Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-858/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. María Teresa Guenchur Guenchur en PE532401-2022, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: G-858/22-TSJ Sentencia N°: 1140 Actor: GUENCHUR GUENCHUR MARIA TERESA Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 22/11/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1140 FOLIO Nº 3694/3696 PROT. ELECT. TSS1 027 C.231
Río Gallegos, 22 de noviembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “GUENCHUR GUENCHUR MARIA TERESA C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº G-858/22-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver sobre la admisibilidad formal de la acción, de conformidad con lo estatuido en el artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600.-
La Sra. María Teresa Guenchur Guenchur, con el patrocinio letrado de la Dra. Marta Iris Giubetich, promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, solicitando el reconocimiento del derecho a pensión por viudez que le correspondería por el fallecimiento de quien fuera su conviviente, el Sr. Carlos Hernán Guenchur (cfr. PE532401-2022, págs. 1/5).- Dice que convivió con el Sr. Guenchur desde el año 1978 y de cuya unión nacieron sus cuatro hijos. Afirma que la convivencia fue relativamente normal hasta que el nombrado se inclinó por la bebida y que ello lo ponía agresivo y la golpeaba, tornándose tal situación insostenible (cfr. PE cit., pág. 2). Ello motivó el proceso por violencia familiar que tramitó por ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia de la Familia Nº 1, Secretaria Nº 2, donde se ordenaron medidas cautelares como prohibición de acercamiento y comunicación. Manifiesta que era evidente que estaban separados de hecho pero por exclusiva culpa del Sr. Guenchur (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Afirma que el Acuerdo N° 1728/2019, a través del cual la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz le deniega el beneficio de pensión solicitado provocó: “...que presentara, para agotar la vía administrativa, Recurso Jerárquico y de Alzada, siendo ambos rechazados por los mismos argumentos.” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Dice que su parte: “…fue notificada el día 23 de Junio de 2021 de la Resolución que da por agotada la vía administrativa, manifestando además que con fecha 22/02/2022 mediante Expte. 21566/2022 ‘Guenchur Guenchur María Teresa C/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz S/ Reclamo Denegatoria Pensión por Fallecimiento’, se presentó en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2, Sec. Nº 1, el cual fue declarada la incompetencia con fecha 28/03/2022, siendo esta demanda interpuesta en tiempo oportuno.” (cfr. PE cit., págs. 1/2).- Que en PE803771-2023 la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz contesta demanda, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mariana Isak, con el patrocinio letrado de la Dra. Carla Agustina Téllez, solicitando su rechazo con costas (cfr. PE cit., págs. 1/7).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictaminó que no se encuentra formalmente habilitada la vía contencioso administrativa: “…por haber sido interpuesta en forma extemporánea la demanda promovida.”; por lo que entiende que se debe: “…declarar formalmente inadmisible la demanda instaurada, en función de lo establecido en el art. 61 inc. b) de la Ley 2600.” (cfr. PE874171-2023, pág. 2).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE551175-2023.-
II. Luego de reseñada, brevemente, la cuestión que suscitara la promoción de estas actuaciones, cabe analizar la admisibilidad formal de la acción entablada. En tal sentido, y atendiendo a lo normado por el artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, deben examinarse si se encuentran reunidos los requisitos que habiliten esta instancia judicial (cfr. arts. 23, 40 y 47 del CPCA, Ley 2600).- El mentado artículo 60 del CPCA, Ley Nº 2600, prevé un examen formal de admisibilidad, que constituye un juicio preliminar tendiente a rechazar ‘in limine’ las demandas que adolezcan de patente inadmisibilidad formal (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 864, Folio 2487/2490).-
La facultad de evaluar la admisibilidad formal de la acción viene siendo pacíficamente ejercida por este Tribunal al remarcar -a través de sus precedentes- la conveniencia de expedirse, al inicio, sobre la procedencia de la demanda contencioso administrativa, pues ello redundaría en beneficio de los litigantes al evitarse dilaciones y gastos de un litigio que podría eventualmente concluir con el rechazo de la demanda por improcedente (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos IV, Reg. 307, Folio 687/689 y XII, Reg. 786, Folio 2222/2227).-
Por ello, es que llegan los presentes al Acuerdo con la finalidad de expedirse sobre si la vía judicial se encuentra formalmente habilitada y corresponde la declaración de admisibilidad a su respecto o, por el contrario, se impone la declaración de inadmisibilidad por no contener los recaudos impuestos por la ley adjetiva para su procedencia.-
III. Que tal como se desprende de las constancias de autos, la parte actora interpuso la demanda contencioso administrativa el 17 de junio de 2022 (cfr. PE532401-2022). El Decreto Provincial Nº 0725/21 que pone fin a la vía administrativa data del 23 de junio de 2021 (cfr. fs. 103/104 del Expte. Adm. Nº 230.200/19, agregado en PE591256-2022, ESC00114203.pdf) y fue notificado a la Sra. Guenchur Guenchur, el 8 de julio de 2021.- Aunque la actora sostiene en su demanda que fue notificada del Decreto de mención el 23 de junio de 2021 (cfr. PE532401-2022, pág. 1), tomaremos como fecha para el cómputo de la caducidad el 8 de julio de 2021, según la constancia de notificación que surge de foja 104 vta. del Expte. Adm. citado.-
El artículo 23 del CPCA, Ley Nº 2600 establece: “La acción que tenga por objeto las pretensiones establecidas en el Artículo 40 Incisos a), b) y c) caduca en el plazo de noventa (90) días. El plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa...”.-
Como se trata de plazos procesales, los mismos deben computarse por días hábiles. A simple vista se observa que desde la notificación a la actora del Decreto Provincial Nº 0725/21, hasta la interposición de la demanda ante este Alto Cuerpo, transcurrió en exceso el término de noventa (90) días establecido en el artículo 23 del CPCA, Ley N° 2600.- Por lo tanto, la demanda interpuesta es manifiestamente extemporánea, pues ha fenecido el plazo establecido por la ley.-
Aquí, es oportuno formular una digresión. Inclusive cuando se encontrase acreditado que la actora presentó demanda ante Juez incompetente, el 22 de febrero de 2022, tal como lo afirma en su escrito PE532401-2022, págs. 1/2, dicho acto no puede interrumpir o suspender el plazo de caducidad. Recordemos que los citados plazos no se suspenden ni se interrumpen, excepto disposición legal en contrario (cfr. art. 2567 del CCyCN). Si por hipótesis se considerare que tal acto procesal pudiese interrumpir el plazo de caducidad, aún así la demanda hubiese devenido extemporánea por haber transcurrido más de noventa (90) días entre la notificación del Decreto Nº 0725/21 y dicha presentación.- Las legislaciones procesales, entre las que podemos mencionar el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, prevén términos breves para la interposición de la acción contencioso administrativa “...transcurrido el cual el acto habilitante de la instancia judicial, denominado ‘acto que causa estado’ (definitivo e irrevis[a]ble en sede Administrativa), pierde esa condición para adquirir firmeza definitiva.” (cfr.
De Santis, Gustavo Juan: “El Contencioso Administrativo y la Tutela Judicial Efectiva”, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1995, pág. 39). Así es, como el establecimiento de un término, dentro del cual solamente es posible la iniciación de la acción, ha sido una materia receptada por todas las legislaciones que se ocupan de la cuestión. Salvo la variante temporal de los términos establecidos por ellas, el fundamento y la naturaleza de dicha limitación es idéntico.- Al plazo para interponer la demanda contencioso administrativa se lo ha calificado como un término “fatal” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 825, Folio 2332/2334). Este término, hace referencia, siguiendo a la corriente doctrinaria mayoritaria, a la caducidad de la acción, para la cual hay una evidente razón práctica, que justifica la limitación, dado que sería evidentemente perjudicial para la labor administrativa que aquellas resoluciones que se dicten y que pudieran ser motivo de la acción contencioso-administrativa, no adquirieran, pasado un término prudencial, el carácter de irrevocables e irreversibles que un mínimo de seguridad jurídica exige (cfr.
Palacios, Julio A.; “La Acción Contencioso Administrativa”, Ed. Fides, La Plata, 1975, pág. 108).- Esclarecedoras al respecto son las palabras de Nicola Coviello, quien expresaba que: “‘...hay caducidad, cuando no se ha ejercitado un derecho, dentro del término que ha sido fijado por la ley o la convención, para su ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho debe ser últimamente ejercitado. Por ello, en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho; o sea, la negligencia real o supuesta del titular; mientras que en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio, dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad de hecho’ (Nicola Coviello, ‘Manuale di diritto civile italiano’, [p]arte general, 4ª Ed., pág. 478).” (cfr.
Palacios, Julio A., “La Acción Contencioso Administrativa”, Ed. Fides, La Plata, 1975, págs. 108/109).- En este sentido, se ha sostenido que: “...‘...El término del art. 13 del Código de procedimiento de (sic) lo Contencioso Administrativo es un plazo de caducidad, improrrogable e insusceptible de suspensión o interrupción…’ (SCBA, B - 50038, S 10-6-1997, en autos ‘Joao Ines Gloria c/ Municipalidad de Avellaneda. Tercero Fiscalía de Estado s/ Demanda Contencioso Administrativa’); como asimismo que ‘...Debe ser rechazada por su improcedencia formal la demanda interpuesta vencido en exceso el plazo de caducidad establecido en el Código de procedimientos en lo Contencioso Administrativo...’ (SCBA, B 55114, S 18-2-1997, en autos ‘Moreno, Ángel Omar c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa’) (confr.
TSJ Santa Cruz, Tº XI -Contencioso Administrativo-, Reg. 771, Folio 2177/2180).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 825, Folio 2332/2334).-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, con fundamento en lo normado por los artículos 23, 60 y 61, inciso b) y cctes. del CPCA, Ley Nº 2600, corresponde declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. María Teresa Guenchur Guenchur en PE532401-2022, por extemporánea, imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).-
Por ello, normativa, doctrina y jurisprudencia citadas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. María Teresa Guenchur Guenchur en PE532401-2022, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
3. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1027C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1140 Folio N°: 3694/3696 Secretaría: 1
Fin de la sentencia