Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-803/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor a fs. 26vta./28, ordenando a la Municipalidad demandada que suspenda la ejecución del Decreto Nº 615/19 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme; y a dictar los actos administrativos correspondientes a fin de reincorporar al incidentista a un puesto laboral, asignándole funciones acorde a su situación de salud actual (previo dictamen del área médica pertinente), en el término de veinte (20) días previa caución juratoria que deberá prestar el actor en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: G-803/19-TSJ Sentencia N°: 1077 Actor: GROPPA DANIEL BENJAMIN Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 01/06/21 Texto:
TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1077 FOLIO Nº 3434/3439 PROT. ELECT. TSS1 007 C.211
Río Gallegos, 1 de junio de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “GROPPA DANIEL BENJAMIN C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAU-TELAR-”, Expte. Nº G-803/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que a fs. 21/28 se presenta el Sr. Daniel Benjamín Groppa con el patrocinio letrado del Dr. Gabriel Eduardo Peralta, interponiendo “...Demanda Contencioso Administrativo contra la Municipalidad de Río Gallegos…a fin de que V.E. revoque el Decreto N° 615/19 dictado por el Intendente de la comuna el día 20 de Febrero de 2019, por entender que ha sido emitido con evidentes vicios -tanto sustanciales como formales- que tornan dicho acto nulo de nulidad absoluta.” (cfr. foja 21).-
Asimismo, en el apartado IV de su presentación, solicita que se “...disponga una medida de no innovar tendiente a que retrotaiga mi situación hasta momentos previos al dictado del acto administrativo cuya revocación aquí se pide, y de este modo evitar que se modifique el ‘status quo’ de mi situación laboral, ordenando a la Municipalidad de Río Gallegos que me reincorpore a un puesto laboral acorde a mi situación actual -conforme lo prevé el art. 127 inc. e) del Estatuto de Empleado Municipal hasta tanto se resuelva la presente demanda, de conformidad con los hechos y derechos expuestos [...] La procedencia de la medida está justificada por los siguientes elementos: el peligro en la demora está dado por cuanto el hecho de haberme separado irrazonada y arbitrariamente de mi puesto de trabajo, y no dejarme trabajar implica que el suscrito no percibirá remuneración alguna, causando un perjuicio irreparable, implicando además, la baja de la cobertura de la obra social, lo cual en mi condición resulta sumamente complejo, ya que no podré acceder a mis terapéuticas ni adquirir los medicamentos que diariamente debo consumir [...] La verosimilitud del derecho se refleja en la relación laboral existente entre el actor y la demandada...” (cfr. fs. 26 vta./27 vta.).- Al describir los antecedentes que originan la contienda, el incidentista afirma que en el año 2011 ingresó a trabajar al Municipio local bajo la categoría 10. Explica que a comienzos del año 2016 presentó severos trastornos cognitivos que afectaban su estabilidad psicológica y le impedían trabajar normalmente, por lo que solicitó una licencia médica de estilo (cfr. foja 21 vta.).-
Precisa que en el mes de febrero de ese año se le otorgó una licencia por afección de largo tratamiento, con goce de la totalidad de su sueldo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 127, inciso c) del Estatuto del Empleado Municipal. Luego de un año, se le prorrogó esa licencia, liquidándose el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración y, finalmente, en el período comprendido entre el mes de febrero de 2018 al mismo mes de 2019, también continuó usufructuando la misma licencia, aunque sin goce de haberes (cfr. fs. 21 vta./22).- Refiere que durante el transcurso de este último período su médica tratante lo derivó a la Junta Evaluadora local de Discapacidad, quien calificó su dolencia como discapacidad y le otorgó el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Agrega que ese hecho ameritaba el cambio de calificación de su situación, lo que fue soslayado por la Municipalidad (cfr. foja 22 y vta.).-
Expone que mediante el Decreto N° 615/19 la autoridad municipal declaró extinguida la relación de empleo (cfr. foja 23).-
