Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 80302386-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar desierto el recurso deducido por la parte demandada; con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
36818/2023 “GRUPO PILAR SA (TF 80302386-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, octubre de 2023.
1. Que estas actuaciones tienen origen en la resolución AD CORD 299/20, por la cual se condenóu a Grupo Pilar SA al pago de una multa de $4.658,15, otra multa de $1.000 y la restitución de USD 293,15 en concepto de reintegros indebidamente abonados, por la presunta comisión de las infracciones previstas en los artículos 954, apartado 1º, inciso a, y 995 del Código Aduanero, con relación a la destinación de exportación 16 017 EC01 003800 F.
2. Que, el 4/4/23, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) declaró la nulidad del protocolo de análisis 20161005-00002482 y de todo lo actuado en consecuencia, incluida la referida resolución AD CORD 299/20; (ii) impuso las costas al demandado vencido (v. pp. 373-378, de la versión digital del expte. TF 80302386, remitida con el oficio del 8/9/23).
Para resolver como lo hizo, relató que la actora había clasificado la mercadería exportada en la posición arancelaria 2309.90.90.911Y (“Las demás - Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales”), y que el servicio aduanero le imputó la comisión de una declaración inexacta al constatar, a partir del resultado del análisis de la muestra tomada, que debía declarársela como harina de soja de la PA 2304.00.10.100B (por ser éste el componente mayoritario de la mezcla), con un consiguiente perjuicio fiscal, dado que a la posición arancelaria resultante no le correspondían reintegros a la exportación, mientras que a la declarada sí.
Agregó que el servicio aduanero también le imputó la infracción residual del artículo 995 del código, toda vez que a la actora le hubiese correspondido presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior por la mercadería resultante.
Mencionó que la actora fundaba su planteo de nulidad en que no se le había comunicado en forma oportuna que el resultado del análisis le era adverso, lo cual cercenó su posibilidad de recurrirlo mediante la solicitud de un segundo examen. Precisó que la actora afirmaba haber tomado conocimiento efectivo del resultado del análisis de la muestra (extraída en 2016) cuando le fue notificada la corrida de vista del sumario, en julio de 2019; y que, si bien ofreció producir un segundo análisis dentro del mes de notificada de la vista, la Aduana nunca lo practicó, por motivos que le eran ajenos. En ese contexto, y con remisión a lo dispuesto en el punto 3 del anexo II de la resolución general 3891/16 –que reglamenta el procedimiento para la extracción y análisis de muestras–, el organismo jurisdiccional consideró que la demandada había incurrido en, al menos, dos irregularidades durante el procedimiento: 1) dilación en la notificación del resultado del protocolo de laboratorio, teniendo en cuenta que la muestra se extrajo el 12/9/16, que aquélla ingresó para su análisis el 27/3/17, que el informe se produjo el 22/5/17 y recién fue comunicado con la corrida de vista, el 5/7/19; y 2) omisión de pronunciarse sobre la presentación efectuada el 16/7/19 por la exportadora, en la que solicitaba la realización de un segundo análisis.
Entendió que se trataba de vicios no subsanables, porque la mercadería en cuestión era perecedera y tenía determinadas condiciones de conservación que hacían imposible practicar un nuevo análisis en la actualidad, dirigido a comprobar su especie. Por último, precisó que los tres años transcurridos entre la extracción de la muestra y la notificación del resultado de la práctica al interesado, sumado a la imposibilidad técnica de repetir dicho acto, habían socavado la posibilidad de control de la prueba; todo lo cual determinaba la nulidad absoluta del protocolo de análisis 20161005- 00002482 y de lo actuado en su consecuencia, al haberse conculcado irremediablemente el derecho de defensa de la parte actora.
3. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación el 17/5/23, que se concedió el 19/5/23, se fundó el 7/6/23 y fue replicada el 4/7/23 (v. pp. 394-395, 400, 413-418 y 422-436, expte. cit.).
Planteó que el procedimiento de extracción de muestras había sido consentido, sin observación alguna, por la empresa exportadora a través de su despachante de aduana, quien suscribió el acta obrante a fs. 1 de la actuación administrativa, donde expresamente constaba que la muestra era representativa del total de la partida.
También planteó que el fundamento central de la decisión apelada era la dilación en la notificación del resultado del análisis, lo que –a su entender– carecía de sustento jurídico, toda vez que la resolución general 1582/03 (sic) no establecía un plazo para cumplir con la diligencia.
Más allá de lo expuesto, indicó que de la foja 17 de la actuación administrativa surgía que el despachante de aduana se había notificado personalmente del protocolo de análisis el 21/7/17, de manera que la actora no había ejercido su derecho a ofrecer un segundo análisis dentro del mes de producida aquella toma de conocimiento. Citó jurisprudencia en sustento de su posición y pidió que se revocase el pronunciamiento apelado.
4. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 36818/2023 “GRUPO PILAR SA (TF 80302386-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.
Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (conf. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras). Asimismo, cabe recordar que la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
5. Que el memorial del Fisco Nacional no cumple con tales pautas, ni pone en evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas formulada por el Tribunal Fiscal, en tanto se limita a argumentar sobre la ausencia de un plazo reglamentario para practicar la notificación del resultado del primer análisis de la muestra, y la existencia de una notificación anterior a la que denuncia la actora, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de uno de los argumentos dirimentes de la decisión apelada.
En particular, nada dice sobre la imposibilidad fáctica en que se encontraba la actora de controvertir el resultado del primer análisis en el momento en que le fue comunicado; debiéndose recordar, como adecuadamente lo señala el tribunal de origen, que ello tuvo lugar con relación a mercadería perecedera y que, incluso si se tomase por válida y suficiente la notificación del 21/7/17 (v. p. 187, expte. cit.) para que la actora conociese que se había hecho efectiva la diferencia de criterio con la Aduana en punto a la especie y calidad de la mercadería –y, con ello, la necesidad de un segundo análisis–, a dicha fecha ya había transcurrido casi un año desde la toma de la muestra. En relación con lo expuesto, la recurrente tampoco controvierte que, de acuerdo con las certificaciones obrantes en el expediente, el producto tenía determinadas condiciones de conservación y se mantenía inalterado por un plazo limitado, dentro de su envase original (v. p. 248, expte. cit.); lo cual resta asidero a los cuestionamientos que, genéricamente, dirige contra la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Sobre tal base, corresponde declarar desierto el recurso deducido por la recurrente de conformidad con los artículos 265 y 266 del CPCCN; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Por ello, SE RESUELVE: Declarar desierto el recurso deducido por la parte demandada; con costas.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia efectuada por la parte demandada, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia