Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en cuanto a la responsabilidad solidaria y liquida intereses, con costas.
2Confirmar la sanción aplicada en los términos del artículo 45 de la ley de rito, debiendo reducirse a su mínimo legal, imponiéndose las costas en la parte que se confirme y por su orden, en lo que se reduce.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-121764413-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Noviembre de 2022 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante Titular de la 3° Nominación) para resolver el expediente N° 41.135-I caratulado: “GUAIA MARIANO s/ recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 22/29. se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 10 de octubre de 2010 dictada por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP - Dirección General Impositiva, por cual se determinó la materia imponible al Sr. Mariano Guaia, en su carácter de responsable solidario de la firma “Planetcom SRL”, por incumplimiento de las obligaciones impositivas emergentes de las Boletas de Deuda N° 010/40722/01/2011, 010/40722/02/2011, 010/40722/03/2011, 010/40722/04/2011, 010/40722/05/2011, 010/40722/06/2011, 010/40722/07/2011, 010/40722/08/2011, 010/40722/09/2011, 010/40257/01/2012, 010/40257/02/2012. Asimismo, se le aplicó una multa con sustento en lo previsto en el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), equivalente al 70% del monto del impuesto omitido.
Primeramente, arguye la inexistencia de deuda en cabeza de Planetcom SRL, fundado en la materialidad y autenticidad de las operaciones comerciales cuestionadas. Seguidamente apunta que la responsabilidad que dispone de la ley 11.683, es de carácter subjetiva e implica la intervención y participación efectiva del imputado en la administración y representación de las cuestiones tributarias de la sociedad, -dice- debería evaluarse si la pretendida deuda que se reclama obedece a una actitud deliberada o negligente de quien resulta involucrado en estas actuaciones a título personal. Insiste que debe constatarse fehacientemente si el sindicado de tal responsabilidad ha realizado conducta reprochable y pasible de sanción por la ley, en cumplimiento del principio constitucional y convencional de inocencia. Sostiene que el fisco no ha aportado elemento alguno que permita concluir que ha mediado culpa en su actuar, sin mencionar las conductas por las cuales debería responder por su carácter temporal como socio gerente, limitándose a consignar su nombre como responsable solidario. Manifiesta que debería ser punto de análisis su falta de especialidad y función para la interpretación jurídicotécnica de normas tributarias, resultando irrazonable la exigencia del deber de obtener los fondos necesarios de la compañía para hacer frente a las obligaciones fiscales, a fin de demostrar la imposibilidad de tal cumplimiento. Entiende que la ley de procedimiento al controvertir el marco normativo de la Ley de Sociedad N° 19.550, al alterar los parámetros establecidos respecto a la responsabilidad de los socios gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada, afecta la unidad normativa receptada constitucionalmente.
Por último, se agravia de la falta de producción de prueba en sede administrativa, entendiendo que ello hubiese demostrado su falta de responsabilidad subjetiva, tornando improcedente el reclamo, aclarando que su descargo en dicha instancia, abarcaría como respuesta al sumario instruido.
Por las pruebas que ofrece y las razones de hecho y de derecho que expuestas, solicita se dicte sentencia y se revoque en todas sus partes la resolución apelada, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
II. Que a fs. 36/47vta. el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Expone que a la actora le resultan aplicables los artículos 6 inc. b.-, 7° y 8° inc. a.- de la ley 11.683, relativas a la responsabilidad solidaria por deuda ajena. Afirma –en coincidencia con la recurrente- que la responsabilidad es de tipo subjetiva, siendo demostrado en las respectivas actuaciones, el ejercicio del cargo de socio gerente y representante legal mediante las tareas de fiscalización, habrían verificado y comprobado el desempeño de las funciones directivas del Sr. Mariano Guaia, dentro de los períodos en trato y su grado de vinculación en las operaciones realizadas por el deudor principal como la disposición y administración de los fondos. Destaca improcedente que la recurrente pretenda que se lo exima de su responsabilidad, sin aportar elementos probatorios contundentes que permitiesen justificar su imposibilidad de cumplimiento frente a los deberes.
Rechaza el agravio relativo a la inexistencia de la deuda reclamada en cabeza de Planetcom SRL, en cuanto los actos administrativos por los cuales se reclamó esa deuda, se encuentran firmes, al recaer sentencia a favor del fisco.
Resalta la coherencia existente sobre la figura del socio gerente entre la Ley N° 11.683, Ley de Sociedades y la Constitución Nacional. Apunta que la Carta Magna ampara la persecución del crédito fiscal en manos de quienes han tenido la obligación de hacer cumplir al responsable principal.
Expresa en punto a la sanción, su sustento en la verificación de una conducta que importa la inobservancia por error, negligencia, impericia o imprevisión, de los deberes impositivos a su cargo en calidad de responsable por deuda ajena, dejando de ingresar los importes correspondientes a las boletas de deuda en crisis. Peticiona también que se confirme la liquidación de intereses, toda vez que la actora no expresó agravios ni contra su aplicación ni sobre el cálculo efectuado.
Se opone a la reserva de ofrecimiento de prueba y por los argumentos que desarrolla, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando el acto recurrido en todas sus partes, con costas y se tenga presenta la reserva del caso federal.
III. Cabe señalar que a fs. 54 se elevan los autos a conocimiento Tribunal en Pleno a fin de considerar su acumulación con el expediente N° N 33.552-I, caratulado: “Planetcom SRL”, en trámite ante la Vocalía 5° Nominación de la Sala “B”. A fs. 56 luce informe, en el cual se hace saber que: “….con fecha 14/9/15 recayó sentencia en el expte. 33.552-I, “Planetcom S.R.L” y acum. de la Sala “B” Vocalía 5ta. Fdo. Antonia M. Abálsamo”.
Que a fs. 58 se abre la causa a prueba, haciendo lugar a la informativa dirigida a Citibank SA, al BBVA Banco Francés y al Juzgado en lo Penal Tributario N° 2y; a la pericial contable ofrecida. A fs. 64/118, 124/137, 144/144vta se producen las pruebas informativas. A fs. 179 se da por decaído el derecho a producir prueba pericial contable. Acto seguido se clausura el período probatorio.
A fs. 198 se elevan los autos a conocimiento de la A. Seguidamente, a fs. 203 se ponen los autos a disposición de las partes para que presenten los alegatos de bien probado, obrando la presentación del ente fiscal a fs. 213/214, sin que las recurrentes hicieran uso de su derecho. Finalmente a fs. 216 se pasan los autos a sentencia. IV-. Cabe señalar, de manera preliminar, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que previo a efectuar consideración alguna, respecto del fondo de la cuestión objeto de debate, cabe precisar que en el caso de autos se reclama al contribuyente Mariano Guia, la deuda en carácter de responsable solidario, que se le intimara a la firma Planetcom SRL por los Impuestos a las Ganancias, a las Ganancias-Salidas No Documentadas y al Impuesto al Valor Agregado que fueran determinados mediante las Resoluciones N° 269, 270 y 271 (DV RRIIP) del 8 de noviembre de 2011 y Resolución N° 150 (DV RRIIP) del 3 de julio de 2012 (v.44/52, 53/61, 62/71 y 72/81 Cuerpo Principal) que fue discutida en el expediente que tramitara ante la Sala “B” donde recayó sentencia, resolviendo confirmarlas, motivando el libramiento de los correspondientes certificados de deuda para el cobro, por parte de la AFIP de las obligaciones fiscales referidas.
Que en cuanto al fondo de la cuestión, esto es, la responsabilidad solidaria de la recurrente, conforme surge de las actuaciones administrativas de la causa, la firma Planetcom SRL fue objeto de fiscalización e impugnación de ciertas operaciones con proveedores apócrifos. Que en la resolución apelada de conformidad con los antecedentes administrativos, se indica el grado de vinculación del Sr. Guaia con las operaciones de la contribuyente principal, a través de las respuestas obtenidas de las entidades bancarias -BBVA Francés, Banco Provincia, RBS The Royal Bank of Scotland- (v. 7, 8/91, 94/174 del Cuerpo Circularización Bancaria) e informan su actuación en carácter de representante legal/socio gerente de la firma en las cuentas bancarias, al momento de generarse las obligaciones fiscales relativas a dicha empresa.
Sumado a ello lucen agregadas copias, del contrato constitutivo de Planetcom SRL de fecha 9 de marzo de 2001, en donde se establece de manera expresa en su cláusula octava que: “La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de el/los gerente/s designados, indistintamente. Los gerentes de la sociedad son designados tiempo indeterminado, pudiendo ser o no socios; la designación de los nuevos gerentes o el reemplazo de los existentes será decidido en reunión de socios. Los gerentes, actuando de la forma indicada, tienen todas las facultades para realizar actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, incluidos los previstos en el art. 1881 del Código Civil….” (v. 58/59 Cuerpo de Circularización Bancaria) , y del Acta de Asamblea N° 1 de fecha 1 de abril de 2001 donde emana que el Sr. Guia es designado como nuevo gerente de la sociedad (v. fs. 23/26 Cuerpo de Circularización Bancaria).
Ello así, quedando evidenciando su desempeño en actos relativos a los negocios y a la administración de la sociedad durante los períodos bajo análisis, lo que implica que no pueda abstraerse de la responsabilidad generada por el incumplimiento de obligaciones tributarias durante su gestión (conf. Art. 8 inciso a) de la ley 11.683 -t.o. vigente a la fecha del acto- y fallos 327:769 y 337:58).
Que en el caso de la figura bajo examen -responsabilidad solidaria- concurren dos obligaciones distintas, una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que no debe perderse de vista que la responsabilidad personal y solidaria del artículo 8 de la ley N.°11.683 “ha sido establecida a título represivo, desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al fisco con los recursos que administran o de que disponen (del voto del Dr. Francisco Martínez en la causa N° 2457, “Quatrocchi, Antonino S. y otros” de este Tribunal, de fecha 27/09/66), lo que no sólo implica atribuir a la norma una interpretación restrictiva, sino tener siempre presente que no es lo mismo un “responsable solidario” que un “deudor solidario”. Que la responsabilidad recae en aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales que son quienes se encuentran obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley, por lo que, en razón de tratarse de un incumplimiento ocurrido en ocasión de desempeñar una función que supone responsabilidad subjetiva y no haber demostrado el inculpado encontrarse en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente los deberes fiscales confiados a su custodia, concurren en cabeza de la apelante de autos los supuestos antes señalados, por lo que resultaría en principio, aplicable en este caso la responsabilidad establecida por la ley fiscal. Que es importante destacar que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrefutable y concluyente para desvirtuar la responsabilidad -desde el plano de la imputación subjetiva- que recae en aquéllos que administren o dispongan de los bienes sociales que son -como se dijera- quienes se hallan obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley, lo que no ha sucedido en autos, ello por cuanto la apelante no ha acreditado la falta de disposición de recursos para afrontar el pago del tributo en cuestión que alega de manera exigua en sus recursos de apelación, en tanto no propuso prueba alguna (Conf criterio de este Tribunal, sala C, “Baz, José”, sentencia del 26 de mayo de 2003).
Que respecto de la sentencia emitida por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que invoca la actora, entiendo que la decisión allí adoptada no invalida las resoluciones apeladas en estos autos, puesto que no es vinculante ni produce cosa juzgada material para este organismo jurisdiccional. Que no puede soslayarse que la competencia de ambos jueces se encuentra delimitada recíprocamente por el ámbito de sus respectivas incumbencias; así el juez en lo Penal Tributario se limita a la elucidación de la posible ocurrencia de una conducta disvaliosa reprimida por la Ley Penal Tributaria, mientras que este Tribunal actúa conforme a la competencia atribuida por la ley de Procedimiento Tributario. Que en virtud de lo expuesto, y en la medida en que la actora no ha demostrado circunstancia alguna que, permita excusarla de responsabilidad, corresponde confirmar la determinación de oficio de su responsabilidad solidaria, con costas.
VI-. Que también procede confirmar la liquidación de intereses aplicada en los actos determinativos, ya que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
VII-. Que ello así, corresponde analizar la procedencia de la multa aplicada por el Fisco Nacional con sustento en el artículo 45 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).-
Que previo a efectuar consideración alguna sobre esta última cuestión, cabe recordar que el art. 45 de la ley de rito en su parte pertinente dispone que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionada con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar,...siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto exista error excusable...”, es decir que el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es la omisión del pago de impuestos pero que la misma lo sea mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o cuando las mismas sean inexactas. En efecto, esta juzgadora ha tenido la oportunidad de expedirse respecto tema bajo análisis como Vocal Subrogante de la Vocalía 8° de la Sala “C” en la causa “Goldak Eugenio s/recurso de apelación” Expediente N° 42.778-I -10/10/2017- y con lo expuesto en el primer párrafo del Considerando IV.-, en el caso de autos, no se advierte que se configure la conducta típica descripta por la norma citada en el párrafo precedente que pudiera ser reprochable al actor, por lo que cabe revocar la sanción impuesta, debiendo imponerse las costas en el orden causado, en atención a que los fundamentos en que se funda este pronunciamiento no coinciden con las argumentaciones desarrolladas por las partes (Fallos 322:3034).
Que a razón a la forma en que se resuelve, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas respecto de la sanción aplicada.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por la Vocal Instructora.
En las presentes actuaciones, conforme surge del escrito de inicio, el recurrente esgrime diversos argumentos dirigidos a impugnar tanto el origen de la deuda reclamada en cabeza de Planetcom S.R.L. como su responsabilidad solidaria.
II. Que el primero de los planteos debe ser rechazado. En efecto, cabe señalar que de las constancias que surgen del sitio del Poder Judicial, las resoluciones que determinaron de oficio las obligaciones de PLANETCOM S.R.L. frente a los impuestos al valor agregado, a las ganancias y a las salidas no documentadas, han quedado firme en lo que respecta a las obligaciones discutidas toda vez que con fecha 1/9/2016 la Alzada confirmó la sentencia de la Sala B de este Tribunal que confirmo aquellas resoluciones.
III. Que en lo que respecta a la procedencia de la atribución de responsabilidad solidaria corresponde esclarecer su naturaleza jurídica, para extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de aquella responsabilidad.
Nos enseña D’Amati que “la doctrina tradicional había en diversas ocasiones precisado que “además de al sujeto pasivo del impuesto, la ley tributaria muchas veces declara obligado al pago del tributo o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales, a una persona diversa que puede denominarse responsable del impuesto” (D’Amati, Nicola, “Derecho Tributario, Teoría y Crítica”, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985, pág. 363 y sgtes. y sus citas).
El ordenamiento jurídico tiene particular interés en regular –dentro de los sujetos pasivos- una figura con clara función de tutela del crédito fiscal, justificación de la existencia de la solidaridad en materia tributaria. En efecto, como señalan los Dres. Buitrago y Gamberg “la norma tributaria para tutelar el interés fiscal en la recaudación segura y rápida de los tributos, involucra con vínculos solidarios en la obligación, a sujetos a los cuales, con seguridad, no es referible la capacidad contributiva evidenciada por el presupuesto de hecho. En estos casos, la ampliación de los sujetos implicados la realiza la norma tributaria, aplicándola a sujetos pasivos de los efectos ulteriores de un presupuesto de hecho diverso en el cual, a aquellos efectos propios del hecho imponible, se agregan otros elementos” (Vid. Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2019, pág. 49 y sgtes.).
Es así que el legislador traza un mecanismo por el cual el impuesto es, por ley puesto a cargo de una determinada persona, que coincide con el partícipe directo de la situación base del impuesto y por otra norma, distinta, se establece la obligación de otro sujeto, a la vez y junto al primer obligado. En esa dirección, explica Jarach, sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o contribuyente) puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico, para los otros obligados el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (El hecho imponible, pág. 177/9).
Dicho mecanismo fue receptado por nuestra legislación tributaria, pues de acuerdo con lo que disponía el artículo 6 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones, texto vigente a la sazón) “están obligados a pagar el tributo, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley...entre otros “los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el artículo 5º, en sus incisos b) y c)”. Por su parte, el artículo 8 disponía –en lo que aquí interesa- que interesa- que “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”.
Como concurriera a sostener tiempo atrás, en el régimen de solidaridad previsto en nuestra legislación se destacan dos figuras, no de diversa estructura, sino que son colocadas en grado diverso: una, obligación principal y la otra, garantía de aquélla y dependiente por tanto de ella. “En consecuencia no se trata de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuya cumplimiento pueda el acreedor exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino la de una obligación principal o primaria y otra u otras, accesorias o subsidiarias, de tal modo que el acreedor, es decir el Fisco Nacional, puede hacer valer sus derechos siguiendo un orden preestablecido. Así, la obligación de garantía resulta solidaria toda vez que éstos no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto sino como responsables de la deuda ajena, no quitando la solidaridad a esta obligación de garantía su carácter subsidiario (Vid. Buitrago y otras, “Procedimiento Fiscal”, Errepar, Buenos Aires, 2001, pág, 76 y sgtes y sus citas).
IV. Que aclarado ello, deben precisarse cuáles son los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad pueda determinarse en cabeza del recurrente.
En este sentido, tengo para mí que la responsabilidad descripta no es del tipo objetivo ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo, circunstancia que se desprende del último párrafo del inciso a) del artículo 8 en tanto dispone que aquélla no existirá si se demuestra debidamente “que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”. En ese sentido, debe destacarse que no se trata de una responsabilidad formal sino a título represivo, en tanto responde a los fundamentos de dolo o culpa a cuyos efectos deberá valorarse la conducta del responsable. Como con justeza explicara el Dr. Martínez “la responsabilidad solidaria en cuanto al impuesto…..importa responsabilidad a título represivo desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al Fisco con los recursos que administran o de que disponen. (“Quatrocchi, Antonio Serafín” (27/9/1966).
V. Que bajo esas pautas corresponde rechazar los agravios dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad que realiza el acto en crisis con sustento en que no se ha probado que fuera quien se encontraba a cargo de la administración de los bienes de la sociedad, pues sus argumentaciones lucen huérfanas de pruebas que destruyan las fundadas conclusiones a las que arriba el ente fiscal, que sustentó su acto en que el recurrente se desempeñó como socio gerente de PLANETCOM S.R.L. en los períodos en discusión.
Ello así y frente a la ausencia de elementos probatorios que acrediten que el deudor principal lo colocó en la imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo, corresponde confirmar el criterio fiscal en este aspecto.
VI. Que finalmente, en virtud de la forma en que se resuelve y de las constancias examinadas –que como se dijoconstituyen prueba suficiente de la responsabilidad del recurrente por el incumplimiento de la sociedad que representara en los períodos discutidos, entiendo que corresponde confirmar la sanción aplicada en los términos del artículo 45 de la ley de rito, la que a mi criterio, ha sido correctamente cuantificada, debiendo reducirse a su mínimo legal, imponiéndose las costas en la parte que se confirme y por su orden, en lo que se reduce.
Por todo ello, voto por confirmar la resolución venida en recurso, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría;
1. Confirmar la resolución apelada en cuanto a la responsabilidad solidaria y liquida intereses, con costas.
2. Confirmar la sanción aplicada en los términos del artículo 45 de la ley de rito, debiendo reducirse a su mínimo legal, imponiéndose las costas en la parte que se confirme y por su orden, en lo que se reduce. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese. Date: 2022.11.10 17:50:57 -03:00 Date: 2022.11.10 18:45:20 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.11 09:12:56 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.11 09:12:57 -03:00
Fin de la sentencia