Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 176.702
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se reanudan los plazos procesales. II.) Se modifica parcialmente la sentencia del 7/12/2022 en relación a los intereses fijados en el rubro reembolso de cuota partes y estableciendo que se aplicará a tasa de interés pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa. III.) Se modifica parcialmente la sentencia del 7/12/2022 en relación al rubro daño punitivo y se establece que Volkswagen S.A. para fines de ahorro determinado y a Romera Hnos. S.A en forma solidaria deben abonar al actor, el equivalente a diez (10) Canastas Básicas Totales (CBT), para hogar tipo 3. (art. 52 bis de la ley 24.240). IV.) Se fijan las costas de la presente instancia a las apelantes (art. 68 CPCC).; V.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); VI.)
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 176702.
Autos: "GUERRERO RICARDO EUFEMIO C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)". Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "GUERRERO RICARDO EUFEMIO C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
La señora Jueza de Primera Instancia dictó sentencia con fecha 7 de diciembre de 2022, haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovida por Ricardo Eufemio Guerrero contra Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y "Romera Hnos. S.A." y condenando solidariamente a las sociedades demandadas a abonar al actor en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente, la suma de Dos millones de pesos ($ 2.000.000), más el equivalente a veintiún canastas básicas total para el hogar 3 que publica el INDEC, al tiempo que quede firme la sentencia y el monto resultante en concepto de reintegro de haberes, en las condiciones establecidas al tratar el rubro "Devolución de haberes netos (cuotas abonadas-capital ahorrado)". Ello más intereses y costas del juicio. Asimismo, se declaran abusivas -y por lo tanto, no convenidas- las partes pertinentes de las cláusulas 4ta., 13ra. y 16ta. de las Condiciones Generales, que contrarían la solución adoptada.
2. Los intereses moratorios sobre el capital de condena se establecieron desde las fechas y en la forma explicitada en el capítulo 4to. de la sentencia en crisis.
3. Desestimó el planteo de aplicación de la tasa de interés activa articulado por el accionante, sin costas atento lo expuesto en los considerandos (art. 69 del C.P.C.).
4. Rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240 deducido por la apoderada de "Romera Hnos. S.A.", con costas a la misma en su condición de vencida (art. 69 del C.P.C.).
Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación una de las partes demandadas (Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados) en fecha 9 de diciembre de 2022 y fue concedido el 26/12/2023. Dicho remedio se fundó el 29 de marzo de 2023, recibiendo réplica por el actor en fecha 10 de abril de 2023.
Al fundar su embate, el recurrente se agravia: a) De que se lo haya condenado a restituir al Sr. Guerrero el valor actual de las cuotas de un 0km a la fecha del dictado con más intereses, apartándose de lo que las partes convinieron en el contrato.
Alega al respecto que no corresponde la devolución de la suma equivalente a un vehículo de iguales características en una fecha distinta a la de finalización del grupo, sino que corresponde la restitución de los haberes netos cuantificados de acuerdo a lo estipulado por las partes y lo previsto en las disposiciones de IGJ.
Tildó a la sentencia de arbitraria por haberse apartado, a su criterio infundadamente, de las pautas previstas en el contrato de suscripción del círculo de ahorro.
b) En relación a los rubros de daño moral y daño punitivo, concedidos en la sentencia, planteó la falta de fundamentación y orfandad probatoria.
Sostiene el apelante que esas carencias violentan su derecho de defensa.
Solicitó, expresamente, la aplicación del criterio restrictivo de concesión por tratarse de un daño moral originado en una relación contractual.
También puntualiza que el quantum de la sentencia en ese rubro supera en 20 veces el solicitado por la actora en la interposición de la demanda.
Asimismo, se agravia de la fijación de intereses -6% anual- (de la devolucion de cuotas y del rubro daño moral) desde la fecha de finalización del plan de ahorros, considerando que de prosperar, los mismos deberían aplicarse desde el momento de la sentencia.
c) Ataca la indemnización por daño punitivo, tildando de improcedente el rubro y plantea incongruencia entre lo solicitado por la parte actora y el resultado del fallo, tachando a la sentencia de arbitraria. d) Finaliza su pretensión recursiva agraviándose sobre la imposición de las costas del proceso.
El 15 de diciembre de 2022 apela la co-demandada Romera Hnos. S.A., el que es concedido libremente con fecha 26/12/2022, presentándose memorial el 30/3/2023.
En su escrito realiza una introducción donde centralmente se cuestiona la solidaridad que estableció la sentencia.
Los agravios traídos pueden sintetizarse en: a) violación de las reglas de la sana crítica, desatención de las máximas de la experiencia, deficiente fundamentación, y errónea aplicación del principio “in dubio pro consumidor”; b) desacertada aprehensión de la vinculación jurídica entre las partes con motivo del contrato de Plan de Ahorro, y por incorrecta imputación de responsabilidad solidaria respecto de Romera Hnos. S.A. (Preeminencia de normativa especial de contratos de Plan de Ahorro por sobre la normativa general de Defensa del Consumidor) c) infundada e improcedente invalidación de la documentación contractual y por errónea calificación del proceder de las demandadas.; d) haberse realizado una valoración y ponderación jurídica incorrecta, llevando a la admisión de los rubros indemnizatorios respecto de la Concesionaria.
