Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-803/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al pago de salarios no percibidos solicitado por la parte actora en PE428391-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: G-803/19-TSJ Sentencia N°: 1119 Actor: GROPPA DANIEL BENJAMIN Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 25/04/23 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1119 FOLIO Nº 3599/3602 PROT. ELECT. TSS1 006 C.231
Río Gallegos, 25 de abril de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “GROPPA DANIEL BENJAMÍN C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR”, Expte. Nº G-803/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la presentación efectuada por la parte actora en PE428391-2022, mediante la cual denuncia que la parte demandada no ha cumplido en debida forma con la medida cautelar ordenada en la resolución adjunta en PE132058-2021; y peticiona se le abonen los salarios que, a causa de dicho incumplimiento, dejó de percibir.-
En la orden de la medida precautoria referida, se dispuso que la Municipalidad de Río Gallegos “…suspenda la ejecución del Decreto Nº 615/19 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme; y a dictar los actos administrativos correspondientes a fin de reincorporar al incidentista a un puesto laboral, asignándole funciones acorde a su situación de salud actual (previo dictamen del área médica pertinente), en el término de veinte (20) días previa caución juratoria que deberá prestar el actor en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).” (cfr. PE cit.), todo ello a fin de garantizar su subsistencia hasta que se dicte sentencia definitiva en el principal. El plazo otorgado para cumplir dichos mandatos comenzaron a correr a partir de la notificación a la demandada realizada el 10 de junio de 2021 (cfr. PE144749-2021).- El Sr. Groppa, prestó caución juratoria (cfr. PE134578-2021). Notificada la accionada de la cautelar, conforme cédula obrante en PE144749-2021, presentó escrito en el cual manifestó que su parte suspendió la ejecución del Decreto Nº 615/19 y, además, dispuso dar continuidad a la licencia sin goce de haberes que usufructuaba el actor hasta la sentencia definitiva de este litigio y convocar a una junta médica (cfr. PE150194-2021).-
Sin embargo, el Municipio no dio total cumplimiento con la medida, puesto que omitió convocar una junta médica para que evalúe al Sr. Groppa a efectos de que se lo reintegrara al trabajo asignándole funciones acordes a su estado de salud, ello a fin de poder percibir un salario, indispensable para su subsistencia. Esta reticencia de la demandada a acatar una orden judicial motivó la resolución adjunta en PE351364-2021, mediante la cual se la intimaba para que, en el plazo perentorio de diez (10) días, diera acabado cumplimiento a la cautelar, bajo apercibimiento de fijar una multa a favor de la accionante de pesos tres mil ($3000) por cada día de retardo en el cumplimiento.- Finalmente, la Municipalidad demandada mediante PE385516-2022 informa que el Sr.
Groppa fue restablecido en sus funciones como empleado municipal. Posteriormente en PE414525-2022 adjunta el Decreto N° 818, del 23 de febrero de 2022, en el cual se materializó la reincorporación del actor, en los siguientes términos: “Artículo 1°.- Ordénase la reincorporación del agente Groppa Daniel Benjamín...a partir del día 11 de febrero de 2022, en cumplimiento a la medida cautelar mencionada en los considerandos del presente y hasta tanto se encuentre en vigencia legal la misma, debiendo a efectos de su cumplimiento notificarse fehacientemente al causante a través de la Dirección de Administración de los Recursos Humanos. Artículo 2°.- Dése cumplimiento a lo resuelto en la Junta Médica concluida el día 11 de febrero de 2022, por la cual fueron acordadas las condiciones laborales con el agente Groppa Daniel Benjamín.
Artículo 3°.- Déjase establecido que este procedimiento, no reconocerá la percepción de haberes para el agente, por el período de tiempo no trabajado.”.- Corrido el traslado de la referida presentación, el actor contesta en PE428391-2022 planteando, sintéticamente, que la reincorporación se ordenó a partir del 11 de febrero de 2022, y no reconoce salarios por el periodo no trabajado; sin embargo, señala, que en virtud de la medida cautelar ordenada en autos la demandada tenía un plazo de veinte (20) días, el que comenzó a correr luego de que su parte prestó caución juratoria y notificó la medida al Municipio. Dicho plazo venció el 12 de julio de 2021 oportunidad en que, de acuerdo a la cautelar, debió ser reintegrado a su trabajo, y si bien puso a disposición de la empleadora su fuerza de trabajo desde ese momento, recién el 11 de febrero de 2022 se concretó la manda judicial.- Responsabiliza a la accionada por no cumplir con una disposición judicial, y reclama se le abonen los salarios caídos desde el 12 de julio de 2021, pues “Si durante el período de tiempo apuntado, en el cual el Municipio debió haberme dado de alta como empleado y no lo hizo sin justificativo alguno, la circunstancia que no haya prestado servicios no ha sido ocasionada por esta parte, sino que ha sido por responsabilidad exclusiva del ente municipal.
Por ello, ante es (sic) velado incumplimiento deberá acarrear con las consecuencia[s] de dicha conducta negativa en desmedro de la orden cautelar dispuesta por el Tribunal.” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- A su turno la Municipalidad se opone a la pretensión del actor manifestando que: “Siendo los presentes, un incidente de medida cautelar que no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión a debatirse en el proceso principal y solo está destinada a asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo (art 25 de la ley 2600), esta parte considerada (sic) que se ha agotado su cometido, ya que el incidentista se encuentra restablecido en su puesto laboral, debiendo el actor impulsar sus demás reclamos laborales por la vía procesal correspondiente...” (cfr.
PE448259-2022, pág. 2). Así es que, a su modo de ver, carece de competencia este Alto Cuerpo para abocarse al tratamiento de conflictos de estricta índole laboral como el pago de presuntos haberes caídos, que pretende el accionante, siendo que, a su entender, el artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600 veda la posibilidad de emitir declaraciones sobre derechos laborales que no sean los limitados al derecho administrativo, y concluye diciendo que existen otras vías procesales por las cuales encausar su reclamo (cfr. PE cit., pág. 3).-
II. Esta claro que el debate se suscita porque la accionada no cumplió tempestivamente con una orden judicial -dictada en el marco de un proceso cautelar- que mandaba reincorporar al Sr. Groppa, en un puesto de trabajo acorde a su estado de salud, previo dictamen de una junta médica, otorgando al efecto un plazo de vente (20) días conforme resolución adjunta en PE132058-2021. Dicha medida tiene la provisoriedad dada por su carácter cautelar y durará hasta que haya sentencia definitiva en el juicio principal; y su dictado tuvo por finalidad conjurar el desamparo en que se encontraría el actor, padre, además, de un hijo discapacitado.- Si bien podría aceptarse válidamente que el plazo de veinte (20) días lo fue al efecto de constituir la junta médica y no de restablecer laboralmente al actor, lo cierto es que, aun así, desde el 10 de junio de 2021, fecha en que fue notificada a la Municipalidad demandada la resolución ut supra referida (cfr. cédula obrante en PE144749-2021) hasta el 11 de febrero del 2022, momento en el cual fue repuesto el actor en su trabajo, transcurrió en demasía el tiempo fijado por este Tribunal Superior de Justicia. Este retardo de la Administración ya había provocado la resolución de este Alto Cuerpo adjunta en PE351364-2021, oportunidad en la cual se intimó a la demandada a ejecutar la medida en un plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de una multa a favor del accionante. En dicho pronunciamiento, además, se explayó este Tribunal Superior de Justicia sobre la gravedad que representa el no acatamiento de las decisiones judiciales en el marco del estado de derecho; dejando sentado que tal situación empeora cuando la falta proviene de un órgano estatal, palabras a las cuales nos remitimos en honor a la brevedad.- Sentado ello y dado que la demandada, aunque tardíamente, ha efectivizado la reincorporación del actor, el marco cognoscitivo del presente decisorio queda circunscripto a determinar si corresponde se le abonen a Groppa los salarios caídos, entre la fecha en la que debió materializarse su reingreso laboral y aquella en la que efectivamente ocurrió.-
III. La pregunta que debemos responder es si corresponde el pago de salarios no percibidos por el actor como consecuencia de haber, la accionada, demorado en reincorporarlo preventivamente al trabajo, conforme la orden judicial dictada con el carácter de medida cautelar (cfr. PE132058-2021).-
Sobre la materia es criterio reiterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no procede el pago de salarios por funciones no desempeñadas por el agente público aunque fuera ilegítimamente dado de baja salvo disposición legal expresa y específica en contrario (Fallos: 304:199; 308:732; 313:473; 319:2507, entre muchos otros).-
Son particularmente atinentes al supuesto bajo análisis, las siguientes citas: “La doctrina según la cual no corresponde, como regla, el pago de salarios por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del cargo del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación, salvo disposición legal expresa y específica en contrario, se aplica siempre que se da de baja ilegítimamente a un agente y que se lo reincorpora luego de un tiempo sin desempeñar funciones, sin que sea procedente distinguir entre agentes separados por sanciones disciplinarias -en el caso, se revoca la sentencia que admitió el reclamo al encuadrar la situación del actor en este supuesto- y agentes desplazados en virtud de una ley de prescindibilidad...” (cfr. sum. CSJN, “Ristagno, Luis B. c/ Corporación del Mercado Central de Buenos Aires”, del 08/07/2003, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/1963/2003).- Se ha dicho que: “…en el derecho administrativo nacional solamente la presencia de una norma legal expresa y específica para el caso puede hacer admisible el pago de salarios por servicios no prestados…” (Fallos 304:199 cit.).-
Asimismo, que: “…los haberes dejados de percibir desde el cese ilegítimo hasta la conclusión del período por el cual había sido designado, toda vez que su admisión implicaría en la práctica, el reconocimiento de los salarios caídos. Desde esta óptica, dicho resarcimiento, con independencia de la calificación que se le dé, resulta contrario al criterio sostenido por V. E., según el cual no corresponde, como regla, el pago de remuneraciones -por funciones no desempeñadas- a los agentes públicos dados ilegítimamente de baja, salvo disposición expresa y específica (Fallos: 304:199; 308:732; 312:1382; 316:2922; 319:2507).” (Del Dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 324:1860).- Así también que: “…consolidada doctrina del Tribunal establece que la indemnización calculada sobre la base de los haberes dejados de percibir, implica en la práctica el reconocimiento de los salarios caídos. Tal resarcimiento, con independencia de la calificación que se le otorgue, resulta contrario al criterio según el cual no corresponde, como regla, el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas a los agentes dados ilegítimamente de baja, salvo disposición expresa y específica (Fallos: 304:199; 308:732; 312:1382; 319:2507; 324:1860, entre otros).” (Fallos 339:372).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun con diferentes composiciones ha aplicado la doctrina citada, siempre que se da de baja ilegítimamente a un agente y que, luego de un tiempo sin desempeñar funciones, se lo reincorpora al cargo.-
En el mismo sentido, en un caso en que se dictó una medida cautelar ordenando restablecer al agente a su puesto laboral, ante el estado de necesidad en que se encontraba, si bien se hizo lugar a la reincorporación se rechazó el pago de los salarios dejados de percibir, indicándose al efecto: “Sin embargo, toda vez que la medida cautelar debe respetar el principio de necesidad en relación con el objeto principal…a fin de compatibilizar la garantía a la tutela cautelar efectiva con la adecuada protección de los bienes jurídicos que protege el interés público en cada caso concreto, corresponde limitar el alcance de la medida precautoria y excluir los salarios caídos pretendidos.” (cfr. CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala IV, “Krumpholz, Carlos Daniel c/ EN - Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986”, del 23/04/2019, www.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/JUR/15894/2019).- Al respecto, se ha sostenido que: “No corresponde, como regla, el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación, salvo disposición legal expresa y específica en contrario…No corresponde el pretendido pago de salarios caídos durante el período en que estuvo suspendido como consecuencia del sumario instruido en su contra y mientras se sustanciaba la causa penal generada por la denuncia oficiosa del hecho atribuido. No existe norma legal específica en el ordenamiento jurídico de Corrientes, aplicable a la situación del actor, de la que pueda extraerse autorización para el pago de sueldos correspondientes a tareas no desempeñadas, ni razones atendibles que justifiquen la condena pretendida...” (cfr. sum.
STJ Corrientes, “Rodríguez, Vicente c/ Provincia de Corrientes y otro s/ Acción contenciosa administrativa”; del 11/05/2015; www.rubinzalonline.com.ar. Cita Online: RC J 3459/15).- En igual sentido este Alto Cuerpo ha expresado que: “…siendo el sueldo la retribución por los servicios prestados, su privación se impone dado que el agente suspendido no trabajó durante el respectivo periodo...Entonces, si el salario es la contraprestación que el empleado público recibe por haber cumplido con la prestación debida en el marco de su relación de empleo público, de ello se deriva, necesariamente, que si no hubo prestación de servicios no se devengó el derecho a la percepción de los salarios…Allí radica el fundamento de por qué, en principio, no se le deben abonar los haberes al empleado público que no cumple con sus funciones…” (cfr.
Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 617, Folio 3548/3553 y Reg. 618, Folio 3554/3560).- Es así que desde la baja del actor y hasta su reincorporación provisoria por Decreto N° 818 del 23 de febrero de 2022, esto es, a partir del 11 de febrero de 2022, éste no ha desempeñado actividad laboral para la demandada, por lo que deberá aplicarse la doctrina precedentemente señalada.-
En efecto, y sobre la premisa de que no corresponde abonar salarios por periodos no trabajados, resulta improcedente el reconocimiento de los salarios no percibidos por el actor durante el periodo comprendido entre el momento en que debió reingresar (de acuerdo a la medida ordenada en la Resolución adjunta en PE132058-2021) y aquel en que tal disposición se concretó.-
No obstante, es oportuno también señalar lo expresado por este Alto Cuerpo sobre la cuestión aquí debatida, que: “...también solicita en su demanda se ordene: ‘…abonar los salarios caídos por todo el periodo devengado con más los intereses respectivos’...Esta última pretensión debe ser desestimada, toda vez que se trata de una cuestión que excede el marco del proceso contencioso administrativo (cfr. art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600)…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1067, Folio 3369/3375), aplicable al caso de autos, por lo cual la petición no resulta viable, en virtud de la limitación contenida en la norma citada.-
IV. Por otro lado, cabe señalar que la parte actora sostiene su pretensión pecuniaria en el incumplimiento, por parte de la accionada, de un mandato impuesto en una resolución judicial; sin embargo, nuestro ordenamiento procesal ha previsto que tal proceder se sanciona con astreintes (art. 37 del CPCyC), tal como en su oportunidad lo dispuso este Tribunal en la Resolución adjunta en los presentes en PE351364-2021.-
No obstante, es preciso advertir que la razón en la cual se fundó la orden de reingresar provisoriamente al actor a su trabajo fue el estado de necesidad en el que pudiera encontrarse al no recibir ingreso alguno, circunstancia ésta que, a la fecha, ha perdido actualidad, debido a que la reincorporación, aunque tardíamente, ya se concretó.-
En definitiva, la falta cometida por el Municipio demandado puede ser penada a través de las sanciones conminatorias previstas en el ordenamiento procesal, tal como indicáramos precedentemente. Sin perjuicio de lo cual, debemos destacar que la improcedencia del pago de salarios caídos nunca podría excluir el derecho al cobro de una suma que resarza adecuadamente los perjuicios efectivamente sufridos con motivo del obrar contra legem del órgano empleador. Resarcimiento que, si correspondiere, deberá encauzarse por la vía procesal correspondiente.-
V. De conformidad al análisis efectuado en los considerandos que anteceden, corresponde no hacer lugar a la pretensión de la parte actora en PE428391-2022 respecto al pago de los salarios no percibidos; imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600. Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Comparto la solución a la que arriban mis distinguidos colegas preopinantes así como también los fundamentos vertidos, con exclusión de la cita realizada en el último párrafo del considerando III relativa al caso “Márquez” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1067, Folio 3369/3375). Ello, en función de que en el precedente allí enunciado, disentí con los fundamentos empleados por el voto mayoritario para desestimar el reclamo de los salarios caídos pretendidos por el actor. En esa oportunidad, sostuve que la dilucidación de esa pretensión sí correspondía a la competencia de este Tribunal Superior de Justicia, en tanto se subsume en los artículos 1º, 2º inciso c) y 3º inciso b) -a contrario sensu- del CPCA, Ley Nº 2600. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia parcial de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar al pago de salarios no percibidos solicitado por la parte actora en PE428391-2022.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006C.231 Tomo: XVIII Sentencia: 1119 Folio N°: 3599/3602 Secretaría: 1
Fin de la sentencia