Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas; y reducir las multas aplicadas al mínimo legal, con costas en la parte que se confirman y por su orden en relación a la reducción de las mismas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-95777131-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Agosto de 2025 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "A" Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) José Luís Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) efectos de resolver los solicitado en la causa N° 47.571-I caratulada "GSJ S.A. s/ recurso de apelación".
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 9/11 la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 160/2016 (DV CRR1) y 161/2016 (DV CRR1) dictadas por la División Fiscalización N° 3 perteneciente a la Dirección Regional Centro – ambas de fecha 09 de noviembre del 2016- a través de las cuales se determinó de oficio la obligación fiscal relativa al Impuesto a las Ganancias -periodos fiscales 2010 y 2011- y el Impuesto al Valor Agregado -periodos fiscales 08/2010 a 12/2011- más intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicaron sendas multas graduadas en tres (3) veces los impuestos supuestamente omitidos, con sustento en los artículos 46 y 47, incisos b) y c), de la Ley 11.683.
Argumenta que, en el marco de la fiscalización, acompañó toda la documentación solicitada por el organismo fiscal. Manifiesta la falta de coherencia por parte de AFIP, ya que al inicio de la inspección el monto era 4 veces mayor al finalmente determinado.
Menciona que de confirmarse las resoluciones apeladas se estarían vulnerando su derecho de propiedad y defensa amparados en la Constitución Nacional (artículos 17 y 18).
Ofrece prueba documental y pericial contable; y solicita se revoquen las resoluciones apeladas.
II. Que a fs. 83/103 contesta el organismo fiscal el recurso interpuesto.
Como cuestión preliminar, expresa que los argumentos esgrimidos resultan errados, y que la recurrente no aportó nuevos elementos que permitan apartarse de lo decidido por el juez administrativo. Luego, realiza una mención pormenorizada de como afectaron los ajustes realizados al Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado.
Dice que, los actos esgrimidos gozan de la presunción de legitimidad, siendo la actora quien debe demostrar – cosa que mantiene no hace- la supuesta ilegitimidad o arbitrariedad.
Subraya que la auditoría fiscal realizó un trabajo consistente y responsable en la recolección de pruebas, mediando sendos requerimientos de información a la contribuyente y el debido análisis de la documentación aportada en respuesta a tales requisitorias, concluyendo que no se vislumbra ninguna causal que pueda invalidar el procedimiento seguido.
Sostiene, en relación a la vulneración de propiedad y defensa alegada por la actora, que tales derechos se encuentran en ejercicio ya que pudo interponer el presente recurso ante este Tribunal.
En cuanto a las multas impuestas, destaca que no se menciona agravio alguno, por lo que deben ser confirmadas.
Por último, cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba pericial contable ofrecida, hace reserva del caso federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 111 se hace lugar a la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, a fs. 136 se elevaron las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “A” y a fs. 153 pasaron los autos a sentencia.
IV. Que, a continuación, corresponde establecer el contexto sobre el cual se produjo la cuestión traída a debate.
La compañía GSJ S.A. se dedica a la venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos, cerrando sus ejercicios el 31 de diciembre.
Que en el marco de la O.I. N° 828.520 el ente fiscal, en reiteradas ocasiones, requirió a la fiscalizada documentación que esta acompañó y, tras diversas actividades de control, los actuantes proyectaron los siguiente ajustes -que serán tratados infra- a saber: 1°) se detectaron pasivos, supuestamente improcedentes –periodo fiscal 2010-; 2°) se observaron diferencias entre depósitos bancarios y ventas declaradas –período fiscal 2011-; y 3°) se dedujeron compras que no harían a la obtención, conservación o manutención de la fuente generadora.
V. Que, respecto al primer ajuste practicado, en distintas fechas fueron enviados requerimientos en los que la recurrente presentó: a) detalle de la composición de las deudas comerciales al 31/12/2011; b) facturas de compras a Desarrollos LK S.A acompañados de los recibos de pago y extractos bancario en los que se observa el débito de los cheques entregados a este proveedor –periodos fiscales 2010 y 2011-; c) listado de la existencia final de bienes de cambio al 31/12/2011 y fotocopias de facturas de venta desde la “A” N° 0001-00000001 hasta la N° 0001-00000014 correspondientes al periodo fiscal 2010.
A raíz de esta auditoría surge que, para el periodo fiscal 2010, la recurrente había realizado cuatro operaciones de compra de mercadería (campos quirúrgicos) al proveedor Desarrollos LK S.A. y que dichas operaciones fueron canceladas con cheques diferidos librados desde la cuenta del Banco Galicia y Bs. As. (v. fs. 265 del Cuerpo Principal N°2), mientras que para el periodo fiscal 2011 se habían realizado solo dos operaciones con dicho proveedor con el mismo método de pago (v. fs. 266 del Cuerpo Principal N°2).
De la compulsa de los recibos de pago los actuantes observaron que los cheques con los que se cancelaron las operaciones 2011 ya habían sido apropiados por la recurrente al momento de cancelar operaciones del 2010 (v. fs. 265 y 266 Cuerpo Principal N°2 y fs. 540 Cuerpo Principal N°3). A su vez, se pudo confirmar –por las circularizaciones hechas al Banco Galicia- que de los nueve cheques que fueron apropiados dos veces solo dos fueron librados para el proveedor Desarrollo LK S.A., mientras que los restantes fueron emitidos al portador o depositados por terceras personas (v. fs. 62/70 Cuerpo Circularizaciones y fs. 265/266 y 540 Cuerpo Principal N° 2 y 3).
Asimismo, se verifico que los cartulares mencionados fueron expuestos en el Balance General al 31/12/2011, como pasivo corriente al 31/12/2010 en el rubro “Deudas Financieras” Bco. Galicia Cta. Cte. Cheques diferidos (v. fs. 37 y 43 Cuerpo Principal N°1 y fs. 266 Cuerpo Principal N°2).
De ese modo, se concluyó que la firma intento justificar la existencia de la deuda financiera al 31/12/2010 con cheques diferidos que en realidad fueron utilizados para la cancelación de las operaciones comerciales realizadas durante el año 2011, por lo que se procedió a impugnar –por el ejercicio 2010- el pasivo como incremento patrimonial no justificado (art. 18, inc. f, Ley 11.683).
Que al respecto la recurrente no aporta documentación que logre desvirtuar la pretensión del Fisco Nacional.
Ahora bien, bajo dicho contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda el origen de cada una de las compras y gastos involucrados. Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido Por lo ante dicho y considerando que no se presentó prueba idónea para rebatir el criterio fiscal, corresponde confirmar los ajustes efectuados en el IVA y el Impuesto a las Ganancias, con costas.
VI. Que, en relación al segundo ajuste fue analizada la documentación acompañada por la actora y la recolectada por el organismo fiscal, en donde se examinaron los depósitos de la cuenta bancaria N° 0005817-7-023-6 del Banco Galicia y las ventas declaradas en este periodo fiscal -2011-.
De esta surge una diferencia que la actora justifica como “préstamos temporales” realizados por el Sr. Silvio Rosinov (socio de GSJ S.A.) y la compañía MQI S.R.L. por $ 114.900 y $ 431.650, respectivamente. A fs. 46 a 87 del Cuerpo Principal N° 1 de los antecedentes administrativos, se encuentran acompañados los movimientos bancarios que justificarían dichos préstamos. Luego de efectuar una depuración de la cuenta bancaria interviniente, se comparó con los “prestamos temporarios” mencionados por la actora, arribando a la diferencia de $57.737,69.
Sobre este aspecto la recurrente indicó que “estos movimientos no fueron detallados en la contabilidad, ya que no afectan a terceros ni generaron saldo al cierre” (v. fs. 361 del Cuerpo Principal N° 2). Al respecto los auditores fiscales detectaron, a través de la compulsa del Libro Diario N°1 y del Balance General –correspondiente al 31/12/2011- que no se encontraban registrados movimientos vinculados con el Sr. Silvio Rosinov o con MQI S.R.L. (v. fs. 537 y 538 Cuerpo Principal N°3).
En base a lo expuesto se solicitaron las copias de los cartulares, observándose que los mismos fueron librados al portador o a la orden de otras personas distintas de Silvio Rosinov o MQI S.R.L., por lo que se determinó que los beneficiarios no tienen relación comercial alguna con la sociedad (v. fs. 7/83 Cuerpo Circularizaciones).
Por otra parte, a los efectos de constatar las diferencias referenciadas, los inspectores requirieron al Sr. Silvio Rosinov o MQI S.R.L documentación respaldatoria y las registraciones contables de las trasferencias bancarias realizadas a favor de GSJ S.A. en el año 2011 (v. fs. 109/111 Cuerpo Circularizaciones).
En respuesta a lo solicitado los supuestos aportantes detallaron los importes transferidos en carácter de préstamos temporarios, pero no identificaron los números de cuentas bancarias propias desde donde se habrían efectuado las transferencias de fondos (v. fs. 114/123 y 133/135 Cuerpo de Circularizaciones y fs. 536/544 Cuerpo Principal N°3).
Además, el Sr. Rosinov informó que el origen de los fondos transferidos se encuentra justificado en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales de los años 2010 y 2011 (v. fs. 112 Cuerpo Circularizaciones y fs. 539 Cuerpo Principal N°3).
Sobre el particular los inspectores analizaron dichas declaraciones, constatando que surgen ingresos superiores a los montos de las transferencias en cuestión (v. fs. 539 Cuerpo Principal N°3). Por el lado de la firma MQI S.R.L., esta sostuvo que el origen de los fondos se encontraban expuestos en los Estados Contables del ejercicio cerrado al 30/06/2011 y el Libro Diario N°1 (v. fs. 130 Cuerpo Circularizaciones y fs. 539 Cuerpo Principal).
Sin perjuicio de lo hasta aquí enunciado, los actuantes confrontaron la información remitida contra lo sostenido por la actora, hallando diferencias en el total de las transferencias bancarias en trato (v. fs. 185 y 186 Cuerpo Circularizaciones).
En consecuencia, como resultado de dichas tareas la Administración dedujo que las aludidas transferencias no fueron debidamente acreditadas, por ende, procedió a su comparación con las ventas declaradas durante los meses de enero a diciembre y a la diferencia calculada le atribuyo el tratamiento previsto en el artículo 18, inciso g), de la Ley 11.683.
VII. Que en casos como el presente, cabe recordar que le corresponde a la actora demostrar cada uno de los movimientos realizados, los que pueden ser debidamente individualizados en el resumen bancario. Pese a ello, la apelante no aportó prueba alguna tendiente a verificar sus dichos convirtiéndose sus argumentos en meras afirmaciones dogmáticas carentes de virtualidad para quitar validez a lo actuado por los inspectores.
En igual sentido, se ha expedido la Excma. Cámara al afirmar que, frente al indicio de un exceso de depósitos con relación a las ventas declaradas, es el contribuyente quien debe demostrar fehacientemente la veracidad de esas operaciones, el origen de las sumas depositadas en sus cuentas bancarias y las razones que motivaron su marginación del gravamen en estudio (Sala IV in re “Goldaracena Miguel (TF 23.965I) c/ DGI”, sent. del 29/4/14 y “Musso Élida Ángela (TF 24.698I) c/ DGI”, sent. del 18/03/14). En esta concepción, corresponde aplicar los argumentos vertidos en el Considerando V al que cabe remitirse en mérito a la brevedad.
En función a lo expuesto, voto por confirmar el ajuste formulado tanto en el Impuesto a las Ganancias como en el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VIII. Que en lo que hace al tercer, y último ajuste practicado, referido a la impugnación de compras, tanto en el IVA como en el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo a lo previsto en los artículos 80 y 37 de la Ley de Ganancias y artículo 12 de la Ley de IVA; corresponde sin más su confirmación –con costasante la ausencia de prueba que permita enervar el temperamento fiscal. En efecto, “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien n prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (CNCiv., Sala C – La Ley T.117:808, 11371-S); por lo tanto, se concluye que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (arg. art. 377, CPCCN) al no ser sustentados por actividad probatoria alguna, resultan simples consideraciones carentes de virtualidad necesaria para conmover el criterio del juez administrativo en este aspecto.
IX. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que, en relación a las sanciones aplicadas debe señalarse que el artículo 46 de la Ley Nº 11.683 exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
En referencia al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas.
En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
En relación al elemento subjetivo del artículo 46 acude, en este caso, a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, respecto de la voluntad defraudatoria del sujeto.
De los hechos relatados, entiendo que la presunción se encuentra cumplida, dado que la estructura montada por la contribuyente tiene como único fin evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No obstante ello, se estima que la graduación de la pena en tres veces el impuesto evadido aparece excesiva, atento que no surge de las constancias de autos que el actor contara con ningún antecedente en materia sancionatoria ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Tales circunstancias ameritan reducir el quantum de las sanciones a su mínimo legal. Con costas por la parte de la multa que se confirma y por su orden en la parte que se reduce.
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del vocal preopinante.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y la solución a la que se arriba en el voto del Dr. Porporatto, salvo en lo que se refiere a las sanciones apeladas, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, incisos b) y c), de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En efecto. Analizados los antecedentes administrativos, el informe de fiscalización y las resoluciones recurridas y en atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, se desprende que el Fisco Nacional actuó diligentemente en el encuadre de la conducta reprochada, por lo que era responsabilidad de la actora acreditar los hechos que justifiquen la ausencia de dolo que alega, lo cual no ha acaecido en la especie conforme se desprende de las constancia de autos. Así, debió la apelante proporcionar elementos que permitieran persuadir a quien suscribe de la ausencia de voluntad de incurrir en una conducta defraudatoría con la utilización de facturación apócrifa (conf. arg. art. 47), habiéndose limitado a esgrimir una defensa dogmática sin intentar siquiera justificar su decisión de realizar operaciones con los proveedores cuestionados.
Por ello, cabe concluir que la sanción apelada se ajusta a derecho y ha sido correctamente cuantificada, por lo que debe ser confirmada, con costas.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos e intereses, con costas; y reducir las multas aplicadas al mínimo legal, con costas en la parte que se confirman y por su orden en relación a la reducción de las mismas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2025.08.29 10:20:37 ART Date: 2025.08.29 12:26:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.29 12:35:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.29 12:35:57 -03:00
Fin de la sentencia