El núcleo defensivo gira sobre la deficiente - a su criterio claro está- evaluación, calificación legal y asignación de responsabilidad a la figura de empresa concesionaria.
Sobre cada uno de los rubros que integran la condena esta parte planteó objeciones en el encuadre que se les brindo. Consideró que las pruebas aportadas no fueron debidamente evaluadas; que su participación en el carácter de concesionaria debió recibir un tratamiento diferente al que finalmente tuvo en la sentencia.
El 10/4/2023, se presentó la parte actora, con dos escritos diferentes, a contestar las expresiones de agravios de Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados. y de Romera Hermanos S.A.
En el responde solicitó se declaren desiertos los recursos por falta de fundamentación suficiente y subsidiariamente contestó las apelaciones, sosteniendo que los agravios presentados carecen de sustento, reitera que los condenados han infringido la ley de defensa del consumidor en modo deliberado e intencional, cita jurisprudencia y solicita que la sentencia sea confirmada con costas.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Deben reanudarse los términos procesales oportunamente suspendidos?
2ª) ¿Es justa la sentencia de fecha 07/12/2022?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Habiéndose cumplido con el objeto de suspensión, se dispone la reanudación de los plazos procesales (arg. arts. 34 y 36 del CPCyCPBA)
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
I. Dejo debida constancia que este Tribunal de Apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno. Posee amplia libertad para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Así puede asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de los que no sirvan a la justa solución del recurso. En consecuencia, sólo serán analizadas las argumentaciones de la parte vencida que sean conducentes (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
II. Recurso de Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados.
II. a) de la devolución de las cuotas abonadas.
Este rubro llega cuestionado por Volkswagen S.A y también por Romera Hnos. S.A.
La Sra. Jueza de primera instancia, al fallar en relación a este rubro, dispuso en los considerandos de su sentencia que: "...la alícuota se obtendrá sobre el valor del bien tipo vigente que haya reemplazado al Gol Power 3 P. B. a la fecha de la ejecución de la sentencia, más intereses a tasa activa del Banco Nación de la Nación Argentina...".
De las constancias del expediente, quedó probado que existe una relación de consumo, que debe ser analizada a la luz de los preceptos de la Constitución Nacional (art. 42), ley 24.240 y libro tercero, titulo 3 del CCCN. Del mismo modo, también está probado que las demandadas no cumplieron con las obligaciones asumidas con el consumidor en debido tiempo y forma.
Pese a los intentos que realiza Volkswagen por demostrar que la devolución de las cuotas partes abonadas por el consumidor se realizó conforme las obligaciones de las cláusulas 13 y 16 de la solicitud de adhesión, no logró el cometido. La prueba más elocuente de esta circunstancia es que, recién, en la contestación de demanda se deposita en autos una suma de dinero que -sostiene la demanda- es el monto que correspondía.
Por lo cual, estando acreditado el incumplimiento contractual en perjuicio del consumidor, la tarea jurisdiccional subsiguiente es recomponer las prestaciones debidas, al amparo de las normas legales vigentes. El equilibrio económico de los contratos de planes de ahorro esta sostenido en obligaciones reciprocas de las partes; por un lado, que el adherente abone, en modo mensual durante 84 meses el 60% del bien (bien tipo) y el 40% restante al momento del retiro. Para conservar este, el valor de esa cuota parte se debe ajustar en la medida que el bien tipo modifique su valor (ver cláusula 4), del mismo modo, en el caso de un nuevo modelo o una nueva versión, el monto de la cuota se ajusta al valor. (cláusula 12). La contraprestación que debe la administradora al final del contrato -para mantener el equilibrio económico- se divide en dos opciones: a) entrega del bien; b) restitución al consumidor del dinero equivalente 60 % del bien tipo (a valor actualizado). Para ese cálculo se tomará el valor de la última cuota multiplicado por las cuotas abonadas. Para conservar el equilibrio económico contractual esa devolución debe realizarse en modo inmediato a la culminación del plan.
Lo descripto es el esquema contractual ideal y donde se garantiza, al 100%, el equilibrio original. La dificultad se presenta -como en el casocuando una de las partes no cumple o cumple de modo defectuoso su obligación, en tanto es deber del Juez, en su resolución, recomponer el sinalagma económico quebrado.
Para dicha tarea el CCCN fija el diálogo de fuentes (arts.1;2) como mecanismo obligatorio en el abordaje de resolución.
La complejidad que presenta la relación contractual de consumo al momento de ser evaluada y juzgada, radica en que los institutos tradicionales del derecho contractual se ven atravesados por un interés superior -protección del consumidor- perdiendo la absolutez originaria y relativizándose algunos efectos, como sucede con la morigeración del efecto relativo