Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 79377761-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso de la parte actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar al amparo, disponiendo que la DGI - AFIP deberá pronunciarse en el término de diez días hábiles administrativos, respecto de los pedidos de reintegro de IVA formulados por la actora, correspondientes a ventas de granos -no destinados a siembraefectuadas en los períodos noviembre/19 a agosto/20, ambos inclusive. Con costas de ambas instancias a la demandada art. 68 C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
7816/2021 - GOYAIKE SAACI Y F (TF 79377761-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 23 de junio de 2021.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, en el caso, la firma actora inició la presente acción de amparo ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos de los artículos 182 y 183 de la ley 11.683, contra la Administración Federal de Ingresos Públicos, a efectos de que se le ordenara al organismo fiscal que procediera a concluir el trámite de reintegro de retenciones en concepto de Impuesto al Valor Agregado y que, en consecuencia, acreditara en la cuenta bancaria de la empresa los reintegros sistemáticos de retenciones de IVA previstos por la Resolución General Nº 4310/18, por un importe total de pesos veinticinco millones quinientos nueve mil treinta y uno con treinta y tres centavos ($25.509.031,33) con mas sus accesorios y actualizaciones hasta su efectivo pago.
En particular, manifestó que su parte había realizado operaciones de venta de granos no destinados a la siembra durante el período ocurrido entre “noviembre 2019” y “agosto 2020” y que le fueron practicadas por los adquirentes retenciones a una alícuota del 5% sobre el precio neto de venta en concepto de Impuesto al Valor Agregado, ello, en razón de lo prescripto en la Resolución General Nº 4310/2018 para tal actividad y por encontrarse la firma debidamente inscripta en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
De esta manera, explicó que el régimen especial de retenciones de IVA se combinaba con un sistema de reintegro automático de dichas retenciones y que el monto de la devolución se establecía por medio de un porcentaje aplicable sobre las retenciones sufridas, según la calificación recibida por el sistema de “scoring”.
En ese orden de ideas, adujo que la Resolución General aludida ordenaba expresamente que la acreditación de los reintegros debería efectuarse hasta el último día hábil administrativo (inclusive) del mes calendario de la presentación de la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal en el cual se practicaron las pertinentes retenciones. Ello así, relató lo normado por el artículo 60 de la R.G. Nº 4310/2018.
Sentado lo anterior, detalló los importes correspondientes a los reintegros sistemáticos de IVA desde el mes de noviembre de 2019 hasta agosto del 2020 y manifestó que el referido detalle fue confeccionado con base a las liquidaciones primarias de granos, correspondientes a las operaciones de su venta, efectuadas entre los períodos fiscales 11/19 y 08/20, surgiendo un importe total de pesos veinticinco millones quinientos nueve mil treinta y uno con treinta y tres centavos ($ 25.509.031,33), los que no se encontraban acreditados en la cuenta corriente de la empresa, pese a encontrarse cumplidos todos los requisitos y condiciones requeridos por la reglamentación aplicable. Destacó que en la pantalla “Devoluciones” de la página web de la A.F.I.P. surgía un monto inferior al descripto en el párrafo anterior por idénticos períodos, pero que ello obedecía a que “[e]l monto total reflejado en el sistema de AFIP no contempla[ba] la totalidad de los reintegros de retenciones que [correspondían] ser devueltos a [su] representada, conforme se [desprendía] del cotejo efectuado contra las LPG correspondientes a los períodos en cuestión, surgiendo una diferencia a favor de mi mandante de $1.131.925,76, lo cual [podría] responder eventualmente a un retardo de su reflejo en el sistema del fisco […]”.
Indicó que el retardo del Fisco Nacional en realizar el desembolso correspondiente le ocasionaba graves y evidentes perjuicios económico-financieros a su parte, habida cuenta de que ella significaba una ilegítima inmovilización de una significativa suma de capital de trabajo que afectaba el normal desarrollo de la actividad de la firma. En ese orden de ideas, recordó que el 20 de octubre de 2020 Goyaike S.A.A.C.I y F. articuló un pedido de “pronto despacho” a través de la plataforma de presentaciones digitales del Fisco, quien se limitó a contestar, el 30 de octubre de 2020, que el reintegro solicitado se encontraba en proceso de tramitación.
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Sobre la última de las cuestiones mencionadas, explicó que la A.F.I.P. no desconocía la procedencia del reclamo ni de los reintegros y que, habiéndose interpuesto un requerimiento de “pronto despacho”, el plazo para que la demandada efectuara las erogaciones correspondientes excedía lo razonable.
Describió la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la materia, al tiempo en que abordó cuestiones atinentes a la procedencia de la acción intentada (con base en los artículos 182 y 183 de la ley 11.683), a la demora -que calificó de excesiva- atribuible a su contraria (persistente a la fecha del inicio de la acción) y del perjuicio que le ocasionaba a las firma actora la omisión incurrida por el Fisco.
Citó jurisprudencia y doctrina que consideró favorable a su postura, al tiempo en que agregó que la vía intentada resultaba ser la idónea, toda vez que los derechos e intereses de su parte se encontraban obstaculizados por la demora excesiva de la A.F.I.P. en realizar las diligencias a su cargo. Ello así, alegó nuevamente en el actuar de su contraria la existencia tanto de arbitrariedad e ilegalidad.
Estimó vulnerados los derechos consagrados por los artículos 14, 17, 28 y 33 de la Constitución Nacional y requirió la aplicación de intereses por demora, según lo establecido por los artículos 886 y 768 del Código Civil y Comercial y 4º de la R.G. 598/19. En subsidio, peticionó que se reconociera la desvalorización monetaria del capital en mora y que se reajustara el monto pertinente.
Finalmente, ofreció prueba documental (ver punto VIII del escrito de inicio “PRUEBA”) y solicitó que se hiciera lugar a su pretensión, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional (páginas 3/55 del archivo PDF acompañado en la causa).
I.1. Que, el 18 de noviembre de 2020, se intimó a la demandada a que informara la causa de la demora imputada y, en su caso, el modo de hacerla cesar (página 1313 del PDF acompañado en la causa), intimación que se reiteró el 19 de noviembre de 2020 (página 1326 del archivo PDF acompañado en autos). Así, en las páginas 1403/1414 del PDF de la causa obra constancia de la contestación efectuada por la demandada, quien se ocupó de controvertir la pretensión de su contraria, esgrimir que -en aquel momento- no podía considerársela como “parte” del proceso y describir la naturaleza procesal de acciones como la aquí intentada.
II. Que, por medio del pronunciamiento del 14 de diciembre de 2020 la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por mayoría, rechazar la presente acción, con costas.
Para así decidir, los Dres. Magallón y Pérez adhirieron al relato de los hechos efectuados por el vocal preopinante, pero disintieron en cuanto a la solución propuesta por éste. En efecto, sostuvieron que “[e]n todos los supuestos cuyos antecedentes [referían] a la misma situación fáctica que la que se presenta en estos autos, que no puede sostenerse que la pretensión de la amparista persiga simplemente la realización de un trámite pendiente, pues se desprende del propio recurso interpuesto, y más precisamente de los print de pantalla aportados (vide RE-2020-79377174-APN-SGAI#TFN), que la restitución de los montos correspondientes ya ha sido aprobada por el Organismo fiscal, lo cual evidencia que solo resta su acreditación en la cuenta de la amparista […]”.
De esta manera, concluyeron que resultaba evidente que la pretensión actoral se encontraba dirigida a obtener que se ordenara a la A.F.I.P. que acreditara -en su cuenta bancaria- la suma cuya devolución fue convalidada, por lo que tratándose de un amparo interpuesto en los términos del artículo 182 de la ley 11.683, dicha pretensión excedía el propósito de que se realizara un mero trámite.
Finalmente, citaron precedentes jurisprudenciales que consideraron favorables a su postura (páginas 1423/1428 del archivo PDF acompañado en las actuaciones).
II.1. Asimismo, y por resolución del 28 de diciembre de 2020 (ver páginas 1433/1434 del PDF de las actuaciones) el Tribunal de grado reguló los honorarios correspondientes a “[l]os profesionales intervinientes por el Fisco Nacional […]”, por su actuación en la presente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II controversia, en la suma de pesos veinticuatro mil quinientos setenta y siete ($24.577) equivalentes a 7 UMA (artículos 16, 20, 29, 44 y concordantes de la ley 27.423).
III. Que, disconforme con lo resuelto, apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto (ver páginas 1439/1464 del PDF de autos), el que fue contestado por la demandada (ver páginas 1502/1515 del PDF de la causa) Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida y de la distribución de las costas.
Reseñó los antecedentes de la causa, al tiempo en que adujo la improcedencia del rechazo del amparo por mora deducido por ausencia de sustento jurídico, la existencia de trámites de reintegros pendientes de conclusión y el reconocimiento del propio Fisco Nacional de encontrarse en tramitación los reintegros correspondientes a su parte. Detalló -en lo sustancial- los fundamentos del voto mayoritario de la sentencia apelada y explicó que, conforme se colegía de sus términos, se procedía a “[r]echazar sin más la acción de amparo incoada toda vez que, según entiende no se estaría persiguiendo en el caso la realización o conclusión de un trámite a cargo del Fisco Nación, sino tan sólo su condena al pago de una suma previamente convalidada […]”. Sobre el punto, en primer lugar recordó que el objeto del presente amparo precisamente consistía en que se ordenara al Fisco Nacional que concluyera la tramitación de los reintegros de las retenciones de IVA de la R.G. Nº 4310/18 ya referidos y que se procediera a la efectivización mediante la acreditación en la cuenta bancaria de la compañía. En ese sentido, destacó que no quedaban dudas de que los reintegros de retenciones en cuestión se encontraban sujetos a un trámite sistemático y reglamentado en el cual el Fisco tenía a su cargo el control de verificar que los requisitos y condiciones establecidas en el régimen se encontraran cumplidos para la validación y efectivización de las erogaciones (artículo 62 de la R.G. Nº 4310/18). Agregó que la propia accionada se había autoimpuesto un plazo a tal efecto, en los términos del artículo 65 de la mentada resolución.
En virtud de ello y por encontrarse vencidos los plazos aplicables, manifestó que su parte se vio en la necesidad de iniciar las presentes actuaciones. Además, puso de resalto que la A.F.I.P. había reconocido expresamente que “[l]os reintegros correspondientes a [su] mandante objeto de los presentes actuados se encuentran “en proceso de tramitación” y que “concluido el mismo se hará efectivo su pago” […]”. En ese orden de ideas, recordó que al momento de dar respuesta al informe de ley en autos, el Fisco manifestó que había dirigido la petición al “área con competencia en el trámite”, motivo por el cual denegar la existencia en al caso de trámites de reintegros a cargo de la demandada (tal y como lo había entendido el pronunciamiento apelado) carecía de todo sustento.
Así, concluyó que la sentencia bajo análisis poseía incongruencias y contradicciones manifiestas que la privaban revestir el carácter de “unidad lógico-jurídica”.
Por otra parte, estimó acertada la valoración de las constancias del expediente efectuada por el Dr. Propatto, la que se encargó -en líneas generales- de detallar. De ese modo, sostuvo que se evidenciaba con claridad que, en el caso, “[l]os reintegros de iva correspondientes a la compañía no sólo se encuentran aún en proceso de tramitación ante el Fisco Nacional, sino que además no se ha dado ninguna precisión sobre el estado de los trámites, ni expresado ningún justificativo válido en sustento de la excesiva demora incurrida por el Fisco Nacional en su conclusión […]”.
En tercer lugar, manifestó la falta de consideración de lo expresado por la doctrina y la jurisprudencia en la materia, se encargó de detallar los lineamientos que consideró rectores de acciones como la aquí intentada, recordó la sujeción a los plazos que constriñe a la Administración Pública (según lo normado por la ley 19.549) y citó antecedentes jurisprudenciales que consideró favorables a su postura. Finalmente, en subsidio cuestionó la imposición de las costas, ello, toda vez que las particularidades de la cuestión configurada CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II en autos resultaban fundamento suficiente para apartarse del principio general en materia de accesorios.
III.1. Que, de igual modo, la parte actora apeló la regulación de honorarios efectuada en favor de los letrados de su contraria, ello, por considerarlos elevados (ver página 1469 del archivo PDF de las actuaciones).
IV. Que, así las cosas, corresponde destacar que de la lectura de las constancias obrantes en autos surge, en lo sustancial, que: a) El 20 de octubre de 2020 la firma actora interpuso un pedido de “pronto despacho” ante la autoridad de aplicación a efectos de que se procediera a realizar “[l]a inmediata acreditación en cuenta y pago de los importes […] que corresponden a reintegros sistemáticos de retenciones de iVA en los términos de los artículos 60 y 61 y ss. y cs. de la R.G. 4310/18 y sus modificaciones […]”. En particular, detalló que las sumas referidas correspondían a los períodos “noviembre y diciembre 2019” y “enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2020” (páginas 69/74 del archivo PDF de la causa). Dicha presentación fue admitida por la A.F.I.P. el 21 de octubre de 2020 (página 77 del archivo PDF de la causa).
b) En las páginas 79/1279, 1283 y 1285/1307 del PDF de las actuaciones obran constancias del detalle de liquidación primaria de granos con sus respectivos códigos de operación electrónica por las operaciones de venta de granos efectuadas durante los períodos “noviembre 2019” hasta “agosto 2020”, de la constancia de las liquidaciones primarias de granos vinculados a tales períodos así como de las declaraciones juradas de Impuesto al Valor Agregado de tal concepto. Además, fueron adjuntadas impresiones de pantalla del sistema “devoluciones” de la página de internet de la A.F.I.P. y de la pantalla del sistema SISA, en la cual la firma actora figura como sujeto debidamente inscripto, con su respectivo “scoring”.
c) El 30 de octubre de 2020 el Fisco Nacional respondió la petición de la actora, haciéndole saber que el reintegro de la devolución prevista en la Resolución General Nº 4310/18, por las operaciones informadas, se encontraba en proceso de tramitación, el cual se haría efectivo una vez concluido el mismo (página 1318 del archivo PDF de las actuaciones).
V. Que, sentado lo expuesto, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros).
VI. Que, de esta manera, señálese que para la procedencia del recurso de amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: a) excesiva demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; y b) que la demora provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho (artículo 182 de la ley 11.683).
Su fundamento es brindar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador.
Sobre el instituto analizado, se ha sostenido que el mismo se limita exclusivamente a vencer la inactividad formal, quedando fuera de su ámbito la pretensión prestacional; es decir, que el amparista no puede exigir el cumplimiento de una obligación de hacer distinta al dictado de un acto ni urgir pagos (en igual sentido, esta Sala in re “Patagonia Meat SA (TF 14205567-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 7190/2021, sentencia de junio de 2021; Sala IV in re “Appendino, Luis c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 52980/2017, sentencia del 26/12/17; “Kaplan, Luis Alfredo c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 67308/2017, sentencia del 26/10/17; “Equimac SACIFI e I c/EN - DNV (Exp 1012/08) s/amparo por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II mora”, sentencia del 15/07/14 y “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05/03/15; Sala I in re “Mazzuchini, Gilberto Darío c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 09/06/15, y Sala III in re “MC Meat S.A. (TF 19.615-I) c/ DGI”, sentencia del 10/07/01).
VII. Que, así las cosas, debe adelantarse que el recurso intentado por la accionante habrá de prosperar bien que con los alcances que se explicitarán, habida cuenta de que lo pretendido en orden al cobro efectivo de los reintegros, excede el cauce formal que le otorga la acción intentada.
En efecto, tal y como surge de la lectura del libelo inicial, se evidencia que el objeto de la presente acción de amparo consiste en que se libre una orden de “pronto despacho” judicial con la finalidad de que el Fisco Nacional realice el pago de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, ingresadas a la A.F.I.P. por operaciones de venta de granos durante los períodos 11/19, 12/19, 01/20, 02/20, 03/20, 04/20, 05/20, 06/20, 07/20 y 08/20.
De esta manera, recuérdese que el amparo por mora persigue simplemente que la Administración cumpla con su deber de resolver, no está orientado a decidir judicialmente el fondo del asunto y se dirige a compeler a la expresión de la voluntad administrativa, ya sea que se trate de un trámite o de una diligencia que se encuentre a cargo de los dependientes del Fisco.
Es en este entendimiento que -tal y como fue advertido en el Considerando anterior- acciones como la aquí intentada no resultan idóneas para urgir un pago (en igual sentido, Sala I, in re “Promeco SA c/ AFIP (DGI) s/amparo por mora”, sentencia del 10/04/2001) ni para generar una obligación de hacer que sea sustancialmente diferente a la de decidir las peticiones que formulen los particulares.
Ahora bien, en el caso, se encuentra acreditado que -sobre la materia objeto de la pretensión de la firma actora- la administración se ha pronunciado indicando que las peticiones de reintegro se encontraban en proceso de tramitación. En efecto, ello se evidencia de la lectura de la respuesta brindada por el Fisco Nacional en su contestación del 30 de octubre de 2020 (ver Considerando IV, punto “c”), por medio de la cual la propia agencia recaudadora expresó que pago de las sumas involucradas, se encontraba sujeto precisamente a la evaluación en curso, finalizada la cual se haría efectivo el reintegro.
En ese orden de ideas, destácase que tal situación se ha mantenido inalterada en el tiempo desde el mes de octubre de 2020 hasta el presente, encontrándose vencidos los plazos para proceder al reintegro o en su caso, emitir pronunciamiento expreso al respecto, generándose de tal modo una irrazonable e injustificada demora por parte de la Administración en cumplir con los deberes a su cargo, todo lo cual es suficiente para la admisión del amparo por mora.
Cabe precisar sin embargo, que no puede considerarse al pago requerido (también incluído en la pretensión) como un “trámite o diligencia” en los términos del artículo 182 de la ley 11.683, si se tiene en cuenta que los conceptos antedichos refieren a pasos o gestiones administrativas que deben ser orientadas para resolver el fondo de un asunto (como lo fue el iter seguido por la Administración Pública a efectos de reconocer el derecho al cobro del cual es titular la parte actora) que se genera a raíz de una petición de un particular y no a la acción (o el hecho) de pagar, que -en su carácter de obligación prestacional- excede el cauce formal de la vía intentada (en igual sentido, esta Sala in re “Patagonia Meat SA (TF 14205567-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 7190/2021, sentencia de junio de 2021). En tales condiciones, es preciso puntualizar que cuanto se decide en punto a la emisión de la orden de despacho respecto de las peticiones de reintegro, en modo alguno implica ni puede ser entendido, como una condena al pago de suma alguna de dinero, planteo que en su caso, deberá ser articulado por el interesado, por la vía que corresponda. Los motivos precedentemente expuestos determinan la admisión sustancial de los argumentos esgrimidos por la firma actora y propician la confirmación del pronunciamiento apelado respecto del fondo del asunto, bien que con los alcances que aquí se indican.
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VIII. Que, en razón del modo en que se decide, corresponde también modificar el régimen de costas (art.279 CPCC), que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del amparo y consiguiente emisión de la orden de despacho, resultando por lo mismo sustancialmente vencida (art. 68 CPCC).
En cuanto a lo manifestado por la actora en torno a las costas, cabe destacar que no corresponde tratar el recurso interpuesto por ésta contra la regulación de honorarios, en atención al modo en que se imponen las costas precedentemente.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
admitir el recurso de la parte actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar al amparo, disponiendo que la DGI - AFIP deberá pronunciarse en el término de diez días hábiles administrativos, respecto de los pedidos de reintegro de IVA formulados por la actora, correspondientes a ventas de granos -no destinados a siembraefectuadas en los períodos noviembre/19 a agosto/20, ambos inclusive. Con costas de ambas instancias a la demandada art. 68 C.P.C.C.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia