Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 40110-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Graneles de Argentina S.A. y, en consecuencia, denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora, con costas de esta Alzada a la vencida (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); y 2º) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XII.
Buenos Aires, 28 de junio de 2024.- LEM Y VISTOS: estos autos 05615/2024 caratulados “GRANELES DE ARGENTINA SA-TF 40110-A C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, y
I. Que GRANELES DE ARGENTINA S.A. inició el presente trámite (ver páginas 30/34 de las actuaciones incorporadas) ante el Tribunal Fiscal de la Nación a los fines que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos.
A dichos efectos, relató la situación económica y financiera de la firma y ofreció como prueba:
-Documental: declaraciones testimoniales de Juan José Castagnola y Pablo Sebastián Baffa; en subsidio, de considerarse pertinente, ofreció que se citen a las personas mencionadas como testigos ante el Tribunal Fiscal para que ratifiquen lo manifestado.
-Copia del informe remitido por NOSIS; en subsidio, para el caso que fuera desconocida dicha documental, solicitó se libre oficio a dicho registro a los efectos que remitiera a la causa una copia certificada de dicho informe.
-Informativa: Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a los efectos de que informase si GRANELES S.A. tuviese algún bien registrado; idéntico requerimiento ofreció respecto al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. Por otra parte, ofreció librar oficio al Registro de la Propiedad Automotor a los mismos fines y efectos que supra referidos. Finalmente, solicitó se designase perito contable único de oficio, para que teniendo en vista los libros de la sociedad informe si: los mismos eran llevados en debida forma; si la sociedad poseía activos que le permitiese afrontar los gastos del proceso; si la sociedad posee algún bien a su nombre y, asimismo, hizo allí reserva de ampliar los puntos de pericia ofrecidos.
II. Que, oportunamente, el Fisco Nacional se presentó en las actuaciones, contestó la solicitud de la franquicia, oponiéndose a su progreso (v. gr. páginas 40/44 del P.D.F.).
III. Que el 07/09/2023 (v. gr. páginas 46/48) el Tribunal Fiscal de la Nación, relató las posturas expuestas por GRANELES S.A. y el Fisco Nacional en la presente contienda; consideró que no se encontraba prueba pendiente de producción y, en consecuencia, denegó el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora. Para decidir del modo indicado, recordó los requisito para acceder al instituto del beneficio de litigar sin gastos (normado en el Código Civil y Comercial de la Nación).
Seguidamente, el Tribunal Fiscal puntualizó que la mera existencia de problemas financieros no configura la situación de pobreza.
Citó precedentes del Tribunal Fiscal de la Nación en los cuales se definió que “la situación de pobreza requerida para conceder el beneficio” como una incapacidad económica severa, “tener solo lo indispensable para la subsistencia” (sic).
Consecuentemente, explicó el Tribunal Fiscal que la parte actora no había logrado probar los fundamentos por ella invocada, lo que llevaba a concluir que no se encontraba imposibilitada de hacer frente al pago de la tasa de actuación.
IV. Que, disconforme con lo decidido, la parte actora apeló y expresó agravios ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. gr. páginas 52/58 del expediente P.D.F.).
El 19/10/2023 (v. gr. páginas 60/61 del expediente P.D.F.), el Tribunal Fiscal reguló los honorarios de la representación Fiscal, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ordenó correr traslado de los fundamentos allí expresados. A continuación, la parte actora interpuso recurso de revocatoria en lo que respecta a la regulación de honorarios, puesto que consideró que no correspondía establecer dicho emolumentos por no encontrarse aún firme lo decidido en orden al fondo de la cuestión (v. gr. páginas 63/64).
Por otro lado, en misma presentación, apeló por altos los honorarios regulados a la representación letrada de su contraria. A su turno, el Fisco Nacional formuló réplica (v.
gr. páginas 65/79).
