Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 31112-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal en cuanto ordenó distribuir las costas del proceso en el orden causado, y revocarla, en cuanto impuso a su cargo la tasa de actuación; 3) Con costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 25245/2023 “LOS GROBO AGROPECUARIA SA (TF 31112-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de febrero de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos Fedriani dijeron:
I. Que a través de la resolución de fojas 284/289 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la Resolución N° 41/2012 (AD SAPE) recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 12632-302-2008, a través de la cual se había rechazado la impugnación contra el Cargo N° 6/2008, relativo a la destinación de exportación N° 08060EC01001651-G. Impuso las costas en el orden causado, excepto en cuanto a la tasa de actuación, la que ordenó que quedara a cargo de la parte actora. Para así decidir, recordó que el reclamo tributario del servicio aduanero se había originado en la operación de exportación a consumo de 28.578 toneladas de porotos de soja a granel documentada a través de la destinación de exportación antes referida, oficializada en fecha 27/05/2008. A criterio de la aduana -prosiguió- el fundamento normativo radicaba en lo dispuesto en las Resoluciones ONCCA Nros. 1487 y 1898 del 2008, a partir de las que se había puesto en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un listado de todas aquellas empresas exportadoras que no habrían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada bajo las declaraciones juradas de ventas al exterior en los términos de la Ley N° 26.351, dentro de las cuales se hallaba la aquí actora.
El a quo señaló que ya había fijado una posición sobre este tema al resolver casos análogos y que el nudo de la cuestión residía en juzgar la validez del cargo que tenía como único sustento los preceptos de la Ley Nº 26.351, como antecedente de las Resoluciones ONCCA Nros. 1487 y 1898.
Explicó que la solución a la que había arribado estaba basada en numerosas decisiones de distintos tribunales judiciales en las cuales se había declarado la invalidez de las mencionadas resoluciones del ONCCA, dictadas al amparo de la también cuestionada Ley N° 26.351 y su Decreto Reglamentario Nº 764/2008. En tales casos -destacó- se declaró nulidad de las Resoluciones del ONCCA Nros. 1487/08 y 1898/08, la Alta en sistema: 12/02/2025 inconstitucionalidad de la Ley Nº 26.351 (arts. 4 y 5) y de su reglamento de ejecución, en cuanto suponían la aplicación retroactiva de las alícuotas modificadas con posterioridad al registro de las DJVE.
Señaló, además, que la presunción de legitimidad de las Resoluciones ONCCA citadas resultaba insostenible, pues no se hallaban adecuadamente motivadas ni sustentadas en los antecedentes de hecho referidos a la situación de las exportadoras, limitándose de modo general y abstracto a mencionar la falta de acreditación de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación, por parte de los exportadores incluidos en su Anexo I. En consecuencia, declaró la nulidad del cargo formulado a la actora por carecer de sustento jurídico válido.
II. Que contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación y expresó agravios a fojas 292/295, los que no fueron replicados por su contraria.
En su presentación, se agravió de que el Tribunal Fiscal hubiera ordenado distribuir las costas del proceso en el orden causado ya que, a su criterio, no existían motivos para apartarse del principio general de la derrota. A su vez, también se agravió que hubiera impuesto a su cargo la tasa de actuación.
III. Que por su parte, la demandada interpuso un recurso de apelación a fojas 303, y expresó agravios a fojas 308/313, los que fueron replicados por su contraria a fojas 317/320.
En sus agravios, indicó que lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación no se ajustaba a derecho ya que la actora no había acreditado haber impugnado las Resoluciones ONCCA en las que se fundó el Cargo N° 6/2008, ni tampoco haber requerido la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.351 que dio fundamento a dichas resoluciones.
Además, señaló que las Resoluciones ONCCA Nros.
1487/2008 y 1898/2008 gozaban de presunción de legitimidad, por lo que debía confirmarse la Resolución N° 41/2012 (AD SAPE) a través de la cual se había rechazado la impugnación contra el Cargo N° 6/2008, relativo a la destinación de exportación N° 08060EC01001651-G.
Finalmente, recordó el fin que tuvo en miras el legislador al sancionar la Ley Nº 26.351, en el marco del régimen de la Ley Nº 21.453, y defendió la razonabilidad de la medida.
IV. Que según surge de autos, a través de la Resolución N° 41/2012 -obrante a fojas 122/126 de las presentes actuaciones- el Administrador de la División Aduana de San Pedro rechazó la impugnación Alta en sistema: 12/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V formulada por la aquí actora contra el cargo N° 6/2008 relativo a la destinación de exportación N°08060EC01001651-G, emitido como consecuencia del dictado de las Resoluciones ONCCA Nros. 1487/2008 y 1898/2008.
El fundamento de la pretensión tributaria del Fisco -según la motivación de aquella- fue exclusivamente lo dispuesto por la extinta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en la Resolución Nº 1487/2008. La Aduana remitió en la resolución de rechazo al artículo 1 de esa Resolución ONCCA explicando que ese organismo había comunicado que para ninguna de las DJVE listadas en el Anexo de ese acto se había acreditado la adquisición y tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la Ley Nº 26.351 y su reglamento de ejecución (Decreto Nº 764/2008), por lo que esas operaciones debían tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de las destinaciones de exportación. Allí, también explicó que según la Ley Nº 26.351, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley Nº 21.453, en el periodo comprendido entre el registro de la DJVE y el de la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, los exportadores debían acreditar de modo fehaciente la tenencia o la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento (art. 1); y que quienes no satisficieran los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación a aquel fin, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las DJVE o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación.
V. Que expuesto ello, corresponde ingresar al análisis del recurso interpuesto por la parte demandada.
V.1. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de analizar un caso análogo al de autos en la causa N° 41802/2023, caratulada “Grupo Transpatagonia SRL (TF 31534-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2024, y N° 25366/2023 “Dow Agrosciences Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 22/10/2024. Allí, por mayoría, se recordó que las distintas Salas del fuero se habían expedido sobre la cuestión que es aquí objeto de controversia, pronunciándose por la nulidad de los actos del ONCCA mencionados y, consecuentemente, también de los cargos formulados por la Aduana con fundamento exclusivamente en aquellos. Ello así, toda vez que dichas resoluciones -en las que el Fisco fundó el ajuste de autos-, como actos administrativos de alcance individual plurinominal, resultan nulos “[…] Alta en sistema: 12/02/2025 por no haber explicitado la motivación, describiendo los antecedentes de hecho relativos a la situación particular de los exportadores listados en sus anexos” (con remisión a Sala I, causa Nº 1672/15 “Molino Chacabuco c/ EN -M Agricultura Ganadería y Pesca s/proceso de conocimiento”, sentencia del 12/07/22; Sala II, causas Nº 25.224/2023 “Servicios Integrados para la Exportación de Agroalimentos SA (TF 31.165-A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12/12/2023; y Nº 15.294/2011 “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN - Mº Economía - ONCCA - Resol. 1487/08 y 5581/10 y otros s/proceso de conocimiento”, sentencia del 6/5/2014; Sala III, causas Nº 59.415/12 “Cargill SACI c/ EN-Mº Agricultura GyP RESOL 928/12 -ONCCA- RESOL 1413/11 y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 26/04/22; y Nº 36.840/23 “Bunge Argentina SA (TF 33394-a) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 07/03/2024; y Sala IV, causa Nº 25.716/11 “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/ EN – Mº Economía – ONCCA – Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 18/08/16; y Nº 2.705/2024 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 31167-a) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 19/03/2024; entre otros).
A partir de lo expuesto, de conformidad con el criterio que surge de dichos precedentes, cabe concluir que el cargo aduanero atacado por la actora carece de sustento fáctico, toda vez que la falencia indicada anteriormente conduce a la imposibilidad de asegurar que la actora debía tributar la mayor alícuota de derechos de exportación con arreglo a los términos de la Ley Nº 26.351 y su Decreto reglamentario Nº 764/2008.
V.2. En otro orden, tampoco es válida la crítica referente a la falta de cuestionamiento de las Resoluciones Nros. 1487 y 1898 del ONCCA, y a la firmeza que la demandada pretende derivar de aquella. Es que, en primer lugar, es preciso señalar que esos actos de la ex-ONCCA constituyen actos administrativos, pues sus efectos trascienden el funcionamiento Administración para repercutir, indudablemente en la esfera jurídica de los administrados (v. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 1993, pág. 205 y sgts.). Estas resoluciones son, además, actos de alcance individual y no de alcance general, pues impactan sobre un número determinado de sujetos (delimitada por los listados de sus anexos). El hecho de que se tratara de actos administrativos de alcance individual, aunque plurinominales, no hacía variar la forma en la que debían ser dados a conocer. Es por ello que su falta de notificación debió privarlos de efectos, lo cual impide, a su turno, considerarlos firmes (arts. 11, y 1, inc. e), Ley Nº 19.549; Sala III, causa “Cargill”, ya citada).
Alta en sistema: 12/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Pero, además, esta Sala ya ha señalado que nada obsta a que el particular cuestione esos actos plurinominales de manera indirecta, a través de la impugnación de los cargos aduaneros formulados exclusivamente con sustento en aquellos otros (conf. esta Sala in re: 38.943/2015, “Molinos Cañuelas SACIFIA y otro c/ DGA y otro s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 14/07/2016).
V.3. Por otro lado, la conclusión alcanzada acerca de la legitimidad de las resoluciones del ONCCA, que operaron como causa del cargo aduanero y de la resolución que rechazó la impugnación de la actora, hace innecesario el tratamiento del agravio referido a la constitucionalidad de la Ley Nº 26.351 (Fallos: 255:293; 256:24; 260:153; 324:3219; 327:1899; 342:685; 344:2123; 344:3458; entre muchos otros, y esta Sala in re: “Grupo Transpatagonia SRL”, ya citado).
V.4. Por lo expuesto, corresponde desestimar los agravios formulados por la parte demandada, y confirmar la resolución apelada en este punto.
VI. Que resuelto lo anterior, cabe ingresar al análisis del recurso interpuesto por la parte actora, contra la forma en que fueron distribuidas las costas del proceso.
Al respecto, debe recordarse que el artículo 1163 del Código Aduanero dispone que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando esta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.”
Sobre el punto, cabe señalar que si bien la parte actora ha resultado vencedora, las particulares circunstancias de la causa fueron resueltas por remisión a la jurisprudencia de esta Cámara. En consecuencia, se advierten motivos que autorizan al sentenciante a apartarse del principio general de la derrota e imponer las costas de la anterior instancia en el orden causado (v. en el mismo sentido, esta Sala in re “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda – (TF 33.327-A) c/DGA”, sentencia del 24 de octubre de 2023; “Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. (TF 31066-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 6 de julio de 2023; y “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda – TF 32.364c/DGA”, sentencia del 30 de noviembre de 2022).
En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al agravio de la parte actora, confirmar la distribución de costas en el orden causado fijada en el punto 2 de la parte resolutiva de la decisión apelada, Alta en sistema: 12/02/2025 pero revocarla, en cuanto impuso la tasa de actuación a cargo de la accionante.
Rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal en cuanto ordenó distribuir las costas del proceso en el orden causado, y revocarla, en cuanto impuso a su cargo la tasa de actuación; 3) Con costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN). ASÍ VOTAMOS.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que, en virtud de las particularidades del caso, adhiero en lo sustancial.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal en cuanto ordenó distribuir las costas del proceso en el orden causado, y revocarla, en cuanto impuso a su cargo la tasa de actuación; 3) Con costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 12/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Alta en sistema: 12/02/2025
Fin de la sentencia