Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 37330-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y dejar sin efecto la resolución apelada; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 1163, CA y 63, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 6420/2024 GRIMOLDI SA (TF 37330-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I. Que a través del pronunciamiento de fojas 53/5 (del expediente en soporte papel), la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 407/16, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana La Plata en las actuaciones n° SC33-53-2012/2, mediante la cual el servicio aduanero condenó a la firma "Grimoldi S.A." por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, inc. a) del Codigo Aduanero. En ese acto, tuvo por cancelada la multa de $16.843,70 en razón del pago voluntario realizado por la actora, pero le requirió tributos por U$S4.599 ,07 y $1.678,12 (considerando el pago previo parcial de U$S 871,90), además del pago de una multa automática de $1.166. La Administración fundó su decisión en la falta de presentación del certificado de origen de la mercadería ingresada mediante la destinación de importación n° 08033ZFE1007579U.
El a quo impuso las costas al Fisco en su condición de vencido.
Para resolver de ese modo el tribunal comenzó por señalar que la cuestión a resolver era si el pago realizado por la firma actora al contestar el traslado del primer auto de corrida de vista había tenido efecto liberatorio para la empresa o si, como pretende la Administración, resultó válida la corrección del monto realizada en el segundo auto de corrida de vista y, por lo tanto, resulta exigible la diferencia indicada en el acto reseñado en el primer párrafo. Recordó que el art. 787 del CA establece que “[e]n las condiciones previstas en este código, la obligación tributaria aduanera solo se extingue por: a) el pago de lo debido"; y que según el artículo 788 de ese cuerpo normativo, el pago de la obligación tributaria aduanera se efectúa de los modos y en los lugares que determinare el servicio aduanero.
De la interpretación de los artículos señalados, se desprende que es el servicio aduanero quien tiene legalmente definida una potestad preponderante para definir el débito fiscal que debe pagar el contribuyente. Sería un exceso -agregó- pretender que el contribuyente deba hacerse cargo de los errores o ineficiencias de la Administración, cuando es este última quien se encuentra sometida a la potestad legal del fisco respecto del pago de los tributos. En ese contexto, consideró que no corresponde a la órbita del administrado el control de las liquidaciones y demás actos emanados del servicio aduanero, siendo suficiente el acatamiento de dichos montos a los efectos de satisfacer el débito fiscal. Por ese motivo, entendió que, notificado el contribuyente de la corrida de vista con la liquidación tributaria y pagado en tiempo y forma el monto exigido, no resultaba coherente sostener que el contribuyente se encontraba legalmente obligado a conocer la suma exacta a cancelar, debiendo negarse a hacerlo como concretamente lo exigía la Aduana (a través de la liquidación contenida en la corrida de vista).
Por ello, concluyó que el pago realizado por la importadora resulta cancelatorio de los tributos que el servicio aduanero había liquidado, intimado y afectado y, por ello, en la causa cabe declarar extinguida la obligación tributaria emergente de la Destinación N° 08033ZFE1007579U II.- Que contra esa resolución la accionada dedujo apelación (fs. 63) y expresó sus agraviosa fs. 70/6, los cuales fueron replicados a fs. 79/82.
En su escrito recursivo expresó que:
(i) de las distintas constancias del expediente administrativo surgía sin esfuerzo que el monto de tributos reclamado ascendía a U$S5.150,36 y no a esa cifra en pesos; en particular, se admitido jurisprudencialmente que el auto de corrida de vista está integrado por la liquidación practicada separadamente por el servicio aduanero;
(ii) tanto el auto de corrida de vista como la liquidación practicada mencionaban que la obligación tributaria estaba sujeta a lo normado en el artículo 20 de la Ley n° 23.905;
(iii) resultaba evidente, además, que el monto de tributos reclamados no podía ser inferior al de la multa;
(iv) la decisión firme de la Administración sólo existe una vez que dicta el acto definitivo en el expediente y no antes, de manera que ningún derecho de la actora se afectó con lo resuelto;
(v) el artículo 792 del CA establece que el pago de un importe inferior al debido no extingue la obligación tributaria;
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(vi) la garantía comprometida para el acogimiento al régimen de importación temporaria estaba denominada en dólares estadounidenses;
(vii) la importadora debió conocer que la obligación eventual estaba regida por lo dispuesto en la Ley n° 23.905; Solicita por eso que se revoque la sentencia apelada y se confirmen los actos cuestionados.
III. Que del expediente administrativo resulta, en cuanto aquí interesa, que:
(i) se consignan en dólares en el permiso de embarque de la destinación de marras las garantías por las eventuales exigencias tributarias (v. sobre contenedor y páginas 6/10 del expediente 12597 -1692-2011);
(ii) el aforo practicado por el servicio aduanero consigna desde el primer momento en dólares estadounidenses el monto de los tributos adeudados (v. liquidación del 12/03/12 a fs. 16 de las actuaciones);
(iii) la parte pertinente del primer auto de corrida vista dictado en las actuaciones (el 29/03/2012) reza: “[…] para el supuesto de solicitar el beneficio extintivo previsto por el art. 930, 931 y 932 del Código Aduanero, se informa que el monto de la MULTA MINIMA asciende a PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70 CTVOS. ($ 16.843,70) y el importe de los TRIBUTOS adeudados asciende a PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 36 CTVOS. ($ 5.150,36), pagaderos al Tipo de Cambio vigente al día anterior al de su efectivo pago, en los términos del art. 20 de la ley 23905 , más los intereses que correspondieren conforme el Art. 794 del Código Aduanero, y que el pago voluntario de los importes detallados dentro del plazo de ley, reunirá los requisitos extintivos de la acción penal incoada en su contra, correspondiendo el cierre y archivo de la presente causa, sin que se registre antecedente infraccional alguno” [el destacado es propio] (v. fs. 19 del expediente administrativo);
(iv) el 30/10/2013 la empresa la empresa manifestó su voluntad de acogerse al pago voluntario (fs. 21) y el 31/10/2013 solicitó la afectación de los fondos que tenía disponibles en el sistema María (fs. 39);
(v) el 12/02/2014 -luego de la intervención de varias dependencias- el servicio aduanero dicta un nuevo auto de corrida de vista enmendando el error cometido en el primero con relación a la moneda en la que estaba denominada la obligación tributaria;
IV. Que según lo establecido en el artículo 641 del Código Aduanero, los derechos de importación consisten en un porcentaje o alícuota aplicada sobre la mercadería importada cuyo valor en aduana está fijado en moneda extranjera; por lo que tales derechos constituyen obligaciones de pagar la cantidad resultante en esa misma especie de moneda (o, de acuerdo con el artículo 660 del Código Aduanero, en obligaciones de pagar una cantidad fija de la moneda que se indique por unidad de medida). Es decir, no se trata de obligaciones de pagar moneda nacional. Es por ello que en el artículo 20 de la ley 23.905 se establece que deben determinarse en dólares estadounidenses las obligaciones correspondientes a “los derechos de importación, los derechos de exportación así como los demás tributos que gravaren las importaciones y exportaciones” y que “[e]l pago podrá efectuarse en la mencionada moneda, en bonos de crédito a la exportación de acuerdo a las normas vigentes, o en australes. En este último caso la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago” (v. también, arg. CSJN, E.
222. XLII. "Editorial Perfil S.A. (TF 13.456-A) c/ D.G.A.", del 12/08/2008; B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/Dirección General de Aduanas”, del 27/04/2010; y V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/DGA” del 23/08/2011)
V. Que en el contexto fáctico y normativo descripto, en lo atinente al agravio sobre la moneda en la cual le es exigible a la actora la obligación tributaria, el error material en que incurrió el servicio aduanero al consignar la palabra “pesos” en el primer auto por el cual se corrió la vista del artículo 1101 del Código Aduanero no tiene la trascendencia suficiente como para admitir el apartamiento de la regla contenida en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905. Es que, además de que esa norma se presume conocida (arts. 20 CC y 8 CCyCN) tanto la liquidación –que integraba la providencia en cuestión- como el dictamen del servicio jurídico y el acto administrativo recurrido no dejan lugar a dudas en cuanto a que el monto exigido a la actora en concepto de tributos era de U$d5.150,36 (v. esta Sala, causa 3397/2022 “Odfjell Argentina SA TF 34751-A c/ DGA s/ recurso de directo de organismo externo”, sentencia del 3/10/2023).
Es pertinente aclarar que la cuestión a la que había sido confrontada esta Sala al resolver en la causa nº 73.184/18 “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” (sentencia del 18/07/2019) resultaba CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V sustancialmente distinta a la aquí examinada. No había allí, como en este caso, un error material que pudiera salvarse simplemente mediante la sustitución de la palabra “pesos” por “dólares estadounidenses” en el auto de corrida de vista, sino que en aquel caso el servicio aduanero había convertido efectivamente la cantidad en moneda extranjera a pesos, expresándola en la suma equivalente de moneda nacional. En función de lo expuesto, corresponde admitir la apelación deducida y dejar sin efecto la resolución apelada.
VI. Que, sin embargo, dado que la actora pudo creerse con un derecho mejor que el que verdaderamente le asistía, corresponde distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 1163, CA y 63, CPCCN).
Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y dejar sin efecto la resolución apelada; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 1163, CA y 63, CPCCN). ASÍ VOTO.
El Sr. Juez de Cámara Dr. Pablo Gallegos Fedrinani adhiere al voto del Dr. Treacy.
El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge F. Alemany adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Treacy.
Que en virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 1)
Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y dejar sin efecto la resolución apelada; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 1163, CA y 63, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia