Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2021-46965879-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente los actos apelados con el alcance dispuesto en los Considerandos XIV b), XV y XVI.
2Confirmar parcialmente las multas aplicadas, de conformidad con los Considerandos XVII y XVIII.
3Imponer las costas según los respectivos vencimientos.
4Ordenar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, según las pautas establecidas en los puntos anteriores. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar las actuaciones correspondientes de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-22006965-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Marzo de 2026 En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el EXPTE. N° 48.564-I y su acumulado EX-2021- 46965879- -APN-SGAI#TFN, caratulados: “GRIMALDI FERNANDO ANTONIO s/recurso de apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 312/327 se interpuso recurso de apelación contra las Resoluciones N° 182/2017 y 183/2017 (DV ORR1) de la A.F.I.P-D.G.I., ambas de fecha 26/12/2017, mediante las que se determinaron de oficio, las obligaciones tributarias del recurrente en su carácter de responsable solidario de GRIFER S.A. por el impuesto a las ganancias -periodo fiscal 2011- y el impuesto al valor agregado -periodos fiscales 03/2010 a 02/2011-, respectivamente. En ambos casos, se liquidaron intereses resarcitorios y en la N° 183/2017 se aplicó multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683.
Asimismo, a 513/518vta. fue apelada la Resolución N° 61/2021 (DV ORR1), de fecha 28/04/2021, en la que se aplicó multa frente al impuesto a las ganancias -periodo fiscal 2011- graduada en el cincuenta por ciento (50%) del monto del gravamen dejado de ingresar, conforme el art. 45 de la ley 11.683. Efectúa una reseña de las resoluciones recurridas y opone excepción de prescripción de las acciones y facultades del Fisco Nacional para determinar su responsabilidad solidaria por los impuestos a las ganancias -periodo 2011- y al valor agregado -periodos fiscales 03/2010 a 02/2011- de la responsable principal. Se refiere luego a la responsabilidad solidaria y analiza los arts. 6 y 8 de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y sus modificaciones-. Explica que –a su criterio- este tipo de responsabilidad posee un doble carácter - represivo y condicional-, por nacer a partir de la violación del deber fiscal de la principal y desde el momento en que acaece. Al respecto, informa que la responsable por deuda propia no tenía ninguna deuda y que tuvo que dejar de operar por la crisis del sector frigorífico.
Analiza el mecanismo de determinación de oficio y considera que la Administración no debió recurrir a la determinación de base por medio de presunciones en su caso particular. Fundamenta su planteo en su carácter excepcional y subsidiario y que la circunstancia que las empresas con las que operaba hayan cesado su actividad por la crisis, no sería suficiente para haber efectuado las determinaciones impugnadas. Cuestiona la aplicación de la presunción contemplada en el artículo 18, inciso f) de la ley de rito a partir de un pasivo que se califica como falso. Afirma que las operaciones existieron y que GRIFER S.A. contaba con habilitación del SENASA, lo que permitía celebrar operaciones con empresas también habilitadas ante el organismo. Puntualiza que las compras a dichos proveedores eran efectuadas con permisos de transito restringido, en razón del control sanitario de la carne transportada.
Se agravia luego de la multa aplicada en el impuesto a las ganancias, por el periodo fiscal 2011, que el ente fiscal encuadró en el artículo 45 de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y sus modificaciones-. Entiende que no se ha configurado la presencia del elemento objetivo en razón de lo resuelto en la sentencia penal sobre la responsable principal. En consecuencia, solicita la misma sea revocada.
En subsidio, invoca la existencia de error excusable para eximir su responsabilidad.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 333/351 y 591/599 contestan los recursos la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se rechace la excepción de prescripción planteada por el recurrente y se confirmen los actos apelados. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que con fecha 21 de junio de 2019 esta Sala rechazó la excepción de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar las obligaciones fiscales impugnadas articulada por el recurrente e hizo lugar a la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanción por el impuesto al valor agregado, períodos fiscales 3/2010 a 2/2011. (Vid. fs. 455/458).
A fs. 484/485 obra la apertura a prueba.
A fs. 609/vta. surge agregada la sentencia de este Tribunal que ordenó la acumulación del expediente EX-2021-46965879- -APN-SGAI#TFN al que lleva el N° 48.564-I.
A fs. 633 fue clausurado el periodo probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”. A fs. 634 se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 641/649 el alegato del Fisco Nacional y a fs. 650/657 el correspondiente a la actora.
Por último, a fs. 658 se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que, conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas, el organismo fiscal determinó de oficio las obligaciones tributarias correspondientes a la firma GRIEFER S.A. frente al impuesto a las ganancias -periodo fiscal 2011- y al impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 03/2010 a 02/2011. De los informes finales de inspección (vid. fs. 853/873 y fs. 50/69 de los cuerpos N° 5 del impuesto al valor agregado y N° 1 del impuesto a las ganancias de los antecedentes administrativos) y las resoluciones de la responsable principal que obra a fs. 925/945 y 106/122, surgen los fundamentos de los ajustes. Cabe señalar que, de acuerdo con el informe final de inspección emitido en las actuaciones seguidas al deudor principal, la investigación se inicia por la detección por sistemas de contribuyentes que presentan declaraciones juradas en cero.
Luego de la notificación del inicio de la fiscalización (12/8/2013), se realizaron una serie de notificaciones de requerimientos sin resultado positivo (21/4/2014, 23/4/2014; 15/7/2014, 17/7/2014 y 1/12/2014, 5/12/2014). Ante el resultado negativo de dichas notificaciones se giraron las actuaciones con el objeto de obtener la inactivación de la CUIT.
Con fecha 30/4/2015 se envió telegrama a la autorizada, a la empresa y al Sr. Grimaldi, quien, conforme a las bases de la administración, era integrante de la firma, siendo recepcionado solo por la autorizada, Sra. Ana María Diez, en tanto los restantes fueron devueltos con la leyenda “se mudó”.
Si bien se otorgó un plazo especial a la autorizada para cumplir con los requerimientos formulados, el 26/5/2015 aportó: detalle de los libros IVA Compras e IVA Ventas de los períodos 3/2010 a 2/2011; fotocopias de las facturas de compras de los períodos 10/2010 y 1/2011; fotocopia de las facturas de ventas de los períodos 12/2010; 1/2011 y 2/2011. Asimismo, manifestó no poseer la documentación que avale los pasivos al 28/2/2011. En atención a la actitud asumida por GRIEFER S.A. durante la etapa fiscalizadora, los funcionarios actuantes recurrieron a los elementos obrantes en sus bases de datos.
Con respecto al impuesto a las ganancias, la sociedad presentó sus declaraciones juradas en cero por el período 2011, habiendo aportado fotocopia del balance comercial cerrado al 28/2/2011 con resultado negativo de $ 472.156,37.-
Del análisis de los conceptos se impugnaron la deducción de: honorarios de directorio toda vez que no se aportó la documentación respaldatoria, el impuesto a las ganancias, por improcedente y la pérdida extraordinaria en tanto no se aportó documentación que la avale.
Como no se acompañó la documentación que permitió constatar el total del pasivo consignado en el balance comercial, se circularizó a los proveedores que obran en el detalle de compras aportado, habiendo reconocido sus deudas solo: Edenor; Prinzi Argentina S.A.; Telefónica de Argentina S.A.; Car Security S.A. y Federación Patronal Seguros S.A., por un monto total de $ 7309,67.-, surgiendo por ello una diferencia de $ 3.193.060,26, que permitió determinar tal pasivo como un incremento patrimonial no justificado. Asimismo, y de acuerdo con lo que se desprende del Subdiario de IVA, las compras más relevantes se realizaron a la firma FICARNESPAT S.A., que no respondió los requerimientos formulados. El último telegrama fue devuelto con la leyenda “domicilio cerrado”.
El total de las compras netas efectuadas a dicho proveedor ascendió a la suma de $ 3.846.600,41.-, Crédito fiscal de IVA de $ 407.472,79.- y un monto total de $ 4.254.073,20-. Es así, que para los actuantes los datos constatados en los registros no resultarían sostenibles por cuanto si el total del pasivo restante para ser respaldado fuera con esa firma, significaría el 75,06% de las compras efectuadas desde abril de 2010 a marzo de 2011.
De las consultas efectuadas a la base de datos sobre dicho proveedor se observó que en el detalle de nómina de clientes surge una deuda de $ 129.388,61.- y al 31/12/2011, cero pesos.
De tal forma, los importes no resultarían coincidentes.
Asimismo, de la circularización efectuada surgió un grupo de proveedores que desconocieron el total de las operaciones declaradas, razón por la cual se procedió a determinar el total de compras no computables, con la correspondiente incidencia en el cómputo del crédito fiscal.
El impuesto determinado en consecuencia fue el resultado de la impugnación de gastos no deducibles (honorarios de directorio, impuesto a las ganancias y pérdida extraordinaria); ajuste de gastos por diferencia (sueldos y jornales y cargas sociales) y el ajuste por impugnación de pasivos.
Por el impuesto al valor agregado, como consecuencia de la impugnación de los pasivos inexistentes por $3.193.060,26, se le adicionó un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, resultando el total del incremento patrimonial no justificado (ventas omitidas) e incrementando el débito fiscal computado en el impuesto.
Por parte del crédito fiscal, a partir del desconocimiento de algunos proveedores se determinó la diferencia entre el crédito fiscal consignado en las declaraciones juradas y el registrado en el Libro IVA Compras. Ello así, fue determinado el impuesto a ingresar.
Ante la falta de conformidad a los ajustes efectuados, se iniciaron sendos procedimientos determinativos que culminaron en sendas determinaciones de oficio de las obligaciones de GRIFER S.A. frente a los impuestos a las ganancias y al valor agregado.
Frente a la omisión de pago de las obligaciones tributarias de la responsable principal, se constató a partir de la información obrante en sus sistemas informáticos, que el Sr. Grimaldi Fernando Antonio se desempeñaba como presidente, firmante de las cuentas bancarias y administrador de relaciones de clave fiscal de la sociedad GRIFER S.A.
Entonces, en razón del art. 6 inc. d) y el art. 8 inc. a) de la ley 11.683, los actuantes entendieron que debía atribuírsele la responsabilidad solidaria de la firma mencionada por las deudas contraídas por aquella. En ese contexto, ante la falta de ingreso de los saldos determinados, se iniciaron los correspondientes procedimientos determinativos de responsabilidad solidaria, los que culminaron con las resoluciones ahora en recurso.
V. Que, a mi modo de ver, tal como han sido planteados los agravios, el recurrente, centra sus agravios en la improcedencia de la deuda reclamada.
Más, por un lógico orden de preeminencia, debe analizarse en primer término, si procede la determinación de responsabilidad solidaria, para luego establecer si se ajustan a derecho las deudas intimadas.
VI. Que aclarado ello, corresponde analizar la procedencia de la responsabilidad solidaria determinada al recurrente, quien se limita a alegar que no le cabe su aplicación ante la inexistencia de deuda de la responsable principal.
En ese contexto, entiendo que a fin de resolver la procedencia de la atribución de responsabilidad solidaria corresponde esclarecer su naturaleza jurídica, para extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de aquella responsabilidad.
Nos enseña D’Amati que “la doctrina tradicional había en diversas ocasiones precisado que “además de al sujeto pasivo del impuesto, la ley tributaria muchas veces declara obligado al pago del tributo o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales, a una persona diversa que puede denominarse responsable del impuesto” (D’Amati, Nicola, “Derecho Tributario, Teoría y Crítica”, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985, pág. 363 y sgtes. y sus citas).
El ordenamiento jurídico tiene particular interés en regular –dentro de los sujetos pasivos- una figura con clara función de tutela del crédito fiscal, justificación de la existencia de la solidaridad en materia tributaria. En efecto, como señalan los Dres. Buitrago y Gamberg “la norma tributaria para tutelar el interés fiscal en la recaudación segura y rápida de los tributos, involucra con vínculos solidarios en la obligación, a sujetos a los cuales, con seguridad, no es referible la capacidad contributiva evidenciada por el presupuesto de hecho. En estos casos, la ampliación de los sujetos implicados la realiza la norma tributaria, aplicándola a sujetos pasivos de los efectos ulteriores de un presupuesto de hecho diverso en el cual, a aquellos efectos propios del hecho imponible, se agregan otros elementos” (Vid. Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2019, pág. 49 y sgtes.).
Es así que el legislador traza un mecanismo por el cual el impuesto es, por ley puesto a cargo de una determinada persona, que coincide con el partícipe directo de la situación base del impuesto y por otra norma, distinta, se establece la obligación de otro sujeto, a la vez y junto al primer obligado. En esa dirección, explica Jarach, sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o contribuyente) puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico, para los otros obligados el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (El hecho imponible, pág. 177/9).
Dicho mecanismo fue receptado por nuestra legislación tributaria, pues de acuerdo con lo que disponía el artículo 6 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones, texto vigente a la sazón) “están obligados a pagar el tributo, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley...entre otros “los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el artículo 5º, en sus incisos b) y c)”. Por su parte, el artículo 8 disponía –en lo que aquí interesaque “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc. , los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”
Como concurriera a sostener tiempo atrás, en el régimen de solidaridad previsto en nuestra legislación se destacan dos figuras, no de diversa estructura, sino que son colocadas en grado diverso: una, obligación principal y la otra, garantía de aquélla y dependiente por tanto de ella. “En consecuencia no se trata de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuyo cumplimiento pueda el acreedor exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino la de una obligación principal o primaria y otra u otras, accesorias o subsidiarias, de tal modo que el acreedor, es decir el Fisco Nacional, puede hacer valer sus derechos siguiendo un orden preestablecido. Así, la obligación de garantía resulta solidaria toda vez que éstos no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto sino como responsables de la deuda ajena, no quitando la solidaridad a esta obligación de garantía su carácter subsidiario” (Vid. Buitrago y otras, “Procedimiento Fiscal”, Errepar, Buenos Aires, 2001, pág. 76 y sgtes. y sus citas).
VII. Que aclarado ello, deben precisarse cuáles son los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad pueda determinarse en cabeza del recurrente.
En ese sentido, tengo para mí que la responsabilidad descripta no es del tipo objetivo ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo, circunstancia que se desprende del último párrafo del inciso a) del artículo 8 en tanto dispone que aquélla no existirá si se demuestra debidamente “que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”. En ese sentido, debe destacarse que no se trata de una responsabilidad formal sino a título represivo, en tanto responde a los fundamentos de dolo o culpa a cuyos efectos deberá valorarse la conducta de la responsable. Como con justeza explicara el Dr. Martínez “la responsabilidad solidaria en cuanto al impuesto… importa responsabilidad a título represivo desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al Fisco con los recursos que administran o de que disponen” (“Quatrocchi, Antonio Serafín”, 27/9/1966).
VIII. Que como expresara en el Considerando VII, el régimen de responsabilidad solidaria establecido en la ley se funda en la violación de las obligaciones que se ponen en cabeza de aquellos que administran o disponen los bienes de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Responsabilidad, que como se dijo es a título represivo. De allí que recaerá en ellos la acreditación de la ausencia de responsabilidad. En ese contexto, cabe señalar que la Administración ha comprobado que el recurrente era el presidente y administrador de relaciones de clave fiscal de la responsable principal GRIFER S.A durante los periodos fiscalizados, conforme la información registrada en su base de datos y las publicaciones del boletín oficial de la sociedad (vid. fs. 1 y 90/94 del cuerpo “responsabilidad solidaria y personal con Grifer S.A. del Impuesto a las Ganancias” de los antecedentes administrativos), limitándose el recurrente a sustentar su reclamo de ausencia de responsabilidad en la inexistencia de deuda.
De tal forma, le asiste razón al ente fiscal al atribuirle la responsabilidad frente a los incumplimientos del deudor principal.
IX. Que sentado lo que antecede, debe entonces analizarse la procedencia de las deudas determinadas a GRIFER S.A., sobre las cuales el recurrente desarrolla mayormente sus agravios.
En efecto, sobre la cuestión en debate, comparto lo expuesto en un antiguo fallo de este Tribunal -citado precedentemente- por el Dr. Francisco Martínez, en el que, explicó que en este caso, “lo que interesa verdaderamente para llegar a la solución correcta es la naturaleza del derecho a la relación jurídica que ha sido controvertida, ya que “la eficacia refleja del juzgamiento no pertenece al campo procesal, sino que se determina y se regula según las diversas normas que rigen las relaciones singulares y establecen sus vínculos recíprocos”….Si la pretensión del Fisco Nacional contra los exdirectores de aquellas entidades supone, entre otras cosas, la existencia de la relación jurídica impositiva respecto de la entidad social, la declaración de esta última a través del acto administrativo o el reconocimiento de su existencia por ente social, no autoriza al Fisco a pretender, “sin más, existe su relación” con los ex directores de la sociedad. Para decirle con el ejemplo de Chiovenda, respecto del fidejusor, aquella declaración “importa sólo que A debe 100 a B; pero respecto de C, ya sea justa o injusta la sentencia entre A y B, la relación debe volver a examinarse exnovo” (“Quatrocchi, Antonio Serafin”, 27/9/66). Por tal razón, el legislador estableció la obligación de seguir el procedimiento de determinación de oficio “respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8”, no restringiendo las defensas que estos puedan oponer.
X. Que, con respecto a la procedencia de las obligaciones determinadas a la responsable principal, ante los impuestos a las ganancias y al valor agregado, cabe remitirse a los ajustes mencionados en el Considerando IV.
El de mayor magnitud corresponde a la impugnación de pasivos por compras a los proveedores mencionados en dicho Considerando, lo que dio lugar a considerar el monto observado como un incremento patrimonial no justificado en el impuesto a las ganancias y en consecuencia, determinar los ajustes fiscales del impuesto al valor agregado.
Ello así, el recurrente controvierte la utilización de presunciones en las determinaciones practicadas y declara que las operaciones impugnadas existieron y contaban con la habilitación del SENASA y permisos de tránsito para transportar la mercadería (carne).
XI. Que sentado lo que antecede, entiendo oportuno examinar si la metodología seguida por el ente fiscal se adaptó a la normativa vigente, debiendo destacarse que en el caso sub examine, se utilizó la presunción contenida en el inc. f) del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe precisar que más allá de que la ley imponga al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, por haber incurrido en errores de interpretación o realizado maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Frente a esas situaciones, el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí que este procedimiento resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que pueda actuar el ente fiscal.
Asimismo, la norma establece un orden cronológico a seguir, pues la administración podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no se cuenten con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Es decir, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo deberá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. Esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Al respecto, el primer párrafo del artículo 18 otorga al ente fiscal la posibilidad de recurrir a la medición indiciaria, que se fundará en hechos conocidos que, por su conexión normal con los hechos imponibles, permiten inducir la existencia y medida del mismo. En estos supuestos, el Fisco no cuenta con pruebas lo suficientemente “representativas” de la existencia y medida de la relación jurídica tributaria. Y, más adelante, prevé una serie de presunciones legales, entre la que se encuentra la utilizada por el ente fiscal en el caso bajo examen.
XII. Que ello así, la cuestión a resolver gira en torno a determinar la procedencia del ajuste en el impuesto a las ganancias, como consecuencia de la impugnación realizada por el Fisco Nacional de los pasivos declarados, toda vez que entendió que no cuentan con respaldo documental suficiente ni con su circuito de pago acreditado, en consecuencia, procedió a aplicar las presunciones contenidas en el inciso f) del art. 18 de la ley 11.683.
A la luz del relato efectuado, puede afirmarse que el ente fiscal recurrió válidamente a la estimación sobre base presunta en atención a no contar con elementos de prueba lo suficientemente representativos de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de la escasa documentación y ante la falta de colaboración de GRIFER S.A. durante la fiscalización. Estimación que resulta viable en esos supuestos.
XIII. Que, ahora bien, a fs. 363/364 vta. el recurrente acompaña copia de la sentencia recaída en sede penal que resolvió su sobreseimiento. Manifiesta que acorde con los fundamentos de dicho decisorio el hecho denunciado por la administración fiscal, vinculado con el impuesto a las ganancias, período fiscal 2011, resultó inexistente, por lo que –en atención a la conexidad existente entre la determinación de oficio discutida en autos y lo resuelto en sede penal, solicita se revoquen las resoluciones venidas en recurso.
Corrido el pertinente traslado, y luego de una serie de prórrogas concedidas, la representación fiscal rechaza la petición efectuada. Sostiene que la pericia producida en sede penal no aporta elementos concluyentes para resolver la cuestión discutida en autos, toda vez los ajustes se fundaron en el pasivo y no en las facturas recibidas por el responsable.
XIV. a.- Que, en ese contexto, la cuestión liminar a resolver consiste en definir si la sentencia recaída en sede penal es vinculante y debe ser considerada a fin de resolver la procedencia de las determinaciones apeladas, como sostiene el recurrente.
En principio, resulta necesario precisar que el artículo 20 de la ley 24.769 dispone que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad, ni de los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquellos.
La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al Organismo Fiscal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales.
Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y esta aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia judicial”.
Es conteste la doctrina y la jurisprudencia en sostener que de una correcta interpretación de dicho precepto se concluye que establece un claro deslinde entre las atribuciones de la justicia penal, la administrativa y la contencioso administrativa. En efecto, es competencia exclusiva de la justicia penal decidir si hubo o no delito en orden a las figuras establecidas en la ley penal tributaria, lo que viene a significar que en dicha sede sólo se indaga sobre la posible comisión de un ilícito dentro de ese marco represivo, ya que sólo es competencia del organismo fiscal, el Tribunal Fiscal de la Nación, y en su caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, delimitar el encuadre fiscal (cfr. Entre otros, C.N.A.C.A.F., Sala I, “MASCARDI, Carlos Gustavo”, 30/11/04”). Es clara la norma, en el sentido de permitir que aun cuando se radique una denuncia penal por la presunta comisión de un delito previsto en la ley 24.769, se sustancien los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y cobro de la obligación tributaria o previsional.
Mas establece un límite, cual es el de impedir que se dicte un acto administrativo sancionatorio hasta tanto haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos. Límite que tiene el claro objeto de evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia judicial afirmara que el hecho imputado no existió, y que, por otro, la resolución administrativa decidiera la existencia de ese mismo hecho (cfr. C.N.A.P.C.A.F., Sala V, “Almeida, Nora Mabel”, 18/3/06, entre otros).
En idéntica dirección, la norma establece la limitación a la causa administrativa, cual es la de no alterar las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia penal.
En ese sentido, este Tribunal no debe prescindir de las valoraciones jurídicas contenidas en la sentencia penal, sino que es obvio y razonable que las tenga en cuenta. Debe considerar, pues, los hechos materialmente probados en sede penal.
XIV. b.- Que, bajo esas ideas doctrinarias, debe entonces resolverse la causa.
Es así que la sentencia penal recaída en la causa N° FSM 59867/2016, caratulada: “GRIFFER S.A. y Otros s/evasión tributaria simple” se resolvió “sobreseer en autos y respecto de Fernando Antonio Grimaldi y…., en orden al delito de evasión simple, previsto por el artículo 1° de la ley 24.769 –actual 27.430…”. Decisorio este que ha quedado firme, conforme la constancia de 428 ha quedado firme.
El sentenciante reposa su decisión en el informe pericial contable llevado a cabo por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviniente. Allí se señaló que “tras el estudio de las facturas y libros aportados por la defensa, cuyo detalle se encuentra en la pericia, se efectuó una reliquidación donde se revirtió parcialmente el ajuste propuesto por la AFIP, en el periodo fiscal 2011, producto de ello se determinó que el resultado impositivo del ejercicio es una ganancia de $8.715,37, lo que deduce un impuesto de $3.050,38 (35% sobre $8715,15); explicando que si a esta cifra -$ 3.050,38- se le aplican las retenciones abonadas por el contribuyente durante el periodo fiscal, arroja un saldo a favor ante la AFIP del contribuyente GRIFER de $61.659,09, por el impuesto en cuestión.”
Y concluye que “…si bien la hipótesis planteada por el ente recaudador, al momento de efectuar la denuncia indicó que el contribuyente GRIFER S.A. tenía un saldo a pagar ante la AFIP por el periodo 2011 de $ 1.087.757,95, lo cierto es que luego del análisis de los libros contables y facturas aportadas por la defensa, la pericia realizada por los expertos en la materia, permitió a través de la reliquidación practicada arribar a la conclusión, que en realidad, la sociedad registraba ante el fisco una diferencia en su favor que ascendía, como se dijo, a $61.659,09.
Lo señalado, ha permitido acreditar que el hecho denunciado oportunamente por la AFIP, resultó inexistente, y con ello la sociedad de marras, ajena de todo reproche penal.”
Ahora bien, del análisis del mencionado informe pericial puede concluirse que coinciden parcialmente en los ajustes por gastos no deducibles (por honorarios al directorio, el impuesto a las ganancias y una perdida extraordinaria) y el ajuste de gastos por diferencia (sueldos y jornales y cargas sociales).
Sin embargo, la diferencia fundamental radica en el ajuste por impugnación de pasivos, donde había sido determinada la suma de $3.512.366,29 (compuesta por la diferencia de pasivos y renta consumida del 10%) mientras que a su criterio correspondía la suma de $105.384,80, conformado por idénticos conceptos. A esta conclusión se arribó a partir de la documentación acompañada ante esa instancia, incluyendo facturas de los proveedores que no fueron presentadas ante la Administración. A su vez, a fs. 369 se menciona que existen ocho facturas que no figuran en el Libro IVA Compras acompañado, del mes de agosto de 2010 y del proveedor FRICARNESPAT S.A. La totalidad de estas últimas integran la diferencia de pasivos computada por el perito ($95.804,36), sumado a su renta consumida del 10% ($9.580,44), que brinda el monto del ajuste que correspondería según los peritos.
Es así que se arribó a la inexistencia de deuda fiscal de la contribuyente GRIFER S.A, estableciendo un saldo positivo a favor de la firma. Cabe detallar que la pericia contable ofrecida en las presentes actuaciones era idéntica en sus términos a la producida en sede penal, lo que motivó su rechazo para evitar su sobreproducción. Por otro lado, cabe mencionar que a fs. 495/497 obra la contestación de oficio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde informó que ni el recurrente ni la firma GRIFER S.A. estaban inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria en el periodo consultado y en el momento de contestar el oficio. Por ese motivo, no pudieron verificarse trámites que conciernan a las tres empresas mencionadas. Por último, a fs. 618/626 obra la contestación de oficio del SENASA. En dicha respuesta, el organismo detalla que en el Sistema Único de Registros (SUR), las empresas Cooperativa de Trabajo COO TRA FRI YA Ltda. y Matadero y Frigorífico Federal S.A. fueron suspendidas y luego dadas de baja. Destaca que estos establecimientos no tuvieron como operadores de faena a ninguna de las otras empresas mencionadas. En relación a Fricarnespat S.A., se observó que estaba registrado en sus padrones como matarife a partir del 23/06/2009. Sobre la firma Grifer S.A., detalla que figuraba como titular de frigorífico desde el 18/12/2008, pero sin ningún establecimiento empadronado. Tampoco se observó ningún tipo de evidencias de certificaciones sanitarias a favor de la firma. Además, manifestó que no se observó en los registros del sistema que hayan realizado operaciones de faena ni existían sumarios infraccionales para la firma Grifer S.A.
De lo expuesto, y teniendo en consideración lo resuelto por el Juez Penal solo cabe concluir que han quedado justificadas la mayoría de las operaciones con los proveedores mencionados que originaron los pasivos impugnados en el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2011, hasta el importe de $ 3.193.060,26.- (10% de renta consumida= $ 319306,03), por lo que debe revocarse el acto apelado en este aspecto, y hasta dicho importe. Las costas se imponen al Fisco Nacional.
XV. Que no ocurre lo mismo con el resto de los ajustes efectuados, originados en deducciones cuya procedencia es cuestionada por el juez administrativo.
Ante todo, debe destacarse que el recurrente no formuló agravios al respecto, asistiéndole razón al Fisco Nacional en su impugnación en tanto aquellos son manifiestamente improcedentes. Dichos ajustes, como se dijo, han sido conformados en la pericia producida en sede penal y acompañada a estas actuaciones. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución venida en recurso en el impuesto a las ganancias en cuanto impugna la deducción por gastos no deducibles (por honorarios al directorio, el impuesto a las ganancias y una perdida extraordinaria) y el ajuste de gastos por diferencia (sueldos y jornales y cargas sociales), que asciende a un importe de $ 426.948.- y $ 69.712,80.- respectivamente. Con costas.
XVI. Que toda vez que la determinación efectuada en el impuesto al valor agregado reposa en la impugnación de pasivos inexistentes, cabe arribar a idéntica solución que a la que se arriba en el impuesto a las ganancias, y en consecuencia revocar la resolución determinativa hasta el importe justificado. Con costas.
XVII. Que finalmente resta el tratamiento de las sanciones aplicadas por los conceptos no revocados, y que el ente fiscal subsumió en el artículo 45 de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y sus modificaciones-. Dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere –en situaciones como la sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. En este último supuesto, siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie, pues como quedó dicho, como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, se detectó que el recurrente omitió declarar en el impuesto a la ganancia mínima presunta por los períodos fiscales 2005 y 2006 los activos expuestos en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Sentado lo que antecede, debe este Tribunal examinar la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión y cuya inexistencia alega la recurrente. Debe precisarse que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “…surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen”.
“Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23771", fallada el 31/10/1997)”.
“Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas” (“Elen Valmi de Claret”, del 31/3/99).
XVIII. Que en ese contexto corresponde analizar los argumentos esgrimidos por la recurrente, los que se adelantan no pueden ser acogidos favorablemente.
En efecto, por la forma en que se resuelve no resulta atendible su impugnación con sustento en la ausencia de base de cálculo.
Tampoco resulta atendible la invocación de error excusable en tanto es pacífica la doctrina y jurisprudencia en reconocer que aquél será excluyente de responsabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de la norma, ya sea por normas intrincadas o contrapuestas, o, simplemente, por criterios interpretativos distintos que colocan al contribuyente en la posibilidad –razonable- de equivocarse al aplicarla, situación que no se verifica en autos. Razón por la cual, corresponde confirmar las multas aplicadas. Con costas. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente los actos apelados con el alcance dispuesto en los Considerandos XIV b), XV y XVI.
2. Confirmar parcialmente las multas aplicadas, de conformidad con los Considerandos XVII y XVIII.
3. Imponer las costas según los respectivos vencimientos.
4. Ordenar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, según las pautas establecidas en los puntos anteriores. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar las actuaciones correspondientes de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes y de los autos principales.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 52, 2° párrafo del RPTFN.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes, y oportunamente, archívese.
Date: 2026.03.02 19:23:21 ART Date: 2026.03.03 17:08:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.03 17:09:07 -03:00
Fin de la sentencia