Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir las multas aplicadas a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden, en relación a la reducción de las mismas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-44358860-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Abril de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 41.123-I y su acumulado 41.124-I, caratulado “GRUPO S.P.A. S.A. s/recurso de apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 35/48vta. y 117/130vta. se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones AFIP-DGI N° 227/2014 y 228/2014 (DV RRIIP), en las que determinaron de oficio con carácter parcial las obligaciones impositivas del impuesto a las ganancias -periodo fiscal 2010- y al valor agregado -periodos fiscales 01/2010 a 04/2011-, respectivamente.
Asimismo, en ambas resoluciones se liquidaron intereses y aplicaron multas equivalentes a tres veces el tributo evadido en los términos de los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683, por el periodo fiscal 2010 en el impuesto a las ganancias y periodos fiscales 06/2010 a 09/2010 en el impuesto al valor agregado. Expresa la Sra. Ana Alsogaray en su carácter de presidente de la recurrente que las resoluciones derivan de la imputación de un incremento patrimonial no justificado en el periodo 2010 con motivo del registro de una deuda en el rubro del Pasivo No Corriente bajo la cuenta “Cuentas Particulares Directores” sin justificar. Agrega que se encontraba de licencia durante la fiscalización y su socia -Milena Castellanos Salazar- no aportó pruebas contundentes para probar el origen de los fondos cuestionados.
Aclara que en los años 2009 y 2010 estaba casada con Daniel Carlos Cushnan de nacionalidad irlandesa, de quien se encuentra separada, habiendo residido en España desde el año 2000 a 2008 y luego al regresar a la República Argentina en 2009 conformaron la empresa Grupo S.P.A S.A. dedicada a la ventar de tabaco y bar.
Al respecto, informa que el dinero para desarrollar el emprendimiento fue aportado por su cuenta en carácter de socia y el origen de los fondos era de los ingresos de su marido en aquel momento. Por lo que, el 65% -su porcentaje de accionista en la sociedad- del monto total de la deuda fue originado en préstamos hacia la sociedad mediante aportes en efectivo del dinero de su esposo.
Justifica la utilización del dinero en la reparación del local comercial, pago de alquileres, mano de obra y para abonar compras a proveedores menores. Retiraba dinero de sus cuentas con su tarjeta y pagaba los gastos en efectivo.
Explica los fundamentos de la prueba ofrecida y a producir, en razón de que Daniel Carlos Cushnan contaba con los fondos necesarios a partir de su trabajo en Pernod Ricard -tanto en su sede argentina como española- para cederle dinero y retirar en efectivo por su cuenta, el que ella posteriormente aportó a la sociedad por medio de préstamos.
Controvierte la aplicación de las presunciones por parte de la Administración como argumentos de las resoluciones cuestionadas, lo que vicia al procedimiento de nulidad insanable por la omisión de causa, en resguardo de su garantía de defensa en juicio y el perjuicio sufrido ante los ajustes establecidos. Invoca el hecho de que no existió contrato de mutuo, escritura de donación o disposición de fondos documentada, entre ella y su ex marido por tratarse de una sociedad conyugal. En efecto, presenta jurisprudencia donde se establece que en una relación de parentesco o afinidad no se requiere la misma formalidad que entre terceros.
Recuerda que el saldo restante del pasivo fue aportado por su socia, con origen en dinero efectivo que formaba parte de su ahorro personal, conforme sus dichos en instancia administrativa.
Analiza las disposiciones legales aplicables, en particular el art. 18 inc. f) de la ley 11.683 y la forma de utilización de presunciones, para concluir que en este caso el método presuntivo aplicado no fue razonable. En relación a las multas aplicadas, plantea su nulidad en razón del respeto de la garantía del debido proceso legal, por considerar que no se cumplieron los requisitos de este tipo de procesos frente a un examen inadecuado de las circunstancias. Es decir, afirma que el ente fiscal no ha acreditado las conductas antijurídicas atribuidas a la recurrente y ello haría decaer el procedimiento.
Reseña el art. 46 de la ley de rito y sostiene que en virtud del dolo requerido en la figura “no hubo engaño, no hubo ardid, ni ocultación maliciosa, tendientes a perjudicar al Fisco evadiendo el tributo debido”. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 55/69vta. y 136/150 contesta la representación fiscal los recursos, quien por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones apeladas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 168 obra decisorio de esta Sala que ordenó la acumulación del expediente N° 41.124-I al que lleva el N° 41.123-I. A fs. 175 se abre a prueba, a fs. 274 clausura el período probatorio y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala. A fs. 275 se llaman los autos para alegar, obrando a fs. 280/283 el alegato del Fisco Nacional, no haciéndolo la actora.
A fs. 285 se llaman los autos para dictar sentencia.-
IV. Que conforme se desprende del informe final de inspección que obra a fs. 93/99 del cuerpo N°1 del impuesto a las ganancias y a fs. 67/73 del impuesto al valor agregado de los antecedentes administrativos y las resoluciones apelada.
- La actividad principal es la “venta al por menor de tabaco y sus productos” e inició sus actividades el 30/09/2009.
- Presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2010 y del impuesto al valor agregado por el periodo fiscal comprendido entre 10/2009 y 04/2011.
- En las declaraciones del impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 08/2009 a 07/2010, se exteriorizó un débito fiscal de Ventas de $367.390 superior a los $348.476 declarado por igual concepto en la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2010.
- En su declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2010 exteriorizó pasivos por $366.974,88, de los que $350.000 corresponden a la cuenta de su presidente, la Sra. Ana Alsogaray. - Iniciada la fiscalización, se cursaron sendos requerimientos a la recurrente solicitándole que indique, detalle de los accionistas y composición del directorio, documentación de respaldo correspondiente al pasivo de $366.974,88 y un detalle del mismo.
- En respuesta a lo solicitado, la recurrente indicó que los responsables de la sociedad son Alsogaray Ana - presidente y accionista- y Castellanos Salazar, Sandra Milena -socia y accionista- y que el pasivo se encontraba constituido, en parte, por un préstamo registrado en la cuenta particular de los socios por la suma de $350.000. A su vez, aportó los estados contables del ejercicio comercial 2010, y copia del libro diario donde se asentó como aporte en efectivo el pasivo en cuestión.
- La fiscalización interviniente requirió a cada una de las accionistas que: “justifique el origen de los fondos aportados a la firma Grupo S.P.A. S.A., durante el período 31/08/2009 a 30/07/2010, adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, la forma de ingreso de los aportes en la firma citada detallando fecha de cada uno de ellos...".
- No se obtuvo respuesta alguna por parte de la Sra. Alsogaray y la accionista Castellanos Salazar manifestó que: "1- Los fondos aportados a la firma Grupo SPA S.A., de la cual soy accionista, tienen origen en dinero en efectivo atesorado afectado originalmente como ahorro personal. Por la naturaleza patrimonial del dinero en efectivo no existe documentación respaldatoria del mismo. 2- El dinero fue entregado a la sociedad en efectivo de acuerdo a los requerimientos que me efectuaron por parte de la misma. Por no estar obligada a llevar libros contables no poseo registración de la fecha de cada uno de ellos."
- De las bases de datos del organismo, surgió que las socias de la firma -Alsogaray y Castellanos- no presentaron sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los años 2009 y 2010. Ante el requerimiento para que expliquen el origen de los fondos aportados, la exhibición de documentación respaldatoria y la aplicación de esos montos a la empresa.
- La Sra. Alsogaray presentó declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al periodo fiscal 2010 con un crédito de $227.500 y la Sra. Castellanos lo hizo con la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, declarando un crédito de $122.500.
- Analizadas las presentaciones de ambas socias, totalizando $350.000 en concepto de créditos entre ambas, se constató que ninguna de ellas justificó poseer capacidad económica suficiente para afrontar los aportes ingresados por la suma de $350.000 registrados en el Libro Diario y consignados en carácter de pasivo, Cuenta Prestamos - Cuentas Particulares de Directores- del balance y estado de resultados fiscalizado.
- Toda vez que la recurrente no logró demostrar con documentación fehaciente el pasivo declarado, y no se obtuvo respuestas satisfactorias de las supuestas aportantes quienes tampoco aportaron documentación de respaldo, la fiscalización consideró que el importe de $ 350.000, registrado como pasivo por la responsable, representa un incremento patrimonial no justificado en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2010. - Por lo tanto, se consideró que dicho incremento patrimonial no justificado, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representa una ganancia neta obtenida por la contribuyente durante el ejercicio en que tal aumento se produjo -2010- gravada por el impuesto. - En cuanto al impuesto al valor agregado, frente a la impugnación del mencionado pasivo, se proyectó el monto de $350.000 incrementado en un 10%, siendo de base para estimar las operaciones gravadas omitidas en este impuesto.
- En oportunidad de presentar su descargo, la Sra. Ana Alsogaray efectua manifestaciones relacionadas a una pretensa capacidad económica de su esposo y aduce que él le habría girado el dinero aportado en la sociedad. No obstante, puede detectarse que ha mencionado que tenía únicamente un automotor, sus acreditaciones bancarias eran menores, no está informada en nómina salarial, no realizó ventas de propiedades y no presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los años 2009 y 2010. A partir de ello, la Administración concluyó que no poseía capacidad económica suficiente en relación al pasivo de $350.000 declarado.
- Se consideró que no logró acreditar la posesión de cuenta bancaria alguna y no se demostró con prueba fehaciente que los fondos registrados como pasivo por Grupo S.P.A. hayan sido girados por Daniel Cushnan. Con sustento en esos elementos se procedió a iniciar el procedimiento determinativo que culminó con los actos en crisis.
V. Que si bien la recurrente no la articula como defensa previa, entiendo que por una razón de lógica precedencia debo expedirme sobre el planteo dirigido a obtener una declaración de nulidad de las resoluciones apeladas, en razón de la omisión de causa como requisito esencial del acto administrativo.
A fin de definir la causa encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (conf. Hutchinson, Tomás; “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pag. 154).
En ese contexto, los argumentos del recurrente deben ser rechazados toda vez que encuentran sustento en la discrepancia con las conclusiones a las que arriba el ente fiscal para determinar de oficio su obligación tributaria. Más, preciso es señalar que los actos recurridos detallan los elementos de hecho y derecho tenidos en cuenta con el Fisco Nacional y, en definitiva, su discrepancia con el encuadre jurídico o la valoración de los hechos realizada, eventualmente puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la revocación de los actos, pero no a su nulidad.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre los agravios dirigidos a impugnar el criterio fiscal que determinó la obligación de la recurrente frente a los impuestos al valor agregado y a las ganancias, a partir de la presunción contenida en el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe precisar que más allá de que la ley imponga al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, por haber incurrido en errores de interpretación o realizado maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Frente a esas situaciones, el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas.
De allí que este procedimiento resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que pueda actuar el ente fiscal. Asimismo, la norma establece un orden cronológico a seguir, pues la administración podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no se cuenten con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Es decir, en primer término deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo deberá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid.
Esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Como señalara el Profesor Dino Jarach “cualesquiera que sean las circunstancias que muevan a la Dirección a determinar el impuesto –ausencia de declaración jurada o equivocación por parte del contribuyente en sus declaraciones juradas, la Dirección General Impositiva…debe, en primer término, tratar de determinar el impuesto sobre bases ciertas, o sea, sobre un conocimiento directo y cierto de todas las circunstancias de hecho que la ley ha considerado relevantes para el nacimiento de la obligación tributaria….Puede ocurrir que falten elementos de juicio o que los que existan no sean suficientes para que la Dirección General Impositiva –el fisco, en una palabra- determine sobre bases ciertas.
Solamente en este caso…puede acudir, en nuestro sistema legal, a una determinación sobre base presuntiva o, como dice la ley 11.683, a una estimación presuntiva…” (Jarach, Dino, “Determinación Impositiva. Naturaleza, Formas y Efectos”, en “Estudios de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1998, pág. 219 y sgtes.).
Es decir que la ley estableció una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con “probabilidad” (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible. Para ello el legislador establece reglas de valoración o índices que serán empleados como signos objetivos de que su sola presencia sea reveladora de la riqueza que está sometida a tributación. La utilización de estos índices se traduce en un método de determinación indirecta, pues si bien no nos suministran un conocimiento cierto de sus dimensiones, nos permiten “presumirlas”.
La facultad de acudir al método presuntivo ha sido aceptada por la doctrina jurisprudencial. Así lo recuerda en un reciente pronunciamiento la Alzada al sostener que “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, ‘sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107)’, y que si bien ello no significaba edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, ‘tampoco permiten descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios (en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que ‘su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa’ (doc. Sala II del Fuero in re: ‘Verón, Teresa Argelia’, del 13/4/93)” (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David y Dwed, José Roberto (TF 9904-I) c/ DGI”, del 20/09/99, y sus citas; y “Candle SA -TFN Nº 13.855-I c/ DGI” del 22/02/01, y sus citas).
Aclarado ello, podemos afirmar junto con la doctrina especializada que las presunciones son juicios lógicos por los que de un hecho base se extrae un hecho consecuencia, debiendo el hecho base estar completamente acreditado y siendo además necesario que entre ese hecho y el hecho consecuente exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. (Ziccardi, Horacio, “Derecho tributario administrativo o formal”, en Tratado de Tributación, Astrea, Buenos Aires, Tº I, Vol. 2, pag. 237).
Ahora bien, las presunciones así definidas, tienen como objeto constituir la prueba a favor del fisco para verificar el cumplimiento de la obligación tributaria por parte del contribuyente, facilitando su tarea. En efecto, la utilización de una presunción deviene en el cambio de objeto de la prueba, pues deberá probarse la existencia del hecho conocido que da soporte a la presunción. Más ello no significa que el Fisco se encuentre dispensado de llevar adelante una actividad probatoria, pues debe justamente probar los hechos base o inferentes en que se funda la presunción.
Como contrapartida, deberá el contribuyente cuestionar y probar tanto la existencia del hecho cierto en el que se basa como la relación entre el hecho inferente y el inferido.
VII. Que en función de lo expuesto, la cuestión en litigio gira en torno a determinar la procedencia del ajuste en el impuesto a las ganancias y al valor agregado, como consecuencia de la impugnación realizada de los pasivos declarados por la recurrente, toda vez que entendió que no cuentan con suficiente respaldo documental, y en consecuencia aplicó la presunción contenida en el inciso f) del art. 18 de la ley 11.683.
Baste recordar el criterio de la Alzada, recogido entre muchos otros, en la causa “Valle Escondido S.A.” de fecha 17/05/16, la Sala IV, donde sostuvo que “…la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser en casos como el presente particularmente indudable. Para ello, resulta necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en particular, la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución (conf. “Club vacacional S.A. c/ Dirección General Impositiva c/ recurso directo de organismo externo”, sent. Del 14/4/16…”.
Por ello, corresponde reseñar las pruebas aportadas y producidas por la recurrente ante este Tribunal, las que se limitan a documental e informativa sobre el ex marido de la presidente de la firma recurrente, en relación al 65% del pasivo impugnado que fue aportado por ella.
En primer lugar, obra a fs. 21 la declaración jurada presentada de Daniel Carlos Cushnan y a fs. 23/25 una planilla de depósitos en su cuenta del Banco Barclays de España. A su vez, a fs. 25/34 aportó un extracto de cuenta del banco por el periodo enero de 2009 a diciembre de 2010.
A su vez, a fs 184/195 el Banco ICBC (en nombre del Standard Bank) acompañó copia de los extractos bancarios de la caja de ahorro de Cushnan desde enero de 2009 a diciembre de 2010.
Por último, a fs. 198/270 la empresa Pernod Ricard Argentina S.R.L informa que Daniel Carlos Cushnan laboró para la firma en dos periodos, desde el 01/10/1998 al 30/06/2000 y desde el 14/07/2008 al 18/02/2013, acompañando recibos de sueldo de su segundo período trabajado allí.
VIII. Que sentado lo que antecede, corresponde ahora analizar lo manifestado por la recurrente ante la ausencia de documentación entre la presidente Ana Alsogaray y su ex marido donde conste la adquisición de fondos para invertir en la firma recurrente y la posibilidad de dispensar de su formalidad por ser una sociedad conyugal.
Al respecto, cabe recordar que en materia de préstamos entre familiares, este Tribunal ha sostenido que “al tratarse de créditos entre parientes resulta plausible considerar que no se observen ciertos requisitos formales en su documentación (que en otros casos se exigirían) ello es así cuando aquellos no tienen más consecuencias que las limitadas al ámbito familiar, mas no, por ejemplo, en las tributarias que aquí se analizan, en donde el cumplimiento de esas formalidades para acreditar la realidad de los hechos es indispensable, o por los menos, suplir las mismas con pruebas que demuestren esa realidad” (conf. “Montemagiore, Fortunato, -Sala A- 07/05/1998).
Por lo que, de conformidad con la jurisprudencia pacífica sobre este tema, es cierto que se ha asentado que en los mutuos entre parientes no se les requiere un excesivo rigor formal para demostrar su existencia. En tal sentido, será suficiente con que pueda probarse lo siguiente: a) La existencia de dinero disponible en cabeza del acreedor, b) la forma y disposición de los fondos mediante algún flujo de fondos, c) la aplicación de los fondos, d) la forma o modalidad de las devoluciones, e) la fuente de generación de los recursos para devolverlos. En tal sentido, se ha expedido este organismo jurisdiccional en diversos pronunciamientos (conf. “De Martino Antonio”, –Sala B- 31/5/1994; “Amden, Raúl”, -Sala C- 25/9/2001).
Entonces, si bien el fundamento alegado es acorde a la doctrina pacífica, podemos evidenciar que la falta de elementos formales debe ser suplido con elementos de prueba certeros sobre el circuito de pago. Resulta entonces, que las pruebas producidas, a mi criterio, no alcanzan para destruir las fundadas conclusiones a las que arribó el juez administrativo, dado que la presidenta de la firma recurrente -Ana Alsogaray- no ha acreditado el circuito del dinero desde las arcas de su ex marido, tanto nacionales como españolas, hasta estar en su poder, para luego ser invertido integrando el 65% del pasivo impugnado por el organismo fiscal.
Además, en relación al 35% restante, supuestamente aportado por su socia Milena Castellanos Salazar, únicamente se limita a detallar que tiene origen en ahorros personales de la misma, sin brindar prueba que justifique este porcentaje del pasivo que dio lugar a la fiscalización efectuada.
Ello así, no habiendo logrado la recurrente destruir las fundadas razones del juez administrativo y ajustándose las determinaciones efectuadas a la normativa aplicada, corresponde confirmar los ajustes realizados en las resoluciones determinativas del impuesto a las ganancias y al valor agregado, con costas.
IX. Que en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados en ambas resoluciones, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios, corresponde su confirmación.
X. Que debe entonces abocarse al tratamiento de la procedencia de las multas aplicadas frente a los impuestos a las ganancias por el periodo fiscal 2010 y al valor agregado por los periodos fiscales 06/2010 a 09/2010, respectivamente, en los términos de los arts. 46 y 47 inciso d) de la ley 11.683.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
XI. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió, para el encuadre de las conductas del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado, la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es –generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Desde ya, que las presunciones así definidas y contenidas en el artículo 47 dispensan de la prueba del hecho presumido al organismo fiscal favorecido por ella, pero pueden ser refutadas por el contribuyente mediante el desarrollo de una probanza en la cual se acredite la falsedad o inexistencia del hecho presumido.
XII. Que en ese contexto doctrinario, cabe señalar que los actos administrativos impugnados imputan a la recurrente la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas al haberse detectado que declaró un pasivo ficticio. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión, encuadrando su conducta en las previsiones del inc. d) del artículo 47 de la ley 11.683 –t.v-.
En esa dirección los argumentos de la recurrente, se dirigen a una defensa dogmática sin aportar elementos de prueba que destruyan el accionar fiscal y la presunción aplicada, limitándose a esgrimir ausencia de conducta dolosa.
Es menester destacar que las presunciones aplicadas “guardan un orden lógico entre los hechos económicos (entre los cuales se halla el imponible), sus comprobantes contables o documentos jurídicos destinados a servir de prueba de aquéllos, las registraciones o asientos, donde se sintetiza esa información, incluyendo el balance impositivo, donde esa síntesis se estructura en relación con la determinación de los impuestos. Cualquier interrupción en esa cadena, voluntaria o involuntaria, que ocasione o no perjuicio fiscal, por error o inexistencia de alguno de sus pasos daría por configurada la materialidad de un ilícito. Formal, si no hay perjuicio fiscal; material en caso contrario. A título de culpa, si no hay error excusable ni intencionalidad probada por prueba directa o presuncional; a título de dolo en la hipótesis contraria” (Conf. L.N. Gurfinkel de Wendy y E.A. Russo, “Ilícitos tributarios”, pág. 201 y sgtes). En esa dirección, no puede decirse que el ente fiscal extrajo “automáticamente” la conclusión de que cabía la responsabilidad establecida en las normas en las que funda su acto sancionatorio. Muy por el contrario, funda el mismo en hechos concretos y probados, claramente determinados.
En suma, dado que las declaraciones engañosas fueron el resultado de la ausencia de libros, registros contables y documentación que avalara las relaciones económicas y jurídicas, era a la declarante a quien le correspondía invocar y probar que tales diferencias no fueron producto de su voluntad de omitir los datos sino de alguna otra circunstancia que excluya el carácter doloso de su accionar, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que cabe confirmar las multas aplicadas, con costas.
No obstante ello, ante la ausencia de fundamentación suficiente sobre las razones que llevaron al juez administrativo a cuantificar las sanciones, considero que deben reducirse en su mínimo legal. Costas por su orden. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Que, por lo expuesto, SE
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir las multas aplicadas a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden, en relación a la reducción de las mismas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 52, segundo párrafo, del RPTFN por encontrarse vacante la Vocalía de Tercera Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2024.04.30 12:44:37 -03:00 Date: 2024.04.30 14:13:53 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.30 14:13:54 -03:00
Fin de la sentencia