Corrido el pertinente traslado a la demandada, es contestado a fojas 100/101 vta. por sus representantes Dres. Daniel Manuel José Manrresa y Rubén Darío Martínez. Allí solicitan se rechace la misma sosteniendo que: “...El fundamento de la garantía jurisdiccional cautelar está vinculado a una situación de urgencia que requiere una solución inmediata a los efectos de resguardar los derechos de los particulares frente a la lentitud del proceso judicial. Esa urgencia conlleva el peligro de que la demora del proceso frustrare la protección del derecho que el ciudadano ha encomendado a la justicia. Así, entendiendo que las medidas cautelares no tienen un fin en sí mismo, sino que se hallan ordenadas a asegurar la eficacia de una sentencia posterior, deviene improcedente el dictado de la misma, en atención a que no se cumple evidentemente con uno de los requisitos esenciales para la misma, cual es la verosimilitud del derecho.” (cfr. fs. 101 y vta.).- A fojas 105 y vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido negativo, considerando que: “...V.E., no debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona.” (cfr. foja 105 vta.).-
A foja 107, pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver.-
II. Liminarmente, estimamos pertinente remarcar que la pretensión cautelar propiciada ha sido planteada en términos difusos y ambivalentes, lo que dificulta su abordaje.-
El incidentista rotula su pretensión cautelar como medida de no innovar y, por un lado, solicita que se retrotraiga su relación de empleo a los momentos previos al dictado del Decreto Municipal N° 615/19 y, por el otro, procura que se obligue a la Administración a reincorporarlo a un puesto laboral ajustado a su estado de salud.-
Lo primero implicaría que cautelarmente se lo reincorpore, haciendo uso de una licencia médica por una afección de largo tratamiento, sin goce de haberes. Lo segundo supondría, en cambio, su reincorporación, habilitando la prestación de servicios contemplando su condición de discapacidad actual. A ello, cabe añadir que al justificar el peligro en la demora hace hincapié en la necesidad de percibir las remuneraciones pertinentes (cfr. foja 27 vta.), lo que evidencia la inconsistencia de la postulación cautelar introducida por el incidentista.- Empero, la deficiencia técnica apuntada mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad jurisdiccional a la hora de examinar la procedencia de la tutela cautelar requerida.-
La tutela judicial efectiva comprende el reconocimiento del derecho a peticionar y obtener tutela cautelar para que no se torne ilusorio el derecho que se defiende (cfr. Perrino, Pablo Esteban: “El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa”, www.rubinzalonline.com.ar, Cita: RC D 1610/2012), porque la “…tutela provisional urgente, como parte de la actividad jurisdiccional del Estado, constituye un aspecto esencial del ejercicio del derecho de defensa en juicio…” (cfr. Botassi, Carlos: “Las medidas cautelares en el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, www.información-legal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/5968/2010).- Para que el proceso administrativo resulte eficaz desde el mirador de la tutela judicial efectiva el juez -como componente ineludible de su poder jurisdiccional- posee la facultad-deber de ordenar medidas preventivas urgentes (cfr. Botassi, Carlos, ob. cit.). En este marco, “…el órgano jurisdiccional tiene facultades como para disponer la medida cautelar que mejor se adecue al derecho que se intenta proteger. Las facultades son amplias y le permiten apartarse de lo pedido por la parte, aun sin oposición de la contraria…” (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo O., “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Ciudad de Buenos Aires, 2002, pág. 56).- Así lo reconoce expresamente el artículo 25, segundo párrafo, del CPCA, Ley N° 2600 y, sobre este punto, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…en la materia rige el principio general de admisibilidad de cualquier medida cautelar que sea adecuada a la situación de cuya tutela se trata...Es por tal motivo que el artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, establece que se podrá peticionar la adopción de medidas urgentes -sin decir cuales- que aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente la decisión de fondo…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211, entre otros).- Atento a que el encuadramiento jurídico de los hechos enunciados pertenece al ámbito de injerencia del juzgador, y tratándose -además- de un conflicto que involucra derechos fundamentales de raíz constitucional; encontramos razones de mérito para, iura novit curia, reencuadrar correctamente el planteo formulado.-
III. Aclarado lo anterior, debemos adelantar que la medida cautelar merece favorable acogida, con el sentido explicitado a continuación.-
Debemos precisar que el sub lite presenta particularidades que lo distinguen de otros casos en los que este Alto Cuerpo ha denegado el dictado de medidas cautelares, frente a la mayor prudencia que exigen en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación padecida por el incidentista, podría generar, en las excepcionales y particulares circunstancias que se verifican, mayores e irreparables daños, que deben ser evitados.- En el caso que nos ocupa, se encuentran en juego derechos de la más alta jerarquía constitucional que habilitan, a título excepcional y merced a las especialísimas circunstancias que rodean a la causa, el dictado de una medida cautelar tendiente a efectivizarlos. Es que la tutela judicial urgente que aquí se peticiona se anuda a derechos fundamentales, a su núcleo irreductible y, en definitiva, a su directa relación con el aseguramiento inmediato de la dignidad de la persona humana. Esta circunstancia obliga a recordar que le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento (Fallos: 334:1861).- En función de ello, corresponde evaluar los recaudos de procedencia del remedio cautelar bajo análisis.-
IV. El requisito de la verosimilitud del derecho se debe entender como la posibilidad de que aquel exista y no como una incontrastable realidad, cual solo se puede alcanzar al tiempo del pronunciamiento de la sentencia de mérito.-
En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “…las medidas cautelares, no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 324:723, 2042 y 3045; 325:3209; 326:676, 3351 y 4963; 327:1305 y 2738, entre muchos otros).” (cfr. Fallos 342:1417).- Por su parte, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “Si bien es cierto que este Tribunal tiene un criterio restrictivo con relación a la concesión de medidas cautelares contra actos administrativos, habida cuenta de la presunción de legitimidad que ostentan (conf.
Contencioso Administrativo, Tomos XIV, Reg. 930, Folio 2771/2775; XV, Reg. 946, Folio 2845/2847); ello no es óbice para decretarlas cuando, como en la especie, se los impugna sobre bases ‘prima facie’ verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales (conf. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 360, Folio 1360/1362).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1036, Folio 3228/3231). De tal manera, el fumus bonis iuris (“humo de buen derecho”) surge de la descripción de los derechos lesionados y amenazados por las resoluciones impugnadas.- En el caso que nos ocupa, el incidentista aduce que el Municipio debió articular acciones en base a su condición de salud y a fin de preservar la relación de empleo (cfr. foja 23).
En apoyo de su tesitura, invoca las siguientes normas: a. la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en especial, su artículo 27 en cuanto reconoce a las personas con discapacidad el derecho a trabajar (cfr. foja 25); b. el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 6° consagra el derecho a trabajar (cfr. foja 25 vta.); c. la Observación General N° 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la que se expone que toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad (cfr. foja cit.); d. el Convenio N° 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) y la Recomendación N° 168 (cfr. foja cit.); e.
Ley N° 22.431 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados” (cfr. foja 24 vta.); f. Ley provincial N° 1662 y, en especial, su artículo 10 en cuanto dispone la obligación de ocupar a personas con discapacidad, invitando a las municipalidades a adherir (cfr. fs. 24 vta./25). Alega, igualmente, la transgresión de los principios de legalidad, buena fe y razonabilidad (cfr. fs. 23, 24 y 26). Sobre este piso de marcha, asevera que se puede apreciar prima facie la evidente vulneración a sus derechos en su condición de persona con discapacidad por parte de la comuna (cfr. foja 27 vta.).- En un examen liminar propio de esta instancia, no surge que la autoridad municipal haya valorado la posibilidad de producir la reincorporación ni el estado de salud del agente, o en su caso, coadyuvar en la búsqueda de una solución resguardatoria de los derechos a la seguridad social que podrían asistir al empleado.
Del sólo vencimiento de la licencia se siguió sin más la ruptura de la relación de empleo público.-
Ciñéndonos al grado de summaria cognitio propio de este estado del proceso, debemos advertir que los antecedentes de la causa evidencian la necesidad de admitir la pretensión cautelar, con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca.-
Concretamente, resulta por demás evidente que el incidentista al momento de declararse extinguida la relación laboral, quedó en precaria situación ya que carecen tanto él como su hijo de obra social; adunando a ello la denunciada situación de discapacidad que ambos poseen.-
Nuestro ordenamiento jurídico protege el derecho a la salud y a la familia con vigor, dado que se hallan al resguardo de las normas de máxima jerarquía de la Nación (Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos mentados en el art. 75, inc. 22 de la C.N.).-
Tal como lo ha sostenido este Alto Cuerpo, es necesario subrayar que desde la reforma constitucional del año 1994, el derecho a la salud está expresamente previsto en la ley suprema, en el ámbito de los consumidores y usuarios al decir que: “...tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud...” (cfr. art. 42 C.N.). Debemos también sumar los artículos 41 y 75, en sus incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional. Respecto al primero, la noción amplia de salud permite comprender la protección del ambiente por resultar condición necesaria para su tutela; el inciso 22 del artículo 75 enuncia los instrumentos internacionales con la misma jerarquía que la Constitución Nacional, los cuales entre sus enunciados reconocen el derecho a la salud.
Por último, el inciso 23 del artículo 75, al referir a las acciones positivas del Estado respecto a los sujetos de mayor vulnerabilidad social como los niños, mujeres y ancianos comprende la prestación de servicios entre los cuales se incluye la atención de la salud. Asimismo como surge y se refiere el punto 2 de la Observación Nro. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existen numerosos instrumentos de derecho internacional que reconocen el derecho del ser humano a la salud y entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud.
Allí mismo se expresa en virtud del párrafo 1º del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen “…el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”, mientras que en el párrafo 2º del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas “…medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho…” (cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obs. 14, punto 2). La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como el “…estado de completo bienestar físico, mental y social…” (cfr. Principios de la Constitución de la OMS). Se trata de un derecho fundamental de la persona, destinado a preservar su dignidad y calidad de vida.
Así lo ha entendido nuestro máximo Tribunal Nacional al señalar: “…lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Ley Suprema) ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad publica de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga…” (cfr. Fallos 323:3229). En igual sentido se ha dicho “‘…el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional.
El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental […] El derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, inc. 22) entre ellos, el art. 12 inc. c. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1 arts. 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extensivo no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva…Asimismo…el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, pero que ello es sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a las jurisdicciones locales, obras sociales y entidades de medicina prepaga sobre el tema...además, que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional…’ (cfr.
Dictamen del Sr. Procurador Fiscal en autos ‘Chamorro, Carlos c. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música’ que la CSJN hace suyo, 01/04/2008, Publicado en: LA LEY 12/06/2008, 7, DJ 02/07/2008, 621, JA 2008- II, 483; cita fallos corte: 331:453, Cita online: AR/JUR/914/2008).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 592, Folio 3399/3406).- Si bien lo reseñado precedentemente es sustento suficiente para nuestra postura, favorable a la pretensión actoral, también debe considerarse que la cuestión involucra al hijo discapacitado de la parte incidentista, quien acredita la discapacidad (cfr. fs. 3 y 53/55). Entran aquí, también, en juego “...aspectos relativos a la situación de ésta última discapacitada cuya atención no puede ser dejada de lado por la autoridad pública, tal como señalara el más alto Tribunal de la Nación, cuando tuvo en cuenta para decidir, no sólo la situación individual de la reclamante sino también la del hijo que estaba a su cargo (confr.
CSJN, Q. 64. XLVI, Recurso de Hecho, causa: ‘Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo’, del 24/4/12). Allí señaló: ‘Finalmente, cabe recordar que el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional; la Convención de los Derechos del Niño, incorporada al art. 75, inc. 22, de la Ley Fundamental; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada -junto con su protocolo facultativo- por la ley 26.378; imponen al Estado deberes adicionales de protección respecto de quienes, como el menor en este caso, se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad’ (del voto del Dr. Petracchi).” (voto en disidencia del Dr. Peretti: TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 949, Folio 2853/2865).- A tenor de lo expresado, entonces, resulta dable concluir que, en la especie, la verosimilitud del derecho aparece demostrada, atendiendo a los derechos de jerarquía constitucional que aparecen involucrados y afectados a causa de la situación descripta, bien que ponderados en el acotado marco cognoscitivo propio de esta etapa.-
Debe aclararse que ello no implica una valoración probatoria definitiva; la que oportunamente será realizada al momento de la sentencia.-
V. Otro requisito específico es el probable peligro de que la tutela jurídica que surgirá de la sentencia no pueda efectivizarse en los hechos (cfr. Hutchinson, Tomás “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, tomo III, pág. 510). No existe medida cautelar que no se dé para disipar un temor de daño inminente; constituye la razón de ser jurídica y de hecho de las medidas cautelares que sustancia con ellas (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo Oscar “Control judicial de la Administración. Medidas cautelares”, en Derecho Procesal Administrativo, dirigido por Juan Carlos Cassagne, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2004, Tomo 1, pág. 749).- El peligro en la demora debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (cfr. Fallos 326:3658, 1248, 1289; 325:367, 1873; 314:711).-
En el caso de marras, el incidentista asevera: “…el peligro en la demora está dado por cuanto el hecho de haberme separado irrazonada y arbitrariamente de mi puesto de trabajo, y no dejarme trabajar implica que el suscrito no percibirá remuneración alguna, causando un perjuicio irreparable, implicando además, la baja de la cobertura de la obra social…no podré acceder a mis terapéuticas (sic) ni adquirir los medicamentos que diariamente debo consumir. No sólo eso, sino que mi hijo menor de edad, quien también padece una discapacidad…se verá impedido de continuar con su tratamiento y medicación…de no dictarse la medida aquí solicitada de forma urgente, se estaría cometiendo un grave perjuicio contra el suscrito, tornando ineficaz la sentencia a dictarse en autos, por resultar imperiosa la necesidad de laborar y percibir así las remuneraciones correspondientes, como así también la asistencia médica…” (cfr. fs. 27 y vta.).- En suma, el incidentista explica que el peligro en la demora viene dado por un doble orden de consideración: la necesidad de percibir una remuneración y obtener una cobertura de salud para sí mismo y su hijo con discapacidad.-
Entendemos que ninguna de las razones aportadas puede ser soslayada, pues -parafraseando a Augusto Morello- el juez no es fugitivo de la realidad, lo que obliga a considerar el trasfondo humano del conflicto y las consecuencias personales y familiares desfavorables que podrían importar la supresión de ambos derechos durante el trámite del proceso principal.-
El Estado constitucional de derecho potencia la tutela judicial efectiva como una genuina garantía fundamental (cfr. arts. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional) dirigida a hacer respetar, dentro del procedimiento judicial, no sólo los vínculos negativos sino también los positivos que imponen los derechos fundamentales reconocidos en el bloque de constitucionalidad.-
En la especie, se aprecia la desprotección en la que se colocaría al incidentista y a su hijo con el mantenimiento del acto a lo largo de todo el proceso, afectándose derechos de naturaleza alimentaria y las posibilidades de resguardo del derecho a la salud de ambos. Los argumentos que brinda el incidentista, lejos de representar alegaciones genéricas, dejan entrever con suficiente elocuencia en este incipiente estadio procesal los peligros que ello aparejaría.-
A estas alturas, resulta conveniente recordar que en el precedente “Márquez” se dilucidó una cuestión que guarda cierta similitud con las actuaciones aquí analizadas. En efecto, en aquella causa el accionante había peticionado una medida cautelar con el fin de que se obligara a la Municipalidad de Río Gallegos a reincorporarlo a su puesto de trabajo, con goce de haberes, aduciendo que con ello se impediría provisionalmente que la decisión administrativa que lo había dejado cesante ponga en riesgo su subsistencia y la de su hija menor de edad, durante la tramitación de la cuestión de fondo. En atención a ello, este Tribunal Superior de Justicia entendió que “…en el estrecho marco de conocimiento que antecede a su dictado, los antecedentes de la causa evidencian la necesidad de admitir la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1036, Folio Nº 3228/3231).-
VI. Por otro lado, circunscripto el caso a un supuesto en el que no se halla en juego la potestad disciplinaria de la Administración, no se advierte que la medida aquí propiciada pudiera generar consecuencias disvaliosas y gravosas para el interés público. Además, no se encuentra comprometido ni mucho menos se producirá deterioro al bienestar general y a los servicios públicos indispensables, lo que lleva a recordar lo sostenido por este Alto Cuerpo que, cuando no se aprecia que el otorgamiento de una medida cautelar pudiera provocar a la parte contraria algún grave perjuicio, los jueces deben ser más propensos a la concesión que a la denegación (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1036, Folio 3228/3231).-
VII. Otro de los presupuestos que se exige para el otorgamiento de medidas cautelares, es la prestación de una contracautela por el peticionante de la medida. Al respecto cabe expresar que: “La contracautela es el medio que asegura preventivamente el eventual crédito de resarcimiento de los daños que podrían resultar de la ejecución de la providencia cautelar si, en definitiva, la misma se revela como infundada...En la imposibilidad de determinar a priori una regla fija u objetiva que predetermine la especie y monto de la contracautela salvo en situaciones cuya especial entidad condujera a exigirla de un concreto carácter, el art. 199 ha encomendado al juez la misión de graduar ambos extremos, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. De suerte que a mayor verosimilitud, menor contracautela. Hay tres clases de contracautela: a) juratoria, que consiste en la manifestación formal de quien obtiene la medida, efectuada por escrito en el expediente, de que se hace cargo de los eventuales perjuicios; b) personal, cuando un tercero con solvencia económica asume la responsabilidad consecuente afectando su patrimonio, y c) real, que importa afectar un bien o bienes determinados a las resultas de esa responsabilidad…” (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo O., “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”, Ed Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002, pág. 71).- Por lo expuesto, en virtud de la remisión del artículo 32 del CPCA, Ley Nº 2600 al artículo 200 y concordantes del CPC y C y teniendo en cuenta el carácter de protección de la salud de las prestaciones que derivarían del acto administrativo impugnado, corresponde disponer que el incidentista preste caución juratoria.-
En el presente, tal como se indicara, se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho invocado para acceder a la medida solicitada y concurre el peligro en la demora exigido para las cautelares, por lo que la cautelar solicitada -la reincorporación del actor- será admitida; previa caución juratoria atento a lo expresado precedentemente en torno a las particulares circunstancias del caso (cfr. arts. 25 del CPCA, Ley Nº 2600 y 200 del CPC y C, aplicable por remisión del art. 32 del CPCA, Ley Nº 2600).-
En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor a fs. 26vta./28, ordenando a la Municipalidad demandada que suspenda la ejecución del Decreto Nº 615/19 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme; y a dictar los actos administrativos correspondientes a fin de reincorporar al incidentista a un puesto laboral, asignándole funciones acorde a su situación de salud actual (previo dictamen del área médica pertinente), en el término de veinte (20) días previa caución juratoria que deberá prestar el actor en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).- Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor a fs. 26vta./28, ordenando a la Municipalidad demandada que suspenda la ejecución del Decreto Nº 615/19 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme; y a dictar los actos administrativos correspondientes a fin de reincorporar al incidentista a un puesto laboral, asignándole funciones acorde a su situación de salud actual (previo dictamen del área médica pertinente), en el término de veinte (20) días previa caución juratoria que deberá prestar el actor en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007C.211 Tomo: XVIII Sentencia: 1077 Folio N°: 3434/3439 Secretaría: 1
Fin de la sentencia