Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 34.457-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la multa impuesta en relación con el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- del período fiscal 2000, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-20883365-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Febrero de 2025 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal de la 8°Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N° 34.457-I, caratulado “Granito Serrano S.A. s/ recurso de apelación” y su acumulado 34.458-I, de igual carátula.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 451/452 vta. luce la sentencia de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que anula parcialmente el pronunciamiento de la Sala D (fs.403/411 vta.) en cuanto revoca la multa aplicada con relación al impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- y ordena que por intermedio de quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento sobre el punto.
De conformidad con la constancia obrante a fs. 458 la causa queda radicada ante esta Sala “C”, por aplicación del reglamento de procedimiento ante este Tribunal.
II. Que mediante el dictado de la resolución 72/2010 la División Revisión y Recursos - Regional Bahía Blanca- de la AFIP-DGI aplica a la sociedad anónima Granito Serrano dos sanciones: la primera en relación con el impuesto a las ganancias del año fiscal 2000, con fundamento en los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683 (que se encuentra resuelta por sentencia firme de este Tribunal que luce a fs. 403/411 vta.) y la restante, pendiente de resolución, equivalente al 70% del gravamen presuntamente omitido en carácter de pago definitivo, por erogaciones no documentadas efectuadas en el ejercicio fiscal 2000, con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o vigente al momento de la configuración de la conducta considerada punible). Cabe destacar que si bien la contribuyente en su escrito de apelación manifiesta apelar ambas sanciones, lo cierto es que no formula agravios concretos respecto conducta omisiva pendiente de resolución; sin embargo, teniendo en consideración la naturaleza penal que detentan las infracciones tributarias, la suscripta considera procedente adentrarse a su tratamiento.
De acuerdo con el dictamen 362/10 elaborado por el Servicio Jurídico de la AFIP-DGI (conf. fs. 238/241 del cuerpo IVA y Ganancias de los antecedentes administrativos) reproducido en la resolución apelada y en lo que aquí interesa “se han advertido operaciones computadas como inexistentes por la fiscalización , extremo no desvirtuado por la fiscalizada , lo que habilita la impugnación del pago efectuado (...) la conducta de la responsable encuadraría en la figura omisiva del art. 45 de la ley procedimental por tratarse de un pago que, a tenor de lo dispuesto por el art. 15 de la ley 11.683, posee el carácter de declaración jurada y cuya omisión, conforme el propio art. 15, está sujeta a la sanción prevista por el art. 45 de la mencionada ley procedimental”.
III. Que según surge de los antecedentes administrativos (fs. 144/145 del cuerpo ganancias)
la sanción bajo análisis se impone en relación con pagos efectuados antes y después de la entrada en vigencia de la Resolución General 893/00 (B.O. 25/11/00).
Respecto de las salidas anteriores a esta última fecha, cabe manifestar que no se cumple con la tipicidad exigida por la figura infraccional invocada por el Fisco Nacional, ante el vacío legal existente respecto de la forma y plazos para instrumentar el cumplimiento de la obligación a cargo de quien efectúa la erogación (conf. CSJN “D Ingiant, Rosario Vicente” 12/10/10).
Sin embargo, tanto en relación con dichas erogaciones como por la salida correspondiente a diciembre de 2000 idéntica es la solución aplicable, toda vez que a fin de establecer el encuadre efectuado por el organismo recaudador y con el objeto de esclarecer los elementos necesarios para la configuración del ilícito que se le imputa a la recurrente, ha de tenerse presente que las infracciones materiales reguladas por la ley procedimental requieren por su indiscutida naturaleza penal, en primer término, de la configuración del “elemento objetivo”; si éste no se verifica no procede adentrarse al análisis del “elemento subjetivo”. Es decir, primero debe determinarse si existe una conducta penalmente reprochable a título de infracción, para recién luego, analizar si dicha conducta es imputable y a quién.
3.1 Que respecto del “elemento objetivo” no se cumple en la especie la tipicidad exigida por la figura infraccional invocada por el Fisco Nacional, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago el carácter de declaración jurada.
Que el concepto declaración jurada implica la cuantificación de los presupuestos del hecho imponible, materializados por el sujeto pasivo y sujeta a la verificación fiscal y como expone el Profesor Damarco "es un acto de conocimiento porque a través de ella el contribuyente informa al Fisco su situación fiscal y éste toma conocimiento de ella y en cuanto a su contenido es un acto voluntario y el contribuyente queda obligado patrimonial y penalmente por los datos que ella contiene. Desde el punto de vista patrimonial es la misma ley 11.683 la que determina que el contribuyente está obligado al pago del impuesto que declaró y desde el punto de vista penal, en razón de su contenido puede quedar configurado alguno de los ilícitos materiales descriptos por aquella ley, dolosos o culposos y eventualmente alguno de los delitos tipificados por la ley 24.769.”(Tratado Jurisprudencia 1 y Doctrinario. Procedimiento Tributario Tomo 1 pag. 85).
Que por otra parte, tampoco es posible atribuirles a los comprobantes en cuestión, naturaleza de declaración jurada por invocación del artículo 15 de la ley procedimental, pues ello es pretender otorgarles un alcance del que carecen. En efecto, las boletas de depósito y comunicaciones de pagos contempladas en dicha normativa son confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte (el destacado el propio), situación que no acontece en la especie, toda vez que la calificación de no documentada de la salida de fondos es efectuada por el fisco con posterioridad a su tarea de verificación, razón por la que los instrumentos que pretenden asimilar integran una etapa posterior que es la referida al cumplimiento de la obligación tributaria mediante el pago.
3.2 Que sin perjuicio de lo dicho, y a mayor abundamiento, respecto del “elemento subjetivo” corresponde señalar que el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (LIG, según numeración vigente al momento de los hechos) crea una ficción al establecer un impuesto especial a las salidas no documentadas, con base en considerar que el beneficiario oculto o innominado de un cobro se encuentra alcanzado con el impuesto a las ganancias, y presume, en consecuencia, que la operación objeto del pago resulta gravada y a la tasa máxima; colocando en cabeza del sujeto pagador la obligación de ingresar dicho presunto impuesto. Es decir, la norma obliga a quien realizó la erogación sin la debida y correcta documentación a ingresar a título propio el impuesto del tercero beneficiario oculto de ese cobro.
La CSJN al tratar la cuestión le otorgó inequívocamente el tratamiento de un “impuesto”, desechando que se lo pueda considerar como una sanción, expresando que “se trata de la imposición de un tributo” (Fallos 323:3376 considerando 7°), y al analizar la figura expresó que “… debe partirse de la base de que no grava las ganancias obtenidas por el obligado a su pago, …en realidad lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúa erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio" (Fallos 275:83 considerando 6°, reiterada en Fallos 323:3376 y 326:2987). Es decir, nuestro Máximo Tribunal lo calificó como el impuesto de un tercero oculto beneficiario del cobro indocumentado o mal documentado, no cambiando tal conclusión el hecho de que el ingreso lo haga a título propio; porque la propia Corte señaló que es dicho receptor/perceptor del pago “...a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto..” (cfrme. la transcripción efectuada en el párrafo precedente), lo que lleva a considerar que la omisión de tal obligación, y su consecuente sanción, estaría en cabeza de tal beneficiario oculto. Tanto es así -impuesto de un tercero- que la propia LIG en su artículo 38 exime del pago del impuesto especial cuando se presuma que “no llegan a ser ganancias gravadas en manos del beneficiario” (art. 38, inc. b, LIG).
Por otra parte, cabe recordar que el derecho penal tributario se conforma con el derecho penal infraccional –con las figuras punitivas previstas en la ley 11.683- y el derecho penal delictual –con las figuras actuales del régimen penal tributario creado por el art. 279 de la ley 27.430- aplicándose en ambos los principios propios del derecho penal, entre los que se encuentra el de personalidad de la pena. Sobre la naturaleza “penal” de las infracciones tributarias –y más allá de la vasta doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia- es inveterada y pacífica la doctrina de nuestro Máximo Tribunal desde el precedente de Fallos 271:297. Dicho principio de personalidad de la pena debe ser respetado al momento de analizarse en cada caso particular el llamado “elemento subjetivo” de la figura, es decir, una vez que se haya concluido en la existencia del “elemento objetivo”.
Dicho esto, corresponde advertir que los antecedentes obrantes en la causa no evidencian que se haya configurado el llamado “elemento objetivo” de la figura infraccional según los términos descriptos en el punto 3.1 del presente considerando. Tal conclusión torna inoficioso el tratamiento del “elemento subjetivo” de la figura achacada.
Por lo expuesto, corresponde revocar la multa impuesta en relación con el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- del período fiscal 2000, con costas.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la multa impuesta en relación con el impuesto a las ganancias -salidas no documentadas- del período fiscal 2000, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos.
Date: 2025.02.26 11:58:37 -03:00 Date: 2025.02.26 14:39:31 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.26 14:39:32 -03:00
Fin de la sentencia