Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-79070984-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A.
2Imponer las costas a la actora respecto del punto anterior.
3Confirmar parcialmente la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS (u$s115.594,22) en concepto de derechos antidumping e IVA, importe que deberá ser convertido a pesos conforme el tipo de cambio vendedor que utilizara el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A. los que deberán computarse desde el 1-4-16 hasta la fecha del total y efectivo pago.
4Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
5Revocar parcialmente la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias -$222.229,52-, con costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-106901772-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Septiembre de 2025 S.R.L.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2022-
79070984- -APN-SGASAD#TFN
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del litigio: Decidir si resulta ajustada a derecho la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, mediante la cual se le exige a la firma importadora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. y la diferencia de tributos más intereses respecto del DI 15091IC04006251Z.
II. Fundamentos del recurso: En RE-2022-65585363-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución indicada ut supra. En primer término, aduce que es nula la apertura de sumario en los términos del art. 1094 del C.A. atento a que no se efectuó liquidación, no hay verificación ni se abrió la causa a prueba. Entiende que siendo nulo el auto de apertura de sumario, operó la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y los tributos. Plantea la inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 27.562. Alega que no procede su aplicación en forma retroactiva. Asimismo, peticiona la aplicación de la jurisprudencia de la CSJN en “CLADD ITA S.A. (TF22.343 –A) c/EN-DGA RESOL. 2590/06 (EXPTE. 604155/01) s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS”. En cuanto al fondo, entiende que no se configura la infracción que se le imputa. Sostiene que la aduana no probó que la mercadería es de distinta calidad a la documentada en el DI. Aduce que el cambio de P.A. no implica que se configure la infracción que se le imputa. En subsidio, se agravia de la liquidación de los tributos efectuada en dólares con fundamento en que la ley 23.928 derogó el art. 20 de la ley 23.905. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
III. Contestación del fisco: En IF-2022-117489645-APN-DTD#TFN se presenta el fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. En cuanto al planteo de nulidad, aduce que es doctrina de la CSJN que, cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Respecto a la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y percibir los tributos, remite a lo dispuesto en los arts. 937, inc. a) y 805, inc. a) del C.A., respectivamente. Concluye que no ha operado la prescripción. Hace referencia al principio básico de la veracidad y exactitud de la declaración aduanera. Alega que, en tal sentido resulta imprescindible que los despachantes de aduana, importadores, transportistas, agentes de trasporte, viajeros, tripulantes, etc., suministren precisa y concretamente todos los elementos de juicio e informaciones necesarias que permitan al servicio aduanero ejercer sus facultades de control y, en su caso, determinar los tributos aplicables. Alega que lo declarado difiere de la comprobación y que de haber pasado inadvertido, se hubiera producido un perjuicio fiscal -esto es: art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A-. Asimismo, aduce que las obligaciones aduaneras se liquidan en dólares por aplicación de lo dispuesto en el art. 20 de la ley 23.905. Adjunta las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
IV. Que, se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas 17203-26-2015 se inician con el Acta de denuncia por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) y c) del C.A. toda vez que del control de la destinación 15091IC04006251Z se declara en el campo OM-1993SIM, FLETE TOTAL la suma de u$s280,80; en tanto que del CONOCIMIENTO DE EMBARQUE surge un valor flete oceánico de u$s494,19; además en el ítem 1 se declara “LOS DEMAS DE FUNDICION NO MALEABLE MOLDEADOS ACCESORIOS DE TUBERIAS”, P.A. 7303.11.00.900K, resultando de la verificación que se trata de: subitem 1 a 6 “CUPLAS DE FUNDICION”, P.A. 7307.19.90.149H, subitem 7 a 21 “TEES DE ACOPLE PARA TUBERIAS DE FUNDICION”, P.A. 7307.19.90.139E; subitem 22 a 29 “TAPAS PARA TUBERIAS DE FUNDICION”, P.A. 7307.19.90.139E; siendo esta mercadería alcanzada por la Res.
Ministerial 202/10 y 1006/04 que fija un derecho antidumping ad valorem de 295%. A fs. 3/5 se efectúa liquidación. A fs. 6 luce el print de pantalla de la destinación. A fs. 16/17 el 20-8-15 se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) y c) del C.A. y se corre vista a la firma y al despachante de aduanas. A fs. 21 se notifica la actora el 17-3-16 y el despachante vía SICNEA -fecha de envío: 10-3-16, sin figurar fecha de notificación-. Con posterioridad, se adjunta: Certificado de Origen y factura. A fs. 26 la actora solicita se libre a plaza la mercadería bajo garantía. A fs. 45 se intima al despachante a dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1034 del C.A., se tiene por presentada a la firma importadora y se hace lugar a la solicitado.
A fs. 45 se determina la garantía. A fs. 47/50 efectúa su defensa la importadora y a fs. 55/56 el despachante de aduanas. A fs. 60 se adjunta print de pantalla de garantías. A fs. 71 se efectúa el LMAN. A fs. 82 el 20-9-16 se ordena la liberación a plaza de la mercadería previa extracción de muestras o en su defecto la agregación de material técnico, fotográfico, folletos explicativos, catálogos. A fs. 85 se glosa la fotografía. A fs. 87 se remiten la actuaciones a la División Clasificación Arancelaria a los efectos de que clasifique la mercadería teniendo en cuenta la foto de fs. 85. A fs. 88 la División Clasificación Arancelaria dice: “Analizados los elementos de juicio obrantes en autos, esta instancia sugiere (…) remitir las presentes actuaciones a la División Control Fiscalización Simultánea (…) a los efectos de que se adjunte muestra representativa de las mercaderías en litis, o en su defecto se indique en los catálogos adjuntos cuáles son los bienes que se corresponde con cada uno de los ítem denunciados.”.
A fs. 89 se glosa copia de la factura. A fs. 91/98 luce el Dictamen Técnico y con posterioridad el informe de la División Arancel Informática. A fs. 103 se agrega la consulta al Registro General de Infractores y a fs. 106 el DI. A fs. 107/108 se efectúa liquidación. A fs. 110/116 luce la Resolución 2566/2021 de fecha 15-6-21 y a fs. 120/121 la aprobatoria 453/2021de fecha 16-12-21; notificada a la actora el 4-5-22.
VI. Que, en primer término, corresponde analizar el planteo de nulidad opuesto por la actora con fundamento en que el auto de apertura de sumario no cumple con lo dispuesto en el art. 1094 del C.A.
Que el 20-8-15 se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) y c) del C.A. respecto del DI 15091IC04006251Z -ver fs. 16/17 de las actuaciones administrativas-.
Que, considero que el auto de apertura de sumario es válido en razón de que el mismo se dictó en virtud del Acta de Denuncia de fs. 2 de las actuaciones administrativas en el que expresamente obran consignados los hechos. A fs. 3/5 luce la liquidación. A fs. 6/7 el print de pantalla del DI referido.
VII. Que, en consecuencia, resultando válido el auto de apertura de sumario, corresponde tratar la excepción de prescripción tributaria opuesta por la actora.
Que, el art. 803 del C.A. establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de su constatación (...)” Que, el inicio del cómputo de la prescripción tributaria es: 1-1-16 -el DI se oficializa el 18-5-15-, por lo que de no mediar causales suspensivas de su curso operaría el 31-12-20.
Que, corresponde aclarar que como el 20-8-15 se instruye sumario, el mismo no tiene virtualidad para suspender el curso del plazo prescriptivo atento a que se dictó con anterioridad al inicio de su cómputo.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 17 de la ley 27.152 se suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 18, la referida ley comienza a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina -léase: 26-8-20-.
Que, en consecuencia, al 26-8-20 transcurrieron 4 años y 7 meses y 25 días; reiniciándose el cómputo del plazo el 27-8- 21.
Que, entonces, considerando que restan para que opere el plazo de la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos 4 meses y cuatro días; la prescripción opera el 31-12-21.
Que, en consecuencia, y atento a que la Resolución 2566/2021 se dictó el 15-6-21 y la aprobatoria 16-12-21, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
VIII. Que, seguidamente, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa. Que, la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años -art. 934 del C.A.-
Que, la prescripción penal comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción, o en caso de no poder precisársela, en la de su constatación -art. 935 del C.A.- Que, en consecuencia, el inicio del cómputo de la prescripción es del 1-1-16, por lo que de no haber causales interruptivas de su curso, opera el 31-12-20.
Que, como ya se dijo, como el auto de apertura de sumario es anterior al inicio del cómputo de la prescripción no tiene virtualidad para interrumpir su curso.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 17 de la ley 27.562 se suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para aplicar multas.
Que, entonces, conforme lo establecido en el art. 18 de la referida ley, al 26-8-20 transcurrieron 4 años y 7 meses y 25 días; reiniciándose el cómputo del plazo el 27-8-21.
Que, considerando que restan para que opere el plazo de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa 4 meses y seis días; la prescripción opera el 31-12-21; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 15-6-21 y la aprobatoria el 16-12-21, se debe rechazar el planteo opuesto por la actora.
IX. Que, no se debe hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.562 efectuado por la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 1164 del C.A. que dispone que: “La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por este tribunal.”
X. Que, sentado lo expuesto, a continuación corresponde analizar el fondo; esto es: si resulta ajustada a derecho la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, mediante la cual se le exige a la firma importadora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. respecto del DI 15091IC04006251Z y diferencia de tributos más intereses.
Que, resulta pertinente aclarar que no escapa a la vista del suscripto que en la Resolución apelada solamente se condena a la actora por la infracción referida; y no así por el inciso c).
Que, en lo que aquí interesa, mediante el DI, oficializado el 18-5-15, se documenta la importación de 15.669 unidades de “Los demás de fundición no maleable -Moldeados: Accesorios de tubería (POR EJEMPLO EMPALMES, RACORES, CODOS, MANGUITOS), de fundición, hierro o acero”, mercadería que clasifica en la P.A. 7307.11.00.900K. Que, la División Verificación da cuenta que en la destinación referida se han constatado diferencias de calidad entre las mercaderías allí documentadas y las tenidas a la vista por el verificador, resultando clasificables en distintas posiciones arancelarias, las que se encuentran alcanzadas por las Resoluciones 202/2010 MI y 1006/2004 MEEP que fijan el derecho antidumping ad valorem de 295% -léase perjuicio fiscal, art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A.-.
Que, con posterioridad, la firma importadora solicita el libramiento a plaza de la mercadería -art. 453 inc h) C.A.-, el que se autoriza a fs. 81, previa extracción de muestras representativas, agregación de folletos y/o documentación pertinente -la que es agregada a fs. 85 y 89 de las actuaciones administrativas y en la que se basa el fisco para condenar a la actora-. Que, entonces, y conforme surge de la parte dispositiva de la Resolución apelada: “(...) no se está ante una mera cuestión clasificatoria puesto que sí se ha constatado una diferencia de calidad entre la mercadería documentada y la presentada a verificación. En tal sentido y tal como lo indicara el área dictaminadora, se documentó la importación de “accesorios de fundición no maleable” cuando en realidad se estaba en presencia de accesorios de fundición de “hierro ductil o nodular” -conforme muestra y catálogo-”
Que, es por esto que el fisco entiende que la mercadería clasifica en la P.A. 7307.19.90.910 y 7307.19.90.990 y no en la declarada; y siendo que las mismas tienen derechos antidumping, le reclama a la actora diferencia de derechos y una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A.
XI. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar si se configura la infracción.
Que el art. referido dispone que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio”
Que, entonces, para resolver se debe analizar si la mercadería es la declarada por la actora -esto es: hierro no maleable- o si es la que entiende la aduana -léase: hierro dúctil o maleable-; toda vez que a las mismas le corresponden distintas P.A., no encontrándose gravada la declarada por la actora con derechos antidumping; y en cambio, la que sostiene el fisco sí. Que, como ya se dijo, de fs. 82 de las actuaciones administrativas surge que se libera a plaza la mercadería previa extracción de muestras o en su defecto la agregación de material técnico, fotográfico, folletos explicativos, catálogos. Que, asimismo, conforme surge del catálogo que luce a fs. 85 de las actuaciones administrativas la descripción de la mercadería coincide con la que entiende que corresponde la aduana -esto es: “accesorios para tuberías consistentes en cuplas, cuplas tipo T y tapas para cuplas” fabricadas en fundición de hierro ductil o nodular.
Que, asimismo, esto coincide con lo que surge de la fotografía que luce a fs. 85 de las actuaciones administrativas. Que, entonces, siendo que la mercadería clasifica en la P.A. 7307.19.90.990 y 7307.19.90.910 y no en la declarada - inexactitud de la declaración-; la que, como ya se dijo, se encuentran gravadas con un derecho antidumping del 295%, de haber pasado inadvertida esta inexactitud se hubiera producido un perjuicio fiscal.
Que, en consecuencia, se configura la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A. resultando ajustada a derecho la exigencia de la multa.
XII. Que, seguidamente corresponde analizar si resulta ajustado a derecho el cargo tributario.
Que, en primer término, se debe aclarar que por aplicación de lo dispuesto en el art. 20 de la ley 23.905 la deuda tributaria nació en dólares estadounidenses.
Que en el precedente “Volkswagen Argentina SA c/AFIP-DGA”, de fecha 23/8/2011, la CSJN apoyó la postura de la Procuradora Fiscal, quien entendió que el art. 20 de la ley 23.905 no fue dejado sin efecto por la ley 23.928 -como entiende la actora-, porque según lo dispuesto en su art. 7 ésta solo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debate debían determinarse en dólares. Que, en virtud de lo expuesto, resulta ajustada a derecho la moneda en que se liquidaron los tributos.
XIII. Que, respecto a las percepciones de IVA adicional y de ganancias, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema en la causa "CLADD ITA S.A. (T.F. 22.343-A) c/ En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas", al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de aquéllas.
Que, en consecuencia, corresponde revocar las percepciones de IVA Adicional y Ganancias -$222.229.52- y, aplicando los criterios de imposición de costas de la mayoría de la Sala en que subrogo, corresponde imponerse las costas respecto de este punto al fisco.
XIV. Que, en virtud de lo expuesto, se debe reliquidar la obligación tributaria:
Diferencia de tributos:
Derechos Antidumping: u$s 95.532,41 IVA: u$s 20.061,81 Total: u$s115.594,22 más intereses Que, en consecuencia el cargo tributario asciende a CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS (u$s115.594,22) en concepto de derechos antidumping e IVA. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
XV. Que los intereses adeudados son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 17-3-16 -ver fs. 21 de las actuaciones administrativas- , por lo cual los mismos deben computarse a partir del 1-4-16 hasta la fecha del total y efectivo pago.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A.
2. Imponer las costas a la actora respecto del punto anterior.
3. Confirmar parcialmente la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS (u$s115.594,22) en concepto de derechos antidumping e IVA, importe que deberá ser convertido a pesos conforme el tipo de cambio vendedor que utilizara el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A. los que deberán computarse desde el 1-4-16 hasta la fecha del total y efectivo pago.
4. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
5. Revocar parcialmente la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias -$222.229,52-, con costas al fisco. El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que adhiero a lo dispuesto en los Considerandos I a VII y XII a XV y, en consecuencia, a lo decidido en los ptos. 3.-, 4.- y 5.- del voto del Dr. Segura. ASÍ LO VOTO.-
II. Que en relación al agravio de la firma actora vinculado a la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir la multa objeto de autos, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A). En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, la que “...no se altera por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción...”; como así también la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalando que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
En tal orden de ideas, corresponde dejar sentado que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822). Por último, el carácter eminentemente penal de las multas y la aplicación a su respecto de las disposiciones del Código Penal para juzgar planteos prescriptivos ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
III. Que, bajo tales premisas, cabe colegir que el principio de legalidad, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no son aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas. Ello es así, puesto que, en función del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran el bloque de constitucionalidad, expresan con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la ley penal más benigna (CSJN in re “Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/ inf. art. 144 bis”, del 04/12/2018: voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
IV. Que, en tal sentido, corresponde precisar que el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que ésta debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su vigencia, con excepción de la ley penal más benigna en virtud de la cual debe ser aplicada toda legislación que, con posterioridad a la comisiín del delito, disponga la imposición de una pena más leve (confr. Fallos: 330:5158, de la disidencia parcial del Dr. Lorenzetti).
En efecto, al sancionar en el artículo 18 de la Constitución Nacional el principio de irretroactividad de la ley penal, nuestros constituyentes recogieron una de las manifestaciones más conspicuas de las exigencias del humanismo liberal. Pues en nuestra tradición constitucional y en toda la cultura jurídica y política en que ella se enmarca, el principio de irretroactividad penal no está sujeto a limitaciones y debe, por ello, aplicarse sin condicionamientos. Su fuerza normativa proviene del hecho de que funciona como la principal y más eficaz garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo estatal. Como el principio de legalidad del cual deriva, el principio de irretroactividad disciplina y limita el poder punitivo del Estado y constituye, en última instancia, el mejor parámetro para distinguir entre un Estado de Derecho y un mero derecho de estado (Fallos: 341:1768, disidencia del juez Rosenkrantz).
V. Que, por lo tanto, resulta ajustado a derecho concluir en que la pretensión fiscal de introducir una nueva causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, como es aquella contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562 -norma que suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, vulnera de modo palmario el principio de irretroactividad de la ley penal contenido en el artículo 2° del Código Penal -plenamente aplicable en materia aduanera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del citado cuerpo normativo- y con jerarquía constitucional en los artículos 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en violación al derecho al debido proceso y al principio de legalidad consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en tanto la garantía consagrada en el referido artículo 18 comprende la exclusión de disposiciones penales -no así de aquellas de naturaleza tributaria- posteriores al hecho infractor que impliquen empeorar o agravar las condiciones de los sumariados al momento de cometida la supuesta infracción, habida cuenta que, en el caso bajo examen, la norma en crisis fue publicada en el Boletín Oficial en fecha 26/8/2020, cuando ya había comenzado a correr el curso de la prescripción del Fisco Nacional (DGA) para aplicar “sanciones” (1/1/2016). En consecuencia, corresponde revocar la multa impuesta mediante la Resolución aduanera apelada en autos. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A.
2. Imponer las costas a la actora respecto del punto anterior.
3. Confirmar parcialmente la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS (u$s115.594,22) en concepto de derechos antidumping e IVA, importe que deberá ser convertido a pesos conforme el tipo de cambio vendedor que utilizara el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A. los que deberán computarse desde el 1-4-16 hasta la fecha del total y efectivo pago.
4. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
5. Revocar parcialmente la Resolución 2021-2566, recaída en las actuaciones administrativas 17203-26-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias -$222.229,52-, con costas al fisco.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.09.23 14:55:43 ART Date: 2025.09.24 17:56:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.25 14:30:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.25 14:31:37 -03:00
Fin de la sentencia