ese día, sino el conocimiento de la Sra. ARBE que de que efectivamente había sufrido lesiones de mayor complejidad a las por ella conocidas como consecuencia del accidente de tránsito. A fs. 129 de la causa penal el Dr. César Covarrubias médico especialista en cirugía general certifica que la actora no presentaba lesiones. Al declarar, la actora, en sede policial como testigo señala haber sufrido solo golpes. (fs. 102 vta.). En sede judicial amplía lo indicado en policía y contesta, el 3 de septiembre 2010, a fs. 195 vta. el pliego del Agente Fiscal:
“La verdad me golpee muy fuerte en la espalda en realidad en la cintura, al día de hoy no me puedo agachar bien, de ese golpe fui al médico Carlos Schenone, yo ya sufría del nervio ciático. Hematomas varios en el muslo y en la rodilla. Y mi nieto…”
Para luego, como se aclaró más arriba, manifestó en sede judicial su deseo de no instar la acción penal. Al no instarse la acción penal no se ahondó sobre la calificación de la lesión y sobre la relación de causalidad entre el sinestro y el eventual agravamiento. En la demanda cita jurisprudencia que estableció el derecho de una persona que antes del suceso gozaba de su integridad física (fs. 43) pero al declarar admite que ya sufría del nervio ciático. Aún, si tenemos en cuenta y admitimos que al 13 de septiembre de 2010 no se puede agachar bien, en el mejor de los supuestos para ella, tomando esa admisión, el plazo de la prescripción se había consumido antes de iniciar la demanda. No se puede aceptar el argumento por el que se pretende que el comienzo del plazo es a partir de la consolidación de la lesión provocada por el accidente (lesión que no se precisa) y que ella tenga relación de causalidad con este hecho dañoso. La demandada ha negado por ejemplo (a fs. 77 vta./78/79): punto 24: “… que las lesiones denunciadas por los actores sean causa directa o indirecta del evento …” …35 …”que la Sra. Goro, Arbe y Dorado a la fecha padezcan algún tipo de incapacidad y que la misma sea fruto o tenga relación directa o indirecta con el evento que denuncian.”… “39… Que la Sra. Arbe haya sufrido fruto del evento … Pinzamiento en la columna lumbosacra … y que debió sufrir y/o padecer un largo tratamiento de recuperación y rehabilitación, como así que debió ser intervenida por ella quirúrgicamente en dos oportunidades y que todos los males que refiere como sufridos se deban al evento en la que se vio involucrada. 40… que el cuadro se agrava con … hipoacusia… y que la misma guarde relación alguna con el evento que se enfila en los presentes.” 45… Que las Sras. Goro, Arbe y Dorado sufran algún tipo de incapacidad permanente o transitoria, que encuentre su causa en evento que se vieron involucrada en ocasión del transporte con mi mandante.” … “52… Que las lesiones y secuelas que refieren las actoras en sus escritos, se encuentren relacionadas sea en forma directa o/o indirecta con el evento base de su reclamo.” … 55… que ninguna de las actoras haya permanecido internada después del evento en virtud del mismo y que ninguna de ellas la misma noche del accidente no pernoctara en su domicilio.” La citada en garantía a fs. 156 vta. 157 formulan también negativas semejantes.
Ambas desconocieron la documental acompañada.
La única prueba producida por la parte actora son los estudios de diagnósticos realizados en PENTA de fs. 220/236 agregados a la contestación de oficio de fs. 237. De ellos las de fs. 220/224 corresponden a la coactora Goro y las restantes a la recurrente. Debemos descartar a la ecografía toco ginecológica de fs. 225 y la mamografía de fs. 226 por no tener relación con el hecho que se juzga y ser anteriores a su ocurrencia. La correspondiente al 15 de noviembre del año 2011 es la resonancia magnética de la que ilustra la copia de fs. 227 pero efectuada, al año del accidente, a un examen de las vértebras cervicales zona que no comprende las lesiones por las que se reclama. Las correspondientes a la zona lumbar hacen referencia a fenómenos de deshidratación asociado a cambios degenerativos tipo Modic I y señales de operaciones quirúrgicas. Es decir, de ellos no se desprende la relación de causalidad entre la consolidación de una afección que tenga relación de causalidad con el vuelco del ómnibus que es materia de juicio. Y, negada como fue la relación de causalidad, no puede sostenerse que esos estudios se refieran a la relación de causalidad alegada. Es más, hacen referencia como se señala más arriba a fenómenos de deshidratación asociados a cambios degenerativos tipo Modic I. Es decir, propio del paso del tiempo. Debe tenerse en cuenta que quien firma la contestación del oficio librado en autos Dr. Sebastián Abelo Araujo, director médico de la entidad oficiada aclara a fs. 237: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en respuesta a su pedido para informarle que somos un Centro de Estudios Médicos ambulatorio y no tenemos acceso a las historias médicas de los pacientes. La misma deberá solicitarla al médico tratante…”
Es decir, CEMPENTA S.A. se ha limitado a realizar estudios médicos sin tratar a la actora. Ergo no pueden determinar si existe o no relación de causalidad entre los síntomas encontrados y el accidente materia de autos.
Una pericia por médico forense o con especialidad en traumatología es la prueba que podría haber arrojado luz sobre el tema. Pero no se realizó en autos ni se pidió la apertura a prueba en la instancia.
Pretende en sus agravios dar a entender que el magistrado se aparta de los hechos y argumentos de la demanda y los desoye y que sólo sostiene que transcurrió el plazo de la prescripción, pero desoye los argumentos de su parte. La sentencia descartó el argumento de la interrupción del plazo al no existir querella y expresó que la actora no acreditó que su conocimiento de la supuesta incapacidad ha sido de fecha posterior el plazo de prescripción se operó.
Por ello se deben rechazar los agravios vertidos por la recurrente. Sin perjuicio de ello, hago notar por otro lado, que, como señala la sentencia en el anteúltimo párrafo antes del Resuelvo, se deja constancia que tampoco se ha producido prueba alguna que acredite la existencia de consecuencias invalidantes, hecho que, también, habría significado el rechazo de la demanda.
VII. Que en función de los argumentos expuestos respondo a la primera cuestión y afirmo que la sentencia es justa, que debe rechazarse la referencia a la nulidad de la sentencia. Pero también que de ser exacta la información recibida que se debe intimar el pago de la tasa de justicia omitida. Por otro lado, y en función del art. 46 inc. 5º de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial recordar, aunque no fue materia de recurso, que no corresponde diferir la regulación de honorarios hasta que la sentencia esté firme, fuera de los casos que puede admitirse. Así lo voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Luego del examen de la causa y los agravios comparto las razones expuestas en el voto que antecede y las demás observaciones que se realizan en el considerando VII. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en función de las razones expuestas al responder la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar la siguiente resolución: 1º) Rechazar el ataque de nulidad de la sentencia formulado en el escrito de agravios. 2º) En ejercicio de la atribución del art. 46 inc. 5º de la ley 1 indicar, aunque no fue materia de recurso, que no corresponde diferir la regulación de honorarios hasta que la sentencia esté firme, fuera de los casos que puede admitirse. 3º) Atento al informe recibido sobre la declaración de caducidad de instancia del Beneficio de litigar sin gastos iniciado por las actoras recomendar la percepción de la tasa de justicia omitida al demandar. 4º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora y confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de recurso, con costas a la vencida en orden al principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. 5º) Por el principio de economía procesal por los trabajos en esta instancia se regula el honorario del Dr. Fabricio Carbone Miele en el treinta por ciento (30%) del honorario a regularle en primera instancia a cargo de la codemandada Amanda Josefa ARBE, y los del Dr. Miguel Nicolás Cano en un veinticinco por ciento (25%) de los que se le regulen en primera instancia como representante de la Sra. Amanda Josefa ARBE, en ambos casos en el doble carácter de letrado apoderado y teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad, resultado obtenido, el mérito de su actuación, tiempo empleado en la solución del litigio (arts. 13, 15, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330). 6) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Considero justa y equitativa la propuesta formulada. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 25 de marzo de dos mil veintidós
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo establecido por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar el ataque de nulidad de la sentencia formulado en el escrito de agravios.
2. En ejercicio de la atribución del art. 46 inc. 5º de la ley 1 indicar, aunque no fue materia de recurso, que no corresponde diferir la regulación de honorarios hasta que la sentencia esté firme, fuera de los casos que puede admitirse.
3. Atento al informe recibido sobre la declaración de caducidad de instancia del Beneficio de litigar sin gastos iniciado por las actoras, recomendar la percepción de la tasa de justicia omitida al demandar.
4. Rechazar los agravios vertidos por la parte actora y confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de recurso, con costas a la vencida en orden al principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC.
5. Por el principio de economía procesal por los trabajos en esta instancia se regula el honorario del Dr. Fabricio Carbone Miele en el treinta por ciento (30%) del honorario a regularle en primera instancia a cargo de la codemandada Amanda Josefa ARBE, y los del Dr. Miguel Nicolás Cano en un veinticinco por ciento (25%) de los que se le regulen en primera instancia como representante de la Sra. Amanda Josefa ARBE, en ambos casos en el doble carácter de letrado apoderado y teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad, resultado obtenido, el mérito de su actuación, tiempo empleado en la solución del litigio (arts. 13, 15, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330).
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Alonso no firma por no existir disidencias.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-. Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201119S.221 Tomo: XCVI Sentencia: 2937 Folio Nº: 019/028 Secretaria: 1
Fin de la sentencia