Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63657
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.657, "Acosta, Gustavo Guillermo contra Provincia de Buenos Aires (Dir. Gral. Cult. Educ.). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
I. El señor Gustavo Guillermo Acosta promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación), impugnando la resolución 1.454/01 dictada por ese organismo en el expediente 5811-749219/91.
A través de ella, se desestimaron los planteos efectuados por el actor con relación a la prescripción de la potestad disciplinaria, la caducidad de instancia y la nulidad de la resolución 7.306/99. De tal modo, resultó confirmada la sanción de exclusión de los listados de ingreso en la docencia y de aspirantes a provisionalidades y suplencias por el término de dos años, que le había sido aplicada a través de la resolución 6.520/95.
Como consecuencia de la anulación requerida, pide que se fije una indemnización por daño material y moral, como asimismo, por pérdida de chance.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio el señor Fiscal de Estado adjunto, contesta la demanda y solicita su rechazo con fundamento en la legitimidad de los actos impugnados (v. fs. 288/297).
III. Mediante resolución del día 10 de julio de 2002, el Tribunal denegó la medida cautelar solicitada por el actor (v. fs. 283).
IV. En atención a lo manifestado por aquel en oportunidad de alegar, se resolvió requerirle a la demandada, como medida para mejor proveer, copia certificada de la resolución 1.891/17 y del expediente administrativo 5811-749219/91 (v. resol. de 8-IV-2024).
V. Agregadas en formato PDF las actuaciones administrativas y la resolución 1.891/17 (v. fs. 434), glosado el cuaderno de prueba actora —único formado— (v. fs. 327/417), los alegatos presentados por las partes (v. fs. 421/422 —actora— y 423/424 —demandada—) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El actor relata que la resolución 1.454/01 que controvierte fue notificada luego de más de ocho meses de haber sido dictada. Señala que ella, al desestimar los planteos de prescripción de la potestad disciplinaria, caducidad y nulidad de la resolución 7.306/99 (que, a su vez, había rechazado la impugnación contra la resolución 6.520/95), confirmó la sanción aplicada en esta última, consistente en la exclusión de los listados de ingreso a la docencia y aspirantes a provisionalidades por el término de dos años.
Afirma que todas las resoluciones antes indicadas vulneraron garantías constitucionales, tales como la del debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el derecho a trabajar. Agrega que lo han afectado personalmente, ocasionándole daños patrimoniales y morales irreparables.
Sostiene que el acto administrativo que impugna resulta arbitrario, por las siguientes razones:
I.1. Primeramente, dice que la resolución 1.454/01 no fue debidamente fundada en derecho, incumpliendo lo dispuesto en el art. 162 de la ley 10.579. Apunta que allí se cita el art. 114 del Estatuto del Docente, que refiere a licencias del personal, pese a que la cuestión tratada y decidida en el aludido acto correspondía a una materia sensiblemente diferente.
I.2. Seguidamente, plantea que, a la fecha del dictado de la resolución sancionatoria, la potestad disciplinaria de la Administración se encontraba prescripta.
Argumenta que los hechos investigados en el sumario administrativo datan del mes de octubre de 1990 y la resolución que aplicó la sanción fue dictada en el año 1995 (la 6.520/95).
Asegura que el plazo de prescripción para hechos a los que corresponden sanciones correctivas es de un año. En este sentido, pone de resalto que, de acuerdo con las constancias de fs. 170 y 171 del expediente administrativo, en instancia de resolver la impugnación interpuesta contra la resolución 6.520/95, el trámite estuvo inactivo durante un año y cuatro meses.
I.3. Asimismo, dice que el sumario padeció vicios en el procedimiento determinantes de su nulidad.
Manifiesta que el recurso jerárquico fue resuelto antes de decidir la revocatoria, por lo que no se le concedió el plazo de dos días contemplado en el art. 158 del reglamento de la ley 10.579 (dec. 2.485/92) para mejorar los fundamentos de la impugnación.
Sostiene que con ello se vulneró la garantía del debido proceso y su derecho de defensa.
I.4. Por último, se queja al considerar desproporcionada la sanción en función de la falta reprochada. Precisa que la resolución 6.520/95, confirmada por las resoluciones 7.306/99 y 1.454/01, aplicó una sanción de tipo correctivo por haber infringido los arts. 6 inc. "b" y 126 de la ley 10.579. Esto es: no observar dentro y fuera del servicio donde se desempeña una conducta que no afecte la función y la ética docente, e invocar falsa causa al solicitar una licencia, respectivamente.
En atención a ello, concluye que el tiempo fijado de exclusión de los listados (dos años) y el momento en el que se hizo efectivo el acto de gravamen (luego de doce años de verificados los hechos investigados), dan cuenta de la irrazonabilidad del accionar estatal.
II.1. Al contestar la demanda, el señor Fiscal de Estado adjunto puntualiza las distintas instancias por las que transcurrió el procedimiento administrativo disciplinario. Luego, plantea que la demanda se limita a impugnar la resolución 1.454/01, por lo que el debate de autos debe circunscribirse a los aspectos cuestionados en esa oportunidad.
Se opone a que sean revisadas las resoluciones 7.309/99 y 6.520/95 que concluyeron el sumario disciplinario sobre el que versa la presente acción. Ello, con fundamento en que se encuentran firmes y consentidas al haber transcurrido en exceso el plazo de caducidad del art. 13 de la ley 2.961.
En ese sentido, explica que, en virtud de lo dispuesto en los arts. 156, 157 y 158 de la ley 10.579, la resolución 7.306/99 que desestimó el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio interpuesto contra la resolución 6.520/95, agotó la vía administrativa, dejando expedita la acción judicial. Agrega que este acto fue notificado el día 6 de septiembre de 1999 y la demanda fue iniciada recién el día 12 de febrero de 2002.
Por ello, insiste, la pretensión se ve limitada al análisis de la resolución 1.454/01 con relación al planteo de prescripción, la caducidad y, en su caso, si deviene nula por las razones ensayadas en el recurso interpuesto el día 30 de agosto de 1999.
II.2. Aclarado lo anterior, explica que la discrecionalidad es algo inherente al ejercicio de los poderes disciplinarios. Y añade que aun si se considerase que en el acto en crisis no se encuentran reunidos todos los requisitos de los actos administrativos —cosa que niega—, el supuesto defecto carecería de fuerza invalidante, pues no se ha menoscabado la garantía constitucional de defensa.
Además, destaca que el acto impugnado describe detalladamente los motivos de la sanción aplicada y pone de resalto que los organismos asesores intervinientes estuvieron de acuerdo, tanto en orden a la veracidad de los hechos que se le imputan como a la gravedad de la inconducta.
Asimismo, apunta que la sanción aplicada por la resolución 6.520/95 y confirmada por resolución 7.306/99, consistente —como ya se indicó— en la exclusión de los listados de ingreso a la docencia y de aspirantes a provisionalidades y suplencias por el término de dos años, solo se aplicó al actor por el término de dos meses, entre los días 9 de abril y 18 de junio de 1997.
En particular:
II.2.a. Niega que se haya incurrido en vulneración del derecho de defensa del actor o del debido proceso legal. Remarca que no se ha expresado, concretamente, cuál ha sido el agravio ocasionado y destaca que no se han individualizado las defensas de las que se habría visto privado de ejercer.
Pone de resalto que el señor Acosta prestó declaración indagatoria, se le otorgó vista del expediente administrativo, dedujo descargo, presentó su alegato sobre la prueba producida e instó la vía recursiva interna que culminó con un acto dictado por la máxima autoridad.
Descarta, entonces, que pueda considerarse agraviado por no habérsele dado la posibilidad de ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio.
II.2.b. Desconoce que la potestad disciplinaria hubiese prescripto. Manifiesta en este sentido que las actuaciones sumariales se iniciaron inmediatamente después de ocurridos los hechos investigados y no registraron demoras en su resolución imputables a la Dirección General.
II.2.c. Asevera que la decisión de la autoridad administrativa que tuvo por configurada la falta disciplinaria no puede ser tachada de irrazonable o arbitraria, pues resultaron acreditados los extremos imputados a través de las constancias de licencias médicas por enfermedad; fotografías en las que el actor se encontraba durante ese tiempo con alumnos durante un viaje de egresados en actitudes y poses inadecuadas para su rol; y las declaraciones testimoniales de alumnos y preceptores que concurrieron al viaje en cuestión.
A su entender, las constancias de las actuaciones administrativas demuestran que el proceder del docente Acosta implicó —efectivamente— el incumplimiento de sus deberes como docente, incurriendo en la conducta reprochada en el art. 133 apartado II inc. "b" de la ley 10.579, merecedora de exclusión de los listados por tiempo limitado.
II.2.d. Por último, repele la pretensión indemnizatoria. Afirma que el actor no logra acreditar el menoscabo patrimonial que habría padecido producto de la sanción.
A su vez, señala que aun cuando hubiera tenido derecho a acceder a los cargos a los que se refiere, no debe perderse de vista que en ellos no gozaba de estabilidad conforme las condiciones de su designación según el concurso pertinente, pudiendo ser desplazado en cualquier momento por un titular.
Por ende, colige que no puede fijarse un monto indemnizatorio respecto al ejercicio de un cargo cuyo desempeño resultaba eventual e hipotético. Y agrega que el daño alegado tampoco resulta probado si se tiene en cuenta que pudo haber acrecentado su carga horaria en nuevos cargos que se le ofrecieran en otros lados.
III. Expuestas así las posiciones de las partes, debo destacar que a través de la resolución 1.891/17 (v. fs. 430/432), se declaró "...extinguida la facultad de aplicar sanción por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo normado en el artículo 144 inciso 'c' apartado 2do. de la ley 10.579. Estatuto del Docente [...] con respecto al sumario administrativo disciplinario seguido al docente Gustavo Guillermo Acosta, DNI nro. 14.923.606, durante su desempeño como Profesor provisional de la Escuela de Educación Media n° 3 del distrito de San Isidro, Profesor provisional y suplente de la Escuela de Educación Media n° 5 del distrito de Tigre, Profesor provisional de la Escuela de Educación Técnica n° 1 y Anexo Media del distrito de San Fernando, ordenado por Disposición 113 de la Subsecretaría de Educación, dictada el 17 de julio de 1991...".
De tal modo, es evidente que con esa decisión ha quedado satisfecha —extraprocesalmente— la pretensión anulatoria articulada en la demanda. Esto mismo, en la parcela que se cuestiona la resolución 1.454/01 por haber denegado, entre otras defensas, el pedido de que se declare prescripta la potestad disciplinaria de la Administración en el sumario seguido en el expediente administrativo 5811-749219/91.
Es doctrina de esta Suprema Corte que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal solo mientras se mantenga un real interés del demandante. Aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida (doctr. causas B. 57.233, "Empresa Abel y Marcial García", sent. de 12-X-2005; A. 68.097, "Jiménez Herwing", sent. de 13-XII-2006; I. 2.206, "Federación de Clínicas", sent. de 3-IV-2008 y sus citas; B. 64.673, "Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Bragado", sent. de 1-IX-2010; I. 2.361, "Rodríguez", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
Siendo así, cualquier decisión con relación a este tramo de la demanda resultaría meramente teórica y, por lo tanto, impropia de la función judicial (doctr. causas B. 64.272, "Hernández", sent. de 18-XI-2002 y sus citas; B. 65.930, "Fernández", sent. de 2-VI-2004; I. 3.098, "Cabral", resol. de 13-VI-2004; e.o.).
De tal modo, corresponde declarar abstracto el abordaje de la pretensión anulatoria articulada (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 163 inc. 6 segundo párr. y concs., CPCC).
IV. Sentado ello, es necesario ingresar en el análisis de la pretensión indemnizatoria, cuyo tratamiento no ha perdido vigencia.
Esto pues, al haber la Administración dejado decaer el procedimiento sumarial —reconociéndolo mediante acto administrativo (v. resol. 1.891/17)—, se corrobora la extinción de la facultad punitiva (art. 144, ley 10.579) y, con ello, han perdido todo sostén jurídico las privaciones a las que pudo haberse visto expuesto el reclamante, dando lugar al tratamiento del pedido de compensación patrimonial (conf. causa B. 62.469, "Sehara", sent. de 31-X-2016).
IV.1. El actor aduce haber sufrido "un grave daño material y un gravísimo daño moral" por la aplicación de la sanción de exclusión de los listados. Sin embargo, en el mismo escrito postulatorio reconoce que la autoridad disciplinaria "…hizo efectiva la aplicación de la sanción durante el período que se extiende desde el 9 de abril al 18 de junio de 1997" (fs. 215). Es decir, dos meses y nueve días. Entonces, la repercusión del castigo indebidamente impuesto no fue completa —de dos años— sino solamente parcial. Esto es algo que, naturalmente, incide en el alcance de lo que fuere pasible de reparación.
IV.2. De otro lado, debo considerar que las designaciones que el docente Acosta refiere haber obtenido en ese período y que fueron dejadas sin efecto en virtud del dictamen del Tribunal Descentralizado de fecha 14 de abril de 1997, lo fueron con carácter provisional. De ahí que el actor no tuviese garantía de estabilidad para los cargos tomados en esa oportunidad (conf. art. 8, ley 10.579), pudiendo siempre ser desplazado por un docente titular. Esto por cuanto la permanencia en los cargos provisionales no es definitiva, sino esencialmente transitoria. En virtud de lo dispuesto en el art. 109 de la ley 10.579 vigente en aquella época, los docentes provisionales cesaban en sus funciones: a) al cubrirse el cargo u horas-cátedra con un docente titular; b) al cubrirse la vacante con un docente titular con reubicación transitoria o servicios provisorios; c) al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar.
IV.3. Entonces, no sólo por el breve lapso en el cual se aplicó efectivamente la sanción, sino también por la naturaleza provisional de los cargos que el actor asegura haber perdido como consecuencia de ella, la entidad del perjuicio alegado obviamente aminora.
V.1. Fijado lo anterior, el actor relata que el día 9 de abril de 1997 se realizó un acto público de designación de docentes provisionales y suplentes en el que se adjudicaron tres (3) horas cátedra de la asignatura "Historia" en la Escuela de Educación Técnica n° 1 del distrito escolar San Fernando. Se agravia de que le impidieron tomar posesión y ejercer este cargo en virtud del dictamen del Tribunal Descentralizado n° 6 de fecha 14 de abril de 1997 (v. fs. 12).
En la documentación acompañada, resulta que esta misma decisión fue dejada sin efecto por el propio Tribunal Descentralizado el día 8 de mayo de 1997, ante la denuncia de haberse recurrido la sanción dispuesta por la resolución 6.520/95, habiéndose notificado el interesado el día 18 de junio de ese mismo año (v. fs. 11/12 y 16). Esto coincide con lo manifestado por el actor en su escrito de demanda, en cuanto a que la sanción cuestionada le fue aplicada durante dos meses, desde el día 9 de abril al 18 de junio de 1997. Ello no obstante, el actor perdió —en esa oportunidad— la posibilidad de acceder a dicho cargo.
En consecuencia, tratándose de horas cátedra provisionales que, como tales, no creaban mayores derechos que los que surgen de su propia naturaleza, el perjuicio está acotado en el tiempo pues, quien las ejerciera, cesaba en su desempeño al finalizar las tareas correspondientes al curso escolar, siempre que no hubiera sido desplazado antes por un docente titular (art. 109, ley 10.579, vigente en aquella época).
En consecuencia, corresponde reconocer el derecho del actor a percibir la remuneración (básico y demás bonificaciones) correspondiente a tres (3) horas cátedra de la asignatura "Historia" en la Escuela de Educación Técnica n° 1 del distrito escolar San Fernando, desde el día 9 de abril de 1997 y hasta la finalización del curso escolar correspondiente.
V.2. Seguidamente, denuncia "una situación similar" a la anterior, ocurrida en la misma fecha, "con respecto a dos horas cátedra de la asignatura Educación Cívica del Ciclo Básico".
En este caso puntual, los extremos alegados por el actor no resultan acreditados en autos. El documento acompañado a la demanda identificado con la letra "H" a la que refiere como prueba de sus dichos (v. fs. 117), no se condice con el agravio planteado, ni resulta evidencia suficiente o adecuada del daño alegado (v. fs. 13). Allí concretamente se deniega una cobertura por haber sido mal canalizada la aplicación (una distinción técnica entre materias de "ciclo básico" y de "ciclo superior").
Siendo así, como se ha resuelto reiteradamente, las omisiones probatorias de quien acciona limitan los alcances de la decisión final del Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en un proceso de conocimiento, debiendo entonces cumplir con la carga que pesa sobre él al respecto (conf. doctr. causas B. 49.121, "D'Anbar S.A.", sent. de 21-VIII-1990; B. 57.985, "Miró", sent. de 21-VI-2000; B. 54.823, "Algeri", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
V.3. Por otra parte, también reclama por la pérdida, durante catorce meses, de cuatro (4) horas cátedra entre los meses de marzo de 1999 y mayo de 2000 que, según detalla, le fueron luego restituidas.
Al respecto, con fecha 9 de marzo de 2000, la Inspectora de la Dirección de Educación Media, Técnica y Agraria manifestó que se "...posibilita la asignación del Sr. Acosta en espacios curriculares del curso de 2° año del Nivel Polimodal de la EEM N° 5 de Tigre que se crearen para el presente ciclo lectivo, que se encuentren sin asignación de docentes y cuya carga modular sea equivalente a las 4 horas cátedra no asignadas en el acto de Secretaría de Inspección del 8/03/99 . La presente asignación podrá realizarse una vez culminado el proceso de asignaciones a nivel institucional" (fs. 208 y 203).
De las constancias agregadas en autos, no se vislumbra una relación de causalidad adecuada entre la omisión de asignar cuatro horas cátedras en el acto de Secretaría de Inspección de fecha 8 de marzo de 1999, con la aplicación de la sanción de "exclusión de los listados de ingreso a la docencia y de aspirantes a provisionalidades y suplencias", central en este pleito. Básicamente, no surge de la documentación acompañada constancia expres
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