Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.861-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los actos apelados en autos, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $229.994 (pesos doscientos veintinueve mil novecientos noventa y cuatro) por la representación procesal y de $574.984 (pesos quinientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, por las dos primeras etapas, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
3Regular los honorarios del Dr. Rafael De Luca por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma total de $235.221 (pesos doscientos treinta y cinco mil doscientos veintiuno), quedando los mismos a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor pericial realizada y la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (conf. CSJN fallos 260:14; y 300:70, entre otros).
4Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $374.007 (pesos trescientos setenta y cuatro mil siete) equivalente a …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-119728415-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Diciembre de 2021 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EXPTE. N° 36.861-I, caratulado “GRUPO TRANSPATAGONIA SRL s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 82/103vta se interpone recurso de apelación contra treinta actos de fecha 28 de septiembre de 2012, dictados por el Jefe (int) de la División Fiscalización n° 1 de la AFIP-Dirección General Impositiva, mediante los que en respuesta a las presentaciones efectuadas por la firma apelante a fin de que se proceda al reintegro de las sumas correspondientes a créditos fiscales del impuesto al valor agregado atribuibles a operaciones de exportación celebradas en los períodos de agosto de 2007 a enero de 2010, aplicados a su acogimiento al régimen de reintegro normado por la Resolución General (AFIP) N° 2000, se le determina, en base a la verificación realizada, la improcedencia de créditos fiscales vinculados con proveedores incluidos en la base e-apoc del organismo fiscal, conforme el detalle que se realiza en los anexos de cada acto -y lo indicado en el acta de notificación de los mismos-, y se le intima el ingreso de las sumas allí indicadas con más intereses, en el caso de haberlas percibido o transferido dicha suma o utilizado en la cancelación de deudas propias o de terceros (vide fs. 6/68 de autos).
Plantea la nulidad de los actos apelados por considerarlos carecentes de motivación y que fueron dictados sin seguir el procedimiento dado que para determinar la responsabilidad solidaria prevista en el último párrafo del art. s/n agregado a continuación del art. 43 de la ley de IVA, se debió estar a lo establecido en el art. 16 y siguientes de la ley de procedimiento tributario, lo que no ocurrió -dice-, viendo con ello menoscabado su derecho de defensa. Por otro lado, se agravia que no se emitió el dictamen jurídico previo, en contradicción con lo exigido en el art. 10 del decreto 618/97.
Expone, que en diversas oportunidades durante los años 2007 a 2010, solicitó el reintegro de créditos fiscales atribuibles a operaciones de exportación, de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 2000. Destaca que el trámite fue aprobado el ente fiscal admitiendo la procedencia de las devoluciones solicitadas sin efectuar reserva o impugación sobre los importes reintegrados. Indica que en su calida de agente de retención al momento de celebrar las operaciones y previo a efectuar la cancelación total o parcial de las operaciones, consultó la base de datos “archivo de informacion sobre proveedores” ingresando al sitio web de la AFIP donde queda registrada la consulta, donde éstos -al momento de las operaciones- no figuraban como apócrifos.
Remarca que la inclusión o calificación de apócrifos de los proveedores es de fecha posterior a las operaciones que dan lugar al crédito fiscal cuyo reintegro se pretende, dando un detalle de la fecha de detección y de publicación en cada caso en particular (vide cuadro de fs. 94 de autos). Afirma que las operaciones de compra de cereal son reales, indicando que de otra manera no pudo exportar la cantidad de toneladas registradas Hace hincapié en que previo cada operación la firma recurrente realiza un acabado control de los recaudos extrínsecos de la facturación y de las exigencia que debe seguir en su calidad de agente de retención (CAI, CUIT, listado de operadores de ONCCA vigentes, Registro Fiscal de Operadores de Granos, etc.), en las bases informáticas de la AFIP y cita en apoyo de sus dichos lo decido por nuestro más Alto Tribunal en el fallo “Bildown SA c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/Ordinario”.
Sostiene que la ley del gravamen no prevé la posibilidad de que el Fisco condicione la restititución del crédito fiscal al hecho de que los terceros con los que el exportador operó hayan cumplido con sus obligaciones sustantivas, a lo que agrega que el ente fiscal tampoco acreditó el soporte fáctico para aplicar la responsabilidad solidaria frente al incumplimiento de los proveedores .
En subsidio, y para el improbale caso de que se admitiera el criterio fiscal, la actora plantea que del monto intimado el organismo recaudador omitió detraer los importes correspondientes a las retenciones practicadas a los proveedores e ingresadas mediante compensación con los reintegros aprobados, verificándose en el caso, un enriquecimiento sin causa por parte del ente fiscal.
Ofrece prueba, y por las razones de hecho y de derecho que desarrolla, pide que se haga lugar al recurso, revocando los actos recurridos, con costas y hace reserva del caso federal.
II – Que a fs. 113/130 el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Solicita el rechazo de la nulidad impetrada por la contraria, con costas argumentando que las notas objeto de la presente litis fueron dictadas siguiendo el procedimiento previsto en la ley de rito fiscal y que no se ha visto menoscabado el derecho de defensa del contribuyente. Remarca que los actos apelados son actos administrativos de mero trámite, sin que se requiera la emisión del dictamen jurídico previo al dictado de estas “notas intimatorias” (sic, fs. 121).
Sobre los agravios de fondo, la apoderada fiscal hace una reseña de algunos indicios, relacionados a la capacidad operativa de cada uno de los proveedores objetados, que fueron tenidos en cuenta para no validar los créditos fiscales computados. Si bien admite que las facturas cumplen con los requisitos formales, ello no alcanza para acreditar la operatoria en sí e invoca el principio de la realidad económica previsto en el art. 2 de la ley de Procedimiento Tributario. Detalla el procedimiento fijado por la Resolución General 2000/2006 para acceder al recupero del IVA, haciendo notar que el primer párrafo del art. agregado a continuación del art. 43 de la ley del tributo dispone que los exportadores tendrán derecho a las acreditaciones o devoluciones, sin perjuicio de su posterior impugnación cuando a raíz de las facultades de fiscalización y verificación previstas en el art. 33 de la ley de rito fiscal se compruebe la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado que diera origen a la aludida acreditación, devolución o transferencia.
Se opone a la producción de la prueba ofrecida por la contraria y pide que oportunamente se dicte sentencia rechazando el recurso, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III – Que a fs. 160/162 luce agregada la sentencia dictada por esta Sala “D” donde se resolvió declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, con costas; pero con motivo del recurso de apelación incoado por el recurrente, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante decisorio de fs. 219/220 revoca la resolución apelada y dispone la remisión de las actuaciones a este Tribunal a fin de que reasuma la competencia declinada, imponiendo las costas de ambas instancias por su orden en atención a la naturaleza compleja de la cuestión.
Que ello así, a fs. 228 se hace lugar parcialmente a la oposición formulada por el Fisco Nacional, se abre la causa a prueba admitiéndose la producción de la informativa dirigida a la AFIP-DGI para que informe si las firmas Agro Don Carlos SA, Rifomar SA, Biagio Cereales SA, Aimocer SRL, Dile SA, Servicios Agropecuarios Rosario SRL y Agro Nuevo Cereales SA registran incorporación en la base apoc del organismo fiscal y, en su caso, la fecha de inclusión; y a la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI para que informe si la firma recurrente declaró e ingresó las retenciones durante los años 2007, 2008, 2009 y período enero de 2010 relacionadas con las firmas antes mencionadas, y se ordena la pericia contable propuesta.
Que a fs, 239/262vta luce la contestación por parte de la AFIP-DGI a la informativa admitida en autos y a fs 294/336vta la pericia contable, siendo ésta última impugnada parcialmente por la apoderada fiscal, según surge del escrito de fs. 339/340, difiriéndose su tratamiento hasta el momento de resolver la causa. A fs. 349 se declara cerrado el período de instrucción, a fs. 352 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y a fs.353 se ponen los autos para alegar, lo que es cumplido por ambas partes.
Que a fs. 376/384vta se dictó sentencia, resolviéndose por mayoría el rechazo del recurso de apelación, con costas en el orden causado, ello con fundamento en haber considerado que a partir de la reforma introducida por la ley Nº 27.430 al art. 76 de la ley 11.683 el recurso planteado respecto de los actos apelados en autos no era procedente.
Que contra dicha decisión es que la recurente interpuso recurso de apelación, motivando que la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se pronunciara al respecto con fecha 26 de noviembre de 2019 (vide fs.488). Que en dicha sentencia resolvió revocar la resolución apelada y dispuso que “la Sala del Tribunal Fiscal reasuma la jurisdicción que declinó, con costas”. Sustenta dicha decisión en que ya se había expedido sobre la cuestión de competencia para entender en autos al considerar que resultaba un caso análogo al precedente “Destipet”, decisión que se encuentra firme y consentida y expresa su acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal (vide fs. 485/486) y devuelve la causa para que esta Sala se expida sobre el fondo del asunto Que frente a esto, a por IF-2021-117161824-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia. IV – Que por una cuestión de lógica precedencia, corresponde resolver la nulidad opuesta por la actora, con fundamento en que para el dictado de los actos en crisis el Fisco no siguió el procedimiento fijado por el art. 16 y siguientes de la ley de procedimiento tributario, además de señalar que no se habría cumplido con la emisión del dictamen jurídico previo establecido en el art. 10 del decreto 618/97 y que los mismos carecen de motivación. Es dable poner de relieve que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 –Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros).
Que la actora sustenta la misma en el carácter de quien suscribe el acto administrativo aquí apelado, siendo un contador público y sin ser precedido por un dictamen jurídico, lo que a su entender, es un requisito esencial. Asimismo tampoco se habría cumplido con los presupuestos esenciales para la emisión del acto determinativo que establece el art.17 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), afectándose de este modo su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso.
Que si bien esta Juzgadora entiende que el dictamen jurídico o legal resulta un requisito esencial del procedimiento administrativo cuando así es estipulado por ley, siendo que la omisión de emitir, el dictamen jurídico previo, implica la nulidad del procedimiento administrativo, lo cierto es que en este caso en particular lo que se trata son los beneficios promocionales utilizados por el recurrente, debiendo recordarse, justamente, que el art.14 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) establece que “...cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos se cancele o se difiera impropiamente (certificados de cancelación de deuda falsos, regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondo, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes de esta ley, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada.”.
En virtud de lo mismo y del análisis de las actuaciones surge que en el caso, el Fisco en oportunidad de dictar los actos en crisis lo hizo aplicando lo dispuesto por el art. 14 ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) antes referido. Al respecto cabe señalar que los inspectores señalan que del relevamiento de las operaciones de compras a proveedores apócrifos según la base “consulta Sicore”, y la base e-Apoc, observaron que existen numerosas compras efectuadas a estos proveedores que fueron incluidas en las respecctivas solicitudes de reintegros de créditos fiscales por operaciones de exportación, manifestando que como no se verifica, según las declaraciones juradas de IVA presentadas, que la firma recurrente aplique parte de los créditos fiscales al mercado interno, si no que destina la totalidad del mismo al mercado externo, consideró que correspondía seguir la vía de intimación directa y no el procedimiento de deterinación de oficio, haciendo notar que le había sido devueltos los créditos fiscales solicitados de los proveedores observados, girando las actuaciones a la dependencia correspondiente para que efectue las intimaciones de las devoluciones efectuadas (vide fs. 131/132 cpo principal ant.).
Es decir, que para el funcionario firmante las resoluciones apeladas eran meros actos administrativos de recaudación y por lo tanto el juez administrativo entendió que no debía solicitar el dictamen jurídico previo para su emisión, ni seguir los pasos procesales de rito.
Que no empece el carácter que le diera el organismo fiscal, lo cierto es que la Alzada mediante el pronunciamiento de fs. 219/220 entendió que: “....los actos por los cuales se había intimado a la actora el reintegro del crédito fiscal otorgado previamente, se comportaba como una verdadera determinación de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, en tanto existía la individualización del sujeto pasivo, el monto y los demás elementos que permitían precisar la pretensión fiscal, y vinieron precedidos de una puntual tarea de fiscalización tendiente a colectar datos de hecho con respecto a las operaciones y proveedores, que concluyó con la liquidación del monto a devolver”, resolviendo que este Tribunal resulta competente para entender en el caso al haberle otorgado a los actos en crisis el carácter de una determinación de oficio. Que ello no significa que deba entenderse o interpretarse válidamente que el Fisco debió seguir si o si el procedimiento reglado en los arts. 16 y sgtes. y por lo tanto en este caso en especial, no puede pretenderse que mas allá que el firmante del acto revista la calidad de juez administrativo, éste debió haber requerido la emisión del dictamen jurídico previo, pues como se dijo para el Fisco sólo se trato del dictado de un mero acto recaudatorio, conforme lo establecido por el art.14 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Que asimismo, estimo pertinente destacar que la Alzada ha sostenido que “la falta de dictamen jurídico previo carece de virtualidad para provocar la nulidad absoluta del acto, pues este se ha dictado con arreglo a derecho,... de hacer lugar a la nulidad por esta sola causa, su consecuencia derivaría en una inútil reiteración de procedimiento para arribar a la misma decisión administrativa” (“Fabripack SA”, sentencia del 9 de setiembre de 2010 Sala II Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal).
Que a mayor abundamiento, no escapa a la suscripta que en los casos de actos emanados del Fisco Nacional donde se declaraba la caducidad de planes de facilidades de pago y se intimaba el pago del impuesto adeudado, la Alzada ha entendido que al no haberse seguido el procedimiento de determinación de oficio, no obstante haber interpretado que las resoluciones encuadraban en las previsiones del art. 159 de la ley 11683, la nulidad decretada por haberse omitido el dictado del dictamen previo no era necesario, devolviendo los actuados a este organismo jurisdiccional para que se pronunciara sobre el fondo de la cuestión traída a debate (Cfe. fallos “OFIS S.A.” Expte. N° 28.284-I, Sala V de la CNACAF 21 de noviembre de 2013, “FABRIPACK S.A.” antes citado, entre otros.)
Que a tenor de lo expresado entiendo que la nulidad con fundamento en que el acto en crisis fue dictado sin haberse dictado el dictamen jurídico previo, o bien sin seguirse los pasos establecidos por el art.16 y sgtes. de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) no puede prosperar.
Que en tal sentido, tampoco procede la defensa de nulidad intentada con sustento en que por no haberse seguido el procedimiento de determinación de oficio se habría visto afectada en su derecho de defensa, puesto que conforme lo ha sostenido nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas).
En cuanto al planteo que formula la actora de que los actos carecen de la debida fundamentación, en lo que aquí interesa, cabe señalar que las resoluciones impugnadas cumplen con los requisitos externos de validez, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorar las circunstancias fácticas y/o jurídicas, cuestión que será analizada en los Considerandos siguientes.
Por todo lo expuesto corresponde desestimar el planteo de nulidad expuesto por la recurrente respecto de los puntos aquí tratados. Que no procede la imposición de costas toda vez que la misma fue formulada como otro agravio más de la defensa de fondo, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento .
V. Que ello así, corresponde resolver si las operaciones que dieran lugar al crédito fiscal cuya devolución se solicitara han existido y fueron necesarias para llevar a cabo la actividad de exportación desarrollada por la firma recurrente, o como sostiene el ente fiscal las operaciones referidas son ficticias por haber sido celebradas con proveedores que se encuentran incluidos en la base e-apoc del organismo y en ese caso los actos apelados resultaría ajustados a derecho. A tal fin, estimo conveniente analizar primero los elementos agregados en los antecedentes administrativos allegados por el Fisco Nacional, que son los que sirvieron de base para el dictado de las resoluciones en crisis.
Que en el informe de investigación (fs. 143/150 de los antecedentes, legajo principal), al referirse los inspectores al acta confeccionada por el personal fiscalizador al inicio de la verificación, se expone que Grupo Transpatagonica SA obtiene su mayor ingreso por la exportación de cereal, que no posee clientes en el país, y al describir la operatoria señalan que la firma: 1) compra los cereales a productores independientes para ser enviados a exportación y 2) compra cereales que mezcla para la producción de alimentos balanceados cuyo producto final es exportado; aclarando que no dispone de producción propia de cereal y que los pagos a los proveedores se realizan con cheques propios y transferencias bancarias.
Que del cotejo de las actuaciones, también se observa que el Fisco no solo convalidó las compensaciones realizadas, sino que surge de la copia de los legajos correspondientes a las solicitudes de devolución del crédito fiscal de IVA bajo trato, que el Fisco tuvo a varias de las firmas ahora calificadas de apócrifas como proveedores “no observados” y/o “retenidos sin observación de IVA y no apócrifos” (vg. cpos encabezados con las Resoluciones de fechas 30/6/2008, 6/10/2008, 21/11/2008, 21/1/2009, 19/10/2009 y 6/10/2010 por las solicitudes de devolución de marzo, junio, agosto, octubre de 2008 y julio y diciembre de 2009, respectivamente, ant. fs. 7 del primero; fs. 8,29, 39 y 41 del segundo, fs. 36 del tercero, fs. 28, 29, 44 y 45 del cuarto; fs 24, 25, 39 y 40 del quinto y fs. 25, 36 y 44 del sexto), referidas a operaciones de Amoicer SRL, Rifomar SA, Dile SA, Agro Nuevo Cereales SA, Agro Don Carlos SA, Servicios Agropecuarios Rosario SRL y Biagio Cereales SA, entre otros, siendo en el caso del nombrado en último término por la única operación que ha sido objetada en autos. Que no obstante ello, conforme surge del cuerpo de actuaciones “informe de investigación” (fs. 1/2) respecto de la utilización de crédito fiscal apócrifo, los inspectores expone que “de acuerdo a información de sistemas, esta empresa ha efectuado operaciones con contribuyentes que se encuentran incluidos en la base e-Apoc.”, impugnando el crédito fiscal “presuntamente” (sic) Apoc correspondiente a las operaciones celebradas con los siguientes proveedores: a) Rifomar SA, Servicios Agropecuarios Rosario SRL y Agro Nuevo Cereales SA en tanto presentan varios cambios de domicilio, los dos primeros están excluidos del Registro de Acopiadores y la mayoría de las compras de éstos corresponden a contribuyentes apócrifos que se encuentran incluidos en la base apoc del organismo; y el tercero presenta “irregularidades en la cadena de comercialización”, b) Dile SA y Amoicer SRL están en la base apoc bajo el cargo de “sin capacidad económica”.
Además, respecto de cada uno de los proveedores calificados de apócrifos, de las constancias obrantes en las actuaciones se observa que:
- Dile SA la actividad coincide con el concepto facturado a la recurrente, que si bien no posee bienes registrables tiene acreditaciones bancarias para los años 2008, 2009 y 2010, la imprenta que intervino en la confeción de los comprobantes admitió haber realizado el trabajo, y que la fecha de detección como apócrifo es del 6/2/2009 “sin capacidad económica” y fue cargado el 12/2/2009, mientras las operaciones aquí discutidas son de setiembre y noviembre de 2008.
-Agro Don Carlos SA la actividad declarada es coincidente con lo facturado, el Fisco pone de resalto que cambió de domicilio en reiteradas oportunidades, y que no surgen informados bienes registrables, se indica que presenta las declaraciones juradas del IVA de agosto de 2007 a mayo de 2011, tiene acreditaciones bancarias en 2008 a 2010, la fecha de detección como apócrifo es del 15/8/2011 “sin capacidad económica” y fue cargado el 16/9/2011, siendo las operaciones realizadas con la firma apelante en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009.
-Rifomar SA tiene acreditaciones bancarias en 2007, 2008 y 2009 realizadas por contribuyentes que abonaron operaciones de compra de cereales (fs. 74 legajo proveedor), que no se pudo seguir el circuito de pagos, que fue dado del Registro Fiscal de Operadores de Granos en julio de 2009, mientras que las operaciones aquí cuestionadas responden a septiembre, octubre y noviembre de 2007, enero, febrero, agosto y diciembre de 2008, enero febrero y marzo de 2009 y fue detectado como apócrifo el 2/4/2010 “sin capacidad económica” cargado el 14/6/2010.
-Aimocer SRL el Fisco objeta que dicha firma realizó varios cambios de domcilio fiscal, no obstante fue localizado, posee cuentas bancarias, exhibió sus registros contables a los fiscalizadores, registra empleados a partir de febrero de 2008, objeta que sus proveedores figuran en la base apoc aunque reconoce “que sus clientes son sujetos absolutamente reales” (sic, fs. 87, ant. legajo proveedor), en virtud de las investigaciones que realiza concluye en que debe ser incluido en la base apoc, fijando como fecha de detección el 13/5/2009 “sin capacidad económica” , siendo cargado el 21/5/2009 cuando las operaciones realizadas con el recurrente corresponden a los períodos de marzo, abril, junio, julio, agosto y diciembre de 2008, enero, marzo y mayo de 2009 -siendo estas últimas del 5 de mayo, es decir anteriores a la carga en la base e-apoc-.
-Servicios Agropecuarios Rosario SRL el Fisco observó que la firma presenta varios cambios de domiciliio, que no posee bienes registrables y que la mayoría de sus compras corresponden a contribuyentes apócrifos que estan en la base apoc, figura con fecha de detección en la base e-apoc el 27/8/2010 “sin capacidad económica” y fue cargado el 17/7/2012 , siendo las operaciones celebradas con este proveedor y cuestionadas en autos de los períodos junio, julio y agosto de 2009.
Agro Nuevo Cereales SA, : también en este caso, el Fisco pone de resalto que presenta varios cambios de domicilio, no posee bienes registrables, está incluido en la base apoc “con irregularidades en la cadena de comercialización”, con fecha de detección el 20/1/2009 bajo el concepto “con irregularidades en la cadena de comercialización”, fue cargado el 25/3/2009 y las operaciones son de septiembre, octubre y noviembre de 2009 -Biagio Cereales SA el Fisco solo hace mención a que se encuentra en la base e-apoc, con fecha de detección el 30/7/2010 bajo el concepto “con irregulariades en la cadena de comercialización”, fue cargado el 14/3/2011 y la operación observada corresponde a marzo de 2008.
Frente a las inconsistencias detectadas respecto de los proveedores antes aludidos, es que el Fisco invalida los créditos fiscales y pide su ingreso por entender que las operaciones no han sido realizadas con esas sociedades.
VI. Que el art. 43 de la ley del IVA dispone que “Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren, por sus operaciones gravadas, el tributo que por bienes, servicios y locaciones que destinaren efectivamente a las exportaciones o a cualquier etapa en la consecución de éstas les hubiere sido facturado, en la medida en que esté vinculado a la exportación y no hubiere sido ya utilizado por el responsable...” para agregar que “ … si la compensación permitida en este artículo no pudiera realizarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidada autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía o, en su defecto, le será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros responsables, en los términos del segundo párrafo del artículo 29 de la ley N° 11.683, texto ordenado en e 1998 y sus modificaciones”.
Por su parte el artículo agregado a continuación del 43 establece que “Los exportadores tendrán derecho a la acreditación, devolución o transferencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo precedente con el sólo cumplimiento de los requisitos formales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidada autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, ello sin perjuicio de su posterior impugnación cuando a raíz del ejercicio de las facultades de fiscalización y verificación previstas en los artículos 33 y siguientes de la ley N 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, mediante los procedimientos de auditoría que a tal fin determine el citado Organismo, se compruebe la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado que diera origen a la aludida acreditación, devolución o trasnferencia.”
“Las solicitudes que efectúen los exportadores, en los términos del párrafo anterior, deberán ser acompañadas por dictamen de contador público independiente, respecto de la razonabilidad y legitimidad del impuesto facturado vinculado a las operaciones de exportación”.
“Cuando circunstancias de hecho o de derecho permitan presumir connivencia, los exportadores serán solidariamente responsables respecto del impuesto al valor agregado falsamente documentado y omitido de ingresar, correspondiente a sus vendedores, locadores, prestadores o, en su caso, cedentes del gravamen de acuerdo con las normas respectivas y siempre que los deudores no cumplieren con la intimación administrativa de pago, hasta el límite del importe del crédito fiscal computado, o de la acreditación, devolución o transferencia originadas por dicho impuesto. A tal efecto será de aplicación el procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones”
Por su parte, la Resolución General (AFIP) N° 2000/2006 -aplicable al caso-establece un régimen general de reintegro del IVA facturado por los exportadores y demás responsables, en virtud de las operaciones de exportación y las actividades y operaciones que reciban igual tratamiento, indicando que dichos contribuyentes deberán suministrar al organismo la información producida mediante un programa aplicativo y el sistema emitirá un formulario como constancia de la presentación realizada, y que en caso de comprobarse errores, inconsistencias, utilización de un programa distinto del provisto o archivos defectuosos, la presentación será rechazada automáticamente por el sistema, generándose una constancia de tal situación. A fin de formalizar la presentación deberán aportar una serie de elementos que se indican, entre los que se encuentra un informe especial extendido por contador público independiente. Que a ello se agrega que, tal como lo destaca el recurrente en su escrito de inicio, al revestir la calidad de agente de retención también debió consultar el "Archivo de Información sobre Proveedores" a través de la página web del organismo fiscal, quedando registrado el ingreso. Que si bien la Resolución General bajo análisis prevé que en el caso de las solicitudes de acreditación, devolución o transferencia, el juez administrativo procederá a detraer los montos correspondientes de los importes consignados en la solicitud, cuando surjan inconsistencias como resultado de los controles informáticos sistematizados, a partir de los cuales se observen situaciones donde los agentes de retención han omitido actuar en tal carácter respecto de los pagos correspondientes a adquisiciones que integren el crédito fiscal de la solicitud presentada, los proveedores informados no se encuentren inscriptos como responsables del impuesto al valor agregado, a la fecha de emisión del comprobante, Los proveedores informados integren la base de contribuyentes no confiables, se compruebe la falta de verosimilitud de las facturas o documentos equivalentes que respaldan el pedido, no se haya dado cumplimiento a las obligaciones tributarias respecto de los créditos fiscales vinculados, o que el informe especial de contador público contenga los conceptos y montos observados que hayan motivado una opinión con salvedades (art. 24)
Que conforme surge de las actuaciones antes reseñadas, desde el punto de vista formal, la apelante había cumplido con los requisitos fijados por la normativa para las solicitudes efectuadas y en lo que hace a los créditos fiscales objeto de la presente, el ente fiscal otorgó los reintegros o admitió las compensaciones efectuadas; además del análisis de los antecedentes se evidencia que, con posterioridad a ello el organismo fiscal impugna los créditos fiscales, en las resoluciones apeladas en autos, con el fundamento de que los emisores de las facturas se encuentran incluidos en la base e-apoc, debiendo señalarse que no se evidencia que el fisco hubiera objetado las facturas en sí, es decir, en lo que hace a los requisitos y formalidades que deben contener, como así tampoco a la real existencia de las firmas proveedoras objetadas ni a la actividad en la que se encuentran éstas inscriptas.
VII. Que resta analizar las pruebas ofrecidas, y cuya producción fue admitida en esta instancia jurisdiccional. Que al responder el pedido de informes la AFIP -DGI (fs. 239/262vta) acompañó copia de las constancias que indican respecto de cada uno de los proveedores observados la fecha de detección e inclusión en la base apoc del organismo, a saber :
Agro Don Carlos SA: fecha de detección el 15/8/2011 “sin capacidad económica” cargado el 16/9/2011 (fs. 241) Rifomar SA: fecha de detección el 2/4/2010 “sin capacidad económica” cargado el 14/6/2010 (fs. 242) Biagio Cereales SA: fecha de detección el 30/7/2010 “con irregulariades en la cadena de comercialización” cargado el 14/3/2011 (fs. 243)
Aimocer SRL: fecha de detección el 13/5/2009 “sin capacidad económica” cargado el 21/5/2009 (fs. 244) Dile SA: fecha de detección el 6/2/2009 “sin capacidad económica” cargado el 12/2/2009 (fs. 245) Servicios Agropecuarios Rosario SRL: fecha de detección el 27/8/2010 “sin capacidad económica” cargado el 17/7/2012 (fs. 246)
Agro Nuevo Cereales SA : fecha de detección el 20/1/2009 “con irregularidades en la cadena de comercialización” cargado el 25/3/2009 (fs. 247)
Que en cuanto a las retenciones practicadas el Fisco acompaña una planilla (fs. 256/257 donde surgen los montos retenidos y la fecha de depósito de los mismas, indicando que los pagos fueron realizado por la recurrente de acuerdo con lo establecido por la RG 2000 mediante “compensaciones”, aclarando que éstas se encuentran “atadas” (sic) a la validación de las solicitudes de reintegro de IVA por operaciones de exportación, que fueran solicitando por cada período bajo análisis (fs. 258vta).
Que a tenor de lo allí informado -lo que resulta coincidente con lo precisado en las constancias obrantes en las actuaciones administrativas-, se observa que en todos los casos, a excepción de Agro Nuevo Cereales SA, la fecha que figura como cargados como apócrifos es posterior a la de las facturas correspondientes a los créditos fiscales impugnados, lo que evidencia que era imposible que el recurrente tuviera conocimiento de tal circunstancia al momento de celebrar las operaciones observadas.
Que sobre la fecha de inclusión de Agro Nuevo Cereales SA no puede pasarse por alto que la recurrente al interponer el recurso de apelación acompaña las siguientes constancia como prueba documental (fs. 70/81): consulta de facturas apócrifas del citado proveedor donde a abril de 2010 figura sin observaciones; constancia de que el CBU del emisor correspondiente a dicha firma, al 22/12/2009 se encontraba habilitada por la AFIP; al Registro Fiscal de Operadores de Granos donde se indica que a marzo de 2009 esa firma proveedora se figura como acopiador y situación “activo” incluido en este Registro desde 22/3/2006 y su actualización al 12/11/2009; constancia del ONCCA donde figura que su actividad es la de acopiador consignatario vigente al 28/3/10 y constancia “archivo de proveedores” RG 1351 Auditores-contadores-consulta de condiciones para retención, para los años en cuestión sin observaciones.
Que sobre dichas constancias cabe señalar que más allá del rechazo genérico que realiza el apoderado fiscal al responder el traslado del recurso, nada dice sobre la discordancia apuntada respecto de ese proveedor. Que,en lo que hace a la percia contable (fs. 294/336vta.), los expertos exponen que le fueron puestos a disposición el Libro subdiario Iva Compras sin rubricar, en forma parcial comprobantes original de compras de algunos proveedores y en otros parcialmente fotocopias simples de la facturación que hace a la facturación impugnada por el Fisco, declaraciones juradas informativas de retenciones realizadas (SICORE), compensaciones realizadas de solicitudes de reintegro del impuesto facturado con retenciones practicadas, declaraciones del IVA, documentación bancaria y detalle de transferencias, todas ellas correspondientes a los períodos agosto de 2007 a enero de 2010.
Ambos peritos son contestes en que la actora efectuó las retenciones del régimen establecido por la RG 1394 y modif, y confeccionan un detalle de las operaciones realizadas con los proveedores observados por el ente fiscal y la respectiva retención (vide Anexo I que integra el informe); pero disienten respecto de si las retenciones fueron ingresadas al Fisco puesto que el perito designado a propuesta de la actora dice que se ingresó las mismas mediante compensaciones, que fueron aprobadas por el Fisco, de acuerdo con lo establecido en la RG 2000/06; y el perito del Fisco dice que no puede confirmarlo dado que las compensaciones aludidas tienen origen en el crédito fiscal que ha sido impugnado y que es objeto de la litis (vide punto 1).
Sobre la forma en que fueron abonadas las operaciones celebradas con los proveedores cuestionados, el perito del recurrente indica que, de acuerdo con los libros y demás documentación exhibida, la totalidad de las operaciones realizadas con los proveedores consultados fueron hechas mediante transferencia bancaria y/o cheque, cumpliento ambas alternativas con los medios de pago exigidos, acompañando un detalle por cada operación (vide anexo II), haciendo notar que el libro IVA Compras por tratase de un libro auxiliar no se encuentra sujeto a rúbrica; por otro lado, si bien el perito del Fisco reconoce que hay concordancia formal entre la salida de fondos por transferencias bancarias y/o cheuqe, dice que ante la falta de exhibición del Libro Diario y los recibos de acuse de los pagos y que la mayoría de los importes son por importes redondeados, no hay posibilidad de relacionarlos con las facturas impugnadas y remarca que el libro IVA compras no está rubricado incumpliendo con lo dispuesto por el art. 44 segundo párrafo del Código de Comercio, no cumple con el requisito de la numeración progresiva preimpresa (art. 40 inciso a) de la RG (AFIP) 1415/03) y que la facturación exhibida -original y/o fotocopias- no consta las condiciones de ventas y el o los números de remito utilizados, excepto para Rifomar SA (punto 2) En cuanto a si las toneladas adquiridas por la firma recurrente se corresponden con las toneladas vendidas/exportadas en el período de agosto de 2007 a enero de 2010, los expertos dice que no pueden contestar este punto dado que “de acuerdo con lo informado por el representante de la firma, los comprobantes y registros contables de la firma fueron secuestrados en el allanamiento llevado a cabo por la Dirección General Impositiva” (sic, punto 3).
Que a fs. 339 la apoderada fiscal impugna parcialmente la pericia contable. Aduce que al responder el primer punto el perito de la actora se excedió en su respuesta dado que -a su entender- es evidente que la actora no ingresó importe alguno por las retenciones que aparecen practicadas en el Anexo I, sino que el saldo adeudado al Fisco por tal concepto lo ha compensado, poniendo de resalto las consideraciones expuestas por el perito del Fisco en tanto las compensaciones aludidas tienen origen en el crédito fiscal impugnado, de manera que el débito fiscal no ingresó a las arcas fiscales en la declaración del responsable y por lo tanto el crédito fiscal computado por la actora no es tal, por lo que mal puede compensar su obligación del pago de retenciones. También objeta la respuesta dada por el perito de la actora al punto 2), esto es respecto del pago de las operaciones realizadas con los proveedores observados, alegando que el perito se ha basado únicamente en los libros IVA Compras que no estaban rubricados, habiendo mención a lo indicado por el perito del Fisco al respecto y a las observaciones que éste realiza sobre la transferencias bancarias.
Que en cuanto al reparo que opone la apoderada fiscal a la respuesta brindada por el perito de la actora acerca de las retenciones que detalla en el anexo I que forma parte de la pericia, cabe señalar que tal salvedad deberá ser objeto de análisis en oportunidad de tratarse la cuestión referida al cómputo de las retenciones, introducida por la actora en subsidio, por lo que sería aventurado establecer en este punto si el experto se ha extralimitado o no en su respuesta.
Que, en cuanto a la objeción que formula sobre la falta de rúbrica de los libros auxiliares, si bien el artículo 44 del Código de Comercio (texto vigente al momento de las operaciones bajo trato), define como libros indispensables el Diario y el de Inventarios y Balances, no puede soslayarse que también le otorga esa categoría a los libros auxiliares que contengan información de análisis indispensable y que se correspondan con una adecuada integración de un sistema contable, y como tales están sujetos a las mismas disposiciones legales en lo que respecta a su valor probatorio. En tal sentido, cabe señalar que la rúbrica de los libros tiene como finalidad evitar su sustitución y establecer si las operaciones son registradas en fecha y en orden cronológico o existen atrasos. Al respecto, no puede pasarse por alto que los fiscalizadores también han tenido en cuenta el Libro IVA Compras que fue objeto de pericia, puesto que en los antecedentes administrativos acompañados obran agregadas fotocopias del mismo, sin que los funcionarios actuantes hayan efectuado observación alguna sobre tales registros. Por otro lado, aún cuando los libros de comercio no cumplan con la rúbrica, ello no desvirtúa la eficacia probatoria de los mismos, cuando el perito contador no ha señalado la existencia de otras irregularidades en la contabilidad y sus constancias son corroborantes de los demás elementos agregados a la causa (conf. CNCom, Sala E, 28/3/1989, “Daniszewsky Hnos y Cia SA c. Sasarolli, Julio M. , La Ley 1989-E,155).
Que más allá de las facultades de verificación que posee el Fisco para invalidar el crédito fiscal reclamado con posterioridad a haber otorgado la devolución solicitada, es importante recalcar que para ello no deben existir sólo sospechas de que se estaría computando un crédito fraguado o inexistente, sino que tal afirmación debe estar sustentada por ciertos elementos que así también lo corroboren, y que en el caso de autos, de acuerdo con lo expuesto en los Considerandos precedentes no ha sido materia de discusión por parte del ente recaudador la existencia y materialidad de las operaciones realizadas, que las mismas se vinculan con las exportaciones efectuadas, que los montos correspondientes a las facturas observadas han sido abonadas mediante cheques y/o transferencias bancarias, que las facturas cumplen los requisitos y formalidades que deben contener. A ello se agrega que no surge de las actuaciones que el Fisco presumiera vinculación alguna entre la firma recurrente y los proveedores impugnados en la realización de las operaciones en cuestión.
Que, ello así, es el Fisco quien debía precisar concretamente por qué las operaciones debían ser consideradas como irreales o simuladas y no basarse en meras presunciones vinculadas con situaciones fácticas atribuidas a terceros -proveedores-, que por vía indirecta le han sido imputadas a la recurrente, y en tal sentido si la actora cumplió con todos los recaudos legales exigidos no se le puede atribuir, como fundamento de la impugnación del crédito fiscal, la falta de capacidad económica financiera u operativa del/os provedor máxime que, a la fecha de la emisión de las facturas no figuraban en la base de facturas apócrifas. Que no resulta suficiente que el Fisco se remita a las conclusiones de los inspectores que fiscalizaron las actividades de los proveedores objetados sin valerse de mayores argumentos ni de otros medios de prueba.
Que la cuestión aquí planteada guarda relación con la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Bildown S.A. c/ Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ ordinario”, sentencia del 27/12/2011, donde se remite al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti (en particular el Considerando VI del mismo), donde se dijo:
“Queda en claro aquí que la actora ha abonado el gravamen correspondiente a sus adquisiciones, pagándolo junto con el precio, en la forma en que la propia ley del impuesto lo ha dispuesto -vale decir al proveedor- (arg. arts. 10, 11, 12 y cc. de la ley del IVA), lo que le genera el derecho a tomar tal suma de dinero como "crédito fiscal", atado a las vicisitudes de la operatoria comercial que le sea propia (arg. Fallos: 308:673, considerandos 7° y 8°) pero que, en principio y en la mayoría de los casos, le permitirá sustraer esa suma ya pagada de su correspondiente "débito fiscal", originado éste con la venta de sus productos o la prestación de sus servicios a terceros.” “Ello no quita que, en ciertos otros casos, como ocurre en el supuesto del sub lite, pueda surgir el derecho al reintegro de ese "crédito fiscal" abonado con el precio de sus insumos, al haber exportado las mercaderías con ellos fabricadas (arg. arts. 8, inc. d, 43 y cc., ley del IVA).”
“Sentado ello, nada encuentro en la ley del IVA -y tampoco indican norma concreta alguna los representantes de la demandada- que otorgue al Fisco la posibilidad de condicionar la restitución del crédito fiscal al exportador al hecho de que sus proveedores hayan abonado sus respectivos gravámenes.”
“En otras palabras, no existe precepto alguno que subordine el derecho a la restitución del IVA del exportador al cumplimiento de las obligaciones sustantivas por parte de los terceros con los que él operó.”
“Por otro lado, tengo para mí que pretender ello conduce a dos inaceptables conclusiones. En primer lugar, equivale a constituir al contribuyente en una suerte de responsable del cumplimiento de la obligación sustantiva de otros, sin norma legal que así lo establezca. Y, en segundo término, lleva a que el Fisco se vea liberado de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por los contribuyentes, mediante la transferencia de esa responsabilidad hacia un tercero, como dije, sin ley que así lo autorice.”
“En efecto, no puede caber duda en cuanto a que el Fisco, al haber constatado tanto la falta de presentación de las declaraciones juradas como el pago del tributo por parte de alguno de los proveedores de la actora -con independencia de lo que aquí se debatió con respecto al derecho al reintegro de la accionante- debió haber puesto en ejercicio las potestades y facultades conferidas por el ordenamiento -en particular, las de los arts. 33, 35 y cc. de la ley de rito fiscal-, para lograr dilucidar la auténtica situación tributaria de aquéllos, y perseguir el cobro de la acreencia que le correspondiera, tal como lo obliga la Constitución Nacional en cuanto recaudador de las rentas públicas (arts. 99, inc. 10, y 100, inc.7°) sin que pueda admitirse, como indebidamente lo pretende aquí, involucrar a un tercero en violación al principio de reserva de ley en materia tributaria (Fallos: 312:912; 318:1154; 319:3400; 321:366; 326:3168, entre muchos otros).”
A tenor de lo expresado, cabe concluir que no hay elementos que permita sustentar o dar razón de las impugnaciones practicadas por el ente fiscal y en consecuencia corresponde revocar los actos apelados en todas sus partes, con costas a cargo de la parte vencida.
Que en virtud de la forma en que se resuelve la presente causa no procede pronunciarse respecto de los restantes planteos formulados en autos.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Que comparto el relato de los antecedentes de la causa efectuado por la Vocal preopinante en su voto, mas no a la decisión que allí se arriba.
Ello así toda vez que al momento en que se dicta esta sentencia es consolidado el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Excma. Cámara y de este Tribunal Fiscal también respecto a la necesaria prueba que deben rendir los contribuyentes sobre la real existencia de las operaciones llevadas a cabo con sus proveedores cuando pretenden computar los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, más aún, cuando como en el caso, pretenden hacer uso de un beneficio como el de reintegro de créditos fiscales de exportaciones previsto en el art. 43 de la ley del impuesto al valor agregado y la RG N° 2000/06 y sus modif.
Es claro para mi que para la procedencia del mentado beneficio no basta, como sostiene la recurrente en varias partes de sus presentaciones, confiar en la realidad económica, precisamente porque se trata de un beneficio, sujeto al estricto cumplimiento de requisitos, tanto formales como sustanciales, que son, precisamente, los que el Fisco Nacional en el ejercicio de las tareas de fiscalización demostró que no se encontraban cumplidos, razón por la cual el 28 de diciembre de 2012 dictó los actos en los que intimó a GRUPO TRANSPATAGONIA S.R.L. a devolver los reintegros ya percibidos por un monto histórico de $7.840.694,90, recurridos ante este Tribunal. Así, en ocasión de alegar a fs. 359/366 expresa el apoderado del recurrente que “La realidad económica del caso bajo análisis muestra que mi mandante realizó las operaciones en cuestión con proveedores expresamente habilitados por AFIP-DGI para operar como hicieron con GRUPO TRANSPATAGONIA, lo que hace completamente improcedente la pretensión fiscal que se discute en autos”, y unos párrafos después que “En el caso de autos no existe discrepancia alguna entre la situación jurídica (que muestra la contabilidad de mi mandante y el respaldo documental pertinente) y la realidad económica del ingreso de la mercadería…”. Teniendo en cuenta que en la sentencia obrante a fs. 219/220, ratificada en la de fs. 488, la Excma. Cámara resolvió que, hasta la sanción de la ley 27.430, este Tribunal era competente para entender en los actos de la Administración Fiscal que intimaban el reintegro de créditos fiscales ya abonados al contribuyente corresponde analizar la prueba rendida sobre la efectiva existencia y magnitud de los mismos al igual que si se trataran de actos de determinación de oficio dictados con arreglo a las facultades del art. 16 y ss. de la ley 11.683 en los que una vez emitidos y notificados la carga de la prueba se traslada al contribuyente.
Por otro lado, cabe recordar el criterio de la Excma. Cámara en cuanto a que “…las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad, por lo que su peculiar naturaleza obliga a tener en cuenta primordialmente las normas que específicamente lo reglan y los principios propios de la rama del derecho a la que pertenece, lo que impide una remisión simplista y mecánica a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En virtud de ello, ha explicado que “no es el Estado quien debe demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asientan dichos actos, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, sino, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio” (CSJN, Fallos: 328:53 y sus citas)”.
Y por ello, “Por consiguiente, en virtud de la interpretación armónica de los arts. 12 de la 19.549 y 377 del CPCC, no puede sino concluirse que es el contribuyente quien debió acreditar los extremos que invoca, carga que no ha sido suficientemente cumplida en el caso de autos (arg. esta Sala, Causa 7795/2008 “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ Dirección General Impositiva”, del 03-04-2012, Causa: 880/2008, “WOOLYN SA C/EN- AFIP DGI- RESOL 90/07 RDEX S/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”, del 18-10-
2011; esta Cámara, Sala IV, Causa: 40567/2011, “Recoleta Vesubio SA (TF 30762-I) c/ DGI”, del 06-03-2012 y Causa 43069/2011 “GRANYSEM SRL (TF 18435-I) C/DGI”, del 14-08-2012). En definitiva, “la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (Fallos 315:2555). Por consiguiente, correspondía a la recurrente aportar prueba conducente para rebatir las conclusiones a las que arribó la demandada (arg. esta Sala, Causa: 880/2008, “WOOLYN SA C/EN- AFIP DGI- RESOL 90/07 RDEX S/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.”, del 18-10-11) –conf. “Chalom Alberto Daniel (TF 19274-I) c/ DGI”, sentencia del 25/3/2014-.
Y cabe ya decir que la prueba producida en el caso no acredita en forma fehaciente que las operaciones con los proveedores calificados de apócrifos fueron efectivamente realizadas con éstos, lo cual, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se cita a continuación, obsta a dar legitimidad a los créditos fiscales que fueron primero objeto de reintegro y, constatada su ilegitimidad, el Fisco Nacional ejerció sus facultades tendiente a recuperarlos.
En efecto, ante ajustes como el que aquí se analiza dicho tribunal ya sostuvo en la causa “Feretti, Félix Eduardo” del 10 de marzo de 2015,: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes y esa es la prueba que la aquí recurrente no ha rendido Dijo también al fallar en la causa “Molinos Rio de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015 que “…resulta inaceptable la postura de la apelante en cuanto pretende el recupero del impuesto facturado mediante la exclusiva acreditación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el régimen de reintegro de IVA para exportadores. En efecto, cabe recordar que esta Corte ha sostenido recientemente que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685/2013 (49- F) /CS1 "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI", sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119/2013 (49-A) "ADM Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva", fallada en la misma fecha), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas”.
Es sobre la base de estas premisas y de esta jurisprudencia que, a criterio de quien suscribe, deben analizarse las pruebas rendidas tanto en la instancia administrativa previa como en esta sede, sin perjuicio de recordar que no es obligación de los jueces de ponderar todas las pruebas agregadas sino tan solo aquellas que se estimen apropiadas para resolver la controversia y que produzcan una mayor convicción sobre lo que se decide en la sentencia. En cuanto a la prueba informativa rendida en esta instancia, que obra a fs. 241/247, sus resultados confirman que la incorporación de los proveedores en la base APOC fue, prácticamente en todos los casos, posterior a las operaciones celebradas con GRUPO TRANSPATAGONIA S.A.; sin embargo, ello no es a criterio de quien suscribe un hecho determinante para darles sin otra prueba validez a las operaciones con los mismos proveedores pero en una fecha anterior, ya que como dijo la Excma. Cámara en fecha reciente, “Con respecto a las manifestaciones y cuestionamientos del recurrente vinculadas con la inclusión de los proveedores en la Base APOC con posterioridad a la ocurrencia de las operaciones cuestionadas, cabe señalar que, ante circunstancias análogas, no se ha considerado relevante que el proveedor no figurase en la Base APOC al momento de las operaciones cuestionadas y que contara con autorización para emitir comprobantes, pues lo concreto y decisivo es que al demostrarse los extremos que tornan inverosímiles las operaciones, la inclusión o no del proveedor en la citada base, no comporta un factor que permita soslayar los datos obtenidos y menos aún prescindir de la realidad que implica la imposibilidad de la concreta realización de dichas operaciones (cfr. Sala III, in re, “Enersystem Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 19/03/2015 y Sala I, en autos: “Papelera San Andrés de Giles S.A. c/D.G.I.”, del 8/06/2017).
En otras palabras, la no inclusión en la Base APOC de un determinado proveedor no resulta suficiente para acreditar la veracidad de las operaciones involucradas, pues se trata de un indicio que debe ir acompañado de otros elementos probatorios (cfr. Sala IV, en autos: “Ruta 51 S.A. c/D.G.I.”, del 20/08/2015); lo cual torna insustancial el desarrollo argumental contenido en el punto 3.2.4.4 (fs. 671/674) del escrito de agravios, desde que, como se ha visto, la objeción formulada por el Fisco no involucra cuestión alguna vinculada con dicho Registro, sino con factores sustanciales concernientes a la carencia de aptitud y condiciones de los proveedores para la realización de las operaciones que se les atribuyeron y que constituyeron el sustento del invocado crédito fiscal por la contribuyente y que fue materia de la impugnación que da lugar al presente recurso” –conf. “Sbasseiro, Oscar Reyes”, sentencia del 3.4.2019-.
Dichas consideraciones resultan de aplicación al caso en tanto la impugnación de las operaciones con los proveedores, de acuerdo a las constancias agregadas en las actuaciones, no se funda únicamente en la inclusión de éstos en la base de proveedores anómalos, sino en la constatación de las diversas anomalías que llevaron a tomar dicha decisión, especialmente la falta de capacidad económica y operativa para realizar las ventas al no tener bienes registrables, ni personal, ni un domicilio donde ser localizados. Debe tenerse en cuenta, además, que la información suministrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, extraída de sus bases de datos, muestra la vinculación de algunos proveedores en causas penales, como Agro Don Carlos S.A. y Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L.
Por otro lado, los resultados de la prueba pericial contable obrante a fs. 294/337 tampoco contribuyen a llevar certeza sobre la existencia de las operaciones porque los puntos ofrecidos por el recurrente no se dirigieron a tal fin, sino a otros extremos que no estaban en discusión, tales como la forma en que las pagó y si ingresó las retenciones del gravamen. De cualquier modo sus resultados tampoco le son favorables en orden a acreditar la sustancia de las mismas. Es que los peritos intervinientes informan que las retenciones a los proveedores cuestionados fueron practicadas pero canceladas por compensación, precisamente con el crédito fiscal impugnado en los actos recurridos ante este Tribunal; dan cuenta también que las operaciones se encuentran registradas en el libro IVA compras, pero el perito designado por el Fisco Nacional señala que dicho libro no se encuentra rubricado conforme a lo exigido en el art. 44 del Código de Comercio; indica, además, la falta de registración de una transferencia de una operación de $100.000, la falta de remitos de la mercadería, entre otras deficiencias en las registraciones utilizadas en la confección del informe, que hacen que las conclusiones a las que allí se arriban pierdan credibilidad, en particular, porque, una vez más, no tienen sustento en otra documentación o prueba que el contribuyente en alguna de las instancias del procedimiento seguido hasta esta sentencia haya aportado, inclusive en el marco de la causa penal, que de las propias actuaciones surge que también se le ha sustanciado. En efecto, son los peritos los que al contestar el punto 3) del informe de la pericia contable ofrecida por la recurrente dicen que no pueden decir que las toneladas adquiridas por GRUPO TRANSPATAGONIA S.R.L. coinciden con las efectivamente exportadas porque la documentación a tal fin, facturas y registraciones, ha sido secuestrada en un allanamiento a su domicilio llevado a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que coincide con el informe obrante a fs. 260 respecto al encuadramiento de la conducta de GRUPO TRANSPATAGONIA S.A. en el delito tipificado en el art. 4° de la ley 26.735, de obtención fraudulenta de beneficios fiscales.
A fs. 339/340 obra la impugnación presentada por la representación fiscal contra el informe pericial dando cuenta de las deficiencias antes señaladas que, como ya se expresara, son las que no permiten dar fuerza convictiva a sus conclusiones.
Debe concluirse entonces que los agravios de la recurrente se encuentran desprovistos de respaldo y los que hay son insuficientes o inhábiles por sí solos para dar validez a las operaciones celebradas con los proveedores que dieron origen a los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas comprendidas en los actos recurridos. Sus quejas se refieren al cumplimiento de sus deberes formales y la ajenidad que invoca respecto de las circunstancias particulares no se compadece con haber operado en forma continua y sistemática con proveedores sin capacidad económica, ni operativa para operar en el mercado de granos. En efecto, de las tareas de fiscalización surgen las irregularidades detectadas a los proveedores tales como cambios de domicilio y con ello la imposibilidad de localizarlos en los mismos, inconsistencias en la cadena de comercialización y la falta de capacidad para vender los cereales que supuestamente adquirió la aquí recurrente, entre muchos otros indicios que, ya se dijo, no se hallan controvertidos en el caso en forma concreta por la prueba del circuito físico y económico de los granos, esto es su efectiva adquisición, su transporte y entrega y el pago a la aquí recurrente, en la forma exigida en más de una oportunidad por la jurisprudencia de la Excma. Cámara –conf. ”Cargill SACI”, sentencia del 9/2/2021, entre muchas otras-.
Sobre tales aspectos, una vez más, nada dice GRUPO TRANSPATAGONIA SRL, ni ningún elemento ha aportado ni prueba ha rendido para acreditar la veracidad y existencia de las operaciones con los proveedores que dice haber operado que es lo que, conforme a la jurisprudencia ya citada, tenía que hacer, razón suficiente para confirmar los actos recurridos ante instancia, tanto en cuanto al capital intimado como los intereses resarcitorios que acceden el mismo, por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, con costas.
Respecto al planteo en subsidio en el Punto 5 del recurso de apelación - Pluspetición –Enriquecimiento sin causa - Omisión de computar retenciones efectuadas e ingresadas-, me remito al voto en mayoría de esta Sala en “Golden Peanut S.A.”, del 26 de junio de 2018, confirmado por la Alzada por sentencia del 9 de mayo de 2019, sin perjuicio de señalar también que del informe pericial contable obrante en autos surge la falta de ingreso de dichos pagos al Fisco Nacional como consecuencia, precisamente, de los créditos fiscales impugnados en los actos recurridos.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. O’Donnell.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar los actos apelados en autos, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $229.994 (pesos doscientos veintinueve mil novecientos noventa y cuatro) por la representación procesal y de $574.984 (pesos quinientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, por las dos primeras etapas, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
3. Regular los honorarios del Dr. Rafael De Luca por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma total de $235.221 (pesos doscientos treinta y cinco mil doscientos veintiuno), quedando los mismos a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor pericial realizada y la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (conf. CSJN fallos 260:14; y 300:70, entre otros).
4. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $374.007 (pesos trescientos setenta y cuatro mil siete) equivalente a 57,82 (cincuenta y siete con 82/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $935.017 (pesos novecientos treinta y cinco mil diecisiete) equivalente a 144,56 (ciento cuarenta y cuatro con 56/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (09/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Fisco Nacional y archívese.
Date: 2021.12.09 15:06:00 -03:00 Date: 2021.12.09 16:13:52 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.09 17:02:47 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.09 17:02:48 -03:00
Fin de la sentencia