Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad articulada por los recurrentes, sin costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-25737366-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Marzo de 2025 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 46.238-I caratulada “GRACIANO CARLOS DANIEL s/recurso de apelación” y su acumulada N° 46.239-I caratulada “GRACIANO FERNANDO MARTIN s/ recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 17/32 y 90/105 los recurrentes interpusieron dos recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 298/2015 (DV RRLP) y 299/2015 (DV RRLP), ambas de fecha 28/12/2015 dictadas por la AFIP-DGI, mediante la cuales se determinaron las responsabilidades personales y solidarias de los Sres. Carlos Daniel Graciano y Fernando Martín Graciano, respectivamente, relativas a la deuda de la firma FELIPE Y CARLOS GRACIANO S.A., en sus cargos de Presidente y Vicepresidente, por las obligaciones impagas de SICORE-GANANCIAS (períodos fiscales 1/2014 a 09/2014), los Anticipos 1 a 7 del Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2014), del Impuesto al Valor Agregado (período fiscal 12/2013) y los intereses resarcitorios adeudados de SICORE-GANANCIAS (períodos fiscales 10/2013, 11/2013, 01/2014 y 03/2014) y del Impuesto al Valor Agregado (período fiscal 04/2014).
En primer lugar, plantean la nulidad de la resolución impugnada alegando que se habría vulnerado su derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal, por cuanto la autoridad fiscal no admitió la producción de las medidas probatorias ofrecidas a fin de acreditar que fueron colocados en imposibilidad de cumplir con las obligaciones fiscales.
Asimismo, sostienen la ilegitimidad de los actos en recurso debido a la violación del principio de legalidad tributaria o principio de reserva de ley respecto de la responsabilidad atribuida por las obligaciones del régimen de retención SICORE del Impuesto a las Ganancias. Ello en tanto entienden que el análisis efectuado por el Juez Administrativo omite ponderar que los sujetos del artículo 5° de la Ley 11.683, al que remite el inciso d) del artículo 6° de la misma norma, son exclusivamente aquellos que revisten el carácter de contribuyentes y la eventual responsabilidad solidaria puede ser tal sólo por expresa voluntad de la ley. Afirman en este sentido que los agentes de retención y percepción son responsables por deuda ajena -art. 6 inc. f- y responden con sus bienes propios y solidariamente con los responsables de los tributos -art. 8 inc. c-, es decir, que no se trata de contribuyentes tal como los define el artículo 5° de la Ley Procedimental, por lo que surge que el inciso d) del artículo 6° de dicho cuerpo legal se refiere únicamente respecto de las obligaciones de los contribuyentes de los incisos b) y c) del artículo 5°, y no prevé la extensión de la responsabilidad solidaria respecto de otros responsables, ni la actuación de las personas jurídicas como agentes de recaudación de tributos.
En cuanto al fondo de la cuestión bajo estudio, informan que la sociedad se concursó preventivamente por encontrarse en cesación de pagos, tramitándose dicho proceso en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 22 del Departamento Judicial de La Plata. Explican que consecuentemente se hallaban impedidos de proceder al pago de los períodos reclamados por resultar, todos ellos, de naturaleza concursal, habiéndose presentado el Fisco Nacional a verificar dichos créditos, los que a la fecha no han sido admitidos. En este razonamiento interpretan que no venció el plazo de intimación de pago contra el deudor principal, toda vez que uno de los efectos derivados de la apertura del concurso preventivo es la imposibilidad de realizar actos que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior al mentado proceso. Por dicha razón, comprenden que, existiendo un impedimento legal para proceder al pago, la extensión de la responsabilidad solidaria no puede tener andamiento desde que el deudor tiene prohibido abonar las sumas reclamadas, pues ello importaría colocarlos en la disyuntiva de violar la ley concursal, que resulta de orden público, para no verse obligados personalmente por deuda ajena.
Cuestionan que el juez administrativo no analizó al momento de evaluar su conducta las razones que derivaron en el inicio del trámite concursal, y relatan la situación de emergencia que habría atravesado la actividad de compraventa de hacienda que desarrolla la firma, lo que impidió –a su parecer- el cumplimiento en tiempo y forma de los pagos. Consideran que ello confirma que no ha existido dolo o culpa en su actuar y que las resoluciones apeladas sólo contemplan el hecho objetivo que resultan Presidente o Vicepresidente del ente societario.
Agregan que han actuado con lealtad y diligencia de unos buenos hombres de negocios y que el estado de las cosas es fruto de hechos de terceros -clientes que incumplieron sus pagos- ajenos a la sociedad, cuya constancia fue dejada en los libros sociales.
En atención a ello, concluyen que no existe ningún factor de atribución subjetiva y que las determinaciones atacadas resultan arbitrarias al no exponer los fundamentos que llevan a la decisión adoptada, constituyéndose en consideraciones dogmáticas, careciendo por tanto de causa y motivación. Por último, ofrecen pruebas, hacen reserva del caso federal y solicitan se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que a fs. 51/59 y 131/142 la representación fiscal contesta los traslados de los recursos que le fueran conferidos negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, y en orden a las razones que expone solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que a fs. 161 se abrió la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa.
A fs. 347 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”, y a fs. 348 se pusieron para alegar. Obra agregado a fs. 353/354vta. el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho la actora.
A fs. 357 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar, por lógica precedencia, debe darse tratamiento a la excepción de nulidad opuesta con fundamentación en la violación del derecho de defensa, la garantía del debido proceso y el principio de reserva de ley. Así como también la arbitrariedad y la falta de causa y motivación de los actos cuestionados.
Es necesario mencionar que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido Fallo 324:1798).
Los recurrentes invocan la violación del derecho de defensa, el debido proceso, la arbitrariedad y la falta de causa y motivación de los actos, resultando por tanto nulos; tesitura que adelanto no puede prosperar, pues lo alegado carece de los fundamentos legales suficientes para sustentar tal pretensión. En lo atinente a los defectos en el procedimiento que se argumentan por inferir que no se tuvieron en cuenta las medidas de prueba ofrecidas en sede administrativa, viéndose –a su juicio- afectado su derecho de defensa en juicio, cabe destacar que la nulidad importa la privación de efectos de los actos que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin al que se hallan destinados.
La no admisión de las pruebas ofrecidas en sede administrativa, no puede considerarse causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en la alzada por aquella que no ha sido admitida en primera instancia (art. 260, C.P.C.C.N.). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo las medidas que hubieran sido denegadas en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 173 y 174 de la Ley de Procedimiento Fiscal -t.o. en 1998- (doctrina de este Tribunal en la causa "Carboquímica S.A.C.I.M.", fallo del 5/7/1977), lo que está corroborado en la presente causa, en donde los actores han tenido ocasión de proponer los medios que estimaron conducentes para esclarecer los hechos controvertidos.
Por otro lado, en lo que se refiere a la invocación de arbitrariedad y la falta de causa y motivación, debe recordarse que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Conforme se desprende de autos, los actos cuestionados contienen los elementos jurídicos formales necesarios para declarar su validez, invocan la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado a los contribuyentes conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa.
En este sentido, debe mencionarse que no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de las resoluciones apeladas, limitándose a discrepar con la valoración realizada, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que no se observa, ni se encuentra acreditada, la vulneración del derecho de defensa denunciado.
De esta manera, cabe precisar que, respecto a lo estrictamente formal, en cuanto a los actos administrativos en sí, aparecen satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad articulada, sin costas, toda vez que los planteos fueron articulados como defensas contra los actos apelados y no en los términos del artículo 171 de la ley de rito.
Cabe mencionar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Bolland y Cía. SA (TF 21.122-I) C/DGI" de fecha 21/02/2013 donde resolvió: “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs.735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia".
V. Que sentado lo anterior, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan solo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (v. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/1987 y "Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires s/Ordinario", sentencia del 17/11/1987; C.N.C.A.F., Sala V, in re "Werner Tomas M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/1998 y "Congelados Macchaiavello y Cía. S.A." del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que ello así, corresponde ahora expedirse respecto de la procedencia de la extensión de la responsabilidad personal de los Sres. Carlos Daniel Graciano y Fernando Martín Graciano, por su participación como Presidente y Vicepresidente de la firma FELIPE Y CARLOS GRACIANO S.A.
De los actos apelados y de las actuaciones administrativas acompañadas, surge que el caso bajo análisis tiene su origen en la falta de pago de las obligaciones de la firma en concepto de: SICORE – Impuesto a las Ganancias por saldo de declaraciones juradas (períodos fiscales 1 a 9/2014), intereses resarcitorios (períodos fiscales 10 y 11/2013 y 01 y 03/2014), Impuesto al Valor Agregado por saldo de declaración jurada (período fiscal 12/2013) intereses resarcitorios (período fiscal 04/2014), y Anticipos 1 a 4, 6 y 7 del Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2014).
De las bases de datos del organismo fiscalizador y el Acta de Asamblea N° 29 surge que el Sr. Carlos Daniel Graciano se ha desempeñado como Vicepresidente y luego a partir del 25/04/2014 como Presidente de la firma, en tanto que el Sr. Fernando Martín Graciano ejerció como Presidente y a partir del 25/04/2014 como Vicepresidente (vide fs. 12, 14 y 97/97 vta. A/A).
Asimismo, la fiscalización constató que ambos actuaron como representantes legales, apoderados o firmantes de distintas cuentas corrientes bancarias de la Sociedad (vide fs. 20/47 A/A) y, en el caso del Sr. Fernando Martín Graciano, que era Administrador de la Clave Fiscal y que había suscripto la adhesión a planes de facilidades de pagos (vide fs. 50/53 A/A).
En este contexto, el organismo recaudador concluyó que los actores, en su condición de Presidente y Vicepresidente, tenían a su cargo la administración de la sociedad, roles que permitirían atribuirles las facultades de administración y disposición de fondos en las fechas establecidas para la presentación y pago de las obligaciones en cuestión, extendiéndoles la responsabilidad sobre los saldos impagos antes mencionados, con más sus intereses resarcitorios.
VII. Que cabe recordar que el artículo 6° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: “Están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley: […] d) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 5º en sus incisos b) y c)”. En tanto que el artículo 8° de la misma norma - conforme texto modificado por la Ley 26.044- dispone que “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”.
Así las cosas, debe desestimarse el agravio expuesto por los apelantes en torno a la falta de reserva de ley en la que habría incurrido el juez administrativo por la deuda de SICORE, por cuanto de conformidad con la normativa transcripta se desprende que tal interpretación resulta errónea. En definitiva, los hechos ventilados en autos no se refieren al supuesto de los agentes de retención o percepción, sino al inciso d) del artículo 6° de la Ley Procedimental, ello es directores, gerentes y demás representantes de personas jurídicas responsables por el cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados.
Sentado ello, debe señalarse que surge de las presentes actuaciones que el Fisco Nacional ha intimado de pago al deudor principal los días 14/02/2014, 19/03/2014, 03/02/2014, 21/04/2014, 15/05/2014, 26/06/2014, 10/07/2014, 23/07/2014, 27/08/2014, 19/09/2014, 30/09/2014 y 29/10/2014 y éste no ha realizado el pago dentro de los quince días hábiles de su notificación (vide fs. 56/87 A/A). En tales condiciones, contrariamente a lo argüido por los apelantes, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues las intimaciones de pago cursadas al deudor principal de los saldos de las declaraciones juradas a favor de la Administración, sin que éste acreditara cumplimiento de las mismas, fueron notificados como mínimo 1 año antes de las resoluciones que extienden las responsabilidades de los Sres. Carlos Daniel Graciano y Fernando Martín Graciano, vencido así largamente el plazo otorgado para cancelar las obligaciones tributarias.
VIII. Que a continuación, corresponde analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria determinada.
En este sentido, atañe a los apelantes aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva. Cabe destacar que los responsables no controvierten el hecho que detentaban los cargos de Presidente y Vicepresidente, alternadamente, durante los períodos fiscales reclamados, ni que figuraban como representantes legales y firmantes de las cuentas bancarias de la sociedad.
En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales los presuntos responsables solidarios pretenden hacer valer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683...” (se hace referencia al actual art. 8° del t.o. vigente) “...se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente” (“COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, sentencia del 06/2/1998).
En consecuencia, las manifestaciones de los recurrentes no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de la resolución, dado que -de conformidad con las pruebas acompañadas por el Fisco Nacionalhan quedado acreditados sus cargos como Presidente y Vicepresidente, sus actuaciones como representantes legales y el manejo de fondos de las cuentas bancarias, habiendo presentado incluso declaraciones juradas ante el órgano recaudador y suscripto planes de facilidades de pago. Por otro lado, el argumento relacionado con la situación de crisis económico-financiera del deudor principal, la existencia de medidas cautelares y su estado falencial, sobre los que versa la totalidad de la prueba rendida en autos, resulta insustancial, toda vez que con la misma no han demostrado, como lo requiere la causal eximente esgrimida, que el ente administrado los haya puesto en imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con sus deberes tributarios, que la ley pone a su cargo de pagar con los recursos que administran, perciben o disponen. Por cuanto la apertura del mentado concurso preventivo se realizó el 24/10/2014 y la posterior declaración de quiebra de la sociedad, y su correspondiente desapoderamiento de las autoridades, fue decretada el 30/6/2016, esto es en una fecha notoriamente posterior a los períodos cuya responsabilidad se les endilga (vide fs. 305/309).
En esa misma dirección la Sala B de este Tribunal, en la causa “Ripa, Jorge Joaquín s/ recurso de apelación” del 09/5/2002, resolvió “Que, sin embargo, tal prueba no es apta para acreditar la causal de excusación prevista en el artículo 8, inciso a), de la ley 11683 sobre la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por actos de la sociedad, ya que no puede considerarse eso configurado por la existencia de las dificultades denunciadas por la apelante.
Que, por otra parte, ha sido la misma recurrente quien dispusiera de los fondos y les adjudicara a diversos destinos que no fueron el Fisco, por lo que mal podría invocar aquella causal de excusación. Que no puede sentarse por principio que las dificultades por las que atraviesa una empresa puedan servir de razón liberatoria de las obligaciones fiscales, no sólo para ella, sino también para sus responsables por deuda ajena, puesto que ello conspira precisamente contra la garantía del crédito fiscal que se ha querido instrumentar con el sistema de responsabilidad solidaria”.
En función de todo lo expuesto, considero que el carácter de responsables solidarios de los apelantes se encuentra suficientemente demostrado conforme surge de los antecedentes mencionados, sin que hayan aportado pruebas tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, configurándose el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental. Por ello, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
IX. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, no habiéndose expresado agravios al respecto, corresponde su confirmación y recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (v. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que se adhiere al relato de los hechos efectuada en el voto precedente.
II. Que, en cuanto a la defensa de nulidad articulada por los recurrentes, con fundamento en que los actos en crisis vulnerarían el debido proceso adjetivo y la garantía de la defensa en juicio, luciendo inmotivados e incausados, disiento en el tratamiento que se efectúa en el voto precedente, en tanto a mi criterio, las argumentaciones planteadas no se vinculan con “nulidades procesales”, sino con la aplicación de los artículos 7° y 14 de la Ley 19.549.
En primer lugar, debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecidas en el artículo 17 de la ley 11.683. En efecto, dicho precepto establece en su párrafo 5º que el procedimiento determinativo “deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8”. Es así que surge de las actuaciones administrativas acompañadas que con fecha 25 de noviembre de 2014 se confirieron sendas vistas establecidas en el citado artículo, describiéndose claramente los hechos en los que se sustentó la atribución de responsabilidad, obrando a fs. 29/32 el escrito de descargo presentado por el recurrente Carlos Daniel Graciano y a fs. 61/64 el presentado por Fernando Graciano (vid. Antecedentes administrativos acompañados).
Finalmente se emitieron los actos ahora en recurso.
De tal forma, no se advierte la violación al debido proceso alegado, destacándose que los recurrentes pudieron ejercer su derecho de contradicción con la administración en los escritos de conteste. Con respecto a la aducida violación a su derecho de defensa con sustento en la imposibilidad de producir pruebas cabe recordar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en el sentido que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros).
En ese contexto, los argumentos planteados deben ser desestimados toda vez que han podido ofrecer y producir en esta instancia las medidas probatorias tendientes a acreditar los hechos en los que reposan su defensa, habiéndosele dado la oportunidad para su producción (vid. fs. 161).
Corresponde entonces analizar su impugnación con sustento en la falta de causa y motivación. A fin de dar respuesta a sus agravios, considero oportuno definir la causa del acto administrativo. Así, encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (Hutchinson, Tomás: “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pág. 154).
Por su parte, el inciso e) del artículo 7° de la Ley 19.549 recoge la postura amplia que sobre la motivación había expresado un sector importante de nuestra doctrina nacional y exige que todo acto administrativo “Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso b)”.
Volviendo a Hutchinson, la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular responde a la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (op. citada, pág. 159). Asimismo, dicha obligación reposa en los principios republicanos que exigen juridicidad y razonabilidad e imponen a la administración la obligación de explicar sus actos. No cabe duda entonces que, para nuestra ley, todos los actos necesitan ser motivados, concepto que se desprende del citado inciso, en tanto expresa que el acto administrativo deberá exponer “en forma concreta las razones” que llevan a su dictado y su alcance variará según los casos y circunstancias. En ese contexto, los argumentos esgrimidos por los recurrentes en virtud de los cuales entienden que los actos apelados carecen de causa y la debida motivación, deben ser rechazados, toda vez que surge de su lectura cuales fueron los hechos y el derecho en que se sustentan, además de guardar la debida correspondencia entre la exposición de motivos con la conclusión a la que se llega, y haberse cumplimentado el procedimiento previsto para dictarlos, por lo que no se advierte afectación alguna de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.
En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada por los recurrentes, con costas. En efecto, entiendo que las costas deben ser soportadas por la excepcionante, toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inciso h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en la falta de causa del acto, agravio que acarrea inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
III. Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar el fondo de la causa, que nos dirige a analizar la procedencia de la responsabilidad solidaria determinada a los recurrentes, quienes alegan que no les corresponde, por imperio del artículo 5° y 6° inc. d) de la Ley 11.683.
En cuanto a su defensa de fondo, alegan que al encontrarse la sociedad en concurso, se encontraban impedidos de proceder al pago de las obligaciones fiscales.
IV. Que con respecto al primer aspecto de su defensa, comparto lo expuesto por el Dr. Porporatto en el punto VII de su voto.
En cuanto a la defensa de fondo, entiendo que a fin de resolver la procedencia de la atribución de responsabilidad solidaria corresponde esclarecer su naturaleza jurídica, para extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de aquella responsabilidad.
Nos enseña D’Amati que “la doctrina tradicional había en diversas ocasiones precisado que “además de al sujeto pasivo del impuesto, la ley tributaria muchas veces declara obligado al pago del tributo o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales, a una persona diversa que puede denominarse responsable del impuesto” (D’Amati, Nicola: “Derecho Tributario, Teoría y Crítica”, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985, pág. 363 y sgtes. y sus citas). El ordenamiento jurídico tiene particular interés en regular –dentro de los sujetos pasivos- una figura con clara función de tutela del crédito fiscal, justificación de la existencia de la solidaridad en materia tributaria.
En efecto, como señalan los Dres. Buitrago y Gamberg “la norma tributaria para tutelar el interés fiscal en la recaudación segura y rápida de los tributos, involucra con vínculos solidarios en la obligación, a sujetos a los cuales, con seguridad, no es referible la capacidad contributiva evidenciada por el presupuesto de hecho. En estos casos, la ampliación de los sujetos implicados la realiza la norma tributaria, aplicándola a sujetos pasivos de los efectos ulteriores de un presupuesto de hecho diverso en el cual, a aquellos efectos propios del hecho imponible, se agregan otros elementos” (Vid. Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2019, pág. 49 y sgtes.).
Es así que el legislador traza un mecanismo por el cual el impuesto es, por ley puesto a cargo de una determinada persona, que coincide con el partícipe directo de la situación base del impuesto y por otra norma, distinta, se establece la obligación de otro sujeto, a la vez y junto al primer obligado. En esa dirección, explica Jarach, sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o contribuyente) puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo.
De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico, para los otros obligados el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (El hecho imponible, pág. 177/9). Dicho mecanismo fue receptado por nuestra legislación tributaria, pues de acuerdo con lo que disponía el artículo 6° de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones, texto vigente a la sazón) “están obligados a pagar el tributo, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley […] “los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el artículo 5º, en sus incisos b) y c)”.
Por su parte, el artículo 8 disponía –en lo que aquí interesa- que “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”.
Como concurriera a sostener tiempo atrás, en el régimen de solidaridad previsto en nuestra legislación se destacan dos figuras, no de diversa estructura, sino que son colocadas en grado diverso: una, obligación principal y la otra, garantía de aquélla y dependiente por tanto de ella. “En consecuencia no se trata de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuyo cumplimiento pueda el acreedor exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino la de una obligación principal o primaria y otra u otras, accesorias o subsidiarias, de tal modo que el acreedor, es decir el Fisco Nacional, puede hacer valer sus derechos siguiendo un orden preestablecido. Así, la obligación de garantía resulta solidaria toda vez que éstos no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto sino como responsables de la deuda ajena, no quitando la solidaridad a esta obligación de garantía su carácter subsidiario” (Buitrago y otras, “Procedimiento Fiscal”, Errepar, Buenos Aires, 2001, pág, 76 y sgtes. y sus citas).
V. Que aclarado ello, deben precisarse cuáles son los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad pueda determinarse en cabeza del recurrente.
En ese sentido, tengo para mí que la responsabilidad descripta no es del tipo objetivo ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo, circunstancia que se desprende del último párrafo del inciso a) del artículo 8 en tanto dispone que aquélla no existirá si se demuestra debidamente “que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”. En ese sentido, debe destacarse que no se trata de una responsabilidad formal sino a título represivo, en tanto responde a los fundamentos de dolo o culpa a cuyos efectos deberá valorarse la conducta del responsable. Como con justeza explicara el Dr. Martínez “la responsabilidad solidaria en cuanto al impuesto […] importa responsabilidad a título represivo desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al Fisco con los recursos que administran o de que disponen” (“Quatrocchi, Antonio Serafín” (27/9/1966).
VI. Que como expresara en el Considerando precedente, el régimen de responsabilidad solidaria establecido en la ley se funda en la violación de las obligaciones que la ley pone en cabeza de aquellos que administran o disponen los bienes de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Responsabilidad, que como se dijo es a título represivo. De allí que recaerá en ellos la acreditación de la ausencia de responsabilidad.
En ese contexto, cabe señalar que los argumentos esgrimidos en esta instancia no alcanzan a destruir las circunstancias tenidas en cuenta por el juez administrativo ni a destruir los elementos de prueba colectadas.
En principio porque los recurrentes no discuten los cargos que detentaban (Presidente y Vicepresidente, alternadamente) durante los períodos fiscales en discusión. En la misma dirección, tampoco cuestionan que eran los representantes legales y los firmantes de las cuentas bancarias de la sociedad. Sentado ello, no resulta atendible el alegado estado concursal en que se encontraba la sociedad como causal exculpatoria de su obligación de cumplir con las obligaciones fiscales, toda vez que tal situación no resulta hábil para acreditar la imposibilidad de cumplir. Baste tener presente que la concursada mantiene la administración de sus bienes y la declaración de quiebra se produjo con posterioridad a los períodos fiscales cuya responsabilidad por su incumplimiento se les achaca.
Asimismo, y como destaca en su voto el Vocal Instructor, las dificultades financieras por las que atraviesa una empresa no pueden servir de sustento para liberar de las obligaciones fiscales no sólo a aquella sino también a sus responsables por deuda ajena, pues ello conspira contra la garantía del crédito fiscal que la ley instaura con el sistema de solidaridad.
Ello así, y no resultando aceptables los argumentos esgrimidos voto en el sentido de confirmar las resoluciones que atribuyeron responsabilidad solidaria, con costas.
VII. Que, con respecto a los intereses resarcitorios, adhiero a lo resuelto por el Dr. Porporatto. Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar la excepción de nulidad articulada por los recurrentes, sin costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2025.03.12 10:58:12 ART Date: 2025.03.12 12:42:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.12 14:38:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.12 14:38:40 -03:00
Fin de la sentencia