V. Que mediante la resolución del 01/12/2023, el Tribunal Fiscal rechazó por improcedente la revocatoria intentada por la parte actora y concedió el recurso de apelación interpuesto por ella, en punto a los honorarios regulados (v. gr. páginas 81/82).
VI. Que, ahora bien, en su expresión de agravios -en ajustada síntesis- la parte actora refiere que no se produjo la prueba pericial admitida.
Añade a lo expuesto que tampoco consta que se haya notificado a la perito contadora de su designación.
Por ello, explica que dicha omisión genera la nulidad de lo decidido.
Por otro lado, plantea la nulidad de lo decidido habida cuenta que, según manifiesta, no se habría conferido la vista al Representante del Fisco tal como fuera ordenado en autos.
Asimismo, se queja de que no se haya valorado adecuadamente la prueba producida en las actuaciones (documental e informativa).
Alega sobre el punto que puede concluirse de ella que la empresa no opera desde el año 2017, no tiene inmuebles propios, sino que, cuando funcionó, alquiló una propiedad para sus operaciones; no posee automotores registrados y que su situación financiera frente al Banco Central de la República Argentina es calificada como de “irrecuperable”). Finalmente, se agravia de la imposición de costas a su parte.
Realiza reserva del caso federal.
VII. Que, ahora bien, en primer lugar, cabe desestimar los agravios expuestos por la parte actora en lo referido al planteo de nulidad de la sentencia recurrida (por falta de producción de la prueba pericial contable y la vista al Representante del Fisco). Ello así, puesto que, la providencia -dictada por el Tribunal Fiscal el 31/08/2023- (fojas 70 del expediente en soporte papel) aparece como firme y consentida.
Asimismo, nótese que el recurso de apelación fue interpuesto por la parte actora el 20/09/2023 y, en dicho memorial de agravios, no precisó la fecha en la que tomó conocimiento de los vicios procesales invocados.
Por otro lado, en la oportunidad de apelar, no expresó el perjuicio sufrido del que derivaría en obtener la declaración de nulidad y omitió acompañar elemento que permitiese efectuar un examen circunstanciado y actual respecto de las concretas singularidades de la recurrente.
Desde dicha perspectiva, los agravios que militan la nulidad de la sentencia que rechazó la franquicia de litigar sin gastos, deben ser desestimados.
VIII. Que, así las cosas, cabe destacar –a título preliminar– que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
Se trata de un instituto de interpretación restrictiva y excepcional, otorgado sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos –y la imposibilidad de obtenerlos– para afrontar el pago de los gastos causídicos, y su concesión queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Fallos: 311:1374).
Por otra parte, en tanto el art. 79 del CPCCN no contiene distinción alguna al respecto, cabe interpretar que incluye también a las personas de existencia ideal. Empero, tratándose de sociedades comerciales, atendiendo a que su desenvolvimiento se inspira en obvios fines de lucro, el examen de los recaudos que hacen procedente el beneficio de litigar sin gastos debe efectuarse con mayor rigurosidad, máxime ponderando que la carta de pobreza es un remedio de excepción y no un recurso habitual y corriente aplicable a situaciones de insolvencia temporaria o de mera falta de iliquidez (Fallos: 329: 2719).
Asimismo, en el citado precedente el Alto Tribunal ha sostenido que los jueces deben estar naturalmente inclinados a una interpretación restrictiva de la admisibilidad del instituto en cuestión cuando se trata de demandas de elevado monto a fin de que, en esos casos, el beneficio de litigar sin gastos no se constituya en una garantía de irresponsabilidad por las deudas que pueden resultar de los gastos y costas del proceso o, lo que es lo mismo decir, en vehículo mismo de la injusticia y el abuso.
Por último, debe recordarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (Fallos: 311:1373).
