Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.360-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Fallo AD ROSA n° 572/2015, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 12550-84-2014, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A., asciende a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 45.377,28), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-48261053-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “GUABI DE ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº 36.360-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 27/33 se presenta la firma GUABI DE ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución-fallo (AD ROSA) nº 572/15, dictada en el expediente SIGEA nº 12550-84-2014, mediante la cual se le exige una multa de $68.065,92 por la comisión de la infracción prevista en el art. 9 de la ley 21.453, por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada dentro del plazo establecido en la declaración jurada de venta al exterior nro. 14052DJVE000308U. Manifiesta que durante el año 2014 tuvo una intervención de la AFIP respecto de cuatro exportaciones que venía cumplimentado. Debido a ciertos inconvenientes, sostiene que la AFIP decidió iniciar una fiscalización integral, habiendo suspendido cualquier tipo de posibilidad de exportación hasta que se hubiesen concluido todos los trámites de fiscalización por parte de dicho organismo. Agrega que nos encontramos frente a un caso de fuerza mayor ya que el impedimento de exportar lo provocó la propia AFIP, al no permitirle operar. Manifiesta que debido al tiempo transcurrido sin poder exportar, su cliente desistió de la operación, motivo por el cual le solicitó a la UCESCI un plazo ampliatorio para poder reformular el contrato original. Afirma que la Aduana sabiendo su imposibilidad de operar, pretende de todas formas sancionarla sin ninguna posibilidad de defensa. Cita jurisprudencia en relación a la imposibilidad de la Aduana de aplicar sanciones penales. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se revoque la sanción aplicada.
II. Que a fs. 40/42 y vta. se presenta el Fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una breve reseña de los hechos. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que la propia actora reconoce no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería comprometida en la DJVE aquí en trato. Agrega que existen varias contradicciones en el escrito presentado por la contraria, ya que no describe qué inconvenientes se suscitaron provocando que no pueda cumplir con las exportaciones, no explica el motivo por el cual la sección fiscalización suspendió su posibilidad de exportar. Sostiene que la propia contraria se presentó ante la UCESCI denunciando una supuesta fuerza mayor, habiendo resuelto dicho organismo que el incumplimiento de la DJVE era de exclusiva responsabilidad de la empresa. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con costas a la contraria.
III. Que a fs. 43 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas y se provee la prueba ofrecida. A continuación se elevan los autos a la Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas nº 12550-84-2014 se inician a fs. ½ con impresiones de pantalla de la DJVE aquí involucrada. A fs. 4 obra acta de denuncia por la presunta comisión de la infracción al art. 969 respecto de la DJVE 14052DJVE000308U. A fs. 7 se afora la mercadería y se calcula la multa del 10% y del 20% respecto del total de la mercadería comprometida en la DJVE en trato. A fs. 10/11 se apertura sumario y se corre vista a la firma GUABI DE ARGENTINA SA por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 969 del C.A., de la cual resulta notificada el 29/07/2014. A fs. 14 se declara la rebeldía de la firma exportadora. A fs. 18 se emite el dictamen N° 108/2015. A fs. 22 se calcula la multa mínima del 15% correspondiente al 90% de la mercadería no exportada. A fs. 23/28 obra la resolución-fallo N° 572/15 (AD ROSA), aquí apelada.
Por separado, obra el EXP-S01:0101930/2014, que tramitara ante la UCESCI, en el cual, en lo que aquí interesa obra presentación de la actora en fecha 22/5/14, por la que solicita una prórroga respecto de la DJVE 14 052 DJVE 000308U, por los motivos que allí expone. En dichas actuaciones, obran sendas notas por las que solicita a la recurrente acompañe cierta documentación, cumplido lo cual se expide mediante dictamen DLC n° 455, de fecha 30/03/2015.
V. Que corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la firma GUABI DE ARGENTINA SA, mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que el art. 969 del C.A., dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada”.
VI. Que no se encuentra controvertido en autos que mediante la declaración jurada de venta al exterior 14 052 DJVE 000308U, cuyo periodo de afectación venció el día 30/05/2014, en los términos de la ley 21.453, la firma GUABI DE ARGENTINA S.A. comprometió la exportación de 120 toneladas de mercadería clasificada en la posición 0713.10.90.910B, valor F.O.B. unitario de u$s 520 y F.O.B. total de u$s 62.400 y que no cumplió con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 108 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna.
VII. Que la recurrente basa su defensa en que debido a ciertos inconvenientes, la AFIP inició una fiscalización integral de la firma, suspendiendo cualquier tipo de posibilidad de exportación hasta que se hubiesen concluido todos los trámites de fiscalización por parte de dicho organismo. Por ello, sostiene que nos encontramos frente a un caso de fuerza mayor ya que el impedimento de exportar lo provocó la propia AFIP, al no permitirle operar.
Que, en efecto, cabe recordar que el art. 20 inc. b) de la Resolución Nº 1791/92 dispone que “En aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor registrados con anterioridad al vencimiento del plazo de la DJVE, se otorgará, a pedido de parte y por acto expreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca una prórroga extraordinaria de (60) sesenta días corridos…”.
Que, por su parte, el art. 3º del Decreto 1177/92 (modificado por Decreto Nº 734/07, y Decreto Nº 764/08), establece que "…El Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de los productos a que se refiere el Artículo 1º deberá efectuarse el día hábil siguiente a aquel que se hubiese cerrado la venta correspondiente … El plazo máximo que se establezca sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de la citada Oficina, si se hubiere configurado un caso fortuito o fuerza mayor dentro de la vigencia de la Declaración Jurada de Venta al Exterior" (el subrayado me pertenece).
Finalmente, la Resolución ONCCA 912/08 señala que: “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del ROE VERDE para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la ONCCA, la que será comunicada mediante el sitio web "www.oncca.gov.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de esta Oficina Nacional, si se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de validez del ROE VERDE, entendiéndose por fuerza mayor, la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida…".
Que del EXP-S01:0101930/2014, resulta que la actora solicitó el 22/05/14 a la UCESCI se le conceda una prórroga para el cumplimiento de la DJVE en trato, explicando que como consecuencia de investigaciones llevadas a cabo por la AFIP, se había detenido e interdictado mercadería que debía exportarse, por lo que hasta que la AFIP no se expidiera respecto de su posibilidad de operar, no podía concretar nuevas exportaciones.
Que de dicho expediente, también resulta que la UCESCI le solicitó documentación a los efectos de acreditar sus dichos, habiendo cumplido dicha intimación el 17/09/14 y obrando la misma a fs. 42/102 del mencionado expediente. La UCESCI concluyó mediante Nota n° 154/15 que la solicitud de la firma exportadora no podía prosperar en atención a que “se trata de un hecho propio de la misma el que generó el incumplimiento, no adecuándose de esta manera a lo normado por el art. 9 de la ley 21.453 que estipula lo siguiente: ´la Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador…´”.
Que de la normativa transcripta y el análisis de los hechos de la causa, resulta que el planteo efectuado por la actora no puede prosperar.
En efecto, de la documentación acompañada por la recurrente ante la UCESCI, no resulta que la mercadería interdictada o detenida sea la comprometida en la DJVE que nos ocupa. Nótese que la apelante sostiene que respecto de la declaración jurada 14 052 DJVE 000308U en trato, había oficializado el permiso de embarque N° 14008EC01002254F, no obstante lo cual éste último se registró el 27/2/14 y la DJVE aquí involucrada el 14/4/2014, es decir que el P.E. se oficializó casi dos meses antes de haberse oficializado la DJVE.
Que por su parte, la misma actora reconoce en sus presentaciones que el inicio de las fiscalizaciones por parte de la AFIP pueden haberse ocasionado por sus propios errores.
Que –tal como sostiene el Fisco en su contestación del recurso- tampoco se explican los motivos de fiscalización ni de interdicción de la mercadería por parte de la AFIP, como para poder efectuar una análisis concreto de la situación planteada por la actora.
Que, por ello, la suscripta considera que le asiste razón al organismo de aplicación al sostener que “se trata de un hecho propio de la misma el que generó el incumplimiento”, no advirtiéndose que la firma GUABI DE ARGENTINA SA se haya encontrado comprendida en una causal de fuerza mayor como invoca. Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos “Urruti de González” del día 1/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado.
Que el acogimiento al régimen de la ley Nº 21.453, que resulta de la DJVE en cuestión, fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa.
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que tratándose de beneficios tributarios, se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (“Fallos” 264:152; 265:256, entre otros).
A mayor abundamiento, cabe señalar que la causal de incumplimiento invocada por la actora no puede considerarse ajena a los riesgos propios de su actividad, los cuales no son oponibles a la Aduana. Que por lo expuesto cabe concluir que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 9° de la ley 21.453.
Que, en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la resolución-fallo (AD ROSA) nº 572/15, dictada en el expediente SIGEA nº 12550-84- 2014, en cuanto le impone a la aquí recurrente una multa por la infracción al art. 9° de la ley 21.453, declarando que dicho importe asciende a la suma de SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($68.065,92), respecto de la DJVE nros. 14 052 DJVE 000308U.
2. Costas a la recurrente.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos y análisis efectuado en el voto de la Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, con relación al monto de la multa impuesta, conforme señera jurisprudencia de la Vocalía de la 16° Nominación -a mi cargo- en la materia, entiendo que corresponde aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 %, conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador (confr. votos del Dr. Pablo Garbarino in re: “BUNGE ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación” (Expediente n° 37.545-A) y “J.L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”; entre muchos otros).
III. Que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
IV. Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
V. Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna. Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla.
Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
VI. Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
VII. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VIII. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el artículo 969 del Código Aduanero.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, el 90% del total de mercadería no exportada ascendió a 108 toneladas, lo que es equivalente a U$S 56.160; siendo el tipo de cambio de $ 8,080 al momento de la comisión del hecho, por lo que el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 453.772,8, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 45.377,28.
IX. Que, por lo demás, resultaría ajustado a derecho condenar de modo parcial a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción (multa) recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-
A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a confirmar parcialmente la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
X. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo AD ROSA n° 572/2015, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 12550-84-2014, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A. asciende a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 45.377,28), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo AD ROSA n° 572/2015, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 12550-84-2014, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A., asciende a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 45.377,28), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.04.28 14:13:42 -03:00 Date: 2023.04.28 14:27:41 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.28 14:31:40 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.28 14:31:40 -03:00
Fin de la sentencia