Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-803/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Intimar a la Municipalidad de Río Gallegos para que dé acabado cumplimiento con lo dispuesto en la resolución dictada en los presentes adjunta en PE132058-2021, en el plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de una multa a favor de la accionante de pesos tres mil ($ 3.000) por cada día de retardo en el cumplimiento (cfr. arts. 37 y 491 del CPC y C, por remisión de los arts. 22 y 45 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: G-803/19-TSJ Sentencia N°: 1093 Actor: GROPPA DANIEL BENJAMIN Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 15/12/21 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1093 FOLIO Nº 3497/3499 PROT. ELECT. TSS1 023 C.211
Río Gallegos, 15 de diciembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “GROPPA DANIEL BENJAMÍN C/ MUNIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº G-803/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la presentación efectuada por la parte actora mediante la cual denuncia el incumplimiento por parte de la demandada de la medida cautelar decretada en autos en la Resolución adjunta en PE132058-2021 (cfr. PE178174-2021).-
La sentencia interlocutoria dictada en los presentes dispuso que la Municipalidad de Río Gallegos: “…suspenda la ejecución del Decreto Nº 615/19 durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme; y a dictar los actos administrativos correspondientes a fin de reincorporar al incidentista a un puesto laboral, asignándole funciones acorde a su situación de salud actual (previo dictamen del área médica pertinente), en el término de veinte (20) días previa caución juratoria que deberá prestar el actor en autos a través del Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED).” (cfr. PE132058-2021).- El incidentista, prestó caución juratoria (cfr. PE134578-2021). Notificada la accionada el 10 de junio de 2021 de la medida cautelar dispuesta en autos (cfr. cédula adjunta en PE144749-2021) presentó escrito el 16 de junio de 2021 en el cual manifestó que su parte suspendió la ejecución del Decreto Nº 615/19 y, además, que había dispuesto dar continuidad a la licencia sin goce de haberes que usufructuaba el actor hasta la resolución definitiva de este litigio y convocar a una junta médica (cfr. PE150194-2021).- La accionante disconforme con este proceder, pues a su entender el Municipio no ha dado total cumplimiento con la medida decretada en autos, solicitó en la presentación del 12 de julio de 2021 que se lo intime para que en forma inmediata convoque a la junta médica que evaluará al Sr. Groppa y asigne funciones acordes a lo que allí se sugiere, habilitando la percepción de haberes pertinentes en atención, dice, a estar seriamente comprometida su subsistencia. Asimismo solicita se fije un plazo perentorio para que se lleve a cabo la junta médica y se fije una multa de 3.000 pesos diarios por cada día de retardo, a favor de la parte actora (cfr. PE178174-2021).- Corrido el pertinente traslado (cfr. PE139357-2021), la parte demandada no se manifestó al respecto, pasando los presentes al Acuerdo en PE152367-2021.-
El 26 de agosto de 2021, la accionada adjuntó mediante escrito el Decreto N° 3865 dictado el 20 de agosto de 2021, que dispone, únicamente, suspender los efectos del Decreto Nº 615/19 hasta tanto se dicte sentencia definitiva (cfr. PE219437-2021).-
II. La medida cautelar dictada en los presentes autos, comprendía además de la suspensión de los efectos del Decreto Nº 615/19 (por medio del cual se dio por extinguida la relación laboral entre las partes), que el actor fuera reincorporado en un puesto de trabajo acorde a su estado de salud (para cuya determinación instruía a la Municipalidad para que a través de las vías pertinentes realizara un dictamen médico), todo ello hasta que se dicte sentencia definitiva en el principal. El plazo que se otorgó para cumplir dichos mandatos fue de veinte (20) días, los que comenzaron a correr a partir de la notificación realizada a la demandada el 10 de junio de 2021 (cfr. cédula adjunta en PE144749-2021).- Vencido el plazo señalado precedentemente, se advierte que la demandada sólo ha cumplido parcialmente con la cautelar decretada en autos.-
En efecto, mediante el Decreto Nº 3865/21, se ha dispuesto la suspensión de los efectos del Decreto Nº 615/19. Si bien dicho cumplimiento (dado la fecha en que se realizó el mentado acto administrativo) ha sido tardío, cabe tener por cumplida dicha parte de la manda judicial, máxime cuando la resolución de este Tribunal Superior de Justicia no preveía ninguna sanción por la demora.- Sin embargo, la accionada no ha acreditado haber cumplido con las restantes medidas ordenadas, esto es, la reincorporación del Sr. Groppa en un puesto de trabajo acorde a su estado de salud, más aun ni siquiera ha realizado la junta médica que como paso previo a la reincorporación laboral se dispuso en la sentencia interlocutoria de este Alto Cuerpo.-
Se advierte así que se ha acatado, sólo parcialmente, la medida cautelar ordenada por este Tribunal Superior de Justicia puesto que nada ha hecho la Municipalidad a efectos de reincorporar al actor en un puesto de trabajo.-
Ante situaciones como la descripta, este Tribunal ha expresado que: “…las autoridades de un municipio no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción del Poder Judicial de la Provincia, y el deber de acatamiento que sobre ellas pesa adquiere mayor significación cuando se trata de pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia, que es supremo en el ejercicio de su competencia y cuyas decisiones son de cumplimiento inexcusable, sin que a ninguna autoridad municipal le esté permitido desconocerlas.” (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 449, Folio 1694/1701).- Debe este Alto Cuerpo manifestarse contra la reticencia a cumplir con sus mandatos, pues este es un elemento basal del estado de derecho. Resulta particularmente grave, cuando, como acontece en autos, la inobservancia de una disposición judicial proviene de un órgano estatal, como la Municipalidad de Río Gallegos.-
Para conjurar transgresiones como la acontecida en autos, la ley proporciona a los jueces remedios coercitivos “...las sanciones conminatorias o astreintes ‘...constituyen un medio del que los jueces pueden valerse con el objeto de vencer la reticencia de quien deliberadamente incumple un mandato judicial.’ (cfr. Fallos 343:140). Es decir, que no indemnizan daños, sino que cumplen un rol instrumental compulsivo y sancionatorio enderezado a preservar el cumplimiento de los mandatos judiciales...Sentado lo anterior, es dable remarcar que uno de los presupuestos necesarios para que proceda la aplicación de astreintes, está íntimamente ligado a la contumaz y recalcitrante negativa del deudor en dar cumplimiento al mandato judicial impuesto previamente.
Es decir, el incumplimiento es deliberado cuando el obligado no realiza voluntariamente la diligencia que le ha sido atribuida judicialmente, desplegando una conducta maliciosa y contraria al principio de buena fe, o cuanto menos negligente y displicente. También se requiere un incumplimiento actual y subsistente. La naturaleza conminatoria y sancionatoria pierde toda su fundamentación y razón de ser si la obligación que ha sido impuesta al deudor ya se encuentra satisfecha en plenitud por éste. En ese derrotero, el incumplimiento debe persistir en el devenir del tiempo para permitir que las astreintes a aplicarse al incumplidor satisfagan su finalidad principal, toda vez que si ello no es así, su aplicación resultará abstracta e irrelevante (cfr.
González Barlatay, Felipe Miguel: ‘Las astreintes en el Derecho Administrativo’, 1ª ed., La Plata, LEP, 2018, págs. 55 y 58).” (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- Este Alto Cuerpo ha sostenido que las astreintes “…tienden a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido. Se trata de una vía de compulsión legítima a la que están autorizados a recurrir los jueces para lograr el acatamiento de sus decisiones. (conf. Arazi - Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 3ra. ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, Tomo I, pág. 208).” (cfr. Otros Recursos, Tomo IX, Reg. 445, Folio 1681/1684).- En el sub judice, conforme a la reseña efectuada precedente-mente, ante el incumplimiento, debe este Tribunal Superior de Justicia tomar las medidas de compulsión necesarias para que la Municipalidad demandada cumpla acabadamente con la obligación que cautelarmente se le impuso y, consecuentemente, intimarla para que en el plazo perentorio de 10 días cumpla en su totalidad con la resolución dictada en los presentes (consistente en reincorporar al Sr.
Groppa en un puesto de trabajo acorde a su estado de salud, previo dictamen del área médica pertinente) adjunta en PE132058-2021, bajo apercibimiento de una multa a favor de la accionante de pesos tres mil ($3.000) por cada día de retardo en el cumplimiento (cfr. arts. 37 y 491 del CPC y C, por remisión de los arts. 22 y 45 del CPCA, Ley Nº 2600).- Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Intimar a la Municipalidad de Río Gallegos para que dé acabado cumplimiento con lo dispuesto en la resolución dictada en los presentes adjunta en PE132058-2021, en el plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de una multa a favor de la accionante de pesos tres mil ($ 3.000) por cada día de retardo en el cumplimiento (cfr. arts. 37 y 491 del CPC y C, por remisión de los arts. 22 y 45 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1023C.211 Tomo: XVIII Sentencia: 1093 Folio N°: 3497/3499 Secretaría: 1
Fin de la sentencia