Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122884
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
"SILVA MARIA ESTER Y OTROS C/ GUADO CARLOS OSCAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
La Plata, 26 de Junio de 2019.
I. El letrado accionado deduce -por su propio derecho- recurso extraordinario federal contra la resolución de esta Corte que rechazó el de nulidad por haberse planteado agravios descartados por el Tribunal en otros casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; y 298, CPCC; v. fs. 730/747 y 723/724 vta.).
En el caso, la Cámara interviniente, en lo que importa destacar, mantuvo la sentencia de primer grado que, a su turno, hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por María Ester Silva, Yamila Elizabeth Asmar y Carlos Moisés Asmar contra Carlos Diego Berteri por mala praxis profesional, al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 480/490 y sentencia electrónica de fecha 30-VII-2018 conjuntamente con su aclaratoria de fecha 3-IX-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, trabajo y propiedad (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; v. fs. 731, 736 vta./738 vta. y 744 y vta.).
II.2. Afirma que esta Suprema Corte se limitó a manifestar que las omisiones denunciadas no son cuestiones esenciales, pero omitió fundamentar su decisión, lo que la convierte en arbitraria (v. fs. 737).
II.3. Asevera que, tanto en la demanda como en la expresión de agravios, queda claramente establecido que los actores no solicitaron intereses sobre la indemnización reclamada, en tanto -según su punto de vista- fueron renunciados expresamente en el escrito de inicio (v. fs. 738 vta./739 vta. y 742 vta.).
En consecuencia, esgrime el recurrente que el Tribunal de Alzada -al imponer dichos accesorios- violó el principio de congruencia y que -en el ámbito provincial- esta falencia se cuestiona a través del carril extraordinario de nulidad, vía que fue la utilizada por su parte (v. fs. 742 y vta.).
II.4. Expone -además- que existió una arbitraria aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827 desde que -como ya sostuviera al deducir el remedio desestimado- existen sucesivos pronunciamientos en los que este Tribunal ha admitido -ante omisiones en el tratamiento de cuestiones esenciales- la procedencia del recurso extraordinario de nulidad, contradiciendo, por ende, lo aquí resuelto (v. fs. 742 vta./744).
II.5. Finalmente aduce que al existir violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, queda habilitada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la vía extraordinaria federal conforme la doctrina sentada en los precedentes "Strada" y "Di Mascio", entre otras que cita (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. fs. 744).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 748), el mismo no fue contestado.
III.1. Inicialmente, cabe recordar que las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el sub lite , la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827 para desestimar el recurso extraordinario de nulidad), no justifica -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la presente vía (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405; 324:4349, 330:133, entre otros).
III.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en la causal de omisión de cuestiones conducentes, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de la solución normativa aplicable, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15 citado).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación ha dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206, 3761; 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 311:100; 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
III.3. Resta decir, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, trabajo y propiedad (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 731, 744 y vta.), así como la simple mención de la doctrina del Tribunal federal derivada de las causas "Strada", "Di Mascio" y demás precedentes que cita (v. fs. 744/745 vta.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 107.985, "Kusayu SA", resol. de 15-VIII-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia