Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad contra las Resolución Nros. 180/17 y 181/17, con costas.
2Confirmar las Resoluciones Nros. 180/17 y 181/17, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Grabacor S.A., por la excepción de nulidad en las sumas de $56.622 equivalente a 0,63 UMA por la representación procesal y $141.554 equivalente a 1,58 UMA por el patrocinio letrado, y por la cuestión de fondo, las sumas de $566.215 equivalente a 6,30 UMA por la representación procesal y $1.415.538 equivalente a 15,75UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en las tres etapas cumplidas del Expediente, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-41646208-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Abril de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N°48.521-I caratulado“GRABACOR S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Grabacor S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 180/17 y 181/17 dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos en las que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2011 a 2013 y se la intimó a ingresar $492.149,37, y en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales junio 2011 a septiembre 2011, diciembre 2011 a abril 2012, julio 2012 a septiembre 2012, noviembre 2012 a enero 2013, mayo 2013, noviembre y diciembre 2013 que, luego de ajustar los saldos a su favor declarados, arrojó un saldo a ingresar por $443.791,01; en ambos casos, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Plantea en primer término la nulidad de dichos actos, en los términos de los arts. 7 y 14 de la ley 19.549, por falta de causa por violación a la ley aplicable, al no habérsele reconocido la aplicación de los beneficios previstos en el art. 46, inc. d) de la ley 27.260 por su acogimiento al Régimen de Exteriorización Voluntaria de Activos creado en dicha norma. Alega que conforme lo disponía la Instrucción General (AFIP) N° 1008/17, la inspección que a esa fecha estaba en trámite, debió haber sido descargada “sin interés fiscal” debido a su adhesión al mencionado régimen el 27 de diciembre de 2016, es decir con anterioridad a la notificación de las previstas del 22/09/2017 y 25/09/2017. Aclara que el acogimiento quedó perfeccionado al presentar la declaración jurada de exteriorización de bienes (formulario F.2009) y al abonar el impuesto especial fijado por el art. 41 y concordantes de la misma ley. Explica que el inc. d) del art. 46 estableció la denominada “cláusula cerrojo” que extendió el beneficio de liberación de pago de impuestos previsto en los incisos anteriores, a los bienes y tenencias que el sujeto declarante hubiere poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 y que por algún motivo no se mantuvieron en su patrimonio a tal fecha, con la condición de que se declaren la totalidad de los bienes existentes a dicho momento. Y sostiene, entonces, que la exteriorización cerró la posibilidad del Fisco Nacional de ajustar o requerir el pago de impuestos por esos bienes consumidos.
Agrega a continuación que el juez administrativo equivocadamente le exigió la formalización de la imputación prevista en el art. 30, in fine, de la R. G. N° 3919/2016 como condición para hacer uso del beneficio de liberación ya que tal requisito era exigible sólo para los casos contemplados en el inc. c) del art. 46 y no para el inc. d) sobre el que nada decía la reglamentación. Además, entiende que la exigencia es ilógica porque se trata de bienes consumidos imposibles de ser imputados a las bases imponibles de los ajustes fiscales cuya liberación se pretende y que, como principio general, la normativa no exigía la vinculación de los ajustes fiscales con los bienes exteriorizados.
Se agravia también de que no se compulsaron sus libros y registraciones, lo que, según dice, hubiese permitido explicar las diferencias en las ventas que se le atribuyen omitidas. Aporta prueba documental, consistente en la documentación de su acogimiento al régimen de exteriorización de activos de la ley 27.260, y ofrece la producción de informativa y pericial contable, y solicita, por todo ello, que se declare la nulidad o, en subsidio, que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A fs. 110/123 contesta el Fisco el traslado del recurso e informa que las determinaciones de oficio tienen origen en lo requerido por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, Secretaría N° 16, en el marco de la causa N° 1154/2013 caratulada “Grabacor S.A. s/ Infr. Ley N° 22.415 Denunciante Aduana y otro” en la que se le solicitó proceder conforme lo previsto por el art. 18 de la ley 24.769. Aclara, de cualquier modo, que ante la invocación del art. 46 de la ley 27.260 solicitó a Grabacor S.A. imputara el blanqueo a los ajustes por los mayores depósitos bancarios detectados, conforme el art. 30 de la reglamentación del régimen.
Respecto de la Instrucción General N° 1008/17 dice que es una norma interna que no es de aplicación obligatoria y que, si bien, allí se estableció que cuando el contribuyente se acogiera al Título I del Libro II de la ley 27.260 si al momento de la adhesión no tenía la prevista notificada el caso debía ser descargado sin interés fiscal en virtud de la liberación establecida en el inc. c) del art. 46, también previó que ello se haría “salvo excepción justificada”, la que considera se configuró en el caso ante la existencia de una causa penal.
A continuación, contesta los agravios sobre los ajustes realizados y solicita que se rechace la nulidad planteada y que, oportunamente, se dicte sentencia en la que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs.144 previo a proveer sobre las pruebas ofrecidas se intimó a Grabacor S.A.para que propusiera perito/a de su parte para realizar la pericial contable, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de dicha prueba. A fs. 149, ante el incumplimiento de la intimación, se tuvo por decaído el derecho de la recurrente a producir dicha medida y se hizo lugar a la prueba informativa dirigida al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8 Secretaria N°16. A fs. 161/174 obra la contestación del oficio el Juzgado en donde informa la sentencia dictada el 23 de junio de 2020 en la que se dispuso el sobreseimiento de los responsables de Grabacor S.A. involucrados en dicha causa, adjuntando copia de la misma.
A través de la PV-2024-80318822-APN-VOCXI#TFN se declara el cierre del período probatorio y mediante la PV-2025-143767728-APN-VOCXI#TFN se elevaron las actuaciones a la Sala. A continuación se pusieron los autos para alegar, obrando a fs. 192/199 únicamente el escrito presentado por el Fisco Nacional. Por último, por medio del IF-2026-40727316-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde tratar en primer término el planteo de nulidad, que fue diferido a fs.144 para ser tratado conjuntamente con el fondo de la causa, el que se funda esencialmente, en no haberse reconocido a Grabacor S.A. los beneficios del art. 46 de la ley 27.260 por el acogimiento efectuado, cuya existencia y alcances no estuvo en discusión; tampoco el efectivo pago del impuesto especial resultante de su declaración.
A fs. 67/69 de este Expediente obra la copia del F. 2009 presentado el 27 de diciembre de 2016 en el que Grabacor S.A. exteriorizó cinco bienes en el país preexistentes al 31/12/2015 y abonó el impuesto especial por $33.922,15. En una planilla, que obra a fs. 70, Grabacor S.A. detalló los bienes regularizados por $678.443 –en concepto de instalaciones, equipos de computación, muebles de oficina, estanterías y muebles de archivo-. El motivo por el cual el juez administrativo rechazó los beneficios fue que Grabacor S.A. no presentó la nota prevista en el art. 30 de la reglamentación con la imputación de bienes exteriorizados a las bases imponibles ajustadas en el marco del procedimiento de fiscalización que culminó en los ajustes notificados en la Resolución recurrida, es decir, por no haber dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el art. 46 de la ley 27.260 y en el art. 30 de su reglamentación para gozar de los beneficios.
Cabe recordar que dichas normas disponían que, “Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, conforme a las disposiciones de este Título, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, con respecto a las tenencias declaradas;
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado.
Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos. La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.
Esta liberación no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante, como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones.
c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Impuestos a las Ganancias, a las salidas no documentadas (conforme el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias), a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, por el equivalente en pesos de la tenencia de moneda local, extranjera y demás bienes que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos consumidos hasta el período fiscal 2015, inclusive. No se encuentra alcanzado por la liberación, el gasto computado en el impuesto a las ganancias proveniente de facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
2. Impuestos internos y al valor agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de las operaciones declaradas —o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada— por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. No se encuentra alcanzado por la liberación el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
3. Impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales y de la contribución especial sobre el capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados.
4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los períodos fiscales anteriores al que cierra el 31 de diciembre de 2015, por los bienes declarados conforme lo previsto en el artículo 38 de la presente ley. d) Los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado”.
Los agravios de Grabacor S.A. se dirigen a cuestionar que ante la exteriorización no se haya ordenado el archivo de las actuaciones en trámite ante la fiscalización, conforme a lo dispuesto en la Instrucción General N° 1008/2017, pero lo cierto es que el régimen de exteriorización de activos sancionado por la ley 27.260, de carácter excepcional y voluntario, a diferencia de otros regímenes previamente sancionados en nuestro país con la misma finalidad, como los de las leyes 24.676 y 26.860, para mencionar algunos recientes, exigía como uno de sus requisitos que en los casos de ajustes de fiscalización los montos exteriorizados se imputaran a los mismos. En efecto, el art. 30 de la reglamentación al art. 46 de la ley 27.260, disponía que “Las liberaciones referidas en el Artículo 46 de la Ley N° 27.260 también alcanzan a las sanciones administrativas previstas en el Artículo 2° de la Ley N° 12.988, texto ordenado por el Decreto N° 10.307 del 11 de junio de 1953, y a las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, siempre que, en su caso, la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de dicha ley. En este supuesto el contribuyente deberá allanarse total e incondicionalmente a la pretensión fiscal, y desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo, en su caso, el pago de las costas y gastos causídicos.
A fin de formalizar el allanamiento deberá presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo), en la dependencia de este Organismo en la que se encuentre inscripto y que resulte competente para el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión.
La citada dependencia, una vez verificada la pertinencia del trámite y realizado el correspondiente control, entregará al interesado la parte superior del referido formulario, debidamente intervenido, quien deberá presentarlo ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial en la que se sustancia la causa.
Asimismo, el contribuyente deberá imputar, ante esta Administración Federal, la tenencia y/o bien declarados a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el inciso c) del Artículo 46 del citado texto legal. Una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o determinación de oficio.
No procederá la imputación de la declaración voluntaria cuando el importe de la determinación de oficio hubiese sido cancelado con anterioridad a la vigencia de la aludida ley, aun cuando estuviera pendiente de apelación judicial o de una acción de repetición”.
Adviértase en este sentido que dicha norma resulta de aplicación en los casos previstos en su primer párrafo, esto es cuando las obligaciones se encuentran en discusión administrativa, que es el caso, contencioso administrativa o judicial. Por otro lado, si bien el quinto párrafo solamente se refiere al inc. c) del art. 46 de la ley, el inc. d) del art. 46 remite, en cuanto a los beneficios aplicable a lo dispuesto en los incisos anteriores, entre ellos el inc. c). En definitiva, la negativa de Grabacor S.A. a cumplir con el recaudo de la imputación se exhibe en contra de lo que expresamente disponían las normas del régimen, tanto las legales como las reglamentarias, ya que el único supuesto en el que se excluyó expresamente este recaudo es el previsto en el último párrafo del art. 30 de la reglamentación es decir cuando la deuda ya se hubiera cancelado, que no es aplicable al caso.
Con ello, hacer lugar al planteo de Grabacor S.A. sobre la base de lo dispuesto en una Instrucción General, como pretende, implicará no solamente el apartamiento del bloque de legalidad, sino también el riesgo que su declaración pueda ser utilizada para imputar a otras deudas, existentes o no a la misma fecha, que es, precisamente el propósito que el deber de imputación quiere evitar conforme lo dispone el quinto párrafo de la misma norma. Ese posible doble uso del blanqueo no fue, claramente, la finalidad del régimen de la ley 27.260 y sus reglamentaciones, inclusive de las internas dictadas en el seno de la propia Administración Tributaria como la Instrucción General (AFIP) N° 1008/2017 insistentemente invocada por la recurrente.
Queda decir que, tratándose de un beneficio, es el contribuyente que lo invoca el interesado en cumplir los requisitos para su reconocimiento que es lo que Grabacor S.A. no hizo.
Así se pronunció esta misma Sala al fallar en la causa “Oyarbide, Emiliano Jesús”, sentencia del 17 de mayo de 2022, oportunidad en la que dijo que, “Cabe recordar aquí que el Libro II, Título I, de la ley 27.260 (B.O. 22/7/2016) estableció un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. El art. 46 de la citada ley dispuso que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el art. 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el art. 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del art. 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, gozan de los beneficios que allí se enumeran, entre ellos la liberación del pago de los impuestos que se hubieren omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional.
Por su parte, el art. 32 de la RG 3919/2016 dispuso, en lo que aquí interesa, que: “Respecto del beneficio previsto en el inciso d) del Artículo 46 de la Ley N° 27.260, el mismo alcanza a aquellos bienes y tenencias no declarados que, por haberse consumido, dispuesto o, por cualquier otro motivo, no se mantiene en el patrimonio a la fecha de preexistencia definida en el segundo párrafo del Artículo 37 del citado texto legal”, es decir, a la fecha de promulgación de la ley 27.260, el 22 de julio de 2016. Y el quinto párrafo del art. 30 de la citada reglamentación previó que: “Asimismo, el contribuyente deberá imputar, ante esta Administración Federal, la tenencia y/o bien declarados a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el inciso c) del Artículo 46 del citado texto legal. Una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o determinación de oficio.
En el caso, además de las deficiencias antes señaladas, no surge que la recurrente haya efectuado la imputación obligatoria a la que se refiere la normativa citada, requisito indispensable para gozar de sus beneficios, razón también para declarar la inaplicabilidad de la exteriorización y la de los beneficios previstos en el art. 46 de dicha ley que pretende que se le reconozcan”.
Por lo expresado, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. Corresponde ahora referirse entonces a la legitimidad de los ajustes notificados en las Resoluciones para lo cual debe estarse a los agravios formulados y las pruebas aportadas y rendidas en respaldo de los mismos. Surge de los considerandos de dicho actos que la fiscalización a Grabacor S.A. se originó en virtud de lo requerido por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8 Secretaria N°16 en el marco de la causa N°1154/2013 “Grabacor S.A. S/ infracción Ley 22.415 denunciante aduana y otro”. De la información obtenida de las bases de datos de la Administración Tributaria y de la recababa de terceros surgió que: • De las circularizaciones a las entidades bancarias con las que operó Grabacor S.A., se obtuvo como resultado que las acreditaciones bancarias fueron superiores a las ventas declaradas;
• Las facturas electrónicas emitidas por Grabacor S.A. eran superiores también a las ventas declaradas y al determinado por acreditaciones bancarias, por lo que el ajuste se hizo sobre las facturas.
Con dicha información, luego de llevar a cabo la depuración de tales acreditaciones, el juez administrativo determinó que Grabacor S.A. declaró débitos fiscales con diferencias en los periodos fiscales junio 2011 a septiembre 2011, diciembre 2011 a abril 2012, julio 2012 a septiembre 2012, noviembre 2012 a enero 2013, mayo 2013, noviembre y diciembre 2013, y que omitió declarar ingresos en el impuesto a las ganancias en los ejercicios fiscales 2011 a 2013.
Correspondía a Grabacor S.A. probar en contra de la pretensión fiscal. Sin embargo, no lo hizo. La prueba documental aportada junto en el recurso de apelación se refiere al acogimiento al régimen de la ley 27.260 antes tratado.
Por su parte, los resultados de la informativa librada al juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8 Secretaria N°16 que fue la única prueba ofrecida, acredita que en dicho expediente se dictó sentencia en la que se tuvo por probado que el único responsable de las operaciones de comercio exterior era uno de sus directores, el Sr. Bibring quien en ocasión de declarar en sede penal se había adjudicado los cargos imputados. Como a la fecha del dictado de la sentencia esta persona había fallecido se decidió la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del resto de las personas imputadas al no haberse probado su participación en los hechos.
De la sentencia penal, entonces, es poco lo que se puede extraer respecto de las ventas que se le imputan a Grabacor S.A. haber omitido declarar, ni tampoco hay agravios en su recurso de apelación ante este Tribunal que se dirijan a cuestionar el ajuste; si bien ofreció una prueba pericial contable en relación a las ventas y las acreditaciones bancarias detectadas por la fiscalización a fs. 149 se dio por decaído el derecho a producirlo al no haber propuesto el perito para su realización, por lo que tampoco existen elementos probatorios que refuten la pretensión fiscal.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones, tanto en cuanto al capital como a los intereses en ellas intimados que se devengan en forma automática y sin intimación previa por así disponerlo el art. 37 de la ley 11.683.
Las costas se imponen a la vencida.
El Dr. Martín dijo:
Que comparto el relato efectuado en el voto de la Dra. O’ Donnell, como así también los argumentos desarrollados en el mismo para confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Que en lo que hace a la defensa de nulidad articulada por la apelante, considero que, por los motivos expuestos en el Considerando IV.-, la misma debe ser rechazada, con costas atento que se difirió su tratamiento para esta oportunidad por el pto. 1) de fs. 144.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero al voto de la Vocal Instructora en cuanto rechaza el planteo de nulidad articulada por la actora, pero disiento con la imposición de costas que allí se propicia. Teniendo en cuenta que en el punto 1) de la providencia de fs. 144 se dispuso diferir el tratamiento de tal defensa, corresponde imponer las costas a la recurrente.
II. Asimismo, comparto los fundamentos expuestos por la Dra. O´Donnell en su voto, en cuanto confirma los actos apelados en todas sus partes. Las costas se imponen a cargo de la parte vencida.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad contra las Resolución Nros. 180/17 y 181/17, con costas.
2. Confirmar las Resoluciones Nros. 180/17 y 181/17, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Grabacor S.A., por la excepción de nulidad en las sumas de $56.622 equivalente a 0,63 UMA por la representación procesal y $141.554 equivalente a 1,58 UMA por el patrocinio letrado, y por la cuestión de fondo, las sumas de $566.215 equivalente a 6,30 UMA por la representación procesal y $1.415.538 equivalente a 15,75UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en las tres etapas cumplidas del Expediente, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.04.24 14:11:27 -03:00 Date: 2026.04.24 14:14:07 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.24 14:22:09 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.24 14:22:10 -03:00
Fin de la sentencia