Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-115739265-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 2022-6876-E, dictada en la Actuación SIGEA 17115-5073-2015.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-104144482-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “GRUPO PEÑAFLOR S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente nro. EX-2022-115739265- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Segura dijo:
I. Que mediante RE-2022-115729604-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderada, la firma GRUPO PEÑAFLOR S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución 2022-6876-E, que la condena por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de $10.862,96 y le formula cargo por tributos adeudados por la suma de u$s 2.214,67 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.VA en relación al DIT 11001IT14007276 G. Relata los antecedentes del caso. Sostiene que la Aduana omite tratar y manifestarse sobre los argumentos y la prueba aportada en la contestación de vista. Opone la nulidad del auto de apertura del sumario sobre la base de la violación de los requisitos del acto administrativo respecto a la causa y falta de motivación del acto. Aduce, en consecuencia, la prescripción de la acción de la aduana para perseguir el cobro de multa y tributos. Manifiesta que los insumos fueron efectivamente reexportados en tiempo y forma antes del vencimiento y las obligaciones sustanciales del régimen fueron cumplidas. Arguye que los insumos totales utilizados y reexportados con más aquellos que se importaron a través de la importación de la perdida ascendieron a 20,80 unidades de insumo, siendo la misma cantidad que la importada al amparo del despacho. Manifiesta que esa información se desprende del propio sistema de la Aduana, en el módulo Destinaciones suspensivas en el cual se lee Saldo “0”. Afirma que hubiera bastado con el simple análisis de la descripción de los Insumos declarados en la DIT junto con la información declarada en el cuerpo de los PE y el CTIT. Se agravia de la incorrecta liquidación de los tributos reclamados en atención a la improcedencia del reclamo del impuesto al valor agregado por parte del servicio aduanero. Sostiene que el IVA no se encuentra sujeto a las disposiciones del C.A. rigiendo su aplicación las disposiciones en le Ley 11.683. Señala que ni el impuesto al valor agregado ni el impuesto a las ganancias revisten el carácter de tributos con afectación especial. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución condenatoria, con costas.
II. Que mediante IF-2023-23602248-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica de los dichos de la contraria y un resumen de lo actuado en sede administrativa. Sostiene que en razón de los argumentos vertidos precedentemente, se observa un claro incumplimiento al régimen. Hace referencia al art. 274 del C.A. Alega la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones sobre la importadora. Con respecto a la nulidad de todo lo actuado, sostiene que la norma señala diversas medidas procesales que pueden acompañar a la apertura de sumario pero la ausencia de alguna de ellas no la deja “incompleta” puesto que son actos procesales diferenciables. Señala que el auto de apertura es válido y genera efectos jurídicos en tanto y en cuanto describa con suficiencia el hecho ilícito ( el vencimiento de la importación temporal) Manifiesta que las demás medidas mencionadas en los incisos son diligencias que deben cumplirse en algún momento del procedimiento. Sostiene que para que proceda una nulidad como la pretendida por la contraria, resulta necesario que exista un perjuicio concreto al derecho de defensa de la misma. Señala que no resulta procedente el planteo de la prescripción opuesto por la actora, toda vez que al momento de aperturarse el sumario aún no había operado el plazo de 5 años de prescripción opuesto, sino que el mismo se había suspendido por el art. 805 del C.A e interrumpido por el art. 937 del C.A. Alega el fallo WONDERLAND SRL. Resalta la normativa dictada en virtud de la pandemia de COVID-19 y manifiesta que la prescripción de la acción encontraría lugar el 18/12/2022 plazo que debe ampliarse por aplicación del art. 17 de la ley 27.562. Sostiene que la prescripción de las acciones que detenta la Dirección General de Aduanas para reclamar y percibir tributos se rige por lo que establece la normativa específica en materia aduanera. Alega que el hecho jurídico generador de la obligación tributaria del IVA es la importación a consumo. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
III. Que en PV-2023-25074621-APN-TFN#MEC se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas; por su parte, mediante PV-2023-36632196-APN-VOCXVIII#TFN, se provee la prueba documental ofrecida por la actora y se elevan los autos a esta Sala “F”. Con posterioridad se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA 171115-5073-2015 se inicia a fs. 1/3 con la presentación de una multinota y el despacho de importación 11001IT14007276G (of 27/12/2011). A fs. 4 luce agregado el despacho de importación a consumo 12001IC84001826P oficializado el 16/10/2012. A fs. 6 se agrega el CTITI 03761/2008. A fs. 9/10 se adjunta el acta de denuncia 505/15 formulada el 28/8/2015 contra la firma GRUPO PEÑAFLOR S.A en los términos del art. 970 del CA, en relación al DIT 11 001 IT14007276G. A fs. 12 luce el aforo de la mercadería. A fs. 13/14 luce liquidación. A fs. 15 en fecha 18/12/2017 se instruye sumario y se corre vista de todo lo actuado. A fs. 17 se agrega la notificación de la corrida de vista a la actora en fecha 6/4/2022 y a fs. 18 a la aseguradora el 5/4/2012. A fs. 19/25 contesta vista la aseguradora. A fs. 26/44 contesta vista la importadora. A fs. 45 luce agregado el DIT 11 001 IT14007276G. A fs. 46 luce agregado copia del CTIT. A fs. 51/54 luce la destinación de importación a consumo. A fs. 56 con fecha 30/5/2022, se rectifica la denuncia de fs. 10 dado que la DDJJ se encuentra incompleta. A fs. 58/65 luce agregada de manera ilegible la resolución RESOL-20226876-AFIP- DEPRLA#SDGTLA aquí apelada. A fs. 68 obra agregada la notificación SICNEA a la compañía aseguradora con fecha 14/10/2022. A fs. 69 obra SICNEA a la firma importadora, notificada el día 13/10/2022. A fs. 70 se comunica la apelación ante este Tribunal.
V. Que, corresponde tratar la nulidad del auto de apertura de sumario opuesta por la actora.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, del cotejo de las actuaciones surge que el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al referido auto, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos. Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VI. Que, sentado lo expuesto, siendo válido el auto de apertura de sumario de fecha 18-12-17, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones.
Que el art. 934 del CA expresa "La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del CA establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que "La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por:
a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero, d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera" y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2013 y vencía el 31/12/2017. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 18/12/2017 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934, inc. a, del CA) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 19/12/2017 y el nuevo vencimiento ocurrió el 19/12/2022.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las actuaciones administrativas no obra ni siquiera la consulta respectiva que debiera ser efectuada al registro de infractores.
Corresponde, entonces, referir al dictado de la resolución apelada. En efecto, la Resolución 2022-6876-E -apelada en autos- se dictó el 26/9/2022, notificada el 13-10-2022 a la importadora y el 14-10-2022 a la aseguradora, conforme constancias que surgen de fs. 69 y 68, respectivamente; es decir, que sin perjuicio del art. 17 de la Ley 25.562 que dispuso la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”, dicho plazo quedó establecido entre el 26/08/2020 al 26/08/2021; en consecuencia, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento del dictado y notificación de la resolución aquí apelada, no había acaecido la prescripción de la acción del fisco para imponer penas.
VII. Que resta analizar la prescripción de la acción que posee el Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el Fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del CA establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA). Que, no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 23-12-2012. Y, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 1-1-2013 y vencía el 31-12-17.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 18-12-17, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 17 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que - de dicho plazo- restaban cumplirse 18 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que, atento a lo establecido en el art. 805, inc. a), del CA, la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 18-12-17) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del CA) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805, inc. a), del CA) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución 2022-6876-E dictada el 26/09/2022.
Que, atento lo establecido en el ya referido art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -en el caso 18-12-17 “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” -el resaltado me pertenece-.
Que, en consecuencia, el cómputo de la prescripción se reinicia el 3-10-22 -léase: 5 días hábiles administrativos posteriores al dictado de la Resolución-; por lo que si restaban para que opere la prescripción 18 días, la misma operaría el 29-10-22.
Que, se debe tener presente que el art. 17 de la Ley 27562 dispone que se suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para, en lo que aquí interesa, percibir los tributos. Que, en consecuencia, la prescripción tributaria en realidad operaba el 29-10-22; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 26-09-22 y habiéndose notificado el 13-10-22 a la importadora conforme constancias que surgen de fs. 69, no se encuentra prescripta la acción del fisco para percibir los tributos.
VIII. Que, ello así, corresponde analizar si la Resolución 2022-6876-E, que condena a la importadora, aquí actora, al pago de multa y tributos, en los términos de los arts. 970 del CA, en relación al DIT 11 001 IT14 007276G, se ajusta a derecho.
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT 11 001 IT14 007276 G; oficializado el 27/12/2011, la firma GRUPO PEÑAFLOR S.A. documentó con el ítem 1, la importación temporaria de 20,8 millares de “Los demás Los demás- TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA; LAS TAPAS ROSCADAS Y LOS TAPONES VERTEDORES), CÁPSULAS PARA BOTELLAS, TAPONES ROSCADOS, SOBRETAPAS, PRECINTOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA ENVASES DE METAL COMÚN”, mercadería clasificada en la PA SIM 8309.90.00.990L, en los términos de lo normado en el Decreto nro. 1330/04- A6 por un plazo de 360 días, con vencimiento el 23/12/12.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
IX. Que, en el caso de autos la importadora limitó su argumento defensivo a sostener, genéricamente, que había procedido a regularizar en legal tiempo y forma la situación de la totalidad de la mercadería introducida en forma temporaria, mediante los PE nros. 12038EG03001434L, 12038EG03001517N, 12038EG001573P, 12038EG03001775T, 12038EG03001526N, 12038EG03000966U, 12038EG030000968W, 12038EG000942Y, 12038EG03000956T, 12038EG03000957U, 12038EG03000964S, 12038EG03000909R, 12038EG03000941N, 12038EG03003695Y, 12038EG03000857T, 12038EG03000830K, 12038EG0300812K, 12038EG03000895V, 12038EG03000857T, 12038EG03000830X, 12038EG03000812K, 12038EG03000887W, 12038EG03000796V, 12038EG03000772P, sin efectuar una alegación concreta respecto de la cantidad de mercadería que el servicio aduanero debió considerar exportada mediante cada uno de los PE denunciados.
Que de la compulsa de la documentación acompañada en copia en sede aduanera y de la prueba acompañada por la actora en esta instancia, surge que en la descarga de los permisos de embarque mencionados ut supra, si bien se hace referencia a la misma posición arancelaria declarada en el despacho de importación temporaria en trato, no consta ningún otro dato que permita determinar en forma fehaciente que se trata del mismo insumo. Asimismo, del análisis del CTIT acompañado, resulta que sin perjuicio de ser ilegible en algunos datos- no se puede determinar cuál de los insumos que allí constan, corresponde al importado temporalmente ya que no hace referencia al código del insumo que figura en el despacho de importación temporaria.
Cabe señalar que aún en el caso que se tomara como válida la descarga efectuada en cada permiso de embarque, de todas formas tampoco coinciden los datos allí volcados con los que resultan de los insumos que constan en el CTIT Que consecuentemente, del precedente análisis surge que se encuentra configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., por ello corresponde confirmar la multa impuesta por la Resolución 2022-6876-E.
X. Que, como quedó expuesto ut supra, el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, la deviene aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren (apartado 2 del art. citado).
XI. Que respecto al agravio de la improcedencia del reclamo del impuesto al valor agregado por parte del servicio aduanero, el art. 4°, 7mo. párrafo, del decreto n° 618/97 establece que el Director General de la Dirección General de Aduanas es “responsable de la aplicación de la legislación aduanera, en concordancia con las políticas, criterios, planes y programas dictados por el Administrador Federal y las normas legales que regulan la materia de su competencia”. En particular, del art. 9, ap. 2, inc. a), del mencionado decreto, se desprende que la D.G.A tiene a su cargo la función de “determinar, percibir, recaudar, exigir, fiscalizar, ejecutar y devolver o reintegrar los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidos por leyes y normas aduaneras a cargo delorganismo”.
Que, al mismo tiempo, la D.G.A. actúa como agente de percepción del I.V.A. originado en operaciones de importación definitiva de cosas muebles -art. 51 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. en 1997 y modif.). Que, por ello, corresponde rechazar el planteo de incompetencia de la D.G.A. interpuesto por la actora.
XII. Que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero.
Los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la aquí actora, es decir, desde el 6/4/2022 (conforme constancia de fs.17 de las actuaciones administrativas). En consecuencia, los intereses deberán deberán abonarse desde el 22/4/2022 hasta la fecha de efectivo pago.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 2022-6876-E, dictada en la Actuación SIGEA 17115-5073-2015.
2. Costas a la actora.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Vocal preopinante.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución 2022-6876-E, dictada en la Actuación SIGEA 17115-5073-2015.
2. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquin Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.09.16 18:09:43 ART Date: 2025.09.17 17:41:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.18 15:19:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.18 15:20:09 -03:00
Fin de la sentencia