Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la abogada María del Carmen Yaconis en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) y por el Fiscal General Gabriel Pérez Barberá, revocar la decisión puesta en crisis (punto dispositivo I del pronunciamiento atacado) y su antecedente necesario (punto dispositivo I del fallo de primera instancia del 10/09/25 sólo en cuanto declaró la inconstitucionalidad del DNU 575/25) y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio de 2026, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 1244/2015/33/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “GREPPI, Guillermo Alejandro s/recurso de casación”; de la que
I. La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por decisión del 18 de diciembre de 2025, resolvió, entre otras cuestiones y en lo que aquí interesa, "I. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTO el punto dispositivo I de la resolución en examen y DECLARAR NULO el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025, de conformidad con lo establecido por el art. 99, inc. 3, párrafo segundo, de la Constitución Nacional” – (el destacado pertenece al pronunciamiento de cita).
II. Contra esta decisión, el Fiscal General Gabriel Pérez Barberá y la abogada María del Carmen Yaconis en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) interpusieron sendos recursos de casación que el tribunal a quo concedió en fecha 25 de febrero de 2026.
II.a. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que su impugnación resulta formalmente admisible porque se dirige contra un pronunciamiento equiparable a sentencia definitiva en tanto le REGISTRO Nº: 603/26.4 genera un agravio actual de imposible reparación ulterior, toda vez que torna inaplicable el art. 24, inc. a) del Anexo I aprobado por el decreto de necesidad y urgencia 575/25 del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante DNU 575/25) en cuanto dispone que corresponderá al Ministerio Público Fiscal el 25% del eventual remanente de los bienes decomisados que quedase disponible una vez reparadas las víctimas.
Expuso que dicho decreto constituye un intento del Poder Ejecutivo Nacional por mermar las dificultades presupuestarias que aquejan a ese ministerio público en relación al rol que debe desempeñar en el marco del Código Procesal Penal Federal.
De allí, dijo, la invalidez atacada dificultará el funcionamiento de ese órgano en el marco del nuevo sistema procesal; incluso, si su puesta en vigencia no se produjera en esa jurisdicción.
Invocó el art. 456, inc. 2, del C.P.P.N. por considerar que la resolución carece de motivación en inobservancia a lo previsto por el art. 123 del mismo cuerpo legal.
En lo esencial, el acusador público afirmó que el DNU 575/25 es constitucional porque satisface los presupuestos formales y materiales que son exigidos por el art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional.
Como primer agravio, adujo que el a quo asignó a esa norma constitucional una inteligencia arbitraria que excede los límites del control judicial de los decretos de necesidad y urgencia conforme los términos fijados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este sentido, adujo que el tribunal anterior no se limitó a verificar si la urgencia invocada por el Poder Ejecutivo Nacional resulta manifiestamente irrazonable o carente de sustento fáctico, sino que avanzó sobre el contenido del acto, descalificó el diagnóstico institucional efectuado y la política pública adoptada, a la vez que ponderó la suficiencia, conveniencia o adecuación de las razones expuestas para justificar el dictado del referido decreto.
Con similar tenor, objetó que esa sede valorara negativamente que el Poder Ejecutivo Nacional escogiera la vía del decreto de necesidad y urgencia cuando el Congreso Nacional se encontraba en funciones. Esto fue así, ya que –con ese proceder- el a quo no se limitó a constatar la razonabilidad de la urgencia aludida, sino que sustituyó el juicio del órgano político por una apreciación judicial sobre el modo y la ocasión en la que debía legislarse.
Para el fiscal, el enfoque de la cámara de apelaciones desconoce la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación y transforma el control judicial en un control de mérito político que implica una errónea aplicación del estándar previsto en el citado art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional y vulnera el régimen republicano de gobierno como el principio de división de poderes que le es inherente.
En segundo lugar, el recurrente adujo que el colegiado previo efectuó una interpretación restrictiva de la noción de “urgencia” equiparándola a lo súbito en sentido fáctico, como si el dictado de un decreto de necesidad y urgencia sólo estuviera habilitado por acontecimientos imprevistos o repentinos. Sostuvo que esa concepción no encuentra respaldo en el criterio del Alto Tribunal que definió la “urgencia” como necesidad institucional o funcional en tanto circunstancias que tornan incompatible el empleo del procedimiento legislativo ordinario con la eficacia de la respuesta estatal.
Desde este punto de vista, entendió que la naturaleza estructural o crónica de un problema no excluye la urgencia que deviene actual y concreta cuando aquellos fenómenos alcanzan un punto de saturación tal que reclaman una acción inmediata. Sostuvo que ese mismo argumento también vale si la razón del decreto radica en la falta de recursos suficientes para la implementación de un nuevo sistema procesal.
En esta inteligencia, dijo que, aunque esa falta de medios sea producto de una distribución insuficiente y crónica, el interés del Estado en resolver un déficit permanente adquiere ribetes de urgencia tangibles cuando está en juego la viabilidad de implementar aquel régimen procesal.
Explicó que el Ministerio Público Fiscal recibe y recibirá la mayor carga de trabajo en el modelo acusatorio y, por ello, es el órgano estatal vinculado a la administración de justicia que necesita más recursos. Destacó que esa necesidad, además de urgente y evidente, constituye una de las razones que fundaron la emisión del decreto ya referido.
Frente a ello, consideró que afirmar que su sanción no obedeció a razones de necesidad y urgencia genuinas importa desatender la verdad objetiva y los propios fundamentos del acto. A su criterio, estimar que sólo lo súbito o imprevisto habilitan la actuación excepcional del Poder Ejecutivo Nacional supone desnaturalizar el mecanismo previsto por el art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional que fue concebido para enfrentar situaciones en las que la demora legislativa puede frustrar una intervención eficaz y oportuna del Estado, en el caso, corporizado en el Ministerio Publico Fiscal.
El impugnante profundizó su embate al sostener que la invalidez constitucional cuestionada deja a ese ministerio público afuera del necesario fortalecimiento integral y coordinado de todos los actores que, además del Poder Judicial de la Nación, intervienen en los procesos penales federales regidos y a regir por el Código Procesal Penal Federal. Calificó este resultado de arbitrario, discriminatorio e irrazonable en la medida que la principal carga presupuestaria y funcional en ese modelo acusatorio recae sobre el órgano estatal que representa. A lo expuesto, agregó que la imposibilidad de acudir al Congreso Nacional no sólo abarca los supuestos de imposibilidad física o, incluso, institucional, sino también aquellos en que la demora inherente al procedimiento parlamentario ordinario resulta incompatible con la eficacia que la normativa dictada procura asegurar.
Como tercer agravio, el Fiscal General adujo que la cámara de apelaciones redujo su evaluación sobre la urgencia del decreto a los motivos que el Poder Ejecutivo Nacional expuso literalmente, pero omitió otros elementos fácticos normativos - aportados por esa acusación pública- que resultan preexistes al acto, que se vinculan con la apreciación de la urgencia y que debían integrar el juicio de validez constitucional.
Recordó su postura referida a que el DNU 575/25 respondió a la necesidad de cumplir compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de recuperación de activos provenientes de delitos como lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, corrupción y otras formas de criminalidad organizada; deber que, dijo, se ve reforzado por las recomendaciones del GAFI y la OCDE que exigen la adopción de políticas orientadas a fortalecer el recupero de activos y su aprovechamiento en beneficio del interés público, tal como fue considerado en los fundamentos del mentado decreto.
Según su visión, la falta de un sistema centralizado de custodia y administración de bienes -como ocurría previo al DNU 575/25- ubicaba al Estado argentino en una situación de ineficacia interna y de incumplimiento internacional, pues cada día de inacción o de fragmentación institucional implica el riesgo concreto de deterioro, desaprovechamiento o pérdida de valor de bienes cautelados.
Agregó que esta situación fue corroborada por la Evaluación Mutua GAFI/OCDE de diciembre de 2024, cuyas observaciones colocaron al país en una zona de riesgo internacional con la posibilidad concreta de reingresar en la denominada “lista gris” del GAFI que integran los países que han presentado deficiencias o demoras notables en el cumplimiento de determinadas obligaciones internacionales. En su opinión, ello tornaba imperioso adoptar con celeridad medidas normativas que estuvieran orientadas a corregir los déficits señalados. De allí, consideró difícilmente concebible que desde el Poder Judicial se pretenda aducir la inconstitucionalidad de una norma destinada a la subsanar las deficiencias señaladas por aquellos organismos, lo que no solo frustra la eficacia del accionar estatal, sino que expondría a la República Argentina a nuevas observaciones y eventuales sanciones en el plano internacional.
Conjuntamente, discrepó con que el dictado de la Acordada 22/25 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Reglamento de efectos secuestrados neutralizó la urgencia invocada.
Dijo que dicho razonamiento desatiende que el planteo de esa fiscalía no se había limitado a la ausencia de reglas formales de asignación o de depósito de bienes, sino a la inexistencia de un sistema eficaz, coordinado y centralizado de conformidad con los estándares internacionales aplicables. Además, sostuvo que el colegiado previo apeló a ese argumento sin explicar en qué medida la reglamentación del Alto Tribunal satisface las exigencias internacionales o resuelve el problema funcional que motivó el dictado del decreto y, a la par, asegura al Ministerio Público Fiscal el flujo de recursos materiales que imperiosamente necesita.
En cuarto término, el Fiscal General alegó que la resolución recurrida resulta arbitraria porque invalida el DNU 575/2025 sin acreditar la existencia de una contradicción palmaria, manifiesta o evidente con la Constitución Nacional. Según su parecer, la cámara de apelaciones se limitó a expresar discrepancias con la apreciación efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional en torno a la urgencia y a la conveniencia del decreto, lo que -por sí solo- no satisface el estándar constitucional requerido para declarar su nulidad.
Por último, sin perjuicio de que el a quo no abordó el punto, el fiscal recurrente reiteró su posición en torno a que el decreto referido no legisla en materia penal en tanto la prohibición contenida en el art. 99, inc. 3°, de la Constitucional Nacional refiere exclusivamente al derecho penal sustantivo.
En esta inteligencia, aseveró que la materia penal se identifica por su contenido material o sustantivo y no por su mera proyección contextual sobre un proceso penal, de modo que queda circunscripta a aquellas disposiciones que tienen incidencia directa sobre la tipicidad, la punibilidad y las consecuencias penales.
Sobre esta base, expuso que el DNU 575/25 no incide sobre ninguno de estos aspectos, sino que establece un régimen administrativo de gestión y custodia de bienes cautelados, de carácter esencialmente instrumental, reversible y sujeto en todo momento al control judicial. En opinión del impugnante, regula una dimensión patrimonial y administrativa que resulta conceptualmente ajena a la materia penal en sentido estricto. Para finalizar, solicitó a esta Alzada que deje sin efecto la resolución puesta en crisis e hizo reserva de caso federal.
III.b. La abogada María del Carmen Yaconis, en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) alegó que la resolución atacada resulta equiparable a sentencia definitiva por sus efectos, ya que resuelve la cuestión debatida de modo final sin posibilidad de ser renovada. Sostuvo que tanto el magistrado de primer grado como el tribunal previo hicieron un análisis deficitario de los presupuestos fácticos que habilitan el dictado del decreto y que interpretaron erróneamente la situación de urgencia que el Poder Ejecutivo Nacional contemplara.
Indicó que la procedencia de ese tipo de actos no se limita a los supuestos de imposibilidad material del Congreso Nacional, sino que comprende a aquellos otros en que la demora inherente al trámite legislativo ordinario haría que la respuesta estatal se volviera ilusoria o ineficaz.
Destacó que, en línea con la recomendación efectuada por el GAFI, la expansión del crimen organizado, la depreciación acelerada de activos y la necesidad de asegurar el recupero inmediato de fondos de origen ilícito constituyen una situación de emergencia actual que justifica el empleo del mecanismo previsto en el art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional. Dijo que el decreto invalidado se enmarca en un contexto de criminalidad organizada y de sofisticadas maniobras de lavado de activos, donde la inmediata conservación y administración de los bienes cautelados constituye una condición de eficacia del proceso penal y una herramienta para la desarticulación de estructuras ilícitas.
Por ello, señaló que la urgencia se funda en la necesidad de evitar la pérdida, deterioro o desvalorización de bienes secuestrados, como en impedir que continúen generando beneficios económicos a favor de las organizaciones criminales. Sostuvo que el DNU 575/25 responde además al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; materias que, resaltó, exigen mecanismos inmediatos de actuación estatal por su propia naturaleza.
Precisó que la administración eficiente de bienes secuestrados en investigaciones seguidas por el delito de blanqueo de activos constituye un aspecto central debido a que los fondos cautelados se deprecian por efecto de la inflación, generan costos de custodia y permanecen inmovilizados sin poder ser destinados a fortalecer las capacidades del sistema de justicia y de seguridad.
Según la letrada, la urgencia a que alude el art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional se verifica cuando la situación de que se trata requiera una respuesta normativa en un plazo que resulte incompatible con el tiempo que insume el trámite legislativo ordinario, tal como -dijo- ocurre en la especie.
A su criterio, esto último es así porque constituye un hecho público y notorio que los proyectos de ley sobre recuperación y administración de activos vinculados al delito de lavado han insumido debates parlamentarios prolongados que se extienden durante varios períodos legislativos sin arribar a una regulación eficaz.
Desde su perspectiva, la experiencia concreta demuestra que el Congreso Nacional puede demorar tiempos indeterminados para tratar cuestiones técnicas de alta complejidad como las involucradas en el decreto invalidado, lo que resulta inconciliable con la necesidad inmediata de contar con un régimen unificado que permita en la actualidad administrar los bienes secuestrados en causas que tramitan por diversos delitos. En breve, sostuvo que la circunstancia de que el Congreso Nacional se encontrara en período de sesiones no excluye la urgencia, ya que ésta se mide por la inmediatez de la respuesta requerida.
Por eso, resaltó que el a quo desconoció este lineamiento y fue más allá del control judicial que le corresponde al reemplazar por su propio criterio la valoración del Poder Ejecutivo Nacional sobre la conveniencia o no de la vía utilizada.
De otro lado, la abogada actuante reiteró que la actuación de juez de primera instancia resultó contradictoria porque primero aplicó el DNU 575/25 sin efectuar reparo alguno sobre su validez constitucional y luego, a partir de un planteo de la defensa, modificó su razonamiento de modo abrupto y declaró la inconstitucionalidad del aludido decreto.
Para la letrada, esa “oscilación argumentativa” denota incoherencia en la fundamentación e introduce un vicio en la razonabilidad de la decisión porque el magistrado arribó a conclusiones opuestas sin que mediara una justificación consistente ni un análisis autónomo al efecto.
Sobre esta base, expuso que la cámara de apelaciones se limitó a justificar ese proceder contradictorio sin realizar un análisis pormenorizado de la cuestión ni abordar fundamento alguno.
Además de lo expuesto, sostuvo que el juez de primera instancia, al ordenar primigeniamente la puesta de los bienes cautelados a disposición de la autoridad de aplicación del régimen creado por decreto 575/25, desatendió el procedimiento previsto en el art. 17 de dicho reglamento que supedita la efectiva cesión de la custodia, depósito y administración al relevamiento que el Consejo de la Magistratura debe efectuar dentro de los sesenta (60) días hábiles de la entrada en vigencia del decreto y a la posterior cesión formal en el plazo de treinta (30) días hábiles.
Para la recurrente, la inobservancia de este procedimiento trajo como consecuencia que el magistrado se colocara innecesariamente en la posición de tener que revisar luego —a raíz del planteo defensivo— la constitucionalidad del DNU 575/25.
Por ello, estimó que dicho control fue precipitado e impropio, ya que si el juez hubiera respetado la secuencia procedimental prevista por el referido art. 17, la cuestión constitucional ni siquiera hubiera existido. En breve, sostuvo que “…fue la aplicación errónea de la norma lo que generó artificialmente el escenario de inconstitucionalidad”. En razón de todo lo expuesto, estimó que el DNU 575/25 resulta ajustado a derecho por satisfacer los recaudos formales y materiales exigidos por el art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional.
Solicitó a este Cuerpo que revoque el pronunciamiento recurrido y que sostenga la validez constitucional de aquel acto del Poder Ejecutivo Nacional.
Hizo reserva de caso federal.
IV. En la oportunidad prevista por el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., la abogada Celeste Nair Bortoni, en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación), presentó breves notas y solicitó a este Tribunal que haga lugar al recurso de casación interpuesto y que revoque el pronunciamiento impugnado. Mantuvo reserva de caso federal.
En la misma ocasión, el Fiscal General ante la instancia, doctor Raúl Omar Pleé, hizo lo propio y requirió que esta Sala haga lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, que case la resolución puesta en crisis y que dicte una nueva conforme a derecho. Reiteró reserva de caso federal.
Superada dicha etapa procesal, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas. Practicado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Inicialmente corresponde señalar que los recursos de casación interpuestos en autos resultan formalmente admisibles, toda vez que se dirigen contra un pronunciamiento que pone fin a la discusión sobre la validez constitucional del DNU 575/25 y causa un gravamen de imposible reparación ulterior a los impugnantes en la medida que éstos no tienen otra oportunidad para replantear sus agravios sobre el tema debatido en estos actuados.
Además, los interesados se encuentran legitimados para recurrir lo decidido, los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por la ley de rito (C.P.P.N. art. 456) y los requisitos de tiempo y fundamentación también han sido satisfechos (C.P.P.N., art. 463).
II. Previo a cualquier consideración sobre la cuestión de fondo, resulta conveniente reseñar los antecedentes relevantes del caso.
En lo que aquí interesa, surge de autos que Guillermo Alejandro Greppi fue indagado por la posesión de un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta dólares estadounidenses (USD 1.555.980), cuarenta y siete mil trescientos ochenta euros (EUR 47.380), un millón novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos (ARS 1.948.476), mil trescientos treinta y siete reales (BRL 1337) y mil ochocientos sesenta pesos uruguayos (UYU 1860) sin haber podido justificar que tuvieran un origen lícito. El dinero se encontraba oculto en diferentes sectores de su domicilio particular (Juan Francisco Seguí 4602, piso 16, de esta ciudad) que fue allanado el 9 de mayo de 2016 en virtud de un procedimiento ordenado en la causa conexa FSM 20097/2015. Provendría de parte de la ganancia ilícita que Greppi habría obtenido como jefe de una organización criminal que operó desde principios de 2012 hasta mediados de 2016; y, en particular, por la comisión de delitos de evasión tributaria y delitos de intermediación financiera no autorizada, cometidos en nombre de la Asociación Mutual Silda, Asociación Mutual Propyme, Recasur Argentina SRL, Recaudadora Centenario SA y Catahu SA. Guillermo Alejandro Greppi fue procesado por ese hecho en razón de haber sido considerado, prima facie, autor penalmente responsable por la supuesta comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito (art. 303 del C.P.).
El juzgado de primera instancia, por pronunciamiento del 25 de agosto de 2025, resolvió: “I. PONER A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS EN LOS PROCESOS PENALES DE COMPETENCIA NACIONAL Y FEDERAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación el dinero secuestrado en el allanamiento realizado en las presentes actuaciones en la finca sita en Juan Francisco Seguí 4602, piso 16, de esta ciudad (arts. 1 y 10 del Decreto 575/2025, 4 y 9, inciso b, del Anexo I del DNU 575/2025, y 305 del CP). II. LIBRAR OFICIO AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 del DNU 575/2025.
III. ORDENAR AL BANCO DE LA NACIÓN -SUCURSAL TRIBUNALES- LA TRANSFERENCIA de las sumas secuestradas en moneda nacional en el allanamiento realizado en las presentes actuaciones en la finca sita en Juan Francisco Seguí 4602, piso 16, de esta ciudad a la cuenta que informe el Ministerio de Justicia de la Nación. Ofíciese con copia de la presente. IV. AUTORIZAR EL RETIRO DEL DINERO EN MONEDA EXTRANJERA secuestrado en el allanamiento realizado en las presentes actuaciones en la finca sita en Juan Francisco Seguí 4602, piso 16, de esta ciudad, A PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN CREADO POR EL DNU 575/2025 DESIGNADO A TAL EFECTO…”. En esa ocasión, el juzgado actuante señaló que “…no desconoce la existencia del ‘Reglamento de efectos secuestrados que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados en causas penales’ aprobado por nuestro Máximo Tribunal (Acordada 22/2025), el cual establece, entre otras cuestiones, que los depósitos en dinero se deberán ingresar a cuentas bancarias abiertas a nombre de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, para el presente caso resulta de aplicación el DNU 575/2025, a razón de su especialidad y temporalidad, por su destino específico en materia de combate contra el delito de lavado de activos, su dictado posterior (vigente desde el 13 de agosto de 2025) y, además, por tener fuerza de ley (art. 99 inc. 3 de la CN)”; y que “…si bien el artículo 233 del Código Procesal Penal de la Nación establece que los efectos secuestrados serán puestos a disposición del tribunal, una ley posterior -y específica del delito de lavado de activos-, habilita la puesta a disposición del Ministerio de Justicia de la Nación del dinero secuestrado en el marco de un proceso penal, debiendo ser transferido el mismo a una cuenta que a tal efecto administra dicho organismo”.
Contra esta decisión, la asistencia técnica del imputado dedujo recurso de apelación por el que introdujo como motivo de agravio la inconstitucionalidad del DNU 575/2025.
El magistrado de primer grado concedió esa vía de impugnación; por el mismo auto, formó el presente incidente de inconstitucionalidad y corrió vista a la agente fiscal actuante; a la autoridad de aplicación del “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio” dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación -en calidad de tercero interesado-; y a las demás partes legitimadas. Contestadas las vistas, esa judicatura, por decisión del 10 de septiembre de 2025, resolvió “I. Declarar la inconstitucionalidad del DNU 575/2025 y, en consecuencia, modificar la resolución de este tribunal dictada en los autos principales el 25 de agosto del corriente, en el sentido que el dinero secuestrado en el allanamiento realizado sobre finca sita en Juan Francisco Seguí 4602, piso 16, de esta ciudad, debe afectarse al embargo dispuesto en los autos principales en ocasión de ordenar el auto de procesamiento de Guillermo Alejandro Greppi (art. 518 y cc., CPPN). Hágase saber a la CNAPE en el marco del legajo de apelación y déjese nota en el incidente de embargo. II. INSCRIBIR las sumas de dinero en cuestión en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal dispuesta por la acordada CSJN 22/2025 y deposíteselas en [la} cuenta que indique la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Para así decidir, esa sede sostuvo -en lo esencial- que los fundamentos del DNU 575/25 “…no logran acreditar la configuración de un estado de necesidad y urgencia genuino” y que dicho acto “…carece de los presupuestos fácticos y jurídicos que la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema exigen para su validez, configurando un ejercicio inconstitucional de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo”. Además, consideró que el referido decreto avanzó sobre una materia vedada al Poder Ejecutivo Nacional (art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional), ya que “[a]l regular cómo, cuándo y a quién debe el juez penal entregar los bienes secuestrados, y al modificar el destino de los fondos previsto en leyes penales especiales, el Poder Ejecutivo está legislando sobre la realización práctica del derecho penal…” (cfr. pronunciamiento de cita, cuyos fundamentos in extenso cabe tener aquí por reproducidos en razón de la brevedad).
Contra este pronunciamiento, la agente fiscal interviniente y la abogada del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) dedujeron sendos recursos de apelación por los que introdujeron diversos agravios.
En lo aquí relevante, el Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) cuestionó que el juez de primera instancia efectuara un control de constitucionalidad del DNU 575/2025 por entender que “…la propia resolución de fecha 25 de agosto de 2025 incurrió en un error de origen que vicia todo lo resuelto con posterioridad…”, pues “…al ordenar en esa oportunidad la inmediata puesta a disposición de la autoridad de aplicación del Régimen [del que se trata] los bienes cautelados, el magistrado de grado desatendió el procedimiento establecido en el art. 17 del DNU 575/2025, que supedita la efectiva cesión de la custodia, depósito y administración al relevamiento que debe efectuar el Consejo de la Magistratura dentro de los sesenta (60) días hábiles de la entrada en vigencia del decreto y a la posterior cesión formal en el plazo de treinta (30) días hábiles.”. De tal modo, consideró que dicho magistrado había soslayado el procedimiento previsto por la norma y, de este modo, se “…colocó innecesariamente en la posición de tener que revisar luego (…) la validez constitucional del decreto. Dicho control fue, por tanto, precipitado e impropio: si el a quo hubiese respetado la secuencia procedimental prevista por el art. 17, la cuestión constitucional ni siquiera se hubiera existido”. En sus palabras “…fue la aplicación errónea de la norma lo que generó artificialmente el escenario de inconstitucionalidad, en abierta contradicción con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impone al juez evitar pronunciamientos de invalidez cuando existen vías de interpretación o de aplicación que preservan la constitucionalidad”.
A su turno, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dictó la resolución que es objeto de recurso de casación.
En dicha ocasión, el a quo se pronunció sobre los diversos argumentos que el Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) y el Ministerio Público Fiscal llevaron a su conocimiento.
Entre ellos, el colegiado de cita desestimó el cuestionamiento que el Estado Nacional dirigió contra el control de constitucionalidad del DNU 575/25 que el magistrado de instrucción había llevado a cabo sin que fueran cumplidos los pasos establecidos por el art. 17 de aquella norma para que se formalizara la cesión al Ministerio de Justicia de la Nación de las sumas de dinero secuestradas durante el allanamiento del domicilio particular de Guillermo Alejandro Greppi.
Para así decidir, la Sala B señaló que el “…Estado Nacional, al momento de anoticiarse de la resolución [del 25 de agosto de 2025] no cuestionó la decisión de que las sumas de dinero fueran puestas a disposición de la autoridad de aplicación del régimen aprobado por el art. 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025, antes de que se encontrara finalizado el relevamiento encomendado al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Tampoco se encuentra controvertido que aquellas sumas de dinero integrarían el conjunto de bienes que el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con lo establecido por el art. 17 del decreto aludido, pretendía que quedaran bajo la custodia del Ministerio de Justicia de la Nación. A aquellas circunstancias, se debe agregar que por la resolución recordada precedentemente el juzgado ‘a quo’ dispuso, en simultáneo con la puesta a disposición referida al inicio de este párrafo, ‘…LIBRAR OFICIO AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 del DNU 575/2025…’ (confr. el punto dispositivo II de la resolución citada)”.
En tales condiciones, el a quo no apreció que “…el presente se trate de un caso en el que se declaró la inconstitucionalidad de una norma legal en función de un escenario o un estado de cosas meramente conjetural, hipotético o remoto. Por el contrario, la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025, aun de estar a los plazos previstos por el art. 17 de aquel cuerpo legal, devenía inminente, máxime si se tiene en cuenta que por el último párrafo del artículo citado se dispuso: ‘…El MINISTERIO DE JUSTICIA asumirá la administración, depósito y custodia efectiva de los bienes comprendidos en el relevamiento [encomendado al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación] a partir del día hábil siguiente a su cesión formal o, en su defecto, una vez vencido el plazo [de treinta días hábiles] establecido en el párrafo anterior, requerirá al órgano judicial competente, conjuntamente con el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, la inmediata entrega o puesta a disposición de los bienes en favor del MINISTERIO DE JUSTICIA…’…” (el resaltado pertenece al pronunciamiento recurrido).
Según su punto de vista, la decisión que “…pueda adoptarse en autos en torno a la validez o la invalidez del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025 estaría lejos de constituir un pronunciamiento abstracto y sin consecuencias prácticas, cualquiera sea la conclusión a la que se arribe respecto de aquella cuestión, sobre la forma de custodia de las sumas de dinero a las que viene haciéndose referencia. Por el contrario, el presente caso es uno en el que se verifica una actividad actual o en ciernes, con sustento en el decreto mencionado, que habilitaba un examen como el que se realizó por la resolución recurrida”.
En cuanto al fondo del asunto, la Sala B entendió –en sustancia- que “…mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025, el Poder Ejecutivo Nacional incursionó en funciones de naturaleza legislativa cuando no se verificaban los presupuestos fácticos extraordinarios bajo los cuales el constituyente admitió una excepción a la manda constitucional que establece que ‘…[e]l Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…’, corresponde dejar parcialmente sin efecto el punto dispositivo I de la resolución en examen y efectuar por la presente la declaración, en relación al decreto referido, a tenor de lo que impone la Constitución Nacional (confr. art. 99, inc. 3, párrafo segundo)”; ello así, conforme diversos fundamentos que habrán de ser tenidos aquí por reiterados.
De allí, esa sede resolvió "I. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTO el punto dispositivo I de la resolución en examen y DECLARAR NULO el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025, de conformidad con lo establecido por el art. 99, inc. 3, párrafo segundo, de la Constitución Nacional” – (el destacado pertenece al pronunciamiento de cita).
Contra esta decisión, el Fiscal General interviniente y la abogada que actúa en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) interpusieron sendos recursos de casación que, concesión mediante, motivan ahora la intervención de esta Sala IV.
III. De modo liminar, habré de precisar que la decisión del caso se regirá –como pauta rectora– por la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual los jueces de la causa no están obligados a tratar todos los argumentos utilizados por las partes sino sólo aquéllos que estimen decisivos para la solución del caso (Fallos: 301:970; 303:135; 307:951).
Establecido ello, la letrada que representa al Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) adujo en su recurso que el juez de primera instancia, en la resolución del 25/08/25, incurrió en una errónea aplicación al caso del DNU 575/25 (B.O. 13/08/2025).
Esto es así, según la abogada, toda vez que dicho magistrado puso los bienes cautelados en autos a disposición de la autoridad de aplicación del régimen de conservación, administración y disposición de bienes creado mediante DNU 575/25 sin atender al procedimiento previsto en el art. 17 del referido decreto para la efectiva cesión de la custodia, depósito y administración a ese Ministerio de Justicia de la Nación. En su parecer, el juez de instrucción efectuó un control de constitucionalidad precipitado sobre una norma que previamente había aplicado en forma errónea, lo que derivó en la declaración de invalidez constitucional del DNU 575/25 que, en definitiva, la cámara de apelaciones convalidó en el pronunciamiento que ahora es traído a estudio de esta Alzada. Cabe recordar que el art. 17 del DNU 575/25 establece: “Los órganos judiciales competentes deberán poner bajo custodia, depósito y administración del MINISTERIO DE JUSTICIA, a través de la Autoridad de Aplicación del RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS EN LOS PROCESOS PENALES DE COMPETENCIA NACIONAL Y FEDERAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, los bienes cautelados y recuperados que hayan sido objeto de medidas judiciales en causas en trámite o concluidas con sentencia firme.
A tal efecto, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA determinará los bienes que conforman este universo mediante un relevamiento de los casos que deberá presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, dentro del plazo improrrogable de SESENTA (60) días hábiles posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto. La cesión de la administración, depósito y custodia de estos bienes en favor del MINISTERIO DE JUSTICIA deberá materializarse dentro de los TREINTA (30) días hábiles posteriores a la presentación del relevamiento previsto en el párrafo anterior.
El MINISTERIO DE JUSTICIA asumirá la administración, depósito y custodia efectiva de los bienes comprendidos en el relevamiento a partir del día hábil siguiente a su cesión formal o, en su defecto, una vez vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, requerirá al órgano judicial competente, conjuntamente con el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, la inmediata entrega o puesta a disposición de los bienes en favor del MINISTERIO DE JUSTICIA”.
La postura de la abogada actuante permite advertir que para el Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) el art. 17 del DNU 575/25 establece una serie de pasos cuyo cumplimiento condiciona la operatividad del referido decreto y, correlativamente, su eventual aplicación al sub lite.
Siguiendo esta lógica, no se encuentra acreditado que los recaudos previstos en el art. 17 del DNU 275/25 (B.O. 13/08/2025) estuvieran satisfechos para el momento en que el juez de primera instancia puso los bienes cautelados a disposición del Ministerio de Justicia de la Nación por aplicación del referido decreto (25/08/25) ni posteriormente cuando declaró la inconstitucionalidad de esa norma (10/09/25).
Tampoco puede pasar por alto que, tras este último pronunciamiento y en forma paralela, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9 de esta Capital Federal, por resolución del 22 de octubre de 2025, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y, en consecuencia, dispuso la suspensión cautelar del DNU 575/25, así como también de las normas dictadas en su consecuencia (Decisión Administrativa N° 23/25 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación del 10/9/25 y Resolución Conjunta N° 3/25 del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía) - (ver causa CAF 36655/25, “UNION DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACION Y OTRO c/EN – DNU 575/25 s/MEDIDA CAUTELAR –AUTÓNOMA-”).
En esa decisión, el magistrado actuante sostuvo -entre otros fundamentos- que, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 5 de la ley 26.854, estimaba prudente que la medida cautelar extendiera sus efectos hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso principal a iniciarse, en atención a la naturaleza de los derechos en juego y, en esos términos, dispuso finalmente la cautela recién referenciada.
Cabe precisar que el Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) apeló dicho pronunciamiento y que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por decisión del 26 de diciembre de 2025, desestimó los agravios intentados. A su vez, este último pronunciamiento fue recurrido por vía extraordinaria federal que resultó desestimada por resolución del 17 de marzo de 2026 (confrontar fallos disponibles a través del buscador de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Dados los términos de la medida cautelar aludida, vigente al momento de recaer el pronunciamiento aquí recurrido, el tribunal a quo mal pudo sostener que “…la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025, aun de estar a los plazos previstos por el art. 17 de aquel cuerpo legal, devenía inminente” y que “…el presente caso es uno en que se verifica una actividad actual o en ciernes, con sustento en el decreto mencionado…”.
Los recaudos previstos en el art. 17 del DNU 275/25 (B.O. 13/08/2025), a cuyo cumplimiento la abogada del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) condiciona la eventual aplicación del decreto al sub lite en que se sustancia un proceso ordinario, tampoco podían ser satisfechos sobrevinientemente en razón de la vigencia y el alcance de la medida cautelar dictada por la justicia en lo contencioso administrativo federal.
En estas condiciones, vale recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, al analizar la naturaleza de la actividad jurisdiccional, que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas (Fallos: 332:5), como ocurrió en el sub examine, cuando los órganos judiciales previos se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de una norma que entonces no era operativa ni, correlativamente, aplicable al caso de autos, como tampoco lo es actualmente ni lo será en el tiempo inmediato sucesivo.
Por lo expuesto, entiendo que la resolución puesta en crisis, como su antecedente necesario sólo en cuanto declaró la inconstitucionalidad del DNU 575/2025, resultan descalificables como actos jurisdiccionales válidos.
Como consecuencia de la decisión adoptada, el tratamiento de los restantes planteos efectuados por las partes recurrentes resulta insustancial.
IV. En virtud de los fundamentos que anteceden, propongo al Acuerdo hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la abogada María del Carmen Yaconis en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) y por el Fiscal General Gabriel Pérez Barberá, revocar la decisión puesta en crisis (punto dispositivo I del pronunciamiento atacado) y su antecedente necesario (punto dispositivo I del fallo de primera instancia del 10/09/25 sólo en cuanto declaró la inconstitucionalidad del DNU 575/25) y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531). El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones expuestas por el colega que me precede en el orden de votación, doctor Mariano Hernán Borinsky, en las particulares circunstancias de la causa, adhiero a la solución propuesta en orden a hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la abogada María del Carmen Yaconis en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) y por el Fiscal General Gabriel Pérez Barberá, revocar la decisión puesta en crisis (punto dispositivo I del pronunciamiento atacado) y su antecedente necesario (punto dispositivo I del fallo de primera instancia del 10/09/25 sólo en cuanto declaró la inconstitucionalidad del DNU 575/25) y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531).
En virtud de lo expuesto, con el voto concurrente de los suscriptos (art. 30 bis, último párrafo, del C.P.P.N.), el Tribunal
HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por la abogada María del Carmen Yaconis en representación del Estado Nacional (Ministerio de Justicia de la Nación) y por el Fiscal General Gabriel Pérez Barberá, REVOCAR la decisión puesta en crisis (punto dispositivo I del pronunciamiento atacado) y su antecedente necesario (punto dispositivo I del fallo de primera instancia del 10/09/25 sólo en cuanto declaró la inconstitucionalidad del DNU 575/25) y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531).
Regístrese, notifíquese, comuníquese y cúmplase con la remisión dispuesta mediante pase digital. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Francisco Allende. Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia