Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 67444
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Guillermo Raúl Mavrich, en la suma de diez mil doscientos veiticuatro pesos -$10.224- y los de sus letrados patrocinantes, doctora Blanca Matilde Aued, en la suma de seis mil trescientos noventa pesos -$6.390- y doctores Alejandra B. Chiodo y Sebastián Trueba, en las sumas de cinco mil ciento doce pesos -$5.112- a cada uno (arts. 9, 14, 15, 16, 22, 26, 44 apdo. b) segunda parte y 54, dec. ley 8.904/77), cantidades a las que deberá adicionarse el 10% (art. 16, ley 6.716 -t.o. dec. 4.771/96 y modif.-; cfr. doctr. causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Ac. 3871/17) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 67.444, "Astudillo, Mirta y otros contra Provincia de Buenos Aires (Dcción. Gral. Cult. y Ed). Demanda contencioso-administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres , Pettigiani , Genoud , Soria
I. Mirta Isabel ASTUDILLO, Mónica Graciela DEL RÍO, María Inés SCHOCH, María Cristina D'ANNUNZIO, Jorge Luis PAEZ, Héctor Elisardo TUNESSI, María Luisa GARZA, Marta Hilda VAGO, Susana Noemí SILVETTI, Edilia Noemí MARTELLA, Gladys Ethel ZUBIMENDI, María del Carmen MASSA, Nora Mabel PIERINI, Norma Lidia MORONI, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación, en adelante DGCyE) a efectos de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones 4.562/02 y 3.964/03 dictadas por el mencionado organismo con fecha 22 de octubre de 2002 y 12 de septiembre de 2003, respectivamente.
Por el primero de los mencionados actos se rechazó el reclamo efectuado por los actores a efectos de que la bonificación por presentismo y la compensación por material didáctico sean incorporadas al sueldo básico. La resolución DGCyE 3.964/03 confirmó la anterior al desestimar el recurso de revocatoria interpuesto contra aquella.
Por consecuencia de la nulidad pretendida solicitan se les reconozca el derecho a que los mencionados conceptos se incorporen al sueldo básico, de acuerdo con el cargo y función que los actores desempeñan. Piden se abonen las respectivas diferencias salariales (v. fs. 24 vta., 25 y 33 vta. tercer párr.).
Por último, ofrecen prueba y formulan reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y solicita su rechazo en todos sus términos.
Para el supuesto que prospere la pretensión, opone de modo subsidiario la defensa de prescripción de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.027 del Código Civil, vigente durante el transcurso del término.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y formula reserva de caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
III. A fs. 77 la parte actora responde el planteo de prescripción.
IV. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas (v. fs. 55), el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 89/460) y el alegato presentado por la demandada (v. fs. 468), declarado por perdido el derecho de la actora a alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 471) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan, dijo:
I. Relatan los accionantes que el 5 de enero de 2001 se presentaron ante la DGCyE y solicitaron la incorporación al sueldo básico de la bonificación por presentismo y de la compensación por material didáctico.
Apuntan que esta petición les fue rechazada mediante resolución DGCyE 4.562/02, luego fue confirmada por su similar 3.964/03 que desestimó el recurso de revocatoria incoado contra la anterior.
Sostienen que los actos que impugnan violan el ordenamiento jurídico, carecen de motivación suficiente e incurren en afirmaciones falsas.
Además, dicen que poseen vicios en la finalidad, pues aducen que carecen de contenido adecuado a sus fines y se apartan de la finalidad prevista en la norma.
En orden al fondo del planteo, niegan que el presentismo sea una bonificación que premie la asistencia al trabajo. Por el contrario, aseveran que es una compensación normal de la tarea propia del docente. Enumeran diversas situaciones en que no existe efectiva prestación del servicio y, pese a ello, señalan que se percibe tal bonificación. Ponen de resalto que se abona aun en épocas de receso escolar.
A su vez, niegan que la compensación por material didáctico tienda a reembolsar un gasto.
Alegan que en el marco de lo dispuesto en el art. 40 del decreto ley 9.650/80 texto ordenado 1994 los aludidos deben ser integrados al sueldo básico.
Con cita de doctrina de este Tribunal manifiestan que las cantidades de dinero que el empleador reconoce y abona con habitualidad y periódicamente y no se otorguen en mérito al comportamiento del agente, sino por trabajos que se realicen, son remuneración.
II. Al contestar la demanda la Fiscalía de Estado analiza cada una de las normas que rigen la cuestión sometida a decisión, y destaca la doctrina de este Tribunal respecto a la temática de autos.
Con relación a la bonificación por presentismo señala que el art. 2 del decreto 2.202/92 establece que ésta"...tendrá el carácter de bonificación no remunerativa y no bonificable, por tanto no estará sujeta a los descuentos previstos por las leyes previsionales y asistenciales, como así tampoco a las retenciones de cuotas sindicales, ni servirá de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de concepto...". Acota que exige la asistencia efectiva al lugar de trabajo durante el mes próximo anterior. Aclara que quienes no cumplieran tal condición no cobrarían el adicional, lo que influiría en el predicado carácter habitual de la bonificación.
Respecto a la compensación de gastos de material didáctico apunta que sólo puede ser percibido por aquellos agentes que se encuentran cumpliendo tareas docentes de un modo efectivo, quedando excluidos aquellos que no cumplen labores educativas o se encuentran en pasividad.
Agrega que el Poder Ejecutivo, al dictar los decretos 2.202/92 y 4.495/94 que establecen los adicionales por "presentismo" y "reintegro de gastos de material didáctico", respectivamente, obró en ejecución de las autorizaciones que habitualmente le confiere el Poder Legislativo en las leyes de presupuesto para ajustar las retribuciones mensuales del personal dependiente de la Provincia (v.gr. arts. 21, ley 11.361; 20, ley 11.475), constituyendo una facultad discrecional del aludido poder administrador de diagramar la política salarial de los agentes públicos provinciales.
En tal marco, a juicio de la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo puede válidamente asignar los caracteres de "no remunerativo" y "no bonificable" a los suplementos mensuales creados mediante los decretos 2.202/92 y 4.495/94, sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad, estableciendo un premio o estímulo a la asistencia, así como una compensación económica por el gasto en que debe incurrir el docente en actividad que se deriva de la utilización del material didáctico.
III. De la prueba producida en autos surgen los siguientes datos útiles para la decisión del caso:
III.1. A fs. 152/155 se encuentran agregadas copias de las resoluciones DGCyE 4.562/02 y 3.964/03.
III.2. A fs. 227/455 y en anexo agregado -sin acumular- (v. fs. 162) obran glosadas las copias de los recibos de sueldo de los actores desde enero de 1996 hasta la fecha del informe.
IV. Tal como han sido expuestas las postulaciones de las partes y los antecedentes del caso, la cuestión a decidir se circunscribe a determinar si los accionantes, docentes en actividad dependientes de la DGCyE, tienen derecho a que los adicionales establecidos por los decretos 2.202/92 (bonificación por presentismo) y 4.495/94 (compensación y reintegro de gastos en concepto de utilización o aporte de material didáctico) sean considerados como integrantes de la remuneración o retribución mensual de conformidad con lo normado en el art. 31 del Estatuto del Docente (ley 10.579).
Cuestión idéntica a la sometida a decisión en autos fue resuelta en la causa B. 64.645, "Bellisario" (sent. de 6-V-2009 -luego reiterada en la causa B. 65.401, "Longas", sent. de 27-IX-2017-) en la que adherí al voto del entonces Juez doctor Hitters, cuyos fundamentos me permito reproducir.
IV.1. La solución del caso encuentra respuesta en la propia letra del Estatuto del Docente, en particular en sus arts. 31 a 33, sin que corresponda acudir al concepto de remuneración previsto, a los efectos previsionales, en el art. 40 del decreto ley 9.650/80.
Por una parte, cabe reseñar que la primera de dichas normas establece que: "La retribución del personal docente, según corresponda, estará integrada por: a) la asignación mensual por el cargo u horas cátedra que desempeñe; b) la bonificación por antigüedad; c) la bonificación por desempeño en medios desfavorables; d) la bonificación por función diferenciada; e) la bonificación por función especializada; f) la bonificación por prolongación de jornada habitual. El docente percibirá, además, los subsidios por matrimonio, prenatalidad, natalidad, escolaridad y carga de familia y cualquier otra bonificación que eventualmente el Estado fije para todos sus agentes de acuerdo con las normas que rigen la materia...".
A su turno el art. 32 se refiere a la asignación mensual por el cargo u horas cátedra estableciendo que "...se integrará por el sistema de índices que serán establecidos para cada nivel y modalidad en la reglamentación...".
Finalmente, el art. 33 establece, con relación a la bonificación por antigüedad que "...se hará sobre la asignación por cargo u horas cátedra de acuerdo con la siguiente escala...".
IV.2 La reseña antecedente deja al desnudo que el legislador ha contemplado con precisión: i) cómo se integra la asignación mensual por el cargo u horas cátedra; ii) sobre qué corresponde calcular la bonificación por antigüedad (sólo sobre la asignación por cargo u horas cátedra), así como iii) ha habilitado al docente a percibir cualquier otra bonificación que eventualmente el Estado fije para todos sus agentes de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Tales elementos sellan la suerte adversa de la pretensión, pues no sólo no existe ninguna previsión normativa que obligue al Poder Ejecutivo a disponer incrementos salariales exclusivamente mediante el aumento de la asignación mensual prevista en el art. 31 inc. "a" de la ley 10.579, sino que -por el contrario- la propia ley habilita la fijación de cualquier otra bonificación (art. 31 in fine , ley cit.).
A ello cabe adunar la habilitación conferida por el legislador al Poder Ejecutivo para ajustar las remuneraciones mensuales del personal dependiente de la Administración General de la Provincia no comprendido en Convenciones Colectivas de Trabajo, de acuerdo con los objetivos de la política salarial (arts. 21, ley 11.361; 20, ley 11.475).
IV.3. En definitiva, ante tal estado de cosas luce huérfana de sustento la pretendida inconstitucionalidad de los decretos 2.202/92 y 4.495/94, así como el reclamo tendiente a que se incorporen al sueldo básico los importes correspondientes a los mencionados adicionales.
V. Los argumentos expuestos resultan suficientes para abastecer el rechazo de la demanda promovida en autos.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos dados por los señores Jueces preopinantes, sobre la base de las razones que tuviera oportunidad de expresar al sentenciar la causa B. 64.645, "Bellisario", sentencia de 6-V-2009, a cuyo texto remito por razones de brevedad.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Guillermo Raúl Mavrich, en la suma de diez mil doscientos veiticuatro pesos -$10.224- y los de sus letrados patrocinantes, doctora Blanca Matilde Aued, en la suma de seis mil trescientos noventa pesos -$6.390- y doctores Alejandra B. Chiodo y Sebastián Trueba, en las sumas de cinco mil ciento doce pesos -$5.112- a cada uno (arts. 9, 14, 15, 16, 22, 26, 44 apdo. b) segunda parte y 54, dec. ley 8.904/77), cantidades a las que deberá adicionarse el 10% (art. 16, ley 6.716 -t.o. dec. 4.771/96 y modif.-; cfr. doctr. causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Ac. 3871/17) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20)
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2020 17:10:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:30:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/09/2020 11:16:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 14:06:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 14:57:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2020 07:55:58 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia