Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 41.826-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la repetición por la suma de $71.353.771,56, más los respectivos intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo, en la forma dispuesta por este Tribunal en el Plenario “Dálmine Siderca S.A.I.C.”. Las costas se imponen a la vencida.
2Regular los honorarios del CP Fernando Diego Menzio por su actuación en el carácter de apoderado de la recurrente en la primera y segunda etapa procesal, en la suma de $2.093.043, a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios del Dr. Martín Colombres Garmendia por su actuación en el carácter de apoderado de la recurrente en la tercera etapa procesal, en la suma de $5.511.141, equivalente a 90,68 UMA, a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
4Regular los honorarios del Dr. Felipe Carlos Stepanenko por su actuación en el carácter de patrocinante de la recurrente, a cargo del Fisco Nacional, de la siguiente manera:
A. en la suma de $5.232.609, por las dos primeras etapas procesales, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-101016275-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Septiembre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° 41.826-I caratulado “GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A s/apelación”
I. GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A interpone la acción de repetición prevista en el art. 81 y en el art. 159, inc. d) de la ley 11.683 con el objeto que la Administración Federal de Ingresos Públicos le reintegre la suma de $71.353.771,56 por los pagos que dice haber efectuado en exceso en el impuesto a las ganancias en los períodos fiscales 2011 y 2012. Ello, como consecuencia de no haber aplicado en las declaraciones juradas originales de dichos períodos las normas de ajuste por inflación previstas en el Título VI de la ley del gravamen.
Funda su recurso en que en esos periodos declaró y abonó el impuesto a alícuotas que excedieron ampliamente a las previstas para cada una de las escalas correspondientes a la tabla del art. 90 de la ley del gravamen, y alega que por ello fueron desproporcionadas e irrazonables, de acuerdo al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy S.A.”.
Explica que, en consecuencia, presentó las declaraciones juradas rectificativas en cada uno de los períodos fiscales, que arrojaron los saldos motivo de la acción de repetición al provocar una detracción confiscatoria de la renta, que es lo que solicita a este Tribunal que declare, en virtud de los principios de legalidad y de verdad material y la jurisprudencia del Alto Tribunal que también cita y de los tribunales inferiores en los que se receptara la doctrina del precedente citado. Explica que GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. tiene por actividad principal la de construcción y que fue adjudicada en el año 1994 para la construcción, administración y explotación de la obra del corredor vial Acceso Oeste. La concesión tiene un plazo de 22 años y 8 meses.
Agrega que la empresa determina sus ganancias por aplicación del art. 74, inc. a) de la ley del gravamen, es decir “…determina el porcentaje de ganancia bruta estimado para toda la obra prevista en la concesión y lo aplica a los ingresos del periodo fiscal derivado de la explotación concesionada”.
Menciona que hizo las inversiones más importantes al realizar la obra y al adquirir los bienes de uso relacionados con la concesión y explica que la utilidad bruta en su actividad se estima a partir de dos elementos: el ingreso, proyectado para toda la obra que se incrementa con la tarifa que aumenta con la inflación, y el costo proyectado por las inversiones realizadas, que se mantiene a valores históricos, y las inversiones a realizar.
Sigue diciendo que es, precisamente, la imposibilidad de ajustar por inflación el costo de las inversiones realizadas lo que ocasionó la tributación original sobre ganancias ficticias.
Indica que la tasa efectiva del impuesto del período fiscal 2011 fue de 11.025% y la del período fiscal 2012 185%, calificándolas a continuación de confiscatorias.
Aporta como prueba documental Informe especial de determinación de resultados fiscales con efecto del ajuste por inflación impositivo por los ejercicios cerrados el 31.12.2011 y 31.12.2012, y ofrece la producción de una prueba pericial contable; solicita así que se dicte sentencia en la que se haga lugar a la acción de repetición, con intereses calculados a la tasa de interés judicial del BCRA, con costas.
II. A fs. 127/142 contesta el traslado del recurso la representación fiscal en donde certifica los pagos realizados, tanto bancarios como no bancarios, y solicita que se rechace la repetición, también con costas.
Sostiene en primer término que el ajuste por inflación impositiva no estaba vigente en los períodos fiscales 2011 y 2012. Destaca, en relación al planteo de confiscatoriedad, el carácter sui generis de la actividad de la empresa, diferente al del resto en las que “…en un lapso de 12 meses se puede medir con un grado de máxima certeza los resultados obtenidos por la actividad realizada, en contraposición con la situación fáctica de la apelante”.
Dice, asimismo, que “…la actora ha confirmado que el costo computable para la determinación del impuesto no se sustenta en base a los gastos efectivamente devengados en los períodos fiscales objeto de determinación, con más las amortizaciones del activo fijo –bienes de uso más las obras de la concesión-, sino que lo es en base a un porcentual relacionando la estimación de ingresos e inversiones que ha practicado en su inicio y para toda la duración de la concesión, respecto de cada período fiscal a liquidar el gravamen”.
Agrega que esta modalidad de determinar el costo computable tiene la bondad de resguardarlo de los aumentos de precios y/o procesos inflacionarios durante el plazo de la concesión, ya que tanto los ingresos como los gastos en inversiones en activo fijo son estimados a un mismo momento y, por ende, a igual valor de poder adquisitivo.
Entiende así que por esta metodología particular no le alcanzan los efectos de la variación de precios por cuanto no es computable en el balance fiscal la depreciación de las inversiones por vía de amortizaciones.
A continuación, critica el Informe Especial aportado como prueba documental imputándole errores en su construcción que llevan a conclusiones erradas. Fundamentalmente, critica que únicamente se reexpresaron los valores de las inversiones - en bienes de uso, en las obras de la concesión y en las comprometidas a realizar-, pero no se hizo lo mismo con los ingresos proyectados de toda la obra. Invoca que dicha forma de cálculo distorsiona la ganancia neta sujeta a impuesto, por lo que los resultados que se extrajeron a partir de ello son errados.
Sin perjuicio de ello, a continuación, la representación fiscal hace su propio cálculo, re expresando también los ingresos, y determina como alícuotas efectivas 44.29% y 42.34% en cada uno de los ejercicios.
III. A fs. 167 se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba pericial contable ofrecida, cuyos resultados obran a fs.182/217; a fs. 245 se cierra el período probatorio y se eleva el Expediente a consideración de la Sala; a fs.247 se ponen los autos a alegar, obrando los escritos presentados a fs. 271/279 y 281/285 de la actora y de la representación fiscal, respectivamente. A fs. 286 quedan en estado de dictar la sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la acción de repetición intentada por GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., para lo cual debe estarse a los elementos de prueba aportados y rendidos con dicho propósito.
Cabe recordar previamente que el análisis se hará respecto de una empresa adjudicataria de un contrato de concesión administrativa en el que el beneficio económico o rentabilidad sólo se asegura si durante toda la ejecución de la obra se mantiene una real equivalencia de las prestaciones, es decir, entre el costo de las obligaciones que asume el concesionario y el precio del mismo. Según el contrato, esta relación de equivalencia debe proyectarse y garantizarse durante toda la vida del contrato.
Dicho lo anterior, en virtud de los agravios formulados la controversia que aquí se plantea debe resolverse con arreglo a la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy S.A.” (Fallos 332:1571), más precisamente, debe determinarse si las alícuotas efectivas en virtud de las cuales la empresa sostiene haber cumplido sus obligaciones en los períodos fiscales 2011 y 2012, implicaron una absorción de la renta o de su capital de tal entidad o magnitud que menoscabaron la garantía que proscribe la confiscatoriedad por parte del Estado, es decir, si los pagos que realizó afectaron su derecho de propiedad, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya citada.
Ello así toda vez que el planteo de inconstitucionalidad respecto a la validez de las normas que en los períodos fiscales que aquí importan le imposibilitaron la aplicación del ajuste por inflación en el balance impositivo, sin sujeción a pautas de confiscatoriedad de su resultado, ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos 328:2567), en la que expresó que “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
Debe recordarse que el Poder Legislativo efectivamente ejerció dicha facultad al sancionar la ley 27.430 (29.12.2017), pero para períodos fiscales posteriores a los involucrados en este Expediente.
En el precedente “Candy”, rector cuando se invoca la garantía aludida en su aplicación en el impuesto a las ganancias, el Tribunal dijo que la confiscatoriedad se produce si el pago representa el 62% del resultado impositivo ajustado o el 55% de las utilidades -también ajustadas-. Cierto es y no está en discusión que allí no se fijaron parámetros rígidos para calificar a la tributación de confiscatoria, ya que ésta debe ser medida en cada caso concreto y de acuerdo al contexto económico y financiero, particular y general, tal lo que allí también se resolviera respecto al periodo fiscal 2002.
En el caso, la recurrente alega que para el período fiscal 2011 la ganancia sujeta a impuesto según las declaraciones juradas originales que presentó fue de $86.611.804,48 en el año 2011 y de $151.532.060,53 en el 2012, mientras que el impuesto determinado fue de $30.314.131,57 y $53.036.221,19, respectivamente.
Mientras que aplicando las normas de ajuste por inflación fue de $96.236,53 y $10.033.125,97. Ello como consecuencia de actualizar las inversiones y bienes de uso afectados a la obra de la concesión según el índice IPIM y aplicar para la determinación de porcentaje de ganancia bruta para toda la obra según el procedimiento del art. 74, inc. a) de la ley del gravamen.
Por su parte, la principal objeción del Fisco Nacional es que los cálculos fueron hechos sobre resultados proyectados, no los que efectivamente obtuvo la empresa, y que no se reexpresaron los ingresos que quedan a valores históricos, mientras que sí se actualizaron los gastos y los costos de la obra durante todo el plazo de la concesión (casi 23 años). Ello, dicen implica una sustancial disminución del margen de utilidad bruta y arribar a guarismos irracionales porque provienen de diferentes procedimientos.
Resulta esencial para resolver la prueba pericial contable rendida en este Tribunal, la que cabe ya decirlo, no fue impugnada ni observada por las partes a pesar que los expertos hicieron opiniones diferentes en cada uno de los puntos. En lo que aquí interesa, en el punto 4 los peritos informan las alícuotas efectivas.
Para el perito de la empresa, fueron de 11025% y 185%, en 2011 y 2012, respectivamente; para el perito del Fisco Nacional, en cambio, de 54% y 50% Para ello, el perito del Fisco Nacional re expresa los ingresos de la concesión. Si de los resultados elimina los gastos que no son erogaciones de fondos, las alícuotas arrojan 27% y 20% en cada año.
En el punto 5, los expertos informan los montos pagados en exceso según sus cálculos; para el perito de la empresa fue de $30.217.895,04 y de $43.003.095,22; para el del Fisco Nacional, de $8.256.354,44 y $12.951.743.03.
En respuesta a los puntos de pericia ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos se solicita a los expertos que reformulen los ingresos efectivamente obtenidos en cada ejercicio.
Para el perito de la empresa no hay nada a reformular porque, según dice, en sus cálculos se tomaron los ingresos reales y se estimaron los del resto del plazo de la concesión. El perito del Fisco Nacional, por su parte, manifiesta que para poder contestar el punto requeriría un informe sobre tránsito vehicular a efectos de proyectar el margen de utilidad bruta, según el inc. a) del art. 74 de la ley del gravamen.
A continuación, en este punto, actualiza los ingresos obtenidos con el fin que sean relacionados y guarden coherencia con los costos y gastos de la obra. La diferencia entre los históricos y los actualizados es de 104% y 106%, en cada período (punto 1, del cuestionario de AFIP).
En el punto 3, se pide a los expertos que informen si existen inversiones o gastos atípicos. El perito de la empresa no informa ninguno, mientras que el del Fisco Nacional informa tenencia de activos financieros de $47.000.000 y $109.000.000 en cada año.
Como ya se dijo, el informe pericial no fue objeto de impugnaciones, ni tampoco de pedido de aclaraciones. En ocasión de alegar, la representación fiscal sostiene que aún de admitirse el ajuste por inflación, con la reexpresión de ingresos las alícuotas efectivas del impuesto fueron de 54%, en el período fiscal 2011, y de 50% en el periodo fiscal 2012, y agrega que éstas no son confiscatorias, ni se ajustan a las tenidas en cuenta en el precedente “Candy”. En ocasión de alegar, GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. dijo que el perito del Fisco Nacional se extralimitó sus funciones ya que recalculó la utilidad bruta y no tomó en cuenta el impuesto determinado e ingresado por la empresa. Sostuvo, entonces, que las alícuotas a las que arribó, del 54% y 50%, estaban mal determinadas.
Si bien en esa misma presentación, la recurrente invoca precedentes de la Cámara en los que se admitió la actualización de amortizaciones –luego del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en “Telefónica Argentina S.A. del 25.10.2022- que también allí se cita, de los elementos reunidos en el Expediente no se advierte que haya sido este el concepto objetado en este caso, sino de nuevo, la falta de re expresión de los ingresos y la estimación de gastos e ingresos no en un año sino en los casi 23 de la obra, en la que es concesionaria.
Considero que en este aspecto y dadas las características de la actividad ejercida por GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., concesionaria de obra pública, y la forma de determinar sus ingresos y sus gastos y costos regulados por las normas que rigen en la contratación administrativa, las objeciones dadas por la representación fiscal a la aplicación del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias, son razonables.
De cualquier manera, ha sido el propio Fisco Nacional el que ha hecho el cálculo de las alícuotas efectivas del gravamen conforme al criterio que propicia (esto es la reexpresion de los ingresos de la concesión). Si bien al contestar el recurso de apelación, sostuvo que éstas no superaban el 44%, luego al realizarse la prueba pericial contable en esta instancia, que incluyó también puntos de pericia propuestos por la representación fiscal, las alícuotas informadas fueron de 54% y 50%. Así, debe entenderse que ambos períodos quedaron alcanzados por la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 332:1571 -“Candy S.A:”- ya que se advierte de la prueba pericial contable rendida ante este Tribunal que los pagos realizados por la empresa tuvieron por efecto insumir una porción sustancial de las rentas obtenidas en dichos períodos.
En el precedente “Candy S.A.” no se fijaron parámetros rígidos para calificar a la tributación de confiscatoria; sin embargo, en el caso, en ambos períodos la alícuota resultó superior al 50% y con ello superan a la legalmente prevista en la ley del gravamen vigente en los períodos fiscales 2011 y 2012, por lo que se configura el supuesto de confiscatoriedad invocada.
Por todo lo expuesto, corresponde admitir la acción de repetición.
En cuanto a los intereses, corresponde que la devolución se haga efectiva conforme al criterio adoptado por este Tribunal en el Plenario “Dálmine Siderca S.A.I.C.” a computarse desde la fecha de interposición del reclamo previo en sede administrativa.
Las costas se imponen a la parte vencida.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la repetición por la suma de $71.353.771,56, más los respectivos intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo, en la forma dispuesta por este Tribunal en el Plenario “Dálmine Siderca S.A.I.C.”. Las costas se imponen a la vencida.
2. Regular los honorarios del CP Fernando Diego Menzio por su actuación en el carácter de apoderado de la recurrente en la primera y segunda etapa procesal, en la suma de $2.093.043, a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios del Dr. Martín Colombres Garmendia por su actuación en el carácter de apoderado de la recurrente en la tercera etapa procesal, en la suma de $5.511.141, equivalente a 90,68 UMA, a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
4. Regular los honorarios del Dr. Felipe Carlos Stepanenko por su actuación en el carácter de patrocinante de la recurrente, a cargo del Fisco Nacional, de la siguiente manera:
a. en la suma de $5.232.609, por las dos primeras etapas procesales, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b. en la suma de $13.777.852, equivalente a 226,69 UMA por la tercera etapa procesal, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
5. Regular los honorarios del CP Daniel Dasso en la suma de $2.140.613 por su actuación como perito designado a propuesta de la recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional,teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley N° 16.638/57.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.09.11 08:26:33 -03:00 Date: 2025.09.11 10:46:46 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.11 10:46:47 -03:00
Fin de la sentencia