Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65621
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.621, "Sheridan, Bernardo contra Provincia de Buenos Aires (Dcción. Gral. Cult. y Ed.). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Genoud, Torres, Soria.
Esta Suprema Corte, por medio de la sentencia dictada el 6 de mayo de 2015, hizo lugar parcialmente a la demanda, anulando los actos cuestionados mediante los cuales la Dirección General de Cultura y Educación declaró cesante al accionante y confirmó tal decisión (resol. 1.300/00 y 449/03, respectivamente).
Para así decidir no advirtió configurados algunos de los cargos imputados (falseamiento de declaración jurada, incompatibilidad funcional y la horaria referida a los días miércoles, diversas irregularidades endilgadas al docente), dejando subsistentes las faltas relativas a la incompatibilidad horaria de los días jueves y viernes, así como el incumplimiento de la carga horaria reglamentaria en el cargo de vicedirector de la Escuela de Educación Técnica n° 1 de Colón.
Por tal motivo, ordenó a la autoridad administrativa que ejerciera su potestad disciplinaria dictando un nuevo acto administrativo con arreglo a derecho (ponderando como atenuante, además del correcto comportamiento anterior del docente, las calificaciones que mereciera en los establecimientos educativos en los que prestara servicios), disponiendo la reincorporación del señor Sheridan en la misma situación de revista de la que fuera ilegítimamente separado.
Con respecto a la pretensión resarcitoria resolvió diferir su tratamiento hasta tanto recayera decisión en el sumario administrativo, conforme a cuyo resultado debería resolver.
A fs. 418/427 se presenta el actor adjuntando copia del acta 5/2016 en la que consta su presentación y toma de posesión en los servicios a los que se lo reincorporara con fecha 2 de septiembre de 2016 (v. fs. 400).
Asimismo, adjunta copia certificada del acto mediante el cual la Dirección General de Cultura y Educación diera cumplimiento a la sentencia (resol. 444/16 del 6-IX-2016, por el que lo vuelve a declarar cesante -v. fs. 401/405-), al que cuestiona.
Solicita que, por razones de economía procesal, esta Suprema Corte conozca y decida la impugnación teniendo en consideración que ambas resoluciones que lo declararan cesante han tenido como presupuesto el mismo sumario administrativo iniciado conforme disposición 73/96.
Señala que el Director General de Cultura y Educación ha procedido a la ejecución del fallo de manera "equivocada", olvidando la manda en su integralidad, esto es, sin evaluar como atenuantes los antecedentes del profesor Sheridan.
Teniendo en cuenta las circunstancias del caso (longevidad, connotaciones políticas del sumario, reticencia de la Administración a dictar un acto acorde a derecho) entiende corresponde dejar sin efecto la resolución 444/16, que el Tribunal suplante a la administración en el ejercicio de sus funciones dictando una sanción no expulsiva y, consecuentemente, disponga el pago de los salarios caídos, con más los adicionales y bonificaciones perdidos ajustados a ley hasta su efectivo pago en concepto de daños y perjuicios, adicionándole el daño moral, con los reajustes por pérdida del valor adquisitivo atento el desplazamiento de la convertibilidad monetaria.
Seguidamente ataca la resolución 444/16 señalando que el Director General de Cultura y Educación omitió llanamente ponderar, valorar o considerar los hechos y antecedentes del caso; que la sanción de cesantía resulta palmariamente excesiva y desproporcionada, configurando un acto arbitrario e irrazonable.
Advierte la falta de motivación del acto que impugna, en tanto no se explican los motivos que justifiquen la decisión adoptada.
Arguye que siendo que el vicio es grave y perceptible a simple vista, por concentración, economía procesal y haciendo operativo el principio de la tutela judicial efectiva debería declararse la nulidad del acto notificado al profesor Sheridan el 13 de diciembre de 2016, aplicar de oficio una sanción no expulsiva, sin que ello implique que tenga que volver a retomar tareas por la edad de jubilado que tiene, y abordar la cuestión de los salarios caídos.
Sostiene que el parámetro más equitativo para cuantificar los daños reclamados es utilizar el mejor de los salarios percibidos en los tres meses que fue reincorporado en 2016, en sus diversas tareas (profesor y vicedirector), multiplicado por la cantidad de meses en la que estuvo suspendido preventivamente y dejado cesante.
Subsidiariamente propicia se aplique una indemnización equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las diferencias existentes entre el sueldo que no percibió y el que le hubiera correspondido percibir de haber continuado su desempeño en sus diversos cargos.
Solicita se indemnice el daño moral, derivado del sufrimiento padecido por el accionante durante los años que estuvo injustamente dejado cesante, potenciado por el nuevo acto administrativo, que no respetó las pautas establecidas por esta Suprema Corte de Justicia, teniendo que soportar a los 73 años la humillación de volver a trabajar y a los tres meses resultar nuevamente declarado cesante.
Requiere se apliquen sobre tales sumas la tasa de interés pasiva BIP y que se condene a la demandada a hacer los aportes previsionales respectivos.
Plantea, en subsidio, la inconstitucionalidad del plexo normativo que reguló la consolidación dispuesta por ley 12.836.
A fs. 431/432, la parte demandada contesta el traslado que le fuera conferido sosteniendo la legalidad del acto que aplicó la nueva sanción expulsiva.
Argumenta que si bien el art. 132 apartado II de la ley 10.579 autoriza a imponer a las faltas graves penas que comprenden desde la suspensión hasta la exoneración, lo cierto es que en el caso esta Suprema Corte no limitó en modo alguno la facultad de la Administración de fijar nuevamente la sanción, ajustada a las irregularidades que tuvo por acreditadas.
Por tal motivo, dado que los dos hechos probados y confirmados en la sentencia se encuentran calificados como faltas graves, se aplicó al accionante la sanción de cesantía, conforme lo dictaminaran nuevamente el Tribunal de Disciplina y la Asesoría General de Gobierno, luego de analizar los términos de la sentencia y de considerar los atenuantes existentes a su favor.
Para el improbable supuesto de que se considere que el nuevo acto sancionatorio no cumple adecuadamente lo resuelto en la presente causa, destaca que -de aplicarse una sanción no expulsiva- no correspondería el pago del ciento por ciento (100%) de los salarios dejados de percibir.
Asimismo, se opone al alcance dado por el actor a la pretensión indemnizatoria por considerarla una actualización monetaria encubierta.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿La resolución 444/16 dictada por la Dirección General de Cultura y Educación, mediante la cual sanciona nuevamente con cesantía al aquí accionante, resulta ajustada a las pautas dadas en la sentencia de fecha 6 de mayo de 2015?
En caso negativo,
2ª) ¿Corresponde hacer lugar al pedido del accionante de que esta Suprema Corte resuelva definitivamente la cuestión?
En caso afirmativo y en relación a la pretensión indemnizatoria:
3ª) ¿Debe la reparación ser equivalente a la totalidad de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la decisión ilegítima?
En caso negativo:
4ª) ¿Qué porcentaje de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la cesantía ilegítima corresponde fijar en concepto de indemnización por daño material?
5ª) ¿Qué pauta corresponde adoptar para el cálculo del porcentaje fijado en la cuestión anterior?
6ª) ¿Es procedente la pretensión de pago de los aportes previsionales?
7ª) ¿Corresponde fijar una indemnización por el daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Mediante resolución 444 de 6-IX-2016 (v. fs. 401/405), el Director de Cultura y Educación sancionó nuevamente con cesantía al accionante por las faltas probadas en el sumario que fuera ordenado instruir mediante disposición 73/96 de la Subsecretaría de Educación (obrante a fs. 454/455), a saber: "1) Incompatibilidad horaria los días jueves y viernes y 2) Incumplimiento de la carga horaria reglamentaria en el cargo de Vicedirector de la Escuela de Educación Técnica n° 1 del distrito de Colón", en transgresión a lo normado en el art. 6 incs. "A", "b", "e", "f", art. 29 inc. "b" de la ley 10.579, constituyendo falta grave (art. 30, ley cit.).
Para así decidir, conforme consta en la referida resolución, efectuó una revisión del expediente administrativo n° 5802-2425491/94 y sus alcances -cuya decisión final dio lugar al presente juicio-; consideró el nuevo dictamen del Tribunal de Disciplina -que por unanimidad calificó a la falta como grave y entendió correspondía imponer la sanción en definitiva aplicada-; y valoró la opinión vertida por la Asesoría General de Gobierno en su dictamen según la cual "podrá el señor Director General de Cultura y Educación, no obstante los atenuantes precisados en el punto b) de la sentencia de fs. 729/765, dictar el acto administrativo que sancione al docente Bernardo Sheridan con la medida disciplinaria de 'cesantía', prevista en el art. 132, apartado II, inciso g) de la Ley N° 10.579, por transgresión a la normativa referida, conforme lo aconsejado por el Tribunal de Disciplina a fojas 797/813..." (fs. 404).
II. Como quedara expuesto en el relato de antecedentes, en su presentación de fs. 418/427, la parte actora manifiesta que la autoridad administrativa procedió a la ejecución del fallo de manera "equivocada", olvidando la manda en su integralidad, esto es, sin evaluar como atenuantes los antecedentes del profesor Bernardo Sheridan.
Sostiene que el Director General de Cultura y Educación ha omitido ponderar los hechos y antecedentes del caso -el irreprochable comportamiento del actor y las calificaciones sobresalientes que obtuviera- al momento de disponer la sanción de cesantía, la cual en su entender resulta excesiva y desproporcionada. Alega que en la decisión adoptada la autoridad administrativa no expresa las razones que lo llevaron a tomarla.
III. Adelanto que, en mi criterio, el planteo formulado por el accionante merece acogimiento.
III.1. El señor Sheridan se agravia del segundo acto sancionatorio que le impone nuevamente una cesantía sosteniendo que adolece de falta de fundamentación suficiente pues "no se atiende a los antecedentes de hecho realmente acaecidos que le sirven de fundamento, y que fueran delimitados como parámetros por V.E. para dictar el acto administrativo por parte de la Administración".
III.2. En oportunidad de dictar sentencia en autos (v. fs. 347/382) este Tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda y dispuso que "en virtud de que el art. 132, ap. II, de la ley 10.579 [...] autoriza a sancionar las faltas graves con penas que comprenden desde la suspensión hasta la exoneración y, en la medida que en el caso han quedado en pie sólo dos de las faltas endilgadas [...], corresponde condenar a la Administración a que, en el plazo de 60 días (arts. 163 y 215, Const. prov.), ejerza su potestad disciplinaria, dictando un nuevo acto administrativo con arreglo a derecho". Asimismo, dispuso que la autoridad administrativa "deberá ponderar como atenuante, además del correcto comportamiento anterior del docente Sheridan, las calificaciones que mereciera en los establecimientos educativos en los que prestara servicios".
III.3. La lectura de la resolución 444 permite advertir que el Director General de Cultura y Educación se ha remitido al dictamen de la Asesoría General de Gobierno, organismo que al emitir opinión indicó que "podrá el señor Director General de Cultura y Educación, no obstante los atenuantes precisados en el punto b) de la sentencia de fojas 729/765, dictar el acto administrativo que sancione al docente Bernardo Sheridan con la medida disciplinaria de 'Cesantía', prevista en el art. 132, apartado II, inciso g) de la Ley n° 10.579, por transgresión a la normativa referida, conforme lo aconsejado por el Tribunal de Disciplina a fs. 797/813...".
III.4. Preliminarmente he de recordar el alcance de la revisión judicial de los actos administrativos dictados en el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Administración, en el marco de una relación de empleo público.
El órgano jurisdiccional se encuentra investido de la potestad de analizar los actos disciplinarios emanados de la Administración, abarcando no sólo el control de su regularidad -en especial, el análisis de la existencia de los elementos que conforman el acto administrativo, la configuración en el caso de todos ellos conforme a derecho y la consiguiente constatación de los vicios que pudieren justificar su anulación-, sino también el de la razonabilidad de las medidas que los funcionarios hayan adoptado en el ejercicio de sus facultades, pudiendo los jueces anularlas cuando aquellos incurran en arbitrariedad manifiesta (conf. doctr. causas B. 57.575, "Gayarre", sent. de 8-III-2000; B. 63.770, "Fonseca", sent. de 22-XII-2010; B. 61.268, "Suárez", sent. de 4-VI-2014 y B. 64.585, "Servidio", sent. de 11-XI-2015).
En diversas oportunidades este Tribunal sostuvo que la circunstancia de que en un caso determinado la autoridad administrativa haya procedido en ejecución de "facultades discrecionales" no implica que la decisión que se dicte sea irrevisable teniendo en consideración que la actuación de tal tipo de prerrogativas es susceptible de examen y revisión judicial cuando infringe las normas que reglan sus límites o incurre en irrazonabilidad, arbitrariedad o desviación de poder (doctr. causas B. 57.970, "Monegal", sent. de 11-VII-2001; B. 57.250, "Acuña", sent. de 28-VIII-2002; B. 57.508, "Luna", sent. de 27-II-2008; B. 64.585, cit.; B. 64.783, "Del Diestro", sent. de 16-III-2016; e.o.). Es que el control judicial de la actuación administrativa en materia disciplinaria constituye una derivación lógica del encuadre de ésta en el marco del principio de juridicidad de la Administración Pública (conf. mi voto en causa B. 58.622, "Marín", sent. de 30-V-2007; B. 64.585 y B. 64.783, cits.).
Por esa razón, este Tribunal ha decidido que el acto mediante el cual la autoridad administrativa expresa la decisión, debe exponer en forma razonada y explícita la fundamentación de la medida adoptada de manera que permita su entendimiento pleno a través de sus propios fundamentos, así como también su motivo determinante o sustento fáctico, su finalidad, elementos que devienen imprescindibles para ejercer el adecuado contralor tanto administrativo como jurisdiccional del proceder estatal (arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; conf. causa B. 61.780, "Toscani", sent. de 28-XII-2016).
III.5. Desde tal punto de partida corresponde analizar el ajuste a la juridicidad de la resolución 444/16 dictada por el Director General de Cultura y Educación.
Al efecto cabe recordar -como fuera relatado líneas arriba- que en la sentencia dictada el 6-V-2015, al descalificar los actos antecedentes que dispusieran la cesantía del accionante (resol. 1.300/00 y 449/13), este Tribunal no advirtió configuradas diversas faltas que le fueran endilgadas, considerando subsistentes sólo las relativas a la incompatibilidad horaria de los días jueves y viernes y el incumplimiento de la carga horaria reglamentaria en el cargo de vicedirector de la Escuela de Educación Técnica n° 1 de Colón. Por tal motivo ordenó a la demandada al dictado de un nuevo acto administrativo con arreglo a derecho, debiendo ponderar como atenuantes, además del correcto comportamiento anterior del docente, las calificaciones que mereciera en los establecimientos educativos en los que prestara servicios.
III.6. Fuera de discusión que los hechos atribuidos al accionante encuentran subsunción en el art. 29 del Estatuto del Docente, ley 10.579, los cuales -conforme lo establece el art. 30- resultan constitutivos de faltas graves, es del caso recordar que el art. 132 del mismo digesto establece que, en dichos supuestos, el personal docente titular será pasible de las siguientes sanciones disciplinarias: "...II.- Faltas graves: d) Suspensión desde seis (6) a noventa (90) días; e) Postergación de ascenso de jerarquía o acrecentamiento por tiempo limitado en la respectiva resolución, hasta un máximo de seis (6) años; f) Descenso de jerarquía; g) Cesantía; h) Exoneración que implicará su cese en todos los cargos docentes".
Ello implica admitir que el Director General de Cultura y Educación, sin estar compelido a decretar la sanción separativa, contaba con un margen de apreciación y valorativo, cuya explicitación -de adoptarse una de las medidas más severas- solo pudo válidamente disponer en modo fundado, para poder así, relegar la aplicación de las menos gravosas (cfr. causas B. 48.689, "Mendoza", sent. de 31-VII-1990; B. 55.790, "Pintor", sent. de 16-XII-1997; B. 56.456, "López", sent. de 5-IV-2000; B. 52.891, "De Olazábal", sent. de 15-XI-2006; B. 60.042, "Peralta", sent. de 29-XII-2009; e.o.), cuanto más en el caso bajo análisis en el que la sentencia expresamente le indicó la necesidad de que ponderara como atenuantes el correcto comportamiento anterior (art. 142 inc. "b", Estatuto), así como las calificaciones que mereciera en los establecimientos educativos en los que prestara servicios.
Si a juicio de este Tribunal las faltas que consideró probadas hubieren sido suficientes para justificar la sanción segregativa originariamente impuesta, no hubiese declarado la nulidad de las resoluciones 1.300/00 y su confirmatoria 449/03, ni -consecuentemente- condenado a la demandada al dictado de un nuevo acto con arreglo a derecho, teniendo en consideración los atenuantes detallados.
Lo expuesto deja en evidencia no solo la insuficiente motivación, sino el exceso de punición en que incurriera la demandada en la resolución 444/16 al insistir en la aplicación de una sanción de cesantía, lo que es suficiente para justificar su nulidad.
Voto por la negativa.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc.3 in fine , ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
El señor Juez doctor de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Sin perjuicio de no haber intervenido en la deliberación que concluyó en la sentencia de autos de fecha 6 de mayo de 2015, el relevamiento de las circunstancia de la causa me conducen a iguales consideraciones a las realizadas por el señor Juez doctor Pettigiani.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión plantada, el señor Juez, doctor Pettigiani dijo:
I. Teniendo en consideración que el art. 78.3. del Código Contencioso Admisnistrativo establece que en las causas regidas por el art. 215, segundo párrafo, de la Constitución de la Provincia -como es el caso de la presente- en materia de ejecución de sentencia se aplicarán las normas de la ley 2.961, cabe estar a lo dispuesto en el art. 92 del Código Varela que establece: " Los actos ejecutorios de una sentencia no darán lugar a un nuevo juicio contencioso-administrativo, sino en el caso en que la autoridad administrativa condenada, so pretexto de cumplir el fallo, lo tergiversase o interpretase en forma perjudicial a los intereses reconocidos por la parte vencedora " .
Aclaraba el redactor del proy
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.