IX. Que, así reseñada y delimitada la cuestión, corresponde adentrarse en el fondo del asunto.
En tal inteligencia conviene señalar que, en el caso, la firma actora promovió el presente incidente a efectos de que se le autorice a litigar acogiéndose al beneficio previsto en el art. 78 del C.P.C.C.N. por considerar que su mandante:
En tal sentido, en misma presentación, alegó que:
“…Tal como consta en estas actuaciones, el 13 de mayo de 2019 se resolvió intimar a mi mandante a que pagara $ 76.478,43 en concepto de tasa de justicia. Y como la empresa no está en condiciones de afrontar dicho gasto, se interpone esta solicitud para que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos…” (sic).
Acompañó como prueba documental ofrecida en el inicio del presente beneficio:
“…/.- Documental: a) Declaracion testimonial de Juan Jose^l Castagnola y Pablo Sebastian Baffa, quienes dan su conocimiento respecto I a GRANELES.-…” (sic).
Por otra parte, a los efectos de demostrar los extremos requeridos por la normativa que regula el instituto en cuestión, ha llevado a cabo diversas diligencias de distinta índole, para dar cumplimiento a la prueba informativa ofrecida:
-Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires -informe agregado a páginas 81/83 del archivo P.D.F.-;
-Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires -informe agregado a páginas 90/92 del archivo P.D.F.-;
-Registro de la Propiedad Automotor -informe agregado a página 93 del archivo P.D.F.-.
Finalmente, ha de indicarse que todos los informes incorporados corresponden al año 2019.
X. Que, sobre la base de lo expuesto, de manera preliminar no puede soslayarse la jurisprudencia del Máximo Tribunal quien sostiene que las resoluciones judiciales deben valorar circunstancias vigentes al momento de su dictado (Fallos: 325:2177). En efecto, los elementos de prueba agregados a la causa impiden admitir la franquicia peticionada, en la medida en que no se ha demostrado fehacientemente la imposibilidad actual de obtener recursos, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una sociedad comercial y, por tanto, con fines y posibilidades de obtención de lucro (Fallos: 326:4319).
De ese modo, se arribaría a una interpretación extrema si se asimilara una “situación financiera crítica” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis; ello, sin perjuicio de señalar que la requirente no acredito fundamentalmente la imposibilidad de obtener recursos necesarios para afrontar los gastos del litigio, extremo requerido por el art. 79, inc. 2º, del Código Procesal (confr. C.Nac.Apel.Civ.yCom.Fed., Sala 2 in re “Alas del Sur S.A. c/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina s/ Beneficio de Litigar sin Gastos Nº 1.510/98, del 13.09.12).
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por Graneles de Argentina S.A.- y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que denegó la franquicia pretendida por la firma.
XI. Que, en atención a lo decidido en el Tribunal Fiscal, como en el presente pronunciamiento, encontrándose sustancialmente vencida la recurrente, corresponde confirmar la imposición de costas a su cargo y decidir de igual modo con relación a la de esta instancia (cfr. Art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
En tales condiciones, se rechaza el agravio expuesto en orden a la imposición de los accesorios.
XII. Que, sentado lo expuesto, a fin de tratar el recurso interpuesto, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
En tales condiciones, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio; en atención al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la presentación del beneficio de litigar sin gastos y su vinculación con el proceso principal, así como el carácter incidental del presente tramite y el resultado obtenido, corresponde, reducir a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ($78.765) – equivalente 1,50- los honorarios regulados con fecha 20/10/2023, en favor de la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 25, 29 inc g), 44 inc. b), 58 y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
Por las tareas efectuadas en la alzada y atento el resultado obtenido, corresponde regular la suma de PESOS VEINTITRES SESICIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($23.629,50)
–equivalente a 0,45 UMA-; los emolumentos de la DR. EXEQUIEL AUGUSTO DI COSIMO, letrado apoderado de la demandada (arts. 16, 20, 21, 29 inc. g), 30, 44 inc. b), ccdtes. y citados de la ley 27.423-Dto. Nº 1077/17).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo – c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1º)
rechazar el recurso de apelación interpuesto por Graneles de Argentina S.A. y, en consecuencia, denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora, con costas de esta Alzada a la vencida (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); y 2º) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XII.
Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia