Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas.
2Reencuadrar las multas aplicadas en las Res. N° 141/2015 (Expte N° 44.118-I), N° 138/2015 (Expte N° 44.120-I) y N° 139/2015 (Expte N° 44.122-I) en los términos de lo dispuesto por el art. 45 de la ley 11.683. Con costas por su orden.
3Confirmar las sanciones aplicadas en las Res. N° 169/2015 (Expte N° 47.716-I) y N° 89/2017 (Expte N° 48.152-I) reduciendo las mismas a su mínimo legal. Con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111136111-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Octubre de 2025 En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expediente Nº 44.117-I caratulado “GRIMAU, María Elba s/ Recurso de Apelación”; y sus acumulados, Nº 44.118-I “GRIMAU, María Elba”, Nº 44.120-I “BESFAMILLE Sergio”, Nº 44.122-I “”BESFAMILLE, Sergio”, Nº 46.966-I “BESFAMILLE, Verónica”, Nº 47.716-I “GRIMAU, María Elba”, Nº 48.152-I “BESFAMILLE, Verónica” donde se fijaron las siguientes cuestiones: Primera: ¿Se encuentran prescriptas las acciones del Fisco Nacional para determinar el Impuesto a las Ganancias, período 2008 y el Impuesto al Valor Agregado, períodos 01/2008 a 11/2008 y aplicar sanción respecto de este último? Segunda: ¿Se ajustan a derecho las resoluciones apeladas en tanto determinan impuestos e intereses resarcitorios? Tercera: ¿Se ajustan a derecho las resoluciones apeladas en cuanto aplican sanciones?
A la primera cuestión, el Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 33/48vta, 128/146vta, 230/247, 390/408vta, 556/572vta, 633/636, 723/728 los actores interponen sendos recursos de apelación contra las siguientes Resoluciones N° 140/2015 (DV DEOB) de fecha 30/06/2015, Nº 141/2015 (DV DEOB) de fecha 30/06/2015, Nº 138/2015 (DV DEOB) 30/06/2015, Nº 139/2015 (DV DEOB) 30/06/2015, Nº 84/2016 (DV DEOB) de fecha 14/06/2016, Nº 169/2016 (DV DEOB) de fecha 20/12/2016, Nº 89/2017 (DV DEOB) de fecha 29/06/2017. Todas ellas dictadas por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales.
Los apelantes impugnan las mencionadas resoluciones mediante las cuales se determinó de oficio sus obligaciones frente a:
1. Res. 140/2015. Impuesto a las Ganancias período fiscal 2008, por $401.492,13 más $811.549,42 en concepto de intereses resarcitorios, de María Elba Grimau.
2. Res. 141/2015. Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 01/2008 al 11/2008 por $246.638,72 más intereses resarcirorios por $542.221,89, y se le aplica una multa por $739.916,16 conforme art. 46 de la Ley 11.683, de María Elba Grimau.
3. Res. 138/2015. Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2008 por $354.168,07 más intereses fiscales $717.072,28 y se le aplica una sanción de multa por $1.062.504,21 conforme el artículo 46 de la Ley 11.683, de Sergio Besfamille.
4. Res. 139/2015. Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 1/2008 al 11/2008 por $212.492,68 más intereses resarcitorios por $464.657,47 y se le aplica una multa por $637.559,01 conforme el artículo 46 de la Ley 11.683, de Sergio Besfamille.
5. Res. 84/2016. Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2008 por $403.541,40 más intereses resarcitorios por $956.393,12, de Verónica Besfamille.
6. Res. 169/2016. Multa por $281.044,49 conforme artículo 45 de la Ley 11.683, el sumario abarca Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2008, de María Elba Grimau.
7. Res. 89/2017. Multa por $282.478,98 conforme artículo 45 de la Ley 11.683, el sumario abarca Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2008, de Verónica Besfamille.
Que los actores solicitan se haga lugar a los recursos de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Que atento contener fundamentos análogos, se detalla en conjunto a continuación:
Los recurrentes manifiestan que el ajuste que realiza la AFIP resulta improcedente y se agravian de las imputaciones por parte del Fisco Nacional cuando desarrolló la operatoria de contado con liquidación. Señalan que se les imputó una operación cambiaria hasta que el propio Banco Central de la República Argentina la acepta como un modo de manejar el mercado de divisas.
Entienden que una misma operatoria no puede ser considerada de maneras diferentes por parte del Estado, y que los comunicados del BCRA son parte de la normativa de cambios.
Expresan que, en el año 2008 la AFIP había observado por diferentes motivos las operaciones comprendidas en la comunicación 860 del BCRA referidas a “inversiones de portfolio en el exterior por personas físicas”.
Indican que según la propia AFIP se generaron en la plaza al menos un total de 566 operaciones por doscientos cuarenta millones de dólares de contado con liquidación, todas ellas informadas y declaradas ante la AFIP, el BCRA y el Mercado de Valores (Merval). Agregan que en todos los casos se respetaron los plazos de liquidación y los montos autorizados, y que las operaciones estuvieron bancarizadas y fueron canceladas en sus respectivos vencimientos.
Aclaran que las operaciones en crisis se dividen básicamente en tres conceptos: a) venta de títulos en el mercado local por lo cual se acreditaban pesos en la cuenta de Besfamille en el Banco de Valores SA; b) compra de moneda extranjera (dólares) realizada a través del Banco de Valores SA, depositándose los dólares en una cuenta declarada en el exterior; y c) compra de títulos con las divisas del exterior. Sostienen que el BCRA reglamentó las operaciones en cuestión a través de Comunicaciones.
Ponen de resalto que en los considerandos de la vista se insinuó que las operaciones en cuestión estaban destinadas a “encubrir operaciones de cambio de terceros, posibilitándose la transformación de pesos en divisas puestas en el exterior, sin que los mismos cursen dichas operaciones en el MULC”.
Advierten que es el propio Estado (YPF sociedad del Estado) quien publicita que si el inversor no puede acceder a dólares por restricciones cambiarias que eventualmente se le apliquen al emisor, podrá hacerlo adquiriendo títulos públicos o privados en pesos y vendiéndolos fuera del país a cambio de dólares, y agrega que la AFIP ha guardado silencio sobre la eventual implementación de la operatoria. Alegan que se obvia cualquier consideración respecto del principio de legalidad porque las disposiciones reglamentarias nada reprocharon de esa operatoria.
Esgrimen que las operaciones no pueden ser calificadas –a discreción del funcionario actuante- como éticamente buenas cuando son de compra y moralmente malas cuando se trata de ventas.
Expresan que la determinación apelada incurre en severos errores conceptuales, efectúa una motivación solo aparente, no contiene un adecuado análisis del planteo efectuado en el escrito de determinación, violenta el principio de congruencia, contiene en subsidio una errada valoración de los principios que gobiernan las nulidades y la forma en que se aplican.
Sobre la cuestión, manifiestan que los considerandos están ideológicamente sesgados, y que, el relato de la determinación no se condice con los antecedentes reales efectivamente acaecidos.
Expresan que las operaciones de salidas de fondos (o de compra local de títulos) están compensadas con operaciones de venta de local títulos (entrada de fondos) y agregan que son legales toda vez que están reguladas por el BCRA, promovidas por YPF y realizadas por la contraparte de su mandante y no por ella misma.
Consideran que no se trata de una operación cambiaria (ni tampoco de porfolio), aunque si lo fuera –dicenla eventual operación cambiaria es de su contra parte.
Sostienen que la impugnación fiscal supone una violación al derecho de defensa, y que, el agravio de la agencia preopinante no debe suponérselo dirigido a la figura utilizada en relación a la compraventa, sino a la exención que recae sobre los títulos públicos.
Otra cuestión que señalan es la realidad económica, dicen que las ganancias meramente nominales derivadas de títulos públicos están exentas en forma objetiva por tratarse de la re expresión de simples resultados por tenencia.
Explican que se trata de transacciones efectivamente realizadas y declaradas de acuerdo a la normativa del BCRA, que las mismas fueron efectuadas con conocimiento del Fisco desde 2008, que tuvieron un propósito negocial.
Entienden que para que sea impugnable la operatoria desde el punto de vista cambiario debe haber un intercambio de dinero por divisas no que –dice- no ocurre en el caso.
Indican que el Fisco confunde “divisas” con “moneda extranjera” y operaciones con títulos de aquellas donde el título constituye una garantía como en el “raporto” o “pase”.
Ponen de resalto que, la operatoria desarrollada siempre fue la compra y venta de títulos públicos; en ocasiones cercanas en el tiempo y otras veces separadas por plazos de 48 a 72 hs hábiles según lo dispuso oportunamente el BCRA.
Añaden que el propósito de su mandante fue arbitrar entre mercados percibiendo una rentabilidad por operatoria, y que, la “realidad económica” reivindicada por el Fisco Nacional hasta el hartazgo aquí solo es la mera re expresión de un resultado meramente nominal y de allí la franquicia consagrada en la ley. Alegan que aún cuando le asistiera razón a la AFIP en su cuestionamiento, debería haber practicado la determinación de oficio deduciendo de los gravámenes originados en los cargos que cuestiona. Sostienen que aunque no es determinante, al no distinguirse como sucedía en el Impuesto a los réditos, el término ganancias es comprensivo de las ganancias gravadas, exentas y no gravadas.
Los contribuyentes: María Elba Grimau, Sergio Besfamille, Verónica Besfamille, plantean la prescripción de las facultades de la AFIP respecto de las resoluciones 141/2015 (fs. 140vta), 139/2015 (fs. 401vta), 84/2016 (fs. 566); en cuanto al Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 1/2008 al 11/2008 y en el Impuesto a las Ganancias periodo 2008. Manifiestan que el plazo de prescripción en el IVA comenzó a correr el 1º de enero de 2009 y el plazo de cinco años se cumplió el 31 de diciembre de 2013. En el caso de Impuesto a las Ganancias por el periodo 2008 expresa que habría operado la prescripción el 01/01/2015. Hacen referencia a los dichos en la discusión parlamentaria respecto de la interpretación de la aplicación del art. 17 de la Ley 26.860.
Con respecto a las multas, indican que en el caso no se encuentran reunidos los elementos objetivo y subjetivo que el tipo penal exige para su configuración. Agregan que su mandante no ha dejado de abonar tributo alguno y que no se configura un supuesto de declaración engañosa u ocultación maliciosa. Señalan que el Fisco no ha acreditado la existencia de los hechos externos o concretos que constituyen el soporte fáctico cierto de la presunción que se pretende aplicar.
Acompañan documental. Ofrecen prueba informativa y pericial contable.
Por lo expuesto precedentemente, citan jurisprudencia que entienden aplicable al caso y formula reserva del caso federal, solicitan se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoquen las resoluciones recurridas, con costas.
II. Que a fs. 59/80, 164/19vta, 268/289vta, 419/449vta, 580/609, 647/652vta, 739/746vta, contesta los traslados la representación fiscal y niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora. Asimismo manifiesta que como consecuencia de la verificación se detectó que los responsables efectuaron operaciones de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación que, sobre la base de la realidad económica no configurarían una “inversión de portfolio en el exterior” sino el mero envío de divisas al exterior, considerándose a los actores como “facilitadores” de dicha operatoria y la retribución por la prestación de servicio indicada se encontraría alcanzada por el inciso e) del art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Señala que los apelantes adquirieron dólares estadounidenses en el mercado local y los giraron a cuentas del exterior con el fin de realizar los pagos de los títulos valores adquiridos (liquidación contra cable), en la que el vendedor de tales títulos recibe los dólares directamente en una cuenta del exterior sin que sean comprados por él en el mercado único y libre de cambios mientras que la venta de los mismos fue efectuada por liquidación en pesos en el país, y ambas se concretaron con escasa diferencia temporal. Indica que la operatoria fue la siguiente:
1. En el caso de María Elba Grimau, en cuanto al origen de los fondos, la totalidad de las operaciones fueron realizadas con fondos de su esposo –Besfamille Sergio- que tenía en la cuenta 2905 en la Sociedad de Bolsa Besfamille SA, declarados en el Impuesto sobre los Bienes Personales al 31/12/2007 y en el Impuesto a las Ganancias al 31/12/2007.
En el caso de Sergio Besfamille, el origen de los fondos son créditos recibidos de su agente de bolsa por la compra de cable, el cual se aplica a la compra de títulos, y que, a su vez se utilizaron fondos propios declarados en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias e Impuesto a los Bienes Personales bajo el rubro de dólares en la Sociedad de Bolsa.
En el caso de Verónica Besfamille, el origen de los fondos son créditos recibidos del agente de bolsa por la compra del cable, que aplicó a la compra de títulos y a su vez utilizó ingresos obtenidos durante el periodo 2008 y la percepción de una donación recibida de parte de sus padres.
2. María Elba Grimau compró moneda extranjera mediante transferencias electrónicas efectuadas tanto desde el Banco de Valores SA a su cuenta en el BPD Bank Nueva York USA que comparte con su cónyuge Besfamille Sergio, compartiendo la titularidad de la cuenta con María E. Grimau de Besfamille (esposa), Besfamille Verónica y Besfamille Mario todos directores de la sociedad Besfamille Sociedad de Bolsa SA.
Sergio Besfamille compró moneda extranjera mediante transferencias electrónicas efectuadas tanto desde el Banco de Valores SA como del Banco de Columbia a su cuenta en el BPD Bank en New York (USA). Verónica Besfamille compró moneda extranjera mediante transferencias electrónicas efectuadas tanto desde el Banco de Valores a su cuenta en el BPD Bank en New York. La liquidación de divisas fue realizada a través del Banco de Valores SA.
3. Surge que en el caso de María Elba Grimau, las transferencias al exterior fueron realizadas a una cuenta cuyo beneficiario es, entre otros titulares, el señor Besfamille Sergio compartiendo la titularidad de la cuenta con María E. Grimau de Besfamille (esposa), Besfamille Verónica y Besfamille Mario todos directores de la sociedad Besfamille Sociedad de Bolsa SA.
En el caso de Sergio Besfamille, las transferencias al exterior fueron realizadas a una cuenta cuyo beneficiario es, entre otros titulares, el señor Besfamille Sergio compartiendo la titularidad de la cuenta con María Elba Grimau de Besfamille, Besfamille Verónica y Besfamille Mario, todos directores de la Sociedad de Bolsa SA.
En el caso de Verónica Besfamille surge que, las transferencias al exterior fueron realizadas a una cuenta cuyo beneficiario es, entre otros titulares, la señora Besfamille Verónica compartiendo la titularidad de la cuenta con María Elba Grimau (madre), Martín Besfamille (hermano) y Sergio Besfamille (padre), todos directores de la Sociedad de Bolsa SA.
4. de la cuenta corriente Nº 2905 del comitente Besfamille Sergio y/o Besfamille Mario abierta en la Sociedad de Bolsa, se pudieron verificar los débitos y créditos efectuados por la compra y venta de títulos, como así también el movimiento de los mismos.
Sostiene que la operatoria tuvo por objeto la transformación de pesos en la República Argentina en divisas en el exterior, mediante la utilización de formas y procedimientos típicos de cualquier operación bursátil pero con el objeto de lograr un resultado netamente cambiario y ajeno al riesgo que posee cualquier operación bursátil; los envíos de divisas al exterior no configuraban una “inversión de portfolio en el exterior” sino que son una maniobra mediante la cual se vulneraron disposiciones del Mercado Único y Libre de Cambio.
En cuanto a los agravios de las actoras, señala que se ha merituado correctamente su conducta con el debido fundamento y motivación toda vez que el Juez Administrativo describe acabadamente los hechos que han originado en ajuste.
Añade que en cuanto a los requisitos esenciales del acto administrativo del art. 7 inciso b) de Ley 19.549 los mismos se encuentran plasmados en la resolución cuestionada, y que, las nulidades deben referirse a una omisión concreta (prevista por la ley) que ubica al que la plantea en una situación de indefensión tal que le impide llevar adelante la protección de sus derechos.
Expresa que su mandante no objeta la forma jurídica consistente en la compra venta de títulos, como una operación bursátil, sino que la misma fue el medio por el cual se habría concretado la aludida formación de activos externos resultando esta la finalidad última de aquella y como tal se impone una realidad económica distinta de la bursátil.
Indica que las operaciones cuestionadas consistían en la instrumentación de la compra venta simultánea (o viceversa) de activos financieros en lo que constituye una unidad inescindible tendiente a implementar la transferencia de fondos desde y hacia el exterior.
Entiende que el agravio introducido por la apelante no puede prosperar, ya que el principio de realidad económica fue debidamente aplicado.
Además, considera que el tipo de operatoria utilizado por los recurrentes contribuyó a posibilitar la salida de divisas del país a los clientes de las sociedades de bolsa o a ellas mismas, simplemente efectuando una compra y simultánea venta de títulos públicos con pesos en el mercado local, con liquidación de la venta en el exterior, siendo la divisa que recibe el cliente de la sociedad de bolsa y/o esta misma la que fue girada como inversión de portfolio en el exterior.
Explica que la limitación de los U$S 2.000.000 por mes para la adquisición de moneda extranjera para formación de activos externos sería el justificativo por el cual las personas físicas estarían interviniendo en estas operaciones.
Advierte que la operatoria cuestionada resulta alcanzada en el Impuesto a las Ganancias en tanto y en cuanto se constate que dado la simultaneidad de las operaciones de compra venta de títulos públicos, se verifica la inexistencia de riesgo que lleva implícita una típica operación bursátil como consecuencia de la diferencia de precios entre la compra y venta de tales instrumentos.
Asimismo, pone de resalto que aplicando el principio de realidad económica estas operaciones resultan excluidas de la exención en el Impuesto a las Ganancias que recae sobre las personas físicas correspondiendo además su gravabilidad en el Impuesto al Valor Agregado por tratarse de una operación de intermediación.
Respecto de los contribuyentes María Elba Grimau, Sergio Besfamille, Verónica Besfamille que plantean la prescripción respecto de las resoluciones 141/2015 (fs. 140vta), 139/2015 (fs. 401vta), 84/2016 (fs. 566) la representación fiscal señala que el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas de los periodos fiscales 2008 operó en el año 2009, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1º de enero de 2010, el cual se vio suspendido el 3 de junio de 2013 por el régimen de la Ley 26.860 en su art. 17 el que suspendió por el término de un año el curso de la prescripción, por lo tanto el término de la prescripción hubiera operado el 1º de enero de 2016.
Sumado a ello agrega la suspensión del art. 65.1 de la ley de procedimiento, con lo cual sostiene que teniendo en consideración que la vista se confirió el 29 de diciembre de 2014, los poderes y acciones del Fisco no prescribirían sino después de 120 días del corriente año, plazo que no fue superado al dictarse las resoluciones el 30 de junio de 2015.
Respecto de los intereses resarcitorios, manifiesta que, dado que los recurrentes no se agravian de los mismos solicita su confirmación.
En cuanto al agravio respecto de las multas manifiesta que ha quedado acreditado que los contribuyentes perjudicaron al Fisco mediante la omisión del pago oportuno del impuesto, en razón de haber presentado las declaraciones juradas originales consignando datos inexactos o que no reflejan la situación real y, dice que, los recurrentes tampoco intentan probar alguna causal de exculpación.
Formula oposición a la prueba.
Solicita por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de los recurrentes y que se confirmen los actos apelados, con costas.
Acompaña antecedentes administrativos, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con costas.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
III. Que a fs. 322vta, el Tribunal resuelve acumular el expediente Nº 44.118-I y 44.120-I al que lleva el Nº 44.117-I.
Que el fundamento común de los ajustes proviene del criterio fiscal, según el cual, los contribuyentes efectuaron operaciones de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación, que no configurarían una inversión de portfolio en el exterior sino el envío de divisas al exterior, considerándolos como facilitadores de dicha operatoria y por tanto, la retribución por la prestación del servicio, alcanzada por el artículo 3 inciso e) punto 21 de la ley del Impuesto al Valor Agregado. Que en tal sentido, en las resoluciones cuestionadas al analizar la operatoria en cuestión se pone de manifiesto que los apelantes son directores de la Sociedad de Bolsa Besfamille SA, interviniente en tal operatoria y que las transferencias al exterior habrían sido realizadas a una cuenta cuyo beneficiario sería, entre otros, el señor Sergio Besfamille, compartiendo la titularidad de la misma con su esposa, María Elba Grimau de Besfamille.
Que a fs. 327 y 331 el Tribunal resuelve abrir la causa a prueba por sesenta días.
Que a fs. 340/343 la recurrente acredita diligenciamiento de oficio dirigido al Mercado de Valores de Buenos Aires SA.
Que a fs. 469vta el Tribunal resuelve abrir la causa a prueba por el término de sesenta días. Resuelve hacer lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora a fs. 59 y hacer lugar a la prueba pericial contable. Que a fs. 656vta el Tribunal resuelve acumular al expediente Nº 44.117-I el que lleva el Nº 44.122-I Besfamille Sergio, Nº 46.966-I Besfamille Verónica y Nº 47.716-I Grimau María Elba. Que el fundamento común de los citados ajustes proviene del criterio fiscal de considerar que las operaciones, presuntamente efectuadas por los recurrentes, de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación, sobre la base del principio de la realidad económica no configurarían una “inversión de portfolio en el exterior”, sino el mero envío de divisas al exterior, considerándolos como facilitadores de dicha operatoria, alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y por el artículo 3 inciso e) punto 21 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Que en tal sentido, las resoluciones cuestionadas, al analizar la operatoria en cuestión se pone de manifiesto que los apelantes son directores de la Sociedad de Bolsa Besfamille SA y que las transferencias al exterior habrían sido realizadas a una cuenta cuyos beneficiarios y titulares serían, entre otros, la señora Grimau y los señores Besfamille.
Que a fs. 660/662 contesta el oficio el Mercado de Valores de Buenos Aires SA.
Que a fs. 676/677vta los peritos contadores presentan informe. A fs. 688vta el Fisco Nacional impugna la pericia contable.
Que a fs. 758 el Tribunal resuelve acumular el expediente Nº 48.152-I al que lleva el Nº 44.117-I. Que a fs. 760/771 la recurrente acompaña copia certificada de la sentencia del Juzgado Penal Económico Nº 11 de fecha 21/11/2017 a efectos de dar conocimiento que se confirman que las operaciones son operaciones de compra venta de títulos públicos y no operaciones de cambio.
IV. Que en atención al estado de la causa, a fs. 800, punto 2°) se elevan los autos a consideración de la sala “A”, la que a fs. 801 los pone para alegar y a fs. 820 llama autos para sentencia.
V. Que corresponde señalar que las presentes actuaciones fueron iniciadas a partir de una Orden de Intervención, la cual tiene su origen a partir de la información brindada por el Banco Central de la República Argentina correspondiente al régimen de información establecido por las Comunicaciones “A” 3840 y “A” 3869, habiendo efectuado la Dirección de Información Estratégica para la Fiscalización, de manera sistémica la preselección de casos en los que las operaciones de cambio no coincidían con los parámetros o hipótesis fijadas.
Surge de las actuaciones que el BCRA había indicado la existencia de 245 operaciones de “Inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas”, liquidadas en el primer semestre de 2008, que fueron atribuidas a 29 clientes del Banco de Valores SA, por un monto de U$S 194.174.000,00.-
Agregó que dichos clientes también efectuaron transferencias por el mismo concepto en otras entidades del sistema en el mismo periodo, las que en un conjunto sumaron 566 operaciones por U$S 240.973.000,00.-
Indicó que los titulares de las operaciones en cuestión tenían vinculación directa con Sociedades o Agentes de Bolsa, siendo ellos Directores titulares o suplentes de las mismas. Asimismo advirtió que en algunos casos existía vinculación familiar de los mismos.
Además, aclaró que el total operado en la entidad bancaria, en la mayoría de los casos fue varias veces superior al patrimonio informado por los clientes al Banco de Valores SA, y que las operaciones fueron realizadas por montos de aproximadamente $6 millones mensuales –por persona- durante el año 2008. Que las operaciones realizadas por las personas informadas por el BCRA son aquellas conocidas como “contado con liquidación” las cuales consisten básicamente en la compra de títulos valores con cotización en moneda extranjera (dólares) en el mercado exterior y la posterior venta de los mismos en el mercado local en pesos obteniendo una ganancia producto de las diferencias de cotización que poseen los títulos en las distintas monedas.
Que entre las formas posibles de liquidar esas operaciones, es decir pagar el comprador o cobrar el vendedor, tanto el Banco Central de la República Argentina como el Mercado de Valores prevén que se efectúe “contra cable”, esto es con dólar divisa comprado en una entidad cambiaria para su giro a una cuenta corriente en el exterior.
Que de la información recabada a lo largo de la inspección realizada, se observa que la contribuyente exteriorizó tanto ingresos gravados de cuarta categoría en concepto de honorarios como director de SA, como ingresos exentos por dividendos de acciones y por renta de títulos valores.
Surge que en la mayoría de los meses involucrados en la presente verificación efectuó este tipo de operaciones por sumas de aproximadamente U$S 2.000.000.- mensuales informando que todas ellas fueron realizadas con fondos obtenidos del agente de bolsa Besfamille Sociedad de Bolsa SA. La fiscalización actuante analizó la documentación aportada tanto por los contribuyentes como por la sociedad de bolsa interviniente: Besfamille Sociedad de Bolsa SA (de la cual las rubradas resultaron ser Directores, así como poseer participación accionaria).
Que los responsables compraron moneda extranjera mediante transferencias electrónicas efectuadas desde el Banco de Valores SA a su cuenta en el BPD Bank en New York USA que comparten María Elba Grimau, su cónyuge Sergio Besfamille, la señora Besfamille Verónica y el señor Besfamille Martín, todos directores de la Sociedad Besfamille Sociedad de Bolsa SA.
Conforme los antecedentes, indican que de acuerdo a las pruebas obtenidas e información obrante en las actuaciones, la operatoria realizada consistió en la transformación de pesos en la República Argentina en divisas en el exterior, como resultante de operaciones con títulos públicos valores nacionales y/o acciones en el exterior pero liquidadas en la modalidad “contra cable”.
Que en el caso particular, los contribuyentes adquirieron dólares estadounidenses en el mercado local y los giraron a cuentas del exterior con el fin de pagar los títulos valores adquiridos. De esta manera el vendedor de tales títulos recibió dólares directamente en una cuenta del exterior sin que hubieran sido comprados por él en el mercado único y libre de cambios.
Que en los antecedentes se señala que, no se hace más que demostrar la realidad económica y cabal intención de las operaciones bajo análisis: girar montos de moneda extranjera al exterior, siendo la contribuyente un mero facilitador de dicha operatoria, obteniendo por ello una renta que no resulta compatible con la aplicación de la exención estipulada en el inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, como lo declaró en su declaración jurada la contribuyente, en mérito a su finalidad distinta de la bursátil.
VI. Que con relación al planteo de prescripción efectuado por los contribuyentes María Elba Grimau, Sergio Besfamille, Verónica Besfamille respecto de las resoluciones 141/2015 (fs. 140vta), 139/2015 (fs. 401vta), 84/2016 (fs. 566), corresponde analizar si las acciones del Fisco para determinar el Impuesto a las Ganancias periodo 2008 y el Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 01/2008 al 11/2008 y aplicar sanción respecto de este último, se encuentran prescriptas de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la Ley 11.683.
Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado, el art. 58 establece que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Es dable destacar que el planteo de la prescripción elaborado por los recurrentes comprende al Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 01/2008 al 11/2008 y al Impuesto a las Ganancias periodo 2008. Cabe dejar sentado que, respecto del período por el cual se opone la excepción, conforme se desprende de las constancias de autos, en IVA el vencimiento se habría producido durante el año 2008, por lo cual el plazo comenzaría a correr el día 01/01/2009. En el Impuesto a las Ganancias el vencimiento se habría producido durante el año 2009 y el plazo comenzaría a correr el 01/01/2010.
Ello así, prima facie, se podría sostener que el plazo de prescripción habría operado en el IVA el 01/01/2014 y el Impuesto a las Ganancias el 01/01/2015, pero corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción.
Que la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) establece en su artículo 17: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Hasta aquí el plazo hubiera operado en el IVA el 01/01/2015 y en el Impuesto a las Ganancias el 01/01/2016.
En cuanto al planteo que efectúan las actoras con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la Ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado "Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).” “Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
Que, además, cabe recordar que el artículo agregado a continuación del art. 65 establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Es dable destacar que, la Res de Vista Nº 193/2014 corrida a María Elba Grimau del Impuesto al Valor Agregado, es de fecha 22/12/2014; la Res de Vista Nº 303/2015 corrida a Verónica Besfamille del Impuesto a las Ganancias, es de fecha 29/12/2015; y la Res de Vista Nº 195/2014 correspondiente a Sergio Besfamille del Impuesto al Valor Agregado, es de fecha 22/12/2014.
Que por lo expuesto, habiéndose notificado las vistas dentro de los 180 días anteriores a la fecha en que se produciría la prescripción, en cada caso, resulta de aplicación la suspensión prevista en el artículo antes transcripto. Ello así, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente y aplicar sanciones, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de los actos determinativos recurridos. Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora.
Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no corresponde una imposición de costas autónomas, toda vez que no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N., in re: “Colorín IMSSA (T.F.N. 24.123-I) c/D.G.I.”, sentencia del 2 de julio de 2013).
A la primera cuestión la Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuada por el Vocal Instructor y a la solución arribada con respecto a la defensa de prescripción articulada en los expedientes N°44.118-I, 44.122-1, 46.966-1, salvo en lo que respecta a la prescripción de las facultades del Fisco para aplicar sanciones, articulada en los expedientes 44.118-I y 44.122-I.
En efecto. Como sostuve en numerosas oportunidades, de acuerdo con la doctrina actual no existen diferencias entre la naturaleza de las infracciones fiscales y penales, ya que como lo ha dicho nuestro Mas Alto Tribunal "...el eventual y secundario interés fiscal que puede existir en su percepción no altera la naturaleza sustancialmente punitiva de las multas tributarias y aduaneras que llevan a la aplicación a su respecto de los principios del Código Penal..." (Fallos 267:457). Ello, claro está, en la medida que la propia ley no disponga lo contrario o exista una derogación implícita del Código por ser incompatible la norma de la ley penal fiscal o la finalidad del objeto tutelado por ella con los principios generales de aquella rama del derecho (Fallos 211:1567; 287:74, entre muchos otros).
En este sentido, como con acierto lo señaló el Dr. Buitrago,"...si se toma como criterio decisivo la índole de la reacción prevista por el ordenamiento jurídico para cada tipo de ilícito (fiscales y penales) se debe convenir que el correspondiente a las primeras tienen un carácter fundamentalmente represivo o punitivo, que hace que ambas tengan idéntica sustancia ... la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido carácter penal a las multas de la ley de impuestos internos, así como a las figuras de omisión y defraudación fiscal (Fallos 200:340; 211:1381; 212:240) (cfr. "Apache SA", Tribunal Fiscal de la Nación, Sala "A" 29/05/06).
En ese contexto y reconocido el carácter punitivo de las multas tributarias, resulta de aplicación el principio que impide la aplicación retroactiva de leyes que impliquen empeorar las condiciones de los infractores, en cuyo concepto claramente debe incluirse las que establezcan un mayor tiempo de prescripción (vid, entre muchos otros, C.SJ.N., "Fisco Nacional c/César Demarco s/ejecución fiscal", 19/2/76). En efecto, debe tenerse presente que las leyes penales no son solo aquellas que contienen precepto y sanción, sino también las que se relacionan con el derecho penal de fondo, y que, por ello, la complementan, como son por ejemplo las disposiciones relativas a la extinción de las acciones penales, la probation, etc.
Sentado lo que antecede, la suspensión de la prescripción contenida en la ley 26.860, en tanto implica la aplicación retroactiva de normas que colocan al contribuyente en una situación más gravosa, violatoria por ello de la garantía contenida en el art. 2 del C.P.N., resultan incompatibles en la especie". (Vid. entre muchos otros, "Avícola La Pecosa S.A.", 28/12/2023).
Ello así, teniendo en consideración que en el Expediente N° 44.118-I, el término de prescripción para aplicar sanción por los períodos fiscales 1 a 11 del 2008, correspondiente al impuesto al valor agregado, comenzó a correr el 1/1/2009, feneciendo las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanción el 31/12/2013, razón por la cual la resolución sancionatoria de fecha 30 de junio de 2015 fue dictada extemporáneamente.
Lo propio ocurre con la resolución de fecha 30 de junio de 2015, apelada en el expediente N° 44.122-I, en tanto aplicó sanción por idéntico impuesto y períodos.
En mérito a lo expuesto, voto por rechazar las defensas de prescripción articuladas en los expedientes N° 44.118-I, 44.122-I, 46.966-I, con relación a las facultades del Fisco Nacional para determinar impuesto al valor agregado y a las ganancias, respectivamente, y declarar prescriptas las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanciones en los expedientes N° 44.118-I y 44.122-I. Las costas se imponen en atención a los respectivos vencimientos.
A la primera cuestión el Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero al voto formulado por el Dr. Pérez como vocal preopinante y a lo resuelto en el Considerando VI.- .
En función de la votación que antecede, respecto de la primera cuestión planteada, corresponde no hacer lugar al planteo de prescripción incoado por los recurrentes respecto de las acciones del Fisco Nacional para determinar el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2008 y el Impuesto al Valor Agregado, períodos 01 a 11/2008 y aplicar sanción respecto de este último.
A la segunda cuestión, el Dr. Pérez dijo:
I. Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo.
Corresponde señalar que el Fisco Nacional finca los ajustes en que los recurrentes de autos realizaron operaciones, según la información recibida del Banco Central de la República Argentina, de compra venta de títulos valores bajo la modalidad contado con liquidación que, sobre la base de la realidad económica no configurarían una inversión de "portfolio en el exterior”, sino el mero envío de divisas al exterior, considerándose al contribuyente como "facilitador" de dicha operatoria y en razón de ello, la retribución por la prestación de servicio indicada se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Al respecto cabe puntualizar que el suscripto se ha expedido en los autos “Bacqué Chantal (TF 34.863-I) c/ DGI”, sentencia de fecha 24-10-2016 y en “Besfamille, Martín (TF 46.925-I) c/ DGI” sentencia de fecha 10-05-2022, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad. Tal como en dicho precedente, en el presente caso se observa que durante el transcurso del período 2008, la parte actora efectuó operaciones de compraventa de títulos, obteniendo un beneficio como producto de las mismas. Tal operatoria, consistió en la adquisición de títulos públicos en el mercado local con cotización en dólares estadounidenses y liquidación contra cable en el exterior y la respectiva venta también en dicho mercado con liquidación en pesos.
Como resultado de ello respecto de los actores, se generó una renta a partir de las diferencias de cotización de los títulos entre ambas monedas (pesos y dólares), en tanto el tipo de cambio obtenido a partir de dividir el importe de la venta con liquidación en pesos por la cantidad de dólares puestos en el exterior, entregados por la compra contra cable, resulta superior al tipo de cambio vigente en el mercado local. En virtud de la verificación realizada, se detectó que la recurrente informó como ganancias exentas, con sustento en el inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Por su parte el Fisco Nacional consideró que la realidad económica indica que se trataría de girar montos de moneda extranjera al exterior, siendo los recurrentes meros facilitadores de dicha operatoria, obteniendo con ello una renta no compatible con la aplicación de la exención estipulada y que la retribución por la prestación de servicios indicada en el párrafo precedente se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
La Administración Fiscal finca los ajustes practicados en el principio de realidad económica establecido en el art. 2 de la ley 11.683. Al respecto cabe señalar que la Corte Suprema ha sostenido que en la determinación del hecho imponible se debe atender a la sustancia y no a las formas jurídicas de los actos involucrados, o sea que los artificios usados por los contribuyentes no deben prevalecer sobre la realidad que encubren (Fallos: 271:359, entre otros); que la interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
Corresponde señalar que el origen de la inspección fue una información brindada por el Banco Central de la República Argentina que advertía sobre la existencia de operaciones cambiarias realizadas por personas físicas vinculadas a sociedades de bolsa. En el caso de autos, los actores son directores y posee participación accionaria en Besfamille Sociedad de Bolsa S.A., siendo ésta empresa con la cual efectuó las operaciones en análisis, como comitente de la misma.
Durante el transcurso de la fiscalización se verificó que en la mayoría de los meses involucrados en la fiscalización se realizaron operaciones por sumas que rondaron el límite de U$S 2.000.000 impuesto por el Banco Central de la República Argentina para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios sin su previa conformidad y que la operatoria no ha requerido de fondos para su liquidación.
Si bien las operaciones cumplían con todas las formalidades para encuadrarlas en la estructura prevista para la compra-venta de títulos públicos argentinos, cabe destacar que las mismas no dan lugar a que los movimientos normales del mercado influyan en el valor del título, minimizando el nivel de riesgo que toda operación bursátil lleva implícito. En definitiva, la rentabilidad de la operación no estaba dada por la tenencia de los títulos, sino por la diferencia de cotización entre ambas monedas.
Atento lo expuesto precedentemente no se vislumbran motivos en el caso concreto que lleven a prescindir de la aplicación del principio de la realidad económica, debiendo señalarse que no ha sido desvirtuado por la recurrente que la estructura jurídica adoptada como una operación bursátil ha constituido en realidad un instrumento por el cual se buscó la formación de activos externos, resultando los responsables meros facilitadores a tal efecto. Por lo que la retribución definida por la diferencia de cotización de los títulos entre ambas monedas se encontraría alcanzada por el inciso e) del artículo 49 de la Ley de Ganancias. De igual modo se expidió la Sala II de la CNCAF en autos “Bacqué, Paul c/EN” con fecha 08/10/2015. Con respecto a los dichos de la actora en relación a la causa “Besfamille S.A. y Otros s/ Infracción Ley 24.144. Causa Nº 143/2016”, del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11 Secretaría Nº 22, cabe señalar que resulta impensable pretender que el Tribunal Fiscal de la Nación acate pasivamente lo decidido respecto de la valoración jurídica atinente al acaecimiento del hecho imponible o a aspectos que hacen a la determinación impositiva del gravamen en sede penal. De suyo que el juez penal está facultado y debe analizar el hecho imponible del presunto delito investigado, mas ello no puede hacer pensar que su opinión y su propio encuadre normativo deba tener efecto vinculante para la sede contencioso administrativa. Sostener esto supondría el menoscabo de las funciones jurisdiccionales de este Tribunal e, incluso de su Alzada judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en tal sentido, EURNEKIAN, EDUARDO - TFN - SALA A – 27/9/2010).
Que en función de lo expuesto corresponde confirmar las resoluciones apeladas en autos. Con costas.
II. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
A la segunda cuestión, la Dra. Guzmán dijo:
Que con respecto al fondo de la causa, adhiero a lo resuelto por el Dr. Pérez (conf. Fallo de la Alzada, Bacqué, Paul, Sala II, 8/10/2015).
A la segunda cuestión, el Dr. Porporatto dijo:
I. Que disiento con la solución propiciada por mis colegas respecto del tratamiento tributario que corresponde otorgar a las operaciones en crisis.
II. Que el Fisco Nacional acude al principio de realidad económica previsto en el artículo 2° de la Ley 11.683, para recaracterizar la operatoria de compraventa de títulos públicos y propiciar los ajustes que se discuten en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA, considerando al recurrente un “facilitador” que interviene en estas operaciones para que otros sujetos puedan quedar posicionados en moneda extranjera en el exterior, por lo que entiende que estas operaciones poseen una finalidad distinta a la bursátil.
III. Que en este contexto cabe resaltar que las partes en litigio, aunque difieren en las implicancias tributarias de estas transacciones con títulos públicos, no lo hacen en relación a los hechos acaecidos y al cumplimiento con la normativa vigente.
Nada de lo que aconteció en estas operaciones -incluso lo que observa el ente fiscal en cuanto la simultaneidad de las operaciones y su neutralidad por la compensación de idénticas cantidades compradas y vendidas, la relación de los inversores (familiares) con las sociedades intermediarias (directores), la recurrencia de las operaciones, el giro casi inmediato de las divisas en la operaciones contra cable, etc.- fue impugnado o denunciado expresamente por las autoridades del Banco Central ni la Comisión Nacional de Valores, en sus respectivas competencias, conforme surge de las actuaciones. En ningún momento estas autoridades cuestionaron que la compra de moneda extranjera por parte del recurrente para la adquisición de los títulos públicos se realizó bajo el código de operación de cambio del Banco Central relativo a la formación de inversión de portafolio en el exterior.
El hecho que las operaciones conocidas como “contado con liqui” existan y se puedan concretar con algunos títulos valores, como los títulos públicos que tienen cotización en moneda nacional y en moneda extranjera, no es un hecho desconocido. Al respecto, se encuentra firme el criterio de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la causa "BBVA Banco Francés; D.T.L.; E.J.A.; C.C.A. y otros s/ infracción Ley 23.144" (fallo del 11/03/2015), donde se resolvió que estas operaciones son legítimas, no implican operaciones de cambio y no constituyen un delito penal cambiario. Si bien el examen en esa causa giró en torno a la pretendida calificación de aquellas como operaciones de cambio –para negarles tal carácter- en el contexto del derecho penal, se realizaron apreciaciones que resultan útiles en los presentes actuados, respecto de operaciones de idéntica estructura a las aquí debatidas. La Cámara dijo respecto de las operaciones de venta y compra de títulos públicos que "no se advierte la existencia de operaciones de canje de divisas por moneda nacional, o viceversa, sino, el intercambio de divisas o de pesos, según el caso, por títulos valores...". Y concluyó que "... en este sentido, corresponde tener en cuenta que queda excluido del concepto de operación de cambio el intercambio de [...] moneda (nacional o extranjera) [...] por bienes en sentido económico o jurídico […] ya que conformarían diversos contratos típicos (generalmente de compraventa) regidos por el derecho común; [...] tampoco lo integran los 'títulos de crédito', 'valores', 'negociables' o 'circulatorios', por no ser dinero ni medios de pago comprendidos en esa categoría [...] por lo tanto, al no verificarse en la operatoria cuestionada la existencia de un canje de divisas por moneda nacional, corresponde establecer que las operaciones analizadas no constituyen transacciones de cambio en su acepción técnica, sino operaciones diferentes, de adquisición y de venta de títulos públicos ...".
La finalidad extra bursátil que el organismo recaudador destaca en estas operaciones, en razón de considerar que no existe un riesgo bursátil, cabe desecharla dado que dicho riesgo existe como consecuencia de los posibles cambios de cotización de los títulos que puedan producirse, por más mínimo que sea el plazo de tenencia de aquellos, aunque claramente en la medida que las operaciones sean más cercanas temporalmente, aquél se acota pero no desaparece. No hay duda que éstas son operaciones bursátiles, cursadas en mercados y con intermediarios autorizados y controlados.
En cuanto a la calificación de “facilitador” de envío de divisas al exterior que se le asigna al recurrente, lo cierto es que éste como un inversor y a través de un agente autorizado en un mercado regulado, se vale de un negocio con títulos públicos que el mercado y sus reglas -y principalmente las limitaciones- han habilitado.
Considerando que estas operaciones se realizan en un mercado de concurrencia de órdenes de inversores - comitentes- comprando y vendiendo títulos valores, a través de agentes autorizados que intermedian, donde el mercado garantiza la liquidación de las operaciones frente a posibles incumplimientos de los inversores, practica las liquidaciones respectivas y establece la posición de cada inversor en términos de especies y moneda y donde las contrapartes no realizan operaciones entre si -por ende no se conocen-, sino que las órdenes se cursan a través de tales agentes intermediarios autorizados, todo ello hace que la calificación de “facilitador” que se le achaca al recurrente carezca de sustento.
Asimismo, no hay dudas que el resultado positivo que se produce en este caso, surge de la diferencia entre el precio de compra y venta de los títulos públicos -aunque en diferentes monedas- y no de una operación cambiaria –moneda nacional contra moneda extranjera o viceversa-.
En función de lo expuesto, debo anticipar que la pretensión del Fisco Nacional no puede prosperar.
IV. Que en lo relativo al principio de realidad económica previsto en el artículo 2º de la Ley 11.683 que utiliza la Administración fiscal, como es sabido, prescribe que: “para determinar la verdadera naturaleza del hecho Imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes ...”; y exige considerar la intención real si con motivo de tales “... actos, situaciones y relaciones económicas ellos acudiesen a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica”; en cuyo caso confiere una autorización para prescindir de "las formas y estructuras jurídicas inadecuadas"; y encuadrar la situación económica real “en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos”.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “es principio aceptado por la Corte, también desde antiguo (Fallo: 21:498) que no importa la calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas, si se advierte que las instituciones jurídicas no dependen del 'nomen juris', que se le dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídico- económico y, entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad, deberá desestimarse y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos” (Fallos: 289:67).
En el presente caso, el negocio realizado con estos títulos públicos por parte del recurrente no se oculta en formas o en una instrumentación “manifiestamente inadecuada para configurar adecuadamente la cabal intención económica”. De hecho, aun siguiendo la tesitura fiscal de considerar al recurrente un “facilitador” de fuga de divisas, no se vislumbran otras formas jurídicas o de instrumentación posibles que serían aplicables, porque considerando como dice el Fisco Nacional su finalidad cambiaria, violentarían las normas vigentes –no podían, ni debían ser cursadas a través del Mercado oficial (MULC) de cambio-. Por lo expuesto, entiendo que el principio de realidad económica no aplica en esta litis.
En efecto, en este caso, la prevalencia de ella no procede al haber total concordancia entre la forma jurídica (compraventa de títulos públicos) y la realidad económica subyacente, ya que ésta ha acaecido, según se ha expuesto previamente, conforme las posibilidades que habilitaban las prácticas de los mercados implicados tanto financiero/cambiario y bursátil, dentro de la regulación aplicable y conforme el marco legal vigente (en el mismo sentido que el fallo por mayoría de la Sala A “Bacqué, Chantal s/ apelación - ganancias e IVA” del 24/10/2016).
No se observa en estas operaciones una falta de autenticidad -en el sentido de ser artificiosas o carentes de contenido real- que me lleven a rebatir el alcance económico del negocio jurídico. Son operaciones bursátiles de compraventas de títulos públicos auténticas, legítimas y con contenido real. No se vislumbra un uso abusivo de las formas o instrumentación del negocio real con fines tributarios.
V. Que, en función de lo expuesto, seguidamente se expone el tratamiento tributario aplicable a la compraventa de títulos públicos por parte del recurrente.
En relación al Impuesto a las Ganancias, en el artículo 20 -inciso w- de la ley (texto vigente al momento de los periodos fiscales bajo discusión), se contempla la exención aplicable a los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, en tanto no resulten comprendidas en las previsiones del inciso c), del artículo 49 (actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría) cuando los referidos sujetos sean residentes en el país.
Por su parte, el artículo 42 de su decreto reglamentario considera comprendidos en la norma exentiva “... los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas o sucesiones indivisas que realicen dichas operaciones en forma habitual, siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales dedicadas a otros actividades y que, en virtud de estas últimas, resulten comprendidas en los inc. b) y c) y en el último párrafo del art. 49 de la ley”.
Este criterio es el que vengo sosteniendo en la Sala “B”, como titular de la Vocalía de la 6° Nominación, en precedentes tales como “Besfamille, Martín (TF 46.925-I)”, el cual fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal –Sala V- en sentencia de fecha 17/07/2025.
En lo atinente al Impuesto al Valor Agregado, corresponde revisar si las operaciones efectuadas por los recurrentes encuadran en la hipótesis de incidencia del artículo 3 -inciso e), apartado 21-, de la ley de impuesto -en tanto, como afirma el Fisco Nacional, media una prestación de servicios-, o si ellas se encuentran amparadas por la norma exentiva del artículo 36 bis, párrafo 1, apartado 1, de la Ley 23.576 y su modificatoria 23.962.
Que el citado artículo 36 bis considera exentas del Impuesto al Valor Agregado, “las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelaciones de las obligaciones negociables y sus garantías [...] Igual tratamiento impositivo se aplicará a los títulos públicos...”.
En función de las normas citadas, y tomando en cuenta la calificación de las operaciones como de compraventa de títulos públicos, el criterio fiscal no puede prosperar, por lo que considero que las resoluciones apeladas deben ser revocadas. Con costas.
En función de la votación que antecede, respecto de la segunda cuestión planteada, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, en tanto determinan impuestos e intereses, con costas.
A la tercera cuestión, el Dr. Pérez dijo:
I. Que con relación a las multas por defraudación aplicadas, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco. Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Las costas en este aspecto se imponen a la vencida, salvo en la parte en que se reducen las multas, en la cual se imponen por su orden.
II. Que corresponde ahora analizar la procedencia de las multas aplicadas con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental en los Exptes. N° 47.716-I y 48.152-I.
Corresponde señalar que en el Expte. N° 44.117-I se dicta la Resolución N° 140/2015 (DV DEOA), notificada en el día 2/7/2015, determinando de oficio el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2008, por las operaciones realizadas por la actora, haciéndose expresa reserva de la eventual aplicación de sanciones en orden a lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 24.769. Asimismo en el Expte. N° 46.966-I se dictó la Resolución N° 84/2016 de fecha 14/6/2016 habiéndose efectuado la reserva de la eventual aplicación de sanciones respecto de la conducta derivada de los hechos expuestos en el citado acto, por el período fiscal 2008, y quedo diferida conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 24769. El 30/12/2015 el Fisco Nacional presentó denuncia penal contra los responsables de la firma por el delito previsto y reprimido por el artículo 1 de la Ley 24.769, presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2008. Ello así, el 10/5/2016 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 Secretaría N° 3 de San Isidro resolvió “Declarar extinguida la acción penal por prescripción, respecto de Maria Elba Grimau”.
En virtud de lo expuesto el Fisco Nacional se encontró habilitado para calificar la conducta de la actora respecto a los períodos discutidos. En tal sentido se apela en autos la Resolución N° 169/2016 (DV DEOA), dictada con fecha 20/12/2016 y la Resolución 89/2017 (DV DEOB) ambas con fundamento en el art. 45 de la Ley 11683.
En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar, con costas, las multas aplicadas.
No obstante ello, con relación al quantum de las multas aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en el 70% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual.
A la tercera cuestión, la Dra. Guzmán dijo:
I. Que en función de lo resuelto por esta Sala respecto de la primera cuestión relativa a la prescripción, corresponde que la suscripta se pronuncie con relación a las multas cuestionadas.
II. Que en primer lugar, corresponde analizar la procedencia de las sanciones aplicadas a los recurrentes Besfamille, Sergio (exptes. N° 44.120-I y 44.122-I) y Grimau María Elba (expte. N° 44.118-I), que el ente fiscal subsume en los artículos 46, 47, inc. e) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), teniendo en consideración consolidada jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal que sostiene que en sus sentencias, los jueces deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de su dictado, aun cuando sean sobrevinientes a la interposición del recurso (cfr. Fallos: 343:1019 y 193; 342:1246; 342:728, entre otros).
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, "el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada". Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que "El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de "declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas." (conf. Damarco, Jorge H. (Director) "Tratado Jurisprudencial y Doctrinario", Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones", Cap. XXI, "Multa por defraudación", Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
En el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió, para el encuadre de la conducta de los recurrentes, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
En ese contexto y a la luz de lo expuesto por el juez administrativo en los actos sancionatorios discutidos en los expedientes 47.716-I y 48.152-I -dictados con posterioridad-, en los que tuvo en cuenta la naturaleza jurídica de las operaciones y los fundamentos esbozados en la sentencia recaía en sede penal y calificó la conducta en el artículo 45 de la ley ritual, a mi criterio cabe arribarse a idéntica solución en la especie, so pena de incurrir en una grave contradicción al encuadrar en distintas normas idénticas conductas. Con costas por su orden.
III. Que sentado lo que antecede, corresponde entonces analizar la procedencia de las sanciones discutidas a la luz del artículo 45 de la ley 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones-.
Dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere -en situaciones como la sub examinela concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. En este último supuesto, siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de "declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, y en atención a la forma en que se resuelve el fondo de la cuestión en debate, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie. Con respecto al elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión y cuya inexistencia alega la recurrente, cabe efectuar algunas consideraciones. En ese sentido, debe tenerse presente que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “…surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen".
"Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23771", fallada el 31/10/1997)".
"Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas" ("Elen Valmi de Claret” del 31/3/99).
En ese contexto, corresponde rechazar los argumentos esgrimidos por los recurrentes, pues únicamente se limitan a señalar que en el caso de autos no se verifican los hechos alegados para aplicar la sanción, sin aportar prueba alguna que permita controvertir el criterio fiscal.
En lo que atañe al quantum de las multas, en atención a las circunstancias de la causa, entiendo que deben fijarse en el mínimo legal previsto en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
A la tercera cuestión el Dr. Porporatto dijo:
I. Que en función de lo resuelto por esta Sala respecto de la segunda cuestión en cuanto se confirman las resoluciones apeladas, en tanto determinan impuestos e intereses, corresponde que el suscripto se pronuncie con respecto a las multas allí aplicadas.
II. Ello así, adhiero al voto de la Dra. Guzmán.
Que, por ello, SE
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas.
2. Reencuadrar las multas aplicadas en las Res. N° 141/2015 (Expte N° 44.118-I), N° 138/2015 (Expte N° 44.120-I) y N° 139/2015 (Expte N° 44.122-I) en los términos de lo dispuesto por el art. 45 de la ley 11.683. Con costas por su orden.
3. Confirmar las sanciones aplicadas en las Res. N° 169/2015 (Expte N° 47.716-I) y N° 89/2017 (Expte N° 48.152-I) reduciendo las mismas a su mínimo legal. Con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.10.06 10:59:13 ART Date: 2025.10.06 16:02:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.06 16:06:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.06 16:06:55 -03:00
Fin de la sentencia