Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VIII a XIII del voto del Dr. Licht 2) Declarar prescripta las acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT N° 99 001 IT14 006448 W.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-33357424-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Marzo de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “GREEN PACK S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 28.885-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso de autos se discute la comisión de una infracción al régimen de admisión temporaria de mercadería. La firma referida, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 7770 dictada el 20/10/2010 por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 608514-148-2004 mediante la cual se la condena al pago de una multa de $ 7.438,30 en virtud del art. 970 del CA, a la pena de comiso de la mercadería y se la intima al pago de $ 20.963,06 más CER en concepto de tributos en relación al DIT N° 99 001 IT14 006448 W. En primer lugar señala que mediante los P.E. Nros 00 001 EC03 022553 W, 00 001 EC03 023438 C, 00 073 EC03 009686 U, 00 073 EC03 010203 U, 00 001 EC03 026704 B, 00 001 EC03 028069 H, 00 001 EC03 027269 X y 00 001 EC03 025234 V se reexportó la mercadería admitida temporalmente. Destaca que, en contrario a lo que sostiene la Aduana, el P.E. Nº 00 001 EC03 026704 B fue oficializado dentro del plazo autorizado (el 5/12/2000), que los P.E. Nros. 00 001 EC03 027269 X y 00 001 EC03 028069 H fueron oficializados escasos días después del vencimiento del plazo (el 13/12/2000 y 21/12/2000), por lo que respecto a ellos solicita la aplicación del art. 916 del C.A.. Resalta que la mercadería fue tipificada mediante los CTC Nº 0127-03, 1842 y 1528. Entiende que no corresponde el comiso de la mercadería por encontrarse permitida su nacionalización en los términos del art. 10 de la Resolución Nº 381/96. Solicita la nulidad de la resolución apelada, atento se dictó sin tener en cuenta las constancias obrantes en el sumario. Plantea la inaplicabilidad del CER. En subsidio, plantea que se encuentra prescripta la acción del Fisco para percibir tributos e imponer penas atento el auto de apertura sumarial, entiende, sólo suspende o interrumpe la prescripción si resulta notificado al imputado en tiempo y forma, es decir, necesita de la notificación para ser eficaz. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. De su lado, en su responde, el representante del organismo fiscal resalta que la actora no ha probado el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones, indicando que ciertos permisos de embarque fueron oficializados fuera del plazo concedido. En relación al planteo de nulidad, sostiene que carece de todo respaldo procesal y solicita se declare su improcedencia. Respecto al CER, entiende que es procedente ya que se trata de una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 y pactada en dólares, siendo de aplicación lo dispuesto por los arts. 4 y 8 del Decreto Nº 214/02. Solicita se desestime el planteo de prescripción de las acciones tendientes al cobro de los tributos y para hacer efectivas las penas, citando la normativa y la interpretación que considera aplicable. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 42 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia a fs. 47.
IV. A fs. 1/2 de la Actuación Nº 608-148-2004 se agrega la presentación efectuada el 20/06/2002 por GREEN PACK S.R.L. a través de su Despachante de Aduana por medio de la cual acompaña copias de los permisos de embarque relacionados con el D.I.T. N° 99 001 IT14 006448 W y C.T.C. y a fs. ref. 55 (se agrega la Actuación Nº 608514-149-2004), solicita la liberación de la garantía relacionada con el D.I.T. adjuntando documentación a fs. ref. 56/66. A fs. ref. 69/71 obran consultas de garantía y de la destinación temporaria al SIM. A fs. ref. 72 se informa al Cuerpo de Policía Montada, en el marco de la causa Nº 21.149 en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, que la temporal se encuentra vencida y sin cancelar. A fs. ref. 74 se presenta la firma importadora y informando que acompaña a fs. ref. 75/87 los C.T.C. definitivos. A fs. ref. 87 obra Acta de Denuncia Nº 1692/04 del 4/11/2004 por la presunta comisión de la infracción a los arts. 970 y 972 del C.A. respecto al D.I.T. N° 99 001 IT14 006448 W, obrando agregada a fs. ref. 88 la carpeta de la destinación. A fs. ref. 89/93 obran agregadas comunicaciones entre la División Comprobación de Destino y la Policía Federal Argentina. A fs. ref. 117 obra constancia de desglose y envío al Juzgado actuante, de las carpetas de los Permisos de Embarque (que obran actualmente a continuación de fs. 190). A fs. 128 el 21/10/2005 se dispone la apertura del sumario. A fs. 130 el 11/05/2010 se solicita a la Div. Verificación que informe valor en Aduana, posición arancelaria y tributos que gravaren la importación de la mercadería en infracción, lo que es contestado a fs 131. A fs. 135 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 138/138vta. se corre vista de todo lo actuado (notificada a Cosena Seguros S.A. el 16/06/2010 según constancia de fs. 143 y a Green Pack S.R.L. entre el 11/06/2010 -fecha en que se libró la cédula- y el 30/06/2010, atento de la cédula de notificación obrante a fs. 146 resulta ilegible el día -no así el mes y año- de notificación), obrando los descargos correspondientes a fs. 147/154vta. y a fs. 158/163. A fs. 169/169vta. no se hace lugar al planteo de prescripción interpuesto por la firma importadora y se abre la causa a prueba. A fs. 173 obra informe de la Sección Procedimientos Técnicos, detallando mercadería en infracción. A fs. 178/183vta., con fecha 20/10/2010, se dicta la Resolución Nº 7770, apelada en autos.
A continuación obran las carpetas de los P.E. Nros. 00 001 EC03 024430 S, 00 001 EC03 023438 C, 00 073 EC03 009686 U, 00 001 EC03 028069 H, 00 001 EC03 026704 B, 00 001 EC03 027269 X y 00 001 EC03 025234 V.
Primera Cuestión:
V. Corresponde examinar si, como plantea la recurrente, las acciones del fisco para el cobro de tributos e imposición de pena se encontraban prescriptas al tiempo de dictarse la resolución apelada. En relación a estas cuestiones, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019- 72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. Así las cosas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 21/10/2005 (ver fs. 128 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2001 – en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 5/12/2000- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2005 (todo ello cfme. arts. 934 a 937 y 803 a 806 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 20/10/2010 y notificada el 12 y 18/11/2010 a la cía. aseguradora y la empresa importadora respectivamente cfme. constancias de fs. 186/187 de las act. adm.).
En adición a lo expuesto, cabe subrayar que desde el dictado del auto de apertura del sumario el 21/10/2005 de fs. 128 (dictado transcurridos 4 años, 10 meses y 10 días desde el inicio del cómputo del plazo de prescripción) hasta el pase ordenado a la Div. Verificación Sección C el 11/05/2010 hubo total inactividad por parte del servicio aduanero en las actuaciones, es decir, por 4 años, 6 meses y 20 días más. Incluso se advierte que, el servicio aduanero, al considerar que la prescripción operaba el 21/10/2010 (creterio no compartido por quien suscribe) -ver reiterados avisos a fs. 130, 172, 174 de las act. adm.-, dictó la Resolución apelada tan sólo un día antes de dicha fecha.
Es decir, teniendo en cuenta el criterio expuesto anteriormente, la Resolución Nº 7770 se dictó pasados casi 5 años de operado el plazo de prescripción.
En virtud de los motivos señalados, considero que corresponde hacer lugar a la prescripción opuesta por la recurrente.
VII. A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA REGISTRO DIT 9/12/1999 VENCIMIENTO
5/12/2000 DIT INICIO
01/01/2001 PRESCRIPCIÓN ACTA 4/11/2004
DENUNCIA fs. 87 APERTURA 21/10/2005 SUMARIO fs. 128 CORRIDA DE 3/06/2010 VISTA fs.138 RESOLUCIÓN APELADA fs. 20/10/2010 178/183 NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN fs. 12 y 18/11/2010 186/187 Conforme queda evidenciado en el detalle realizado, transcurrieron más de 9 años entre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo y el dictado de la resolución apelada sin que se advierta en el expte. adm. la existencia de algún acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los arts. 936; 937; 805 y 806 del CA, ni razones que justifiquen la demora del servicio aduanero en el dictado de un pronunciamiento oportuno.
Segunda Cuestión:
VIII. Sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, y en atención al criterio mayoritario de la Sala G, considero pertinente analizar si el auto de apertura de sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del C.A..
Corresponde señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
IX. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
X. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., declarando nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justificar su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura. De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían transgredidos los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
Recientemente, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
XI. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder. Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (ibidem. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422- A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
XII. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente.
Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaro específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizo de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizo la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.
(TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012). En este mismo sentido, la Cámara recordaría lo oportunamente afirmado con relación a la exigencia del inc. b) del art. 1094 del C.A.: “[la mencionada disposición] identifica los enunciados obligatorios con que debe contar el auto de apertura del sumario contencioso. Así, en el inc. b) del citado artículo se indica que debe disponer “la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado [...]”. De donde se sigue que es imperativo verificar la mercadería para luego correr vista de lo actuado, en especial por cuanto concierne al pago voluntario de la multa mínima (art. 930 C.A.). Con respecto a la citación efectiva del supuesto infractor, ella debe hacerse indefectiblemente y su falta deriva en la nulidad del acto”.
(CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA, Expte. 20.634/00; CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
XIII. A la luz del estándar interpretativo comentado, surge del análisis de las actuaciones administrativas N.º 608-148-2004, que el auto de apertura de sumario fue dictado el 21/10/2005 (fs. 128 del expte. adm.) y solo se reduce a disponer la instrucción de sumario sin más: “VISTO la denuncia efectuada por la “COMISIÓN CAUSA 21.149”… por lo que se da cuenta que la firma GREEN PACK S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-68723918-7), no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el Despacho de Importación Temporal Nº 99 001 IT14 006448 W con vencimiento el 05/12/2000, lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, DISPONE LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO en los términos del art. 1090 inc c) del citado texto legal…”, además de ordena a la Div. Registro de Exportación que acompañe documentación original de dos Permisos de Embarque.
Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción.
Sentado lo que antecede, corresponde poner en evidencia que el auto de apertura (ver fs. 128) no informó el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria y ni liquidó los presuntos tributos a abonar. Todo eso fue diferido en el tiempo a lo que resultase de lo actuado por la Div. Verificación Sección C (que lo efectúa a fs. 131 -aforo- el 17/05/2010 y 135 -liquidación-).
En ese marco, resulta claro que el actuar del servicio aduanero fue contrario a lo que preceptúa el art. 1094 del C.A., en donde lo constriñe a determinar, clasificar, valorar la mercadería y liquidar los tributos en el mismo auto de apertura del sumario.
Sobre la base de lo expuesto, queda en evidencia que la autoridad administrativa actuó fuera del marco de su competencia temporal, por lo que el acto administrativo resulta nulo de nulidad absoluta (art. 14 y 17 de la LNPA).
Por todo ello, voto por:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VIII a XIII de la presente.
2. Declarar prescripta las acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT N° 99 001 IT14 006448 W.
3. Con costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Sr. Vocal Instructor.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VIII a XIII del voto del Dr. Licht 2) Declarar prescripta las acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT N° 99 001 IT14 006448 W.
3. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.03.27 11:20:58 ART Date: 2023.03.27 13:46:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.27 16:01:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.27 16:02:09 -03:00
Fin de la sentencia