Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-74347192-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el planteo de inexistencia del acta de denuncia y el pedido de nulidad efectuado por la actora, sin costas
II. Confirmar parcialmente la Resolución N° 146/2021, dictada en la Actuación n° 17493-167-2016, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende al 10% del valor en aduana de la mercadería comprometida en la DJVE 16057DJVE000049G.
III. Las costas del punto II.- se imponen por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-95082312-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Septiembre de 2026 GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, para dictar sentencia en los autos caratulados “GRADEAR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº EX-2021-74347192- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante RE-2021-74344233-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 146/2021 (AD SALO), dictada el 7 de julio de 2021 en la actuación SIGEA n° 17493-167-2016, por la que se la condena al pago de una multa de $ 8.271.416,30, en los términos del art. 9° de la ley 21.453, por no haber cumplido con el 90% de la exportación comprometida bajo la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) 16057DJVE000049G. Se refiere a los antecedentes del caso: el contrato de compraventa celebrado el 29 de enero de 2016 con BTG Pactual Commodities (posteriormente Engelhart Commodities Trading Partners) por 45.000 toneladas de maíz; la DJVE oficializada por 25.000 toneladas, con vencimiento el 17 de septiembre de 2016; el "wash-out" o rescisión unilateral del contrato por parte del comprador extranjero comunicado el 2 de junio de 2016; el pedido de cambio de destino y de prórroga de los permisos de embarque; y la presentación, el 14 de noviembre de 2016, de un pedido de "cumplido sin sanción" ante la UCESCI (CUDAP exp- S01:0518586/2016), respecto del cual sostiene no haber sido notificado de resolución alguna. Solicita la suspensión del trámite de la causa hasta tanto recaiga y quede firme el pronunciamiento de dicho organismo. Plantea, con carácter de previo y especial pronunciamiento, la inexistencia del acta de denuncia por carecer de fecha (art. 8 de la ley 19.549) y la nulidad del expediente aduanero por no haberse puesto las actuaciones a disposición de las partes para alegar (art. 1063 del C.A.). En cuanto al fondo, invoca la eximente de caso fortuito o fuerza mayor (art. 731 del C.A. y arts. 1730/1732 del Código Civil y Comercial), fundada en las inundaciones ocurridas en el Partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires, y en la rescisión unilateral del contrato por parte del comprador extranjero. Cita el precedente "NATE" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Plantea la falta de competencia de la Aduana para aplicar sanciones de naturaleza penal, con cita de los precedentes "ALUAR" y "BLANCO". En subsidio, solicita la reducción de la multa por aplicación del instituto de autodenuncia previsto en el art. 917 del C.A. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2021-109297510-APN-DTD#JGM la representación letrada de la Dirección General de Aduanas contesta el traslado que le fuera conferido. Formula negativa genérica de los hechos. Contesta los agravios de la actora y solicita el rechazo de las excepciones de inexistencia del acta de denuncia y de nulidad del expediente administrativo, por no encontrarse contempladas entre los supuestos taxativos del art. 1149, inc. 2°, del C.A. y por no mediar indefensión que amerite tal sanción. En cuanto al fondo, sostiene la improcedencia de la reducción de la multa en los términos del art. 917 del C.A., por considerar extemporánea la autodenuncia conforme la Circular 4/2009 de la ONCCA. Señala que la actora no ha acreditado la existencia ni la incidencia del caso fortuito o fuerza mayor invocado. Defiende la competencia del servicio aduanero para la aplicación de sanciones de naturaleza infraccional. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas SIGEA n° 17493-167-2016. Hace reserva del caso federal y solicita se desestime la apelación y se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que mediante PV-2022-130017862-APN-VOCXVII#TFN se apertura la causa a prueba, clausurada mediante PV-2026-68410778-APN-VOCXVII#TFN y se elevaron los actuados a la Sala “F”. Mediante IF-2026-91337891-APN-VOCXVII#TFN los autos quedaron en estado de dictar la sentencia.
IV. Que de la compulsa de la Actuación SIGEA n° 17493-167-2016, resulta que la misma se inicia con acta de denuncia (carente de fecha). A continuación, obra remisión al Sr. Jefe de la División Operativa, mediante nota 1407/2016 EX –ANTE, por presunta infracción al art. 9 de la Ley 21.453.
El 10 de marzo de 2017, se realiza la apertura de sumario contra la firma exportadora. Se presenta la aquí actora a los fines de realizar manifestaciones y solicitar la suspensión, indicando que el 14 de noviembre de 2016 se presentó ante la UCESCI a los fines que se tenga por cumplida la exportación objeto de las presentes. Realiza consideraciones y contesta la vista conferida, notificada el 15 de mayo de 2017, manifestando que la DJVE 16057DJVE000049G fue oficializada el 18 de marzo de 2016, venciendo la misma el 16 de septiembre de 2016, y que ese mismo día se oficializó una nueva DJVE cuyo vencimiento operaria el 17 de octubre de 2016 y sobre la cual se pidió prórroga. El 14 de noviembre de 2016 la exportadora presentó un pedido de cumplido sin sanción ante la UCESCI. Dicho pedido, según obra en la SIGEA N° 13289-4125-2017/1, agregada a la SIGEA n° 17493-167-2016, fue resuelto por la UCESCI como extemporáneo.
V. Que, sentado ello, corresponde tratar en primer término los planteos esgrimidos por la actora, en relación a la inexistencia del acta de denuncia por carecer de fecha y la nulidad del expediente aduanero por no haberse puesto los autos a disposición de las partes para alegar (art. 1063 del C.A.). Cabe señalar, con carácter preliminar, que la nulidad constituye un remedio excepcional, por lo que su procedencia debe ser analizada con suma prudencia, evaluándose con rigurosidad si los extremos esbozados en el planteo recursivo resultan suficientes para declarar la invalidez e ineficacia de los actos llevados a cabo por la Administración.
a) Inexistencia del acta de denuncia.
Corresponde destacar que la inexistencia jurídica —en cuanto categoría dogmática— presupone la ausencia misma del acto en el mundo del derecho, y resulta claramente diferenciable de la nulidad, que presupone la existencia de un acto o instrumento al cual ciertos vicios privan de efectos legales. En el sub examine, el acta de denuncia obra agregada a fs. 1 de las actuaciones administrativas SIGEA n° 17493- 167-2016.
La omisión podría considerarse como un defecto formal, pero no constituye la inexistencia pretendida por la agraviada.
En este orden de ideas, cabe señalar que el acta de denuncia es un mero acto preparatorio. Ahora bien, la ausencia de fecha en la constancia analizada no impidió que la actora tomara cabal conocimiento de los hechos imputados, su encuadre legal, de la multa mínima a los fines del pago voluntario y de los importes reclamados, extremos que le fueron notificados mediante la corrida de vista prevista en el art. 1101 del C.A. (Nota N° 1407/2016 EX-ANTE), Como se visualiza del expediente administrativo, la agraviada pudo ejercer efectivamente su derecho de defensa, ofreciendo prueba y planteando las excepciones y argumentos que estimó pertinentes. No advirtiéndose, entonces, perjuicio real o indefensión derivados de la omisión apuntada —recaudo ineludible para la procedencia de cualquier sanción de invalidez, y teniendo en consideraición que no existe nulidad por la nulidad misma (MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ D.G.A. s/ APELACIÓN”, TFN, Sala G, 26/03/2025, Expte. EX-2024-85883360-APN-SGASAD#TFN, CEMBRASS S.A. y OTROS c/ DGA s/ recurso de apelación”, TFN, Sala G, 9/02/2026, Causa N.º 34.606-A)—, corresponde rechazar el agravio planteado, sin costas.
b) Nulidad por no haberse puesto los autos a disposición de las partes para alegar.
La actora sostiene que, contrariamente a lo dispuesto por el art. 1063 del C.A., no se pusieron las actuaciones a su disposición para alegar sobre el mérito de la prueba documental incorporada. Al respecto, el mencionado artículo del Código de fondo dicta, “Producida la prueba o vencido el plazo para su producción, el administrador pondrá las actuaciones a disposición del interesado por el plazo de SEIS (6) días para que alegue sobre el mérito de la prueba producida”, siendo que en las actuaciones bajo análisis no obra apertura del proceso a prueba.
Conforme surge de la compulsa del expediente administrativo, el procedimiento no aperturado a prueba, motivo por el cual, la obligación dispuesta en el art 1063 del C.A. no se configura en tal sentido. A mayor abundamientos, cabe señalar que, atento a la posibilidad de la actora de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer las defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades del procedimiento administrativo se tornan relativas y subsanables en esta instancia (cfr. TFN, Sala F, "Trading Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación", sentencia del 23/2/2026, considerando V). No se evidencia, en consecuencia, la alegada violación del derecho de defensa, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal.
A ello se aduna que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, de modo constante, que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento sustanciado en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior, pues de ese modo se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (Fallos: 205:549; 247:52, consid. 1°; 267:393, consid. 12, entre otros).
En resumen de todo lo antedicho, la actora tuvo amplia oportunidad de ejercer su defensa: tanto al contestar la vista del art. 1101 del C.A., ocasión en la que ofreció prueba y esgrimió las defensas y excepciones que consideró pertinentes, como en esta instancia ante el Tribunal, en la que la causa fue abierta a prueba. No se advierte, entonces, perjuicio concreto derivado de la omisión apuntada, sin que baste, para la procedencia de la nulidad.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la actora, sin costas.
VI. Que a continuación corresponde resolver la cuestión de fondo involucrada en autos.
Que mediante la resolución apelada se exige a la actora el pago de una multa en los términos del art. 9° de la ley 21.453, por no haber cumplido con la exportación de, al menos, el noventa por ciento (90%) de la mercadería comprometida en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) 16057DJVE000049G dentro del plazo estipulado.
No resulta controvertido que, conforme la DJVE 16057DJVE000049G, oficializada el 18 de marzo de 2016, la aquí recurrente se obligó a exportar, dentro del plazo allí establecido –vencido el 17 de septiembre de 2016– (pág. 70 SIGEA 13289-4125-2017/1 – IF-2022-61360511-APN-DTD#MJ), el noventa por ciento (90%) de las 25.000 toneladas de maíz declaradas.
Recordemos que el art. 9 de la ley 21.453, bajo cuyo régimen se realizó la operación, preceptúa que: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador”.
Por su parte, la actora invoca la eximente de caso fortuito o fuerza mayor prevista en el art. 731 del C.A. y en los arts. 1730 y 1732 del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es, la existencia de un hecho imprevisible o, siendo previsible, inevitable, ajeno a la voluntad del obligado y que guarde relación causal directa con el incumplimiento verificado, invocando a tal efecto las inundaciones acontecidas en el Partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires, y la rescisión unilateral del contrato de compraventa –“wash-out”– dispuesta por el comprador extranjero el 2 de junio de 2016.
Sentado ello, corresponde analizar si las circunstancias invocadas resultan idóneas para configurar la eximente alegada.
En cuanto a la rescisión contractual dispuesta por BTG Pactual Commodities (posteriormente Engelhart Com-modities Trading Partners), cabe señalar que se trata de una contingencia propia del riesgo comercial asumido por el exportador al contratar con un comprador del exterior, ajena a la esfera de responsabilidad del servicio aduanero y no equiparable, sin más, a un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor en los términos de la normativa aplicable. Ello máxime cuando la propia actora, frente a dicha contingencia, procuró el cumplimiento de su compromiso de exportación mediante el pedido de cambio de destino y de prórroga de los permisos de embarque, extremo que da cuenta de que contaba con las herramientas legales para intentar honrar la obligación asumida con otro comprador.
En cuanto a las inundaciones invocadas, más allá de su carácter notorio como fenómeno climático, no se advierte en autos que la actora haya acreditado su incidencia concreta y directa sobre el cumplimiento de la exportación comprometida bajo la DJVE en cuestión, ni que hubiese puesto dicha circunstancia en conocimiento del servicio aduanero o del organismo de aplicación en tiempo oportuno a los fines de obtener la extensión del plazo o la liberación de la obligación asumida.
En este sentido, resulta relevante destacar que, no obstante que respecto de la nueva DJVE oficializada con vencimiento el 17 de septiembre de 2016 se solicitó una prórroga, la actora recién se presentó ante la UCESCI el 14 de noviembre de 2016 –esto es, con posterioridad al vencimiento de dicho plazo– solicitando el “cumplido sin sanción”, pedido que fue resuelto como extemporáneo por el organismo competente (conf. surge de la SIGEA N° 13289-4125-2017/1, agregada a la SIGEA n° 17493-167-2016). Dicha demora en instar el reconocimiento de la eximente invocada, sumada a la ausencia de constancias que acrediten gestiones anteriores tendientes a poner en conocimiento del servicio aduanero las circunstancias impeditivas alegadas, conspira contra la procedencia de la defensa esgrimida. Por lo demás, cabe recordar –en línea con lo señalado por esta Sala en el precedente “TRADING SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación” (sentencia del 23/2/2026)– que quien se somete voluntariamente al régimen de declaraciones juradas de venta al exterior asume las obligaciones y los riesgos propios de dicho régimen, no advirtiéndose en el caso motivo alguno que exima de responsabilidad a la parte, máxime tratándose de una empresa exportadora con el conocimiento y la experiencia propios de su giro comercial. Tampoco resulta trasladable, sin más, al sub examine la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “NATE”, en tanto los presupuestos fácticos allí examinados difieren de los aquí verificados.
En consecuencia, no encontrándose acreditada la configuración de la eximente de caso fortuito o fuerza mayor invocada, ni advirtiéndose circunstancia alguna que permita exonerar a la actora del cumplimiento de las obligaciones asumidas al ampararse en el régimen del art. 9 de la ley 21.453, propongo confirmar la resolución apelada.
VII. Por último, corresponde analizar el pedido de morigeración de la pena impuesta.
El invocado por la firma art. 917 del C.A., establece: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: ”a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o ”b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. ”2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. ”3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”.
No podemos perder de vista que la firma se acogió al régimen opcional establecido por el art. 729 del C.A., el cual le permite al exportador calcular los tributos aduaneros a la fecha en que se perfecciona la compra-venta de la mercadería agraria y, de este modo, obtener una certeza del costo de la operación celebrada, con la obligación de exportar dicha mercadería en los plazos, formas y condiciones establecidos en el art. 730 del C.A.
En este orden, corresponde traer a colación lo resulto por la Sala I de la CNCAF en la causa n° 17.648/2013 “Hierros S.A. (TF 30.154-A) c/DGA “; la Sala II en “Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. c/DGA” del 27/4/17; la Sala III en “LDC Argentina S.A. (TF 25.647-A) c/ DGA”, del 25/08/11 y en “GEAR SAAICF c/DGA”, del 15/03/16 y por la Sala V en “Cremer y Asociados S.A. c/DGA”, del 15/12/16. En tal sentido, proceder a la aplicación de la “ley penal más benigna”, equivaldría, en los hechos, a dejar sin efecto el supuesto infraccional del art. 9 de la ley 21.453 para una pluralidad de casos posibles, ya que no habría ningún supuesto en que fuera procedente aplicar la sanción prevista en la legislación especial (conf. CNCAF SALA I 62646/2018 GLOBAL CEREALES S.A. (TF 32.260-A)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO).
A la luz de lo expuesto considero que en el caso de marras no procede la reducción de pena.
VIII. Que respecto de las costas del proceso, no advierto motivos para apartarme del principio general de la derrota, debiendo las mismas ser soportadas por la actora vencida.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de la inexistencia del acta de denuncia y el pedido de nulidad efectuado por la actora, sin costas.
2. Confirmar la Resolución Nº 146/2021 (AD SALO), dictada en la Actuación n° 17493-167-2016.
3. Costas a la actora.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial a lo decidido en el voto que antecede, con expresa excepción de los argumentos esgrimidos en el Considerando VII, en virtud del voto del suscripto in re “TRADING SUR S.A” (EX -2021-109585603- -APN-SGASAD#TFN), del 23 de febrero de 2026; a cuyos fundamentos cabe remitirse en toda su extensión.
II. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar el monto de la multa impuesta en la litis, debiendo tenerse en plena consideración que tanto el artículo 969 del Código Aduanero –norma que establece una multa mínima del 10% del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada-, como el artículo 9 de la ley 21.453 –cuya multa mínima es del 15% del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración-, tratan dos tipos infraccionales que reprimen la misma conducta, por lo que corresponde la aplicación de una sola de ellas.
III. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna– conforme el artículo 861 de la ley 22.415–, se impone la aplicación de la sanción prevista en el artículo 969 del Código Aduanero y no la establecida en el artículo 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
IV. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el artículo 969 del Código Aduanero.
V. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por lo demás, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
I. Rechazar el planteo de inexistencia del acta de denuncia y el pedido de nulidad efectuado por la actora, sin costas II.- Confirmar parcialmente la Resolución N° 146/2021, dictada en la Actuación n° 17493-167-2016, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende al 10% del valor en aduana de la mercadería comprometida en la DJVE 16057DJVE000049G.
III. Las costas del punto II.- se imponen por sus respectivos vencimientos.
ASI LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino. Así lo voto.-
En virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
I. Rechazar el planteo de inexistencia del acta de denuncia y el pedido de nulidad efectuado por la actora, sin costas II.- Confirmar parcialmente la Resolución N° 146/2021, dictada en la Actuación n° 17493-167-2016, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende al 10% del valor en aduana de la mercadería comprometida en la DJVE 16057DJVE000049G.
III. Las costas del punto II.- se imponen por sus respectivos vencimientos.
Regístrese y notifiquese.
Date: 2026.09.22 15:42:59 ART Date: 2026.09.22 20:40:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.29 17:44:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.29 17:46:38 -03:00
Fin de la sentencia