Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 37.091-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la actora, sin costas.
2Revocar parcialmente el art. 2° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12312-140-2012, en cuanto desestima el valor FOB declarado, con costas a la Aduana.
3Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12312-140-2012, en cuanto ajusta el valor en aduana declarado por la inclusión de regalías y confirma los Cargos Nros. 9, 10, 11, 12 y 13/2013, con costas a la actora.
4Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), en cuanto condena a la actora por infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, exclusivamente respecto del perjuicio fiscal derivado de la omisión de declarar las regalías cuya inclusión en el valor en aduana se confirma en el artículo precedente, con costas a la actora.
5Ordenar a la DGA que practique nueva liquidación en los términos del art. 1166 del Código Aduanero, conforme las bases fijadas en el presente voto.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-76370320-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 7 de Agosto de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “E”, Dr. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante) y Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del segundo de los Vocales nombrados, a fin de resolver en los autos caratulados: “GRUPO AGROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expte. N° 37.091-A, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo Nro. 025/2016 (AD PASO) dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en la Actuación N° 12312-140-2012 (Sumario Contencioso N° 309/2013-7), mediante la cual, en el art. 1, se condena a la firma GRUPO AGROS S.R.L. por la infracción prevista en el artículo 954 apartado 1 inc. c) (sic) del Código Aduanero al pago de una multa por la suma de $ 98.377,43 (en relación a las destinaciones de importación 12 042 IC05000858 R, 12 042 IC05000862 M, 12 042 IC05000881 N, 12 042 IC05000274 J y 12 042 IC05000275 K) y a la vez, en su art. 2, se confirman los cargos N° 9/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013 y 13/2013.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 22/32 se presenta el presidente de la firma, con patrocinio letrado e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. Efectúa un pormenorizado relato de los hechos y plantea la nulidad absoluta de todo lo actuado y de la resolución apelada en tanto entiende vulnerado su derecho de defensa en juicio. Sostiene la improcedencia de la imputación infraccional invocando el incumplimiento del instituto previsto en el art. 226 y SS del CA., en tanto, la firma importadora, con autorización de la aduana a través de la Resolución Nro. 336/2010 (AD PASO), ha declarado “en forma supeditada” los despachos de importación analizados, a la decisión que recayere en las actuaciones 12312-136-2010.
Resalta que, resulta ilegítima, improcedente y nula de nulidad absoluta, la imputación infraccional y la multa reclamada por declaración inexacta, ya que no puede imputarse dicha infracción, si las destinaciones fueron efectuadas de modo “supeditado” con autorización de la propia aduana. Afirma que los cargos impugnados y confirmados son nulos de nulidad absoluta desde su inicio, por cuanto además de vulnerar y oponerse al Acuerdo para la Aplicación del Art. VII del GATT, no se encuentran debidamente fundamentados o su intento de fundamentación resulta confuso. Sostiene que, la resolución que confirma los cargos parecería modificar su insuficiente fundamento, en cuanto indica que los reclamos tributarios se encontrarían relacionados a supuestas regalías no devengadas y no a los supuestos valores de salida de la mercadería desde el país de exportación.
Refiere que a los fines de efectuar los ajustes, el servicio aduanero jamás aportó documentación respaldatoria válida y fehaciente que justifique los supuestos valores considerados para realizarlos. Agrega que, la aduana para arribar al ajuste que se pretende efectuar acudió a supuestos antecedentes que no responden a ninguno de los métodos subsidiarios previstos en el mencionado acuerdo de Valor GATT y no se ajusta a las previsiones del art. 1 del Acuerdo. Destaca que, concertó el precio declarado en las destinaciones con el vendedor de la mercadería constituyendo dichos valores declarados el precio genuino de las transacciones efectuadas, y que no existe ningún elemento que permita suponer que las transacciones se efectuaron según el supuesto valor declarado por el exportador brasilero.
Entiende que en una hipótesis de ventas sucesivas, la venta para su exportación al país de importación es la consensuada entre el vendedor y el comprador y no la que incluye al fabricante con el vendedor. Arguye que el ajuste propiciado por la Aduana es sobre el precio de venta declarado en el despacho y no sobre el valor documentado en Brasil como consecuencia de la primera venta. Descarta como válidos los antecedentes tenidos en cuenta por la Aduana por encontrarlos carentes de vigencia y sin respaldo documental suficiente. Cita jurisprudencia al respecto. Finalmente ofrece prueba y solicita que se declare la nulidad del sumario y se revoque la resolución aduanera, con costas.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 47/50 la representante fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos acaecidos en sede aduanera y cumple con la negativa genérica de todas y cada una de las afirmaciones y documentación acompañada por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene en relación a la carencia de fundamentos de la resolución aduanera que, la misma resulta muy concreta puesto que explica que existe un ajuste de oficio sobre el valor de importación por cuanto la recurrente no declaró las regalías dentro del precio pagado o por pagar, conforme el art. 8 inc d) del acuerdo GATT. Señala que los cargos confirmados por no haber declarado los ajustes son el fundamento de la imputación formulada, motivo por el cual lo que se deberá determinar es si el estudio de valor resultó correcto, y se remite a los informes técnicos obrantes en las actuaciones administrativas. Manifiesta que, el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, es decir lo que efectivamente e íntegramente se paga por ellas. Sostiene que, la declaración inexacta ha quedado debidamente tipificada, en tanto la diferencia de valor y por ende un pago de tributos menor tanto como un egreso diferente del que corresponde, dándose en autos la figura prevista en los incs a y c del art 954 del CA. Finalmente hace la reserva del Caso Federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme el fallo recurrido, con expresa imposición de costas.
IV. Que a fs. 51 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 56/59 y 73/78, y asimismo se resuelve tratar con el fondo de la cuestión el planteo de nulidad de la actora . A fs. 87 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 88 se pasan los autos a sentencia.
V. Que a fs. 1/5 de las actuaciones administrativas Nro. 12312-140-2012 (Sumario N° 309-2013/7) se agregan los sobres contenedores de las destinaciones 12 042 IC05000858 R, 12 042 IC05000862 M, 12 042 IC05000881 N, 12 042 IC05000274 J y 12 042 IC05000275 K. A fs. 51/54 se adjunta el Informe N° 008/2013 (SE FVIM) de fiscalización documental y análisis de valor de las destinaciones documentadas por la firma importadora. A fs. 57 se agrega el acta de denuncia por presunta declaración inexacta prevista y penada por el art. 954 inc a) del CA conforme informe de fs. 51/54 y a fs. 58/70 se confeccionan los cargos 9, 10, 11, 12 y 13/2013, notificados a la firma el 20/3/2013. A fs. 80/82 se dispone instruir sumario por la infracción prevista en el art. 954 inc a) del CA y se ordena correr vista de todo lo actuado, lo que se le notifica a la firma con fecha 25/03/2013. A fs. 102/108 “GRUPO AGROS SA” interpone recurso de impugnación contra los cargos formulados y a fs. 130/133 contesta la vista conferida. A fs. 155/156, se agrega la Resolución N° 336/2010 (AD PASO) de fecha 31/03/2010, dictada en el SIGEA 12312-136-2010, mediante la cual se autoriza a la firma a declarar en forma supeditada. A fs. 158/160 la importadora contesta nueva vista y a fs. 161/162 se dicta la Resolución Fallo 025/2016 (AD PASO) apelada en autos.
VI. Que, en primer lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por la actora en su recurso de apelación. Como fundamento de dicho planteo, la recurrente entiende que acontecieron una serie de irregularidades en el trámite del sumario las cuales lo tornarían nulo, afectando el principio de defensa en juicio. Asimismo, considera que la resolución aduanera no se encuentra debidamente fundada y que el sumario se limitó a ser una ficción a los fines de salvaguardar formalmente el debido proceso.
Que, el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente resulta inadmisible puesto que cualquier menoscabo al derecho de defensa puede ser subsanado en esta instancia recursiva ulterior, resultando aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205:549 y 267:393).
Que, a mayor abundamiento, y en relación a las demás cuestiones que forman parte del planteo de nulidad efectuado por la recurrente, las mismas contienen una estricta vinculación con los agravios que sustentan la apelación, de modo que como lo enseña Francesco Carnelutti, “... del principio de la absorción de la invalidación en la impugnación deriva también para el proceso penal la regla formulada por los estudiosos del proceso civil en el sentido de que los vicios de la providencia impugnada se convierten en motivos de impugnación; esto quiere decir que en cuanto una providencia viciada sea impugnable, el poder de invalidación no concurre con el de impugnación, sino que en el mismo es absorbido como en la rescisión es absorbida la anulación. Tal absorción está al punto de llegada de una evolución histórica que aquí ni siquiera en sus puntos generales podría trazar; en línea muy general, indico sólo que la rescisión del acto injusto constituye un paso adelante sobre la anulación del acto viciado; en esto se manifiesta el pensamiento, lentamente formado, de que los requisitos del acto y, en particular, los requisitos formales valen no por sí sino como medios al fin de su justicia, la cual verdad, aun cuando obvia, no ha tenido un camino fácil en la historia del derecho ...” (Lecciones sobre el proceso penal. Vol. III, pág. 217. Bosch y Cía. editores. Buenos Aires. 1950).
Que, habiéndose desplegado como parte del sustento de la nulidad impetrada fundamentos que guardan directa relación con los agravios de fondo, cabe concluir que debe rechazarse la cuestión de nulidad en cuanto a tratársela autónomamente.
Que, en consecuencia de lo expuesto precedentemente, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado, sin costas.
VII. Que, sentado lo expuesto corresponde analizar el agravio de la recurrente en cuanto entiende que no puede imputarse la infracción al art. 954 del CA con relación a los despachos que tramitaron en forma supeditada, por los cuales, a la vez se efectúa un ajuste tributario.
Que, resulta oportuno señalar brevemente que la firma solicitó supeditar el trámite de los DI N° 12 042 IC05000858 R, 12 042 IC05000862 M, 12 042 IC05000881 N, 12 042 IC05000274 J y 12 042 IC05000275 K a lo que se resolviera respecto del DI N° 10 042 IC05 2902H, en tanto existir coincidencia entre la mercadería a documentar por los mismos.
Que, durante la tramitación de este último despacho (DI N° 10 042 IC05 2902H), el servicio aduanero detuvo el curso del mismo en tanto habría constatado mediante el sistema INDIRA, que la mercadería en él documentada habría sido exportada desde Brasil a un valor FOB diferente del declarado para la importación a nuestro país. Que, habiéndose solicitado autorización al Administrador de la Aduana de Paso de los Libres a los efectos de declarar en forma supeditada los despachos antes referidos, la misma fue concedida en fecha 31/03/2010 mediante resolución N° 336/2010 (AD PASO) y, en consecuencia, al documentar cada uno de los despachos se consignó en el casillero “documentos a presentar” la resolución que autorizó la supeditación y se acompañó en cada uno de los sobres de los despachos una copia de la misma (ver fs. 1, 2, 3, 4 y 5 de las actuaciones administrativas).
Que el instituto de la supeditación se encuentra regulado en el art. 226 del C.A., en el cual se dispone que “Si en sede aduanera hubiere en trámite alguna controversia, sumarial o no sumarial, originada en la declaración de los elementos necesarios para la clasificación arancelaria, valoración o aplicación de los tributos y prohibiciones referidos a una mercadería de importación, que fueren identificados aquellos que hubieren de ser objeto de declaración, el interesado podrá comprometer ésta última en forma supeditada a la del antecedente. El pronunciamiento final que recayere en sede aduanera se hará extensivo a la declaración supeditada, sin perjuicio de la eventual interposición de los recursos que, individualmente, pudieren corresponder contra la decisión”.
Que dicho instituto evita –justamente- someterse a la apertura de nuevos sumarios infraccionales por cada declaración que se efectúe y contenga las mismas circunstancias fácticas que una controversia anterior que se encontrara aún en trámite. También se soslaya la profusión de causas y el consiguiente dispendio procesal. Pero, amén de ello, el énfasis radica en la seguridad jurídica para el importador, previa advertencia del hecho a la autoridad aduanera, que la declaración que se está supeditando a las resultas de una controversia, no será considerada inexacta a los fines infraccionales. Por lo tanto, la supeditación sortea para su beneficiario, por un lado, la infracción por declaración inexacta y, por el otro, el pago de la diferencia tributaria que se pueda originar a favor del Fisco hasta tanto no se resuelva el antecedente al cual se está supeditando. (Conf. Sentencia de esta Sala G en fecha 18/07/2014, “UNISEL ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación” Expte. N° 27.668-A).
VIII. Que aclarado lo expuesto, a los fines de resolver la cuestión de autos, corresponde analizar ahora el aspecto de la infracción endilgada a la recurrente. Recordemos que mediante la resolución aduanera aquí apelada, el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres condenó –en cuanto resulta de interés para el análisis de este punto- a GRUPO AGROS S.R.L., por considerar configurada a su respecto la infracción prevista y penada en el art. 954 ap. 1° inciso a) del C.A. imponiéndole el pago de una multa en relación a los despachos de importación N° 12 042 IC05000858 R, 12 042 IC05000862 M, 12 042 IC05000881 N, 12 042 IC05000274 J y 12 042 IC05000275 K ($ 98.377,43.-). Cabe acalarar que, si bien en el art. 1° de la citada resolución se indica que se configuró la infracción prevista en el art. 954 inciso c), conforme el trámite del expediente administrativo y de los considerandos de la resolución se desprende que la infracción endilgada es la del art. 954 inc. a). Que el tipo infraccional del art. 954 del C.A. requiere en primer lugar una diferencia entre alguno de los aspectos o rubros de declaración “exigibles” y la comprobación que efectúe el servicio aduanero respecto de tales aspectos. Luego, se determina si esa diferencia ha producido o –en caso de haber pasado inadvertida- hubiera podido producir -en el caso de autos- un perjuicio fiscal (inciso a), que resulta ser uno de los tres efectos previstos en la figura para hacer punible aquella diferencia.
Que se debe distinguir entonces entre la declaración (“exigible”) del precio y de todo otro elemento de declaración exigible relativo a las circunstancias comerciales de la operación (que inciden en la valoración), de la valoración que efectúa el documentante (y “revisa” la aduana), pues la figura infraccional de declaración inexacta sanciona la diferencia entre lo declarado exigible y lo “comprobado” (verificado física o materialmente) por la aduana al respecto. Concretamente, el valor en aduana, a mi juicio, no lo “comprueba” la Aduana, sino que lo determina (en consecuencia de la revisión, aprobando o desestimando la valoración consignada o determinada por el documentante). Sí, en cambio, en tal sentido, es susceptible de “comprobación” el precio que se hubiera declarado, o bien todo otro elemento también declarado relativo a las circunstancias comerciales de la operación que inciden en la valoración.
Que, al respecto debe señalarse también que cualquier diferencia (en la declaración y respecto de lo que la aduana “compruebe”) acerca de cualquiera de los restantes rubros (distintos del precio mismo y/o de las aludidas circunstancias comerciales de la operación), como la calidad y especie (P.A. correspondiente), cantidad, estado, origen, etc., puede ocasionar una diferencia de valor en la mercadería resultante o –lo que es lo mismo- que se esté ante una mercadería con un resultante valor en aduana diferente al documentado como valor en aduana –como base imponible para tributos-, y esa diferencia podría encuadrar en el tipo infraccional del inc. c) del art. 954, pero, en cualquiera de estos supuestos se habrá partido de la efectiva “diferencia” entre algún rubro o elemento de declaración “exigible” y el resultado de la comprobación aduanera al respecto.
Que, por lo expuesto, la declaración inexacta que podría imputarse, no podría ser otra que la inexactitud del “precio” declarado y/o documentado, y/o específicamente de alguna de las circunstancias comerciales de la operación que pudieran incidir en la valoración de la mercadería. Precio que como tal sí es de declaración exigible y susceptible de “comprobarse” su inexactitud.
Que, puedo adelantar que en el caso de autos no se trata de ninguna inexactitud observada por la aduana en cuanto a la declaración de las circunstancias de la operación comercial atinentes al valor (ni tampoco inexactitud de cantidad o de calidad que aparejara como consecuencia una diferencia de valor), sino sólo –lo que eventualmente hubo podido darse- de la (hipotética o sospechada) relativa al precio mismo documentado, la inexactitud imputada en autos no podría ser otra que la falsedad de dicho precio (en el caso, en rigor, se imputó inexactitud del valor en aduana por desestimación del mismo), es decir que “realmente” se hubiera pactado (como precio pagado o por pagar), y efectivamente pagado, un precio distinto del precio declarado en la destinación y presentada ante la aduana. Queda claro que esta falsedad (diferencia de precio en el sentido expuesto) no se puede, lisa y llanamente, “presumir”, sino que debe acreditarse y/o tenerse por acreditada, lo cual debe resultar de una acreditación positiva (aun por suma de indicios plurales, concordantes y categóricos), la que no podría tenerse por producida con sólo la falta de justificación de un precio “en principio inaceptable” (no sólo como base de valoración sino como precio verdadero o real), en el caso por llamativamente bajo en las circunstancias dadas. Tal falsedad, o tal diferencia, por lo tanto, no se acreditó ni surge acreditada en el caso de autos, ni al momento de dictarse el fallo apelado ni después en el trámite del recurso de autos.
Que, se pone de relieve entonces que de lo actuado en sede administrativa surge que la aduana pudo tal vez “impugnar y desestimar” el precio documentado, pero ello como base para determinar el valor en aduana, y no como precio de la realidad; en suma, de ningún modo ha quedado en el caso acreditada una diferencia entre el precio documentado y el precio efectivamente pactado y pagado.
Que, resulta cierto que no se deban aceptar precios declarados que difieran en gran magnitud del valor en aduana correspondiente, o (“probablemente”) deformados, o sensiblemente inferiores a lo usual y, precisamente, en el caso, la aduana no aceptó el bajo precio declarado; claro que, no lo aceptó como base para arribar al valor en aduana. En cambio, la irrealidad del “precio declarado” sí es un ilícito merecedor de la sanción correspondiente (delito o infracción según el caso), pero en materia penal tal irrealidad (que el precio declarado no sea el precio realmente pagado o por pagar) no puede presumirse, sino que debe ser o quedar acreditada; lo que no ha ocurrido en el caso de autos.
Que, por ende, considero que si cumplido el procedimiento reglado a los fines de la investigación de valor y, consecuentemente no se diera la “aceptación” del mismo, sino su desestimación (y su consecuente sustitución), la alternativa no resulta ser la eventual denuncia por comisión de la infracción de declaración inexacta (o del delito de contrabando en su caso), sino también –simplemente- la mera desestimación del valor documentado (denominado “ajuste”). En su caso, por ende, el hecho de que haya denuncia o sólo ajuste, dependerá de que hubiera –al menos- algún indicio serio de falsedad del “precio” documentado o que no lo hubiera. Que, en suma, en el caso de autos se está ante una situación que podría haber dado lugar a un “ajuste” o recomposición del valor documentado (en términos más propios o estrictos, una “desestimación” del valor documentado y su sustitución por el valor determinado por la aduana), a los fines de la determinación del valor en aduana, pero no ante una declaración inexacta como ilícito aduanero. No obstante, en el presente caso, recordemos que se aperturó el sumario por la infracción de declaración inexacta, y se efectuó el estudio de valor, contemporáneamente, con las salvedades que se refieren a continuación.
IX. Que sentado lo expuesto, corresponde ahora decidir si se ajusta a derecho la resolución aquí apelada, por la cual se confirman los cargos N° 9/2013 – 10/2013 – 11/2013 – 12/2013 – 13/2013, correspondientes a las regalías no devengadas formulados en relación a los despachos de importación N° 12 042 IC05000858 R, 12 042 IC05000862 M, 12 042 IC05000881 N, 12 042 IC05000274 J y 12 042 IC05000275 K.
Que mediante dichos despachos, la firma GRUPO AGROS S.R.L. documentó la importación para consumo de mercadería consistente en “Los demás Los demás Reguladores del crecimiento de las plantas presentados de otro modo –Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas –Los demás INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMÁS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PREPARACIONES O ARTÍCULOS TALES COMO CINTAS, MECHAS Y VELAS, AZUFRADAS, Y PAPELES MATAMOSCAS.”, declarados bajo la PA 3808.93.59.900F. El despacho nro. 12 042 IC05000858 R por un valor FOB total de USD 158.926,46, un ajuste a deducir en divisa de USD 2.846,77 y un valor en aduana de USD 155.775,75, el 12 042 IC05000862 M por un valor FOB total de USD 170.481,14, un ajuste a deducir en divisa de USD 2.869,43 y un valor en aduana de USD 166.923,43, el 12 042 IC05000881 N por un valor FOB total de USD 170.481,14, un ajuste a deducir en divisa de USD 2.869,43 y un valor en aduana de USD 166.923,43, el 12 042 IC05000274 J por un valor FOB total de USD 158.926,46, un ajuste a deducir en divisa de USD 2.846,77 y un valor en aduana de USD 180.874,25 y el 12 042 IC05000275 por un valor FOB total de USD 170.481,14, un ajuste a deducir en divisa de USD 2.869,43 y un valor en aduana de USD 193.789,69. Que, en el caso de autos, lo que la Aduana cuestiona es: en primer lugar, la diferencia detectada entre el valor FOB documentado en las operaciones de importación registradas ante la aduana argentina y los valores de exportación de la mercadería desde Brasil y, en segundo lugar, que del contrato de desinversión aportado por la firma se establecía el pago de regalías por la venta neta del producto, situación que no fuera declarada en la Hoja de Valor; provocando tales situaciones la infracción prevista y penada en el art. 954 inc a), determinandose un perjuicio fiscal por este concepto, lo cual reclama mediante la formulación de los cargos.
X. Que corresponde analizar entonces si el ajuste de valor motivo de autos ha sido efectuado sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, Ley 24.425. Que dicha ley aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana para importación. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El artículo 1 ap. 1 de la Instrucción General, prevé que cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo, en los art. 2 a 7 se establecen los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden que se numeran, salvo la inversión que autoriza el art. 4 con relación a los métodos previstos en los arts. 5 y 6. Que de este modo, y sin perjuicio de que el valor de transacción constituye la primera base de valoración, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8 –ajustes del precio pagado o por pagar- y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1° se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes. Sin embargo, cabe aclarar, que ello no es óbice para que el Fisco pueda comprobar la veracidad de las declaraciones comprometidas, procediendo a investigar ante una duda legítima, los precios declarados.
Que, en ese orden de ideas, debe anticiparse que la sola declaración de un valor de importación distinto al declarado en el país de exportación no resulta por sí mismo un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción, aunque sí pueda constituir un indicio que habilite la potestad de la Aduana de investigar el valor declarado de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Acuerdo.
XI. Que del Informe técnico N° 008/2013 (SE FVIM) y de la resolución apelada surge que el servicio aduanero, tras analizar el contrato de desinversión (el cual no obra agregado en las actuaciones administrativas), detecta que el producto “FINISH SC” era suministrado por la firma BAYER S.A. ARGENTINA a CIAGRO S.R.L. (luego GRUPO AGROS S.R.L.) para su comercialización. Asimismo alude a que cuenta con antecedentes de operaciones del mismo producto para el año 2009, cuyo importador era la firma BAYER S.A. ARG., siendo el exportador BAYER S.A. BRASIL y el tercer operador BAYER CORPSCIENCE AG., respecto de las cuales las áreas de valoración ya habían determinado ajustes de valor en base a los valores de exportación y que los mismos habrían sido abonados. Sin embargo, se establece tanto en el Informe como en la resolución aduanera que luego de la situación antes descripta, el producto “FINISH SC” comenzó a ser importado directamente por GRUPO AGROS S.R.L. utilizando la misma modalidad de tercer operador o vendedor, continuando con la documentación de operaciones que registraban diferencias entre el valor de exportación y el declarado para su importación. Concluyendo que “… Es criterio de esta instania proceder a ajustar el valor documentado de la mercadería involucrada en las destinaciones bajo análisis, al valor de exportación (Brasil) …”.
Que, de este modo, la Aduana rechazó el valor de transacción de la mercadería en trato, tomando como real el precio documentado por la misma al ser exportada desde Brasil, y sin fundar la elección de método de valoración alguno en reemplazo del previsto en el artículo 1, incumpliéndose así el orden de prelación previsto en el Acuerdo. No consta en las actuaciones administrativas justificación alguna de dicho proceder.
Que, de esta manera, el servicio aduanero no ha seguido el procedimiento reglado para cuestionar el valor de transacción y apartarse fundadamente del mismo. Asimismo, el hecho de que la Aduana se haya limitado a comprobar a través de datos obtenidos de un sistema informático (presumiblemente INDIRA, aunque no surge de las actuaciones administrativas constancia de consulta alguna al mismo) que la mercadería fue exportada desde Brasil por un valor superior al que fue importada en Argentina, no constituye por sí solo un elemento que resulte suficiente para concluir que el valor declarado por la firma resulta inexacto o que no es el precio real de la operación. Asimismo, tanto en el informe técnico como en la resolución aduanera, se aluden a antecedentes del año 2009 (que, por lo demás, no fueron agregados), cuando las operaciones de autos datan del año 2012. Que, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia.
Que, en consecuencia, debe rechazarse el ajuste efectuado en lo que respecta a la desestimación del valor FOB declarado por la firma importadora.
XII. Que, no obstante lo expuesto, resta analizar el ajuste efectuado por el servicio aduanero en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 del Acuerdo de Valor. En primer lugar cabe señalar que en todo caso dicho ajuste habría correspondido efectuarlo de conformidad con el inciso c) del artículo 8, en cuanto prevé específicamente la cuestión de las regalías, y no el inciso d) como lo estipula el servicio aduanero en el Informe N° 008/2013. Que, el artículo 8 del Acuerdo de Valoración establece cuáles conceptos se añadirán al precio realmente pagado o por pagar a fin de determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, y los enlista bajo distintos incisos y sub incisos. En cuanto aquí interesa, el inciso c) del artículo 8 dispone que se añadirán “…c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;…”. Y, en la Nota al artículo 8 del Acuerdo se establece específicamente respecto al inciso en comentario que “1. Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 2. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador.”.
Que, establecida la norma aplicable del Acuerdo, resulta de primordial importancia establecer en primer lugar, si efectivamente la importadora pagaba cánones o derechos de licencia relacionados con la mercadería importada y, en caso afirmativo, si los mismos resultaban ser una condición de venta de dichas mercancías. Ello, por supuesto, si los referidos cánones o licencias no hubiesen estado ya incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.
Sin embargo, no se han agregado los contratos que supuestamente vincularan a las firmas involucradas -BAYER (Brasil), BAYER CORPSCIENCE AG (Alemania) y/o GRUPO AGROS SA, anterior CIAGRO SRL- ni tampoco surge de documentación alguna que existieran dichos contratos, ni que se encontraran vigentes a la fecha en que se realizó la operación aquí cuestionada.
Que ante la inexistencia de la documentación señalada, en el caso de autos no puede determinarse si existen cánones o derechos de licencia ni si, en caso de existir, están o no incluidos en el precio, si existe relación entre aquellos y las mercaderías y si el pago de los mismos ha sido condición de venta de la mercadería importada. Que, ante la ausencia, tanto en las actuaciones administrativas como en la presente causa, de la documentación necesaria, no cabe sino concluir que el ajuste de valor efectuado por el Fisco sobre las destinaciones de importación aquí involucradas resulta improcedente, por no encontrarse reunidos los elementos y requisitos necesarios a tales fines.
Que, de este modo, corresponde revocar la resolución aduanera apelada y por ende los cargos formulados.
XIII. Que las costas corresponde imponerlas a la parte vencida.
Que, por todo lo expuesto, voto por:
Revocar la Resolución N° 025/2016 (AD PASO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12312-140-2012, con costas al fisco.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos y antecedentes efectuado en los considerandos I a V del voto del Dr. Horacio J. Segura.
II. Que adhiero a lo resuelto en los considerandos VI a XI del voto preopinante, con excepción de la solución adoptada en el considerando XII, relativa al cargo por ajuste por regalías y la infracción al art. 954 a) del CA, respecto de la cual habré de disentir por las razones que seguidamente expongo.
Que, ante todo, corresponde precisar que la adhesión a la solución revocatoria propiciada respecto del ajuste fundado en la desestimación del valor FOB declarado no importa desconocer el valor del sistema INDIRA como fuente oficial de información aduanera ni su aptitud para fundar investigaciones de valor o servir como elemento de contraste. Lo que aquí se advierte es que, en las concretas circunstancias de la causa, dicho tramo del ajuste no puede sostenerse únicamente sobre la base de una referencia genérica a esa información, sin que obren incorporadas las constancias necesarias para controlar la trazabilidad del dato, la identidad de la operación comparada y el método de valoración aplicado.
Distinta es, a mi juicio, la solución que corresponde adoptar respecto del ajuste por regalías no declaradas.
III. Que conforme lo antes expuesto, se encuentra pendiente determinar si la Resolución N° 25/2016 (AD PASO) se ajusta a derecho, en cuanto se confirmaron los Cargos n° 9 a 13/2013 por regalías y se condenó a la importadora en los términos del art. 954 ap. 1. a) del CA, en virtud del perjuicio fiscal presuntamente ocasionado por declaración inexacta.
Que, en primer lugar, analizaremos el ajuste por regalías y en este punto, cabe aclarar que dicho ajuste debe ser examinado a la luz del art. 8.1.c) del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, aprobado por la ley 24.425, y no del inciso d) de dicha norma, como fue indicado por el servicio aduanero en el Informe N° 8/2013.
Que el citado art. 8.1.c) dispone que, para determinar el valor en aduana conforme al art. 1 del Acuerdo, deben añadirse al precio realmente pagado o por pagar los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar, directa o indirectamente, como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que tales cánones o derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.
Que, en consecuencia, corresponde verificar si concurren en el caso tres extremos: que las regalías se encuentren relacionadas con las mercaderías importadas; que su pago constituya una condición de venta; y que su importe no se encuentre incluido en el precio pagado o por pagar por dichas mercaderías.
Que cabe señalar, asimismo, que el Expte. N° 33.434-A, caratulado “GRUPO AGROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, sentenciado por esta Sala con fecha 23/02/2026 y actualmente a la vista del suscripto a los fines de la regulación de honorarios, contiene copia del contrato celebrado entre Bayer S.A. y CIAGRO S.R.L. —hoy GRUPO AGROS S.R.L.—, (acompañada por la actora) referido al producto FINISH SC, a la marca FINISH y al pago de regalías por licencia de uso del producto y de la marca, instrumento que resulta concordante con el esquema contractual y comercial invocado por el servicio aduanero en estas actuaciones para sustentar el ajuste por regalías.
Que del contrato celebrado entre Bayer S.A. y CIAGRO S.R.L. surge que aquélla concedió a esta última derechos vinculados con el producto FINISH SC, con la marca FINISH y con la comercialización del producto en el territorio de la República Argentina.
En particular, en la cláusula I del referido contrato se define al “producto” como el herbicida elaborado a base de los principios activos allí indicados; se identifica la marca “FINISH” como registro marcario utilizado por Bayer S.A.; y se delimita el territorio de comercialización en la República Argentina. Tales previsiones permiten vincular claramente la mercadería, la marca y el mercado en el cual aquélla sería comercializada. Que, a su vez, en la cláusula II se regulan la licencia y el suministro del producto, previéndose que Bayer S.A. licenciaría el producto terminado y, según el caso, proveería los principios activos para su formulación bajo las condiciones técnicas previstas en el contrato. Asimismo, se establece que CIAGRO S.R.L. debía someter a aprobación de Bayer S.A. la etiqueta y demás elementos vinculados con la comercialización del producto, lo que evidencia que la operación no se agotaba en una simple compraventa de mercadería indiferenciada. Que, por su parte, en la cláusula III se contempla la licencia de la marca FINISH y en la cláusula IV se prevé la cesión o licencia de derechos vinculados con el producto registrado ante el SENASA, lo cual refuerza la conclusión de que la mercadería importada se encontraba inserta en un esquema jurídico-comercial específico, relativo a un producto identificado, registrado y comercializable bajo determinadas condiciones. Que la cláusula VII resulta especialmente relevante, pues bajo el título “Regalías por licencia de uso del producto y marca” se establece que Bayer S.A. tendría derecho a percibir un porcentaje equivalente al cinco por ciento (5%) de las ventas netas anuales del producto realizadas directa o indirectamente por CIAGRO S.R.L., con obligación de liquidación anual y pago posterior a favor de Bayer S.A.
Que tales previsiones contractuales permiten concluir que el pago de regalías no constituía un concepto extraño, autónomo o meramente accesorio respecto de la mercadería importada, sino que se encontraba directamente vinculado con el esquema jurídico-comercial que permitía su comercialización en el mercado interno. En efecto, la importación del producto, su identificación comercial, su comercialización en el territorio argentino y el pago de regalías a favor de Bayer S.A. aparecen conectados dentro de una misma estructura contractual. En ese marco, la regalía no se presenta como un pago desvinculado de la mercadería, sino como una contraprestación ligada al derecho de comercializar el producto dentro del esquema autorizado por Bayer S.A.
Que, por ello, entiendo reunidos los recaudos previstos por el art. 8.1.c) del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT. En primer lugar, la regalía guarda relación con la mercadería objeto de valoración, en tanto se vincula con el producto importado y comercializado bajo el marco contractual acordado con Bayer S.A. En segundo lugar, su pago aparece integrado al esquema de suministro, licencia y comercialización del producto, de modo que constituye una condición del negocio que permitió su venta en el territorio argentino. En tercer lugar, no surge que dicho importe hubiera estado incluido en el precio declarado.
Que, en tales condiciones, la improcedencia del ajuste fundado en la desestimación del valor FOB declarado no impide confirmar, en forma autónoma y parcial, el ajuste correspondiente a las regalías no declaradas. Ello es así porque la adición de regalías prevista en el art. 8.1.c) del Acuerdo no supone sustituir el valor de transacción por otro método de valoración, sino adicionar al precio realmente pagado o por pagar un concepto que, por su naturaleza y vinculación con la mercadería importada, integra el valor en aduana.
IV. Que, en segundo lugar corresponde resolver la infracción endilgada en los términos del art. 954 ap. 1, inc. a) del Código Aduanero que sanciona a quien para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir -en lo que aquí interesa- “a) un perjuicio fiscal (...)”
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Que de la Exposición de Motivos del C.A. se desprende que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera.
Que ello se relaciona directamente con el hecho de que el sistema aduanero, con miras a posibilitar la fluidez y celeridad en el comercio internacional de mercaderías, descansa sobre los principios básicos de “declaración previa” y “despacho en confianza”, que exigen precisamente la veracidad y precisión en la declaración comprometida, Que el art. 956, inc. b), del C.A., prescribe que: “se entiende por perjuicio fiscal la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación”.
Que, en este marco, el art. 234, ap. 2, del Código Aduanero impone que la declaración comprometida indique toda circunstancia necesaria para el control de la correcta clasificación y valoración de la mercadería; y la Resolución General 2010/2006 (AFIP) y su Anexo III trasladan esa obligación a los campos electrónicos de la ‘Declaración del valor en aduana’ (OM-1993/1-A y DECVALORADUOPC), configurando así el ámbito específico en el que, en autos, se verifica la inexactitud denunciada.
Que de las destinaciones de importación en estudio –son del año 2012- surge del formulario OM-1993/1-A, que en la Declaración de Valor en Aduana, la importadora declaró que no existía cánones y derechos de licencias relativos a las mercaderías importadas que el comprador esté obligado a pagar, directa o indirectamente como condición de venta.
Que las destinaciones se encuentran alcanzadas por la Resolución n° 2010/2006 (BO 16/3/2006) que prevé la informatización de la declaración de los elementos relativos al valor en aduana de importación, campo información del ítem, c) Opciones de nivel general: DECVALORADUOPC=NOFVAL, lo que implica que no debe presentar la declaración jurada en aduana teniendo en cuenta que su respuesta fue negativa en cada una de las preguntas que realiza la secuencia al declarar en el SIM y porque no declara ajuste a incluir o deducir. Que constatada tanto la importación de la mercadería como el pago de las regalías podemos arribar a la conclusión de que lo manifestado por la importadora en el OM-1993/1 “Hoja De Valor”, en tanto efectivamente existe cánones y derechos de licencia relativos a las mercaderías importadas que el comprador este obligado a pagar, directa o indirectamente como condición de venta, por lo que estamos en presencia de una declaración inexacta productora de un perjuicio fiscal.
Qué asimismo, dicha inexactitud es trasladada al campo VALOR EN ADUANA, ”Ajuste a incluir en divisas” donde debió incluir el importe correspondiente a la regalía, por aplicación del art. 8 del Acuerdo, con el consecuente “perjuicio fiscal”.
Que, en tales condiciones, la divergencia entre lo declarado en la ‘declaración comprometida’ y lo que resulta de la comprobación se proyecta tanto sobre la correcta determinación del valor en aduana cuanto sobre el ingreso de tributos, configurando los presupuestos objetivos de la infracción reprimida por el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero.
La conducta de la actora al responder negativamente a la pregunta sobre la existencia de cánones en el formulario OM-1993/1-A no puede ampararse en una mera discrepancia interpretativa. La estructura contractual fue diseñada por las partes con pleno conocimiento de que la fabricación estaba atada a la licencia. Al ocultar este vínculo en la declaración aduanera, se impidió al servicio aduanero el control primario, configurándose la declaración inexacta del art. 954 ap. 1 inc. a) del Código Aduanero, con un perjuicio fiscal real por los tributos dejados de percibir sobre el monto de la regalía no incluida en la base imponible.
Que corresponde precisar que el perjuicio fiscal computable a los fines de la presente infracción queda circunscripto, exclusivamente, al derivado de la omisión de declarar las regalías cuya inclusión en el valor en aduana se confirma en el considerando III. Ello, por cuanto la base imponible sobre la que se proyecta la declaración inexacta del art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero se limita al monto de la regalía no incluida, único concepto respecto del cual se verifica la divergencia entre lo declarado y lo que resulta de la comprobación, con la consecuente falta de ingreso de los tributos correspondientes.
Que, por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la Resolución N° 25/2016 (AD PASO), en cuanto ajusta el valor en aduana declarado por la inclusión de regalías, confirmando los Cargos N° 9, 10, 11, 12 y 13 todos del 2013 y condena a la importadora por infracción al art. 954 ap. 1 a) del CA y revocar parcialmente la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO en cuanto desestima el valor FOB declarado.
Que en la forma en la que se resuelve la presente es que corresponde ordenar a la DGA a que practique liquidación en los términos del art.1166 del CA.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la actora, sin costas.
2. Revocar parcialmente el art. 2° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12312-140-2012, en cuanto desestima el valor FOB declarado, con costas a la Aduana.
3. Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12312-140-2012, en cuanto ajusta el valor en aduana declarado por la inclusión de regalías y confirma los Cargos Nros. 9, 10, 11, 12 y 13/2013, con costas a la actora.
4. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), en cuanto condena a la actora por infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, exclusivamente respecto del perjuicio fiscal derivado de la omisión de declarar las regalías cuya inclusión en el valor en aduana se confirma en el artículo precedente, con costas a la actora.
5. Ordenar a la DGA que practique nueva liquidación en los términos del art. 1166 del Código Aduanero, conforme las bases fijadas en el presente voto.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la actora, sin costas.
2. Revocar parcialmente el art. 2° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12312-140-2012, en cuanto desestima el valor FOB declarado, con costas a la Aduana.
3. Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12312-140-2012, en cuanto ajusta el valor en aduana declarado por la inclusión de regalías y confirma los Cargos Nros. 9, 10, 11, 12 y 13/2013, con costas a la actora.
4. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución Fallo N° 25/2016 (AD PASO), en cuanto condena a la actora por infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, exclusivamente respecto del perjuicio fiscal derivado de la omisión de declarar las regalías cuya inclusión en el valor en aduana se confirma en el artículo precedente, con costas a la actora.
5. Ordenar a la DGA que practique nueva liquidación en los términos del art. 1166 del Código Aduanero, conforme las bases fijadas en el presente voto.
Regístrese, notifíquese a la actora en el CUIT 20-24592191-9 (Dr. Hernán Cancellieri) y al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9; y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.08.06 13:27:22 ART Date: 2026.08.07 10:21:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.07 14:00:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.07 14:01:03 -03:00
Fin de la sentencia