Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2548/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte codemandada, Inversiones Meliquina S.A. mediante PE886004-2023, RDQ00000449.PDF, declarando bien denegados los recursos de casación e inconstitucionalidad obrantes en PE886013-2023, RDQ00000455.PDF, págs. 16/41 de autos y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE y pdf. cits., págs. 42/46, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2548/23-TSJ Interlocutorio N°: 3761 Actor: GORRA BLANCA S.A.
Demandada: ESTANCIA LOS HUEMULES S.A. Y OTRA Objeto: SERVIDUMBRE - INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR - RECURSO DE QUEJA - PARTE DEMANDADA INVERSIONES MELIQUINA S.A.
Fecha: 07-08-2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3761 FOLIO Nº 6773/6778 PROT. ELECT. TSS1 032 I.231
Río Gallegos, 7 de agosto de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “GORRA BLANCA S.A. EN AUTOS: ‘GORRA BLANCA S.A. c/ ESTANCIA LOS HUEMULES S.A. Y OTRA s/ SERVIDUMBRE’ s/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR EXPTE. N 3357/2021-I s/ RECURSO DE QUEJA - PARTE DEMANDADA INVERSIONES MELIQUINA S.A.”, Expte. Nº G-2548/23-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver el recurso de queja articulado por la parte codemandada, Inversiones Meliquina S.A. a través de su letrado apoderado Dr. Mario R. Paradelo (cfr. PE886004-2023, RDQ00000449.PDF), contra la resolución dictada el 14 de abril de 2023 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE886013-2023, RDQ00000455.PDF, págs. 42/46) la cual declara formalmente inadmisible los recursos de casación e inconstitucionalidad que dicha parte interpuso contra el pronunciamiento del 9 de marzo de 2023 (cfr. PE y pdf cits., págs. 16/41).- Que la resolución del Tribunal del Alzada, dictada en el incidente de medida cautelar promovido por la parte actora, revocó la providencia dictada por el Juez de Primera Instancia en PE418654-2022 de los autos principales y, en consecuencia, decretó la medida cautelar de tránsito provisional entre el portón de acceso a la Estancia Los Huemules sobre la Ruta Provincial N° 23 a través de los fundos sirvientes hasta la rivera norte de la Laguna del Diablo, dentro del predio propiedad de Gorra Blanca S.A.; fijando como contracautela una caución real por la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000,00) (cfr. PE y pdf cits., págs. 1/13).-
II. En su recurso de queja, la codemandada sostiene que la resolución cuestionada mediante su recurso de casación e inconstitucionalidad tiene el carácter de sentencia definitiva toda vez que: “La provisoriedad o falta de definitividad de la sentencia recurrida, que esgrime la Cámara para no admitir el Recurso de Casación interpuesto, constituye una falacia por cuanto su pronunciamiento implica privar a mi mandante durante el lapso de un año del pleno ejercicio del derecho de propiedad sobre su predio, imponiendo restricciones inaceptables en favor de un tercero -Fitz Roy Expeditions S.A.- quien resulta ajeno al litigio, permitiendo durante toda la temporada el ingreso de aproximadamente cuarenta personas por día, sin control alguno en el acceso, todo ello sin una sentencia fundada en ley, tal como lo exige el Art. 9 de la Constitución Provincial, y sin detenerse a analizar ni sopesar el impacto ambiental de la medida en el frágil ecosistema de la Reserva Los Huemules, ni verificar si ese tercero cuenta con las habilitaciones y autorizaciones de las autoridades de aplicación para ejercer lícitamente su negocio comercial que ulteriormente justifique ese derecho de tránsito” (cfr.
PE886004-2023, RDQ00000449.PDF, págs. 6/7).- Considera: “…aplicable al sublite el precedente de V.E. que fuera oportunamente citado al interponer el Recurso de Casación, de fecha 14 de diciembre de 2016 (Tomo XXVIII - Registro 3262 - Folio 5408)…en el cual se hace lugar a la queja planteada por la parte demandada, se declara mal denegado el recurso de casación interpuesto, revocando en consecuencia la resolución dictada por la Excma. Cámara; es decir que en definitiva, V.E. considera en dicha causa admisible un recurso de casación que hace referencia a una medida precautoria por violación y errónea aplicación de la ley.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 7).- Dice que: “...la Cámara se detiene únicamente en un punto de análisis, omitiendo toda otra consideración.
En ese sentido considera inadmisible el recurso de casación por entender que nos encontramos frente a una medida cautelar caracterizada por su provisoriedad y mutabilidad, y por ende que carece del carácter definitivo que debe revestir la sentencia para tornar viable el remedio casatorio…” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).- Agrega la quejosa que: “Para arribar a su decisión la Excma. Cámara fuerza el acotado proceso cautelar…configurando una resolución que por su gravedad, impacto al ambiente, daño a mi mandante y violación del derecho de la propiedad, equivale a una sentencia definitiva, ya que produce un daño irreparable al principio de la inviolabilidad de la propiedad privada…vulnerando las disposiciones de la Ley General del Ambiente 25.675 que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón que torna mas que procedente el presente recurso de queja; todo sin perjuicio de permitir una actividad de riesgo con las múltiples posibilidades que puedan existir en relación a eventos no deseados, específicamente accidentes o incendios…” (cfr.
PE y pdf. cits., pág. 8).- En lo referente a la inconstitucionalidad planteada sostiene: “Como agravante los juzgadores no motivan ni siquiera en un párrafo el rechazo del recurso de inconstitucionalidad previsto en el Art. 19, cuestión que igual agravia a mi parte. En efecto, la ausencia absoluta de motivación de la resolución recurrida de las razones por las cuales no analizan el planteo de la inconstitucionalidad vicia de nulidad al procedimiento y por cierto es fundamento más que procedente para declarar admisible esta queja.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 9).- En lo tocante a la arbitrariedad, entiende la recurrente que: “El auto puesto en crisis, ha incurrido en arbitrariedad, violando la defensa en juicio, el orden público provincial vigente, la inviolabilidad de la propiedad privada, derechos todos de raigambre constitucional.
La arbitrariedad se magnifica al desnaturalizar una forma, empleándola en exceso y soslayando importante legislación vigente […] Por ello nos encontramos frente a una típica infracción casatoria en la cual el Tribunal ‘ad quem’ ha aplicado erróneamente la ley […] Con esto pretendo subrayar que no existe norma procesal o de fondo alguna que autorice a violar una propiedad privada, aduciéndose que ello es en defensa del ejercicio de una industria lícita. De allí que resulta totalmente arbitrario el citado criterio de los juzgadores ya que no se respalda en norma procesal ni doctrina alguna.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 11, 14 y 15).- Sintetizando el fundamento de su recurso dice que: “Con esto quiero señalar dos cuestiones que son materia casatoria: por un lado que nos encontramos frente a un caso tipo de interpretación de la norma (en la especie Art. 2166 del C.C.yC.) en transgresión a la doctrina legal de V.E., y la otra el absurdo al optar por una solución imbuida de rigorismo formal -invocar la no definitividad del fallo recurrido- que deja a mi mandante en total orfandad decisoria respecto al fondo de la cuestión sometida a juzgamiento […] Esa doctrina sentada por V.E. es la que ha sido transgredida por el Tribunal ‘ad quem’, siendo que ese criterio ha sido ratificado también en autos: ‘Burgos…’ Expte, B-2023/15 fecha 27-04-16…Consecuentemente la posición de los distinguidos juzgadores, sin perjuicio de alejarse de la realidad jurídica objetiva o verdad real, como hemos dicho provoca también un quebrantamiento de las formas y solemnidades esenciales al privilegiar el rigorismo formal por sobre la doctrina de V.E. que hemos citado.” (cfr.
PE y pdf. cits., págs. 17/18).- Mantiene reserva del caso federal (cfr. PE y pdf. cits., págs. 18/19).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE565150-2023.-
III. Que, como paso previo a revisar el mérito del presente recurso y de conformidad a lo sostenido reiteradamente por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (cfr. Interlocutorio, Tomos II, Reg. 230, Folio 390; Reg. 231, Folio 391; IX, Reg. 1276, Folio 1689; XIII, Reg. 1690, Folio 2452/2453; XV, Reg. 1952, Folio 2892, entre otros), corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (cfr. art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) se impone, preliminarmente, verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales” por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (cfr.
Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P. S.R.L., 2da. Edición, 1998, pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto que la queja bastándose a sí misma, haga posible que el Tribunal pueda imponerse del planteo en forma integral.- Así, examinados los términos de la impugnación, debemos adelantar que la queja no habrá de tener favorable recepción, toda vez que la parte recurrente no ataca eficazmente los fundamentos de la declaración de inadmisibilidad, remitiéndose constantemente a consideraciones de hecho y prueba. Asimismo, tal como más abajo se explicará, el asunto traído ante estos estrados resulta ajeno a esta instancia extraordinaria.- En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “Es que en rigor, el escrito impugnativo carece del fundamento necesario para sostener una critica concreta y razonada contra el interlocutorio que con este recurso pretende derribar.
Se constata que las conclusiones de la Excma. Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia el decisivo error o arbitrariedad que torne operativa la queja a los fines de revocar la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación. En esta línea argumental, se debe recordar lo dicho por este cimero Tribunal: ‘…que como todo escrito recursivo, el de interposición de una queja debe autoabastecerse, y ello pone a cargo del interesado, no solo la agregación de los recaudos necesarios para su examen, sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover, circunstancia que no aconteció en autos.’ (cfr.
Interlocutorios, Tomo XXV, Registro 3011, Folio 4861/4863)...” (cfr. Interlocutorios, Tomo XXXIV, Registro 3730, Folio 6652/6655).- En ese andarivel, las críticas expuestas por la parte recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Registro 3172, Folio 5215/5218). Es que para impugnar eficazmente una resolución judicial a través de un recurso extraordinario no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué deben ser cambiados por los que el quejoso pretende.-
Sumado a lo dicho, advertimos que los recursos deducidos no podían prosperar, puesto que la resolución contra la que se intentó no es una sentencia definitiva ni asimilable a ella (cfr. arts. 1° y 19 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Justamente, este es el fundamento dado por la Cámara de Apelaciones para declarar inadmisible los recursos interpuestos por los demandados (cfr. PE886013-2023, RDQ00000455.PDF, págs. 42/46).-
Pacíficamente sostiene la doctrina y jurisprudencia, que la idea de sentencia definitiva es esencial para el recurso extraordinario. En coincidencia con lo antedicho se han expedido prestigiosos autores al sostener que: “…Alsina ha expresado con claridad que en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad de perjuicio, de tal modo que si el agravio es superable por otro canal, el fallo carece de aquella condición. Clariá Olmedo, en forma coincidente, apunta que la vía excepcional en estudio procede contra las sentencias definitivas, o contra las asimilables a las mismas. En esta última categoría entran ciertos autos pronunciados en un incidente o en un artículo del proceso, aún durante la ejecución, si de alguna manera se decide sobre el fondo…En verdad, importa más a los fines de la determinación del concepto de definitividad, el efecto de la sentencia con relación al proceso, que su propio contenido. Lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado’ (confr. Hitters Técnica de los recursos extraordinarios y de casación Ed. LEP 2ª Edición pág. 511/512).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2850, Folio 4486/4488).- Como ya adelantamos, mediante el recurso de casación se ataca una resolución que decide sobre una medida cautelar.-
Cabe recordar que al señalar los caracteres de las medidas cautelares se ha expresado que: “...‘…Son provisionales, puesto que el auto que las decreta no causa estado; como hemos visto, se prescinde del contradictorio previo, que queda postergado para una vez que se cumpla la medida ordenada y se la notifique al interesado. De ahí que siempre se pueda modificar lo resuelto; también puede sustituirse la medida ordenada, reducirse, ampliarse, modificarse…o levantarse. Por el contrario, el hecho de que no se haya otorgado la medida no impide que se la ordene posteriormente si han variado las circunstancias o se completan los requisitos para su procedencia. Las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado ni son definitivas ni preclusivas, de donde resulta que pueden reverse siempre que se aporten nuevos recaudos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional, por cuyo motivo la parte interesada está legitimada para solicitar nuevamente su traba aportando otros elementos que demuestren su derecho a obtenerla.’ (cfr. Arazi, Roland y Rojas, Jorge A.: ‘Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales’, 3º Edición, ampliada y actualizada. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, Tomo I, págs. 934/935)” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXII, Registro 3640, Folio 6361/6365).- Es por esto que también aparece demasiado claro en el caso de autos que las circunstancias que rodean a la medida cautelar resuelta -rígidamente envallada en la dinámica adjetiva de la actividad jurisdiccional en que se pronuncia sólo alcanza, en virtud de los límites expuestos, una aparente sustancialidad insusceptible de reemplazar, por si sola, el concepto de sentencia definitiva como decisión que “…de modo final, directa o indirectamente, sobre la existencia del derecho de fondo...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos I, Reg. 115, Folio 189/190; VI, Registro 879, Folio 1016/1018, entre otros); careciendo por lo tanto la cuestión planteada de otro requisito formal mínimo de admisibilidad que impide, de esta manera, cumplir con la misión que le asignan los artículos 1º, 4º y 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Así lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal Superior de Justicia al decir que: “…dada la plenitud de la naturaleza procesal del tema en debate y la ausencia del dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, entendiendo que además, la invocación de las causales de arbitrariedad y de violación de las garantías constitucionales que se entienden conculcadas, no suple la falta de aquél requisito de definitividad a los fines de la procedencia del remedio intentado.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1741, Folio 2534/2536). Afirmaciones extrapolables al caso en estudio. Ello por cuanto los argumentos desarrollados ignoran la naturaleza jurídica de toda medida cautelar que se caracteriza por su provisoriedad o interinidad, o por su mutabilidad o variabilidad; y, por ende, por el carácter no definitivo (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos III, Registro 288, Folio 464/465).-
Que en idéntico sentido se ha expedido nuestro más Alto Tribunal Nacional al decir que: “…las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria…” (Fallos: 326:25; 323:2205); y “Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48 y son, como principio, insusceptibles del recurso extraordinario…” (Fallos 315:2401).- Por su parte, respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.- Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...‘...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const.
Prov.)...’…” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Registro 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio, Tomos XVI, Registro 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Registro 3222, Folio 5320/5324 y Registro 3241, Folio 5370).- En efecto, sin perjuicio que el actor cita dos resoluciones dictadas por este Alto Cuerpo (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVIII, Registro 3236, Folio 5408 y XXVII, Registro 3189, Folio 5245/5248), omite por completo señalar cual sería la doctrina legal que emana de esos precedentes y, asimismo, como, en el caso concreto, la Cámara se habría apartado de la misma. Máxime, cuando en el marco del último precedente citado se rechazó el recurso de queja, sin dejar de mencionar que ambas resoluciones exceden el plazo de cinco años establecido para ser consideradas doctrina legal.- En ese sentido, distinguida jurisprudencia ha resuelto que: “…no es ocioso recordar que resulta inapropiada la cita de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado (conf. causas C. 116.871, ‘Mirassou’, sent. de 3-IV-2014; C. 118.719, ‘Letamendia’, sent. de 19-X-2016; C. 120.282, ‘Primo de Piotrkowski’, sent. de 8-XI-2017).
Por otro lado, la ritual denuncia de quebrantamiento de las citadas normas fondales, desprovista de alegaciones sustanciales que la fundamenten, no alcanza siquiera a erigirse en agravio en el sentido técnico procesal del vocablo (doctr. art. 279, CPCC), deficiencia que sella -sin más- la suerte adversa de este segmento del embate. En esta línea de reflexión, este Tribunal ha sostenido a lo largo del tiempo que quien afirma la violación de un precepto legal o doctrina no hace sino adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito (conf. causas C. 96.432, ‘Cooperativa Industrial y Comercial Tamberos Unidos de Paso Ltda.’, sent. de 7-X-2009 y C. 98.449, ‘Fritzler’, sent. de 25-VIII-2010), extremo que no queda satisfactoriamente abastecido con la sola mención de distintas normas jurídicas o el despliegue de una argumentación que no se dirige al punto neurálgico del fallo cuestionado (causas C. 116.855, ‘Villagra’, sent. de 7-V-2014 y C. 119.184, ‘Ludueña’, sent. de 6-IV-2016).” (cfr.
SCBA, “Ramos Mercedes (su sucesión ab intestato) c/ Mateos, Fidel y otros. s/ Nulidad de acto jurídico”, causa LP C 121978 S del 17/10/2018). Las consideraciones desarrolladas, sin hesitación, sellan desfavorablemente el agravio introducido por la quejosa en lo que respecta al quebrantamiento de la doctrina legal.- Ahora bien, tampoco avizoramos la pretensa errónea aplicación o violación de la ley alegada por la quejosa. Al respecto dice: “La norma erróneamente (Art. 2166 del C.C. y C.N.) aplicada dice: ‘Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública…’.
Sostenemos que aquí existe una errónea aplicación de la ley, toda vez que tal como ha quedado evidenciado, el inmueble de la actora no carece de comunicación suficiente con la vía pública…” (cfr. PE886004-2023, RDQ00000449.PDF, pág. 10).- Por el contrario, advertimos aquí, que la recurrente reedita cuestiones de neto corte fáctico y probatorio, en principio, ajenas a este carril extraordinario. Al respecto, este Alto Tribunal ha resuelto que el recurso considerado se limita a mencionar circunstancias de hecho y prueba que son ajenas a esta instancia casatoria “…sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada…” (cfr. Interlocutorio, Tomo II, Registro 183, Folio 303/305, entre otros).- En lo referente al recurso de inconstitucionalidad, sin perjuicio que la Cámara expresamente lo rechaza en la resolución aquí atacada, debemos recordar que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…en primer lugar, habiéndose planteado el recurso de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de casación, sin desarrollarse argumentos sustanciales distintivos y autónomos, surge como adecuado resguardo jurisdiccional de los planteos de la recurrente, la evaluación a través de la casación, atento la inexistente fundamentación autónoma del remedio procesal intentado por el carril del artículo 19 de la ley 1.687…” (cfr.
Sentencia, Tomo XIV, Reg. 495, Folio 2711/2719), aplicable al sub lite. Pues, al haberse interpuesto el recurso de inconstitucionalidad en forma conjunta con el de casación, sin una definición y fundamentación propia, impide su tratamiento independiente de las causas señaladas, siendo suficiente el análisis a través del andarivel del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (conf. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo IV, Reg. 140, Folio 683/687). Asimismo, sostiene que “…‘...Es que -corresponde decirlo- cada recurso tiene su especificidad técnica, requiriendo un planteo y una fundamentación autónomos y adecuados, y ante cuya ausencia la impugnación debe ser rechazada de plano...’ (cfr.
Sentencia, Tomo XIV, Reg. 495, Folio 2711/2719).” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Registro Nº 3737, Folio Nº 6684/6687). Lo expuesto, avistándose la deficiente técnica recursiva empleada, torna inatendible el planteo de la quejosa en torno a la falta de consideración de la inconstitucionalidad articulada.- Queda claro en base a los antecedentes normativos y jurisprudenciales enunciados que la queja propuesta es inviable. Esto, en tanto y en cuanto los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial respecto de los recursos extraordinarios ante este Alto Tribunal no son solemnidades sacramentales que hubieren perdido su justificación procesal, sino que responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos ante este Tribunal Superior de Justicia su carácter de medios de impugnación verdaderamente extraordinarios, que supone por eso mismo, el cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya en desvirtuarlas (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1722, Folio 2502/2504). Más teniendo en cuenta que la parte recurrente no ha acreditado la existencia actual de un daño irreparable, lo que nos aleja irremediablemente de toda alternativa lógica de ingresar al limitado ámbito de admisibilidad de la vía extraordinaria, pues no se está conculcando su garantía a ejercer su derecho nuevamente en las instancias ordinarias.-
IV. En cuanto a la alegada violación de principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional y Provincial, no podemos soslayar que la quejosa sólo se ha limitado a mencionar algunos de los artículos, principios y garantías que considera quebrantados, así como también cita genéricamente precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin explicar de qué manera la sentencia de Cámara produjo esa violación.- Como reiteradamente ha sostenido este Alto Tribunal no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido: “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Registro 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
V. Por los argumentos expuestos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte codemandada mediante PE886004-2023, RDQ00000449.PDF, declarando bien denegados los recursos de casación e inconstitucionalidad obrantes en PE886013-2023, RDQ00000455.PDF, págs. 16/41 de autos y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE y pdf. cits., págs. 42/46; con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del citado artículo.- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte codemandada, Inversiones Meliquina S.A. mediante PE886004-2023, RDQ00000449.PDF, declarando bien denegados los recursos de casación e inconstitucionalidad obrantes en PE886013-2023, RDQ00000455.PDF, págs. 16/41 de autos y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE y pdf. cits., págs. 42/46, con costas.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).- Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dra. Marcela Silvia Ramos -Secretaria-; Tribunal Superior de Justicia.- Protocolización: TSS1032I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3761 Folio N°: 6773/6778 Secretaría: 1
Fin de la sentencia