Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.459-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios por el Expediente N° 48.459-I del Dr. Roberto Nuesch por la representación procesal en la suma de $ 33.162 (pesos treinta y tres mil ciento sesenta y dos), equivalente a 1,09 (uno con 09/100) UMA, y al Dr. Luis Pablo Guillermon por el patrocinio letrado, la suma de $ 82.906 (pesos ochenta y dos mil novecientos seis), equivalente a 2,71 (dos con 71/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la primera etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
3Regular los honorarios por el Expediente N° 48.459-I de la Dra. Andrea Pisani y del Dr. Ricardo Mihura Estrada por la representación procesal conjunta en la suma de $ 16.581 (pesos dieciséis mil quinientos ochenta y uno), equivalente a 0,54 (cero con 54/100) UMA, para cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-150576655-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Diciembre de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 48.459-I y sus acumulados N° 48.461-I, 48.460-I caratulado “GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado - Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas”.
El Dr. Martin dijo:
Que a fs. 38/74, 177/217 y 371/407 Grupo Isolux Corsan S.A. interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones Nº 156/2017, 157/2017 y 155/2017 (DV CRR1) todas ellas de fecha 29 de noviembre de 2017 dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Centro de la A.F.I.P- D.G.I, a través de las cuales:
a. Se determinó su obligación tributaria frente al Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal 08/2012, estableciendo un nuevo saldo a favor de la responsable. -Resolución N° 156/2017-
b. Se estableció el Impuesto a las Ganancias, Salidas no Documentadas, de los períodos fiscales 11/04/2012 a 01/08/2012 con más intereses resarcitorios. -Resolución N° 157/2017-
c. Se determinó el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios fiscales 2011 y 2012, estableciendo un nuevo saldo a favor de la responsable. -Resolución N° 155/2017-
Explica que la Dirección Regional Centro inició un proceso de fiscalización con la finalidad de que se profundice el análisis de dos pasivos mantenidos por la recurrente, uno con el Banco Patagonia, por la suma de $7.000.000, que fue validado, sin plantear objeción alguna, y el segundo con la firma Empresa Concesionaria de Líneas Eléctricas del Sur S.A. (ECLESUR, en adelante), por la suma de $4.425.000, donde se concluyó que debía otorgarse el tratamiento presuntivo de incremento patrimonial no justificado, por carecer –a su criterio– de sustento probatorio.
En este orden de ideas, menciona que con fecha 04/03/2011 Juan Carlos de Goycoechea, representante legal de la Sucursal Argentina de Grupo Isolux Corsan S.A. concretó un préstamo con ECLESUR, instrumentado bajo la modalidad de Carta Oferta, por la suma de $ 4.425.000 por un plazo de 365 días con una tasa de interés resarcitorio del 15,5% y punitorio del 0,1% diario. Señala que la transferencia se hizo desde de la cuenta bancaria perteneciente a Fideicomiso Int. Pico Truncado toda vez que el 22/07/2010 se celebró un contrato de construcción entre el Comité de Administración de Fondo Fiduciario para el transporte eléctrico federal y ECLESUR (contratista), en el cual esta última se obligaba a la construcción de la Interconexión Pico Truncado, Rio Turbio, Rio Gallegos. Para llevar a cabo dicha tarea el 19/07/2010 se constituyó el Fideicomiso de Interconexión Pico Truncado, en donde ECLESUR era fideicomisaria y fiduciante, siendo el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE, en adelante) el fiduciario debiendo realizar las transferencias y pagos que le indicaba el fiduciante. En consecuencia el 14/03/2011 ECLESUR ordenó a BICE transferir la suma de $4.425.000 a Grupo Isolux Corsan S.A, recibida por éste último al día siguiente (15/03/2011).
Continúa describiendo la forma de cancelación del citado préstamo. En este sentido expone que el 11/04/2012 pagó a la acreedora $1.100.000 los que fueron depositados en la cuenta bancaria ECLESUR en el Banco Macro. Posteriormente el 16/04/2012 abonó $300.000, el 2/07/2012 $ 2.000.0000, el 31/07/2012 $325.000 y finalmente el 01/08/2012 $700.000 cancelando la totalidad del préstamo. El pago de los intereses se realizó el 29/08/2012 por la suma de $269.091,89, el 04/09/2012 $611.000 y 11/09/2012 por $600.000. Acompaña en los antecedentes administrativos comprobantes de transferencia y copia de los extractos bancarios de ambas firmas. Por otra parte, explica que si bien en la instrumentación del préstamo no pudieron observarse las formalidades requeridas por el Código Civil, las actas preparatorias, las registraciones contables, los estados contables de la sociedad y ECLESUR, la documentación bancaria y la validación por parte de auditores independientes le dan fecha cierta al préstamo otorgado. Destaca que al ser una sucursal argentina de una empresa del exterior no se encuentra legalmente obligada a llevar un Libro de Actas de Directorio, enfatizando a su vez que en el requerimiento cursado a la prestamista, el propio acreedor reconoció ante el ente fiscal haber otorgado el préstamo a la contribuyente.
Concluye que si el ente fiscal hubiera atendido las explicaciones y examinando la documentación acompañada hubiese procedido a validar el préstamo discutido, toda vez que del análisis de la misma surge que el Directorio de ECLESUR resolvió otorgar el préstamo aludido, el cual fue registrado contablemente por ambas empresas al igual que la cancelación del capital y los intereses En consecuencia, probada la existencia y validez del préstamo, considera improcedente el ajuste pretendido por la fiscalización. Resalta que la salida de fondos se encuentra debidamente documentada, el beneficiario de los fondos está adecuadamente identificado y que los impuestos se encuentran debidamente ingresados por ECLESUR.
Por los motivos expuestos solicita que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas. Ofrece prueba documental, pericial contable e informativa. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 104/139, 319/326 y 419/451 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Desarrolla que la recurrente está constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima y declara como actividad principal la “construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”.
Señala que las tareas de fiscalización se han ajustado a la normativa en vigor y a los parámetros de razonabilidad y legalidad y que la materialidad de los hechos fue acreditada con los elementos obrantes en los antecedentes administrativos. Manifiesta que los fiscalizadores infirieron que el monto registrado por la actora en sus estados contables carece de suficiente sustento probatorio, destacando la inexistencia de un instrumento público y la insuficiencia del instrumento privado arrimado dado que carece de fecha cierta, configurando ello un incremento patrimonial no justificado. Evidencia que la actora se valió de un ardid, tendiente a ocultar hechos relevantes, con miras de obtener un beneficio ilegítimo en su perjuicio. Además, expone que los pagos interbancarios con los que la recurrente pretende justificar el concepto y monto en trato no coinciden exactamente con el monto del capital más los intereses, informado en el pretendido documento de préstamo.
En virtud de lo expuesto, solicita que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Se opone a la prueba ofrecida. Aporta antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 523/524 se abrió la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa y pericial contable designándose a los Dres. Leonardo Pierini y Sandra Andrea Ciardullo en representación del Fisco Nacional y la recurrente, respectivamente, quienes a fs. 589/599 presentaron el informe pericial. Con relación a la prueba informativa la misma hace referencia al diligenciamiento de los oficios dirigidos a la Inspección General de Justicia, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y AFIP, los cuales fueron contestados a fs. 540/542 y 613, 566 y 587, respectivamente. Finalmente a fs. 647 se declara cerrado el periodo de instrucción.
IV. Que a fs. 287 y 497 la Secretaría General de Asuntos Impositivos procede a acumular al expediente de referencia los que llevan los Nº 48.461-I y 48.460-I dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de esta Sala a fs. 286 y de Tribunal en Pleno obrante a fs. 496.
V. Que ello así, mediante PV-2023- -APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Mediante RE-2023- -APN-SGAI#TFN obran los alegatos presentados por la recurrente y en el RE-2023- -APN- SGAI#TFN lucen los alegatos presentados por el Fisco Nacional. Finalmente, en el IF-2023- -APN- VOCXII#TFN se disponen los autos para sentencia.
VI. Que corresponde resolver si las resoluciones apeladas en autos, se ajustan o no a derecho. Que en primer lugar debe mencionarse que Grupo Isolux Corsan S.A. (Representación Argentina- Sucursal) es una empresa que se dedica a la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
De la lectura de la memoria en sus estados contables al 31 de diciembre de 2011 surge que durante dicho ejercicio realizó obras en la central termoeléctrica Río Turbio, Provincia de Santa Cruz -como consecuencia del contrato celebrado a fines del año 2007 con la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios- y en la central hidroeléctrica Salto Andersen de la localidad Río Colorado, provincia de Rio Negro.
Que en el presente caso el principal tema a resolver se circunscribe en establecer si la deuda registrada con la firma Empresa Concesionaria Líneas Eléctricas del Sur S.A. (ECLESUR, en adelante) por la suma de $4.425.000, la que se encuentra incluida en la Nota 6 de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011, procedió conforme a derecho.
Que dicha empresa fue constituida el 22 de octubre de 2009 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de septiembre de 2010 a efectos de su presentación en la licitación pública nacional 4/2009: Realización de las obras integrantes del Proyecto Interconexión Pico Truncado, Rio Turbio, Rio Gallegos, siendo adjudicada la construcción de la parte Interconexión Calafate incluida en dicha licitación.
Que por lo tanto, corresponde evaluar la pertinencia, o no, de los ajustes practicados por el ente recaudador, al considerar dicho préstamo como un incremento patrimonial no justificado por carecer el mismo de sustento probatorio.
Que a los fines de respaldar su accionar la recurrente aporta en instancia de inspección una carta denominada “Solicitud de Préstamo” emitida por ECLESUR (fs. 195/195 Cuerpo Impuesto a las Ganancias); copia del extracto bancario del B.B.V.A Banco Francés, periodo 03/2011 en la cual figura el crédito por $4.425.000 transferido por “Fideicomiso Int. Pico Truncado” y los comprobantes de transferencia para cancelar el cuestionado préstamo (fs. 624/662 Cuerpo Impuesto a las Ganancias IV). Explica que el 22/07/2010 se celebró un contrato de construcción entre el Comité de Administración de Fondo Fiduciario para el transporte eléctrico federal y ECLESUR (contratista), en el cual esta última se obligaba a la construcción de la Interconexión Pico Truncado, Rio Turbio, Rio Gallegos. (fs. 232/363 vta. Cuerpo Principal II). Para llevar a cabo dicha tarea, el 19/07/2010 se constituyó un Fideicomiso de Interconexión Pico Truncado (fs. 366/390 Cuerpo Impuesto a las Ganancias II), en el cual ECLESUR actúa como fideicomisaria y fiduciante, y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE, en adelante) el fiduciario debiendo realizar las transferencias y pagos que le indicaba el fiduciante. En virtud de ello el 14/03/2011 ECLESUR ordenó a BICE transferir la suma de $4.425.000 a Grupo Isolux Corsan S.A, conforme surge de la nota que obra a fs. 49 del cuerpo principal de los antecedentes administrativos.
Que por su parte, el Fisco Nacional destacó que la actora no aportó contrato alguno con fecha cierta, que el firmante de la solicitud de préstamo no dejó constancia de la acreditación de personería que lo habilitaba a ejecutar el acto, que no surge que el directorio de la contribuyente haya tratado la conveniencia de tomar el préstamo, que los montos que corresponden a la devolución del préstamo no coinciden en forma exacta con los importes del mismo y que no se ha demostrado la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo. Por dichos motivos considera al préstamo en cuestión como un incremento patrimonial no justificado.
Que el artículo 18 inciso f ) de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones) dispone que los incrementos patrimoniales no justificados, representan en el impuesto a las ganancias: ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles y en el impuesto al valor agregado montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
Que el citado artículo fue establecido como un elemento esencial de cierre que busca evitar que ciertas rentas ocultadas al ente fiscal se evadan de la tributación, gravándolas cuando se manifiestan y basándose en la presunción de rentas ocultas a partir de ciertos gastos o elementos patrimoniales, concibiéndose como medio de prueba encaminado a acreditar la existencia de rentas ocultas.
Que en efecto, corresponde valorar la prueba a fin de establecer la procedencia o no de la impugnación efectuada por el Fisco Nacional.
Que a fs. 539/542 y 607/614 obra la contestación del oficio dirigido a la Inspección General de Justicia a fin de que informe si la recurrente se encuentra legalmente obligada a llevar el Libro de Directorio. La misma es de carácter informativo respecto de los libros que se encuentran rubricados, sin embargo no existe una contestación expresa sobre la consulta efectuada. En este sentido, cabe mencionar que entre el detalle de los libros rubricados obra el de Acta de Representante Legal, el cual se encuentra resaltado, agregándose de manera ológrafa “la sociedad rubricó la totalidad de los libros obligatorios”. Sin perjuicio de ello, debe destacarse que el citado libro de actas no se encuentra normado por la ley de sociedades comerciales (ley 19.550 y sus modificaciones).
A fs. 587 luce la contestación del oficio librado a la AFIP, quien contesta acerca del periodo fiscal 2012 de la empresa ECLESUR, pero no así del ejercicio 2011 cuando el mismo fue solicitado en el oficio diligenciado. A fs. 561/566 luce la respuesta del BICE informando que revistió la calidad de fiduciario en el Fideicomiso Interconexión Pico Truncado- constituido el 19 de julio de 2010- siendo ECLESUR la fideicomisaria y fiduciante y detalla a su vez la conformación del citado fideicomiso. Asimismo, señala que el 15 de marzo de 2011 por instrucciones de ECLESUR, procedió a transferir en carácter de préstamo la suma de $4.425.000 a la firma Grupo Isolux Corsan S.A, hecho que confirma la operatoria descripta por la recurrente en párrafos anteriores.
Que en esta línea de pensamiento y si bien a fs. 60 del cuerpo de Circularizaciones obra la el acta de Directorio Nº 17 de ECLESUR en donde se aprueba el contrato de mutuo (sic) en favor de Grupo Isolux Corsan S.A., por la suma de $4.425.000, cabe señalar que de la memoria de su balance la cual luce a fs. 700/703 cuerpo Impuesto a las Ganancias IV de los antecedentes administrativos no surge que haya prestado dinero a la recurrente, aunque si lo expone en la nota de saldos y operaciones con partes relacionadas. No obstante ello, debe resaltarse que en ningún momento ECLESUR expone el motivo por el cual le presta el dinero a la contribuyente, indicando a su vez que cuando el ente fiscal lo circularizó respondió dejando constancia en el acta que toda la documentación mediante la que se instrumentó dicho préstamo es la que fue aportada a la fiscalización, siendo esta: una carta solicitud del préstamo emitida por la firma y luego las respectivas transferencias y la factura correspondiente a los intereses pagados, agregando asimismo que no cuenta con otros elementos más que los aportados.
Tampoco la recurrente explica ya sea en la memoria de sus estados contables, el descargo de la vista, en el escrito recursivo presentado en esta instancia o en la solicitud del préstamo, la necesidad del gasto y porque adquirió dicho dinero. Que sin perjuicio de ello, cabe destacar que i) la nota emitida por ECLESUR ordenando a BICE a transferir el dinero (fs. 916 Cuerpo V Impuesto a las Ganancias ); ii) el comprobante de transferencia a través del cual BICE le entrega el dinero a Grupo Isolux Corsan S.A.; iii) los estados contables de ECLESUR por los ejercicios fiscales 2011 y 2012 en donde ECLESUR en la nota Nº4 de saldos y operaciones entre partes relacionadas y sociedades vinculadas informa el crédito ( préstamos a cobrar) que posee con Grupo Isolux Corsan S.A.
( fs. 710 vta. Cuerpo IV Impuesto a las Ganancias) y los intereses ganados (fs.711vta Cuerpo IV Impuesto a las Ganancias); iv) los balances por los ejercicios 2011 y 2012 de la contribuyente de marras mediante el cual en la Nota Nº6 de operaciones y saldos con partes relacionadas y vinculadas luce la perdida por el interés pagado (fs. 611 Cuerpo IV Impuesto a las Ganancias) y la deuda comercial contraída con ECLESUR (fs. 609 Cuerpo IV Impuesto a las Ganancias) y v) los extractos bancarios y comprobantes de transferencia donde obra la cancelación del préstamo (fs. 624/665 Cuerpo IV Impuesto a las Ganancias), permiten evidenciar la existencia del préstamo cuestionado, no siendo tampoco observado por el ente fiscal la magnitud de la tasa de interés acordada entre las partes.
Que asimismo la prueba pericial contable a fs. 589/599 verifica la documental mencionada utsupra. En este sentido los peritos contadores exponen en el punto xii) – fs. 592 vta./597- que el 11/04/2012 la recurrente pagó a la acreedora la suma de $1.000.000 los que fueron depositados en la cuenta bancaria ECLESUR del Banco Macro, posteriormente el 16/04/2012 abonó $300.000, el 2/07/2012 $ 2.000.0000, el 31/07/2012 $325.000 y finalmente el 01/08/2012 $700.000 cancelando la totalidad del préstamo. El pago de los intereses se realizó el 29/08/2012 por la suma de $269.091,89, el 04/09/2012 $611.000 y 11/09/2012 por $600.000 los que fueron transferidos también a la cuenta del Banco Macro de ECLESUR.
A su vez los peritos contadores en los puntos ix), x), xv) y xvi) de su informe (fs. 591 vta./592 vta., 597/599) señalan que el importe de los intereses resarcitorios y capital registrado por la actora en virtud del préstamo cuestionado resulta ser coincidente con lo informado en los estados contables y libro diario de ECLESUR. Que por lo tanto, teniendo en cuenta lo informado por los peritos contadores en su informe y la documental aportada en la etapa administrativa, me he formado opinión que permite concluir sobre la efectiva existencia del préstamo por la suma de $ 4.425.000, su devolución y el pago de intereses, que por otra parte no han sido cuestionados por el Fisco Nacional en cuanto a que pudieran encontrarse desfasados de los fijados por el mercado.
En consecuencia, no tratándose el ingreso de los fondos de un incremento patrimonial no justificado sino por el contrario habiéndose identificado adecuadamente su origen, su registro y cancelación posterior, corresponde revocar el ajuste en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado propuesto por el Fisco Nacional. Que sobre dicha base tampoco puede admitirse la impugnación de los intereses pagados, ya que ese accionar se encontraba sustentado en la inexistencia del préstamo. Por consiguiente corresponde rechazar el ajuste propiciado por el juez administrativo, sobre dicho concepto.
VII. Que resta evaluar el ajuste en el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas.
Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (“t.o en 1998) Dto 649/97) establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que con relación a la jurisprudencia, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta - en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que a fs. 624/662 del Cuerpo Principal IV de los antecedentes administrativos obran los extractos bancarios tanto del Grupo Isolux Corsan S.A. como de ECLESUR como así también los comprobantes de transferencia a través de los cuales se canceló el cuestionado préstamo.
Que del análisis de los mismos surge que la recurrente abonó a ECLESUR mas dinero de lo que le correspondería en concepto de deuda e intereses y de lo computado en sus declaraciones juradas. No obstante ello, en todos los casos se encuentra identificado el beneficiario de la operación, que por otra parte incorporó los fondos percibidos en su contabilidad comercial, por lo que no corresponde hacer lugar al ajuste propuesto por el ente fiscal, con costas.
VIII. Que en virtud de los argumentos desarrollados en los considerandos VI a VII, corresponde revocar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
La Dra Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.459-I del Dr. Roberto Nuesch por la representación procesal en la suma de $ 33.162 (pesos treinta y tres mil ciento sesenta y dos), equivalente a 1,09 (uno con 09/100) UMA, y al Dr. Luis Pablo Guillermon por el patrocinio letrado, la suma de $ 82.906 (pesos ochenta y dos mil novecientos seis), equivalente a 2,71 (dos con 71/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la primera etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
3. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.459-I de la Dra. Andrea Pisani y del Dr. Ricardo Mihura Estrada por la representación procesal conjunta en la suma de $ 16.581 (pesos dieciséis mil quinientos ochenta y uno), equivalente a 0,54 (cero con 54/100) UMA, para cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
4. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.459-I del Dr. Ricardo Mihura Estrada, por la representación procesal en la suma de $ 33.162 (pesos treinta y tres mil ciento sesenta y dos), equivalente a 1,09 (uno con 09/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
5. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.460-I del Dr. Roberto Nuesch por la representación procesal en la suma de $ 48.295 (pesos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y cinco), equivalente a 1,58 (uno con 58/100) UMA, y al Dr. Luis Pablo Guillermon por el patrocinio letrado, la suma de $ 120.738 (pesos ciento veinte mil setecientos treinta y ocho), equivalente a 3,95 (tres con 95/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la primera etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
6. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.460-I de la Dra. Andrea Pisani y del Dr. Ricardo Mihura Estrada, por la representación procesal conjunta en la suma de $ 24.147 (pesos veinticuatro mil ciento cuarenta y siete), equivalente a 0,79 (cero con 79/100) UMA, para cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
7. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.460-I del Dr. Ricardo Mihura Estrada, por la representación procesal en la suma de $ 48.295 (pesos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y cinco), equivalente a 1,58 (uno con 58/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
8. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.461-I de la Dra. Andrea Pisani y del Dr. Ricardo Mihura Estrada por la representación procesal conjunta en la suma de $ 45.226 (pesos cuarenta y cinco mil doscientos veintiseis), equivalente a 1,48 (uno con 48/100) UMA, para cada uno, y al Dr. Luis Pablo Guillermon por el patrocinio letrado, la suma de $ 226.131 (pesos doscientos veintiséis mil ciento treinta y uno), equivalente a 7,40 (siete con 40/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la primera etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
9. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.461-I de la Dra. Andrea Pisani y del Dr. Ricardo Mihuara Estrada, por la representación procesal conjunta en la suma de $ 45.226 (pesos cuarenta y cinco mil doscientos veintiséis), equivalente a 1,48 (uno con 48/100) UMA, para cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
10. Regular los honorarios por el Expediente N° 48.461-I del Dr. Ricardo Mihura Estrada, por la representación procesal en la suma de $ 90.452 (pesos noventa mil cuatrocientos cincuenta y dos), equivalente a 2,96 (dos con 96/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
11. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal y archívese.
Date: 2023.12.19 08:45:54 -03:00 Date: 2023.12.19 10:23:45 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.19 14:03:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.19 14:03:19 -03:00
Fin de la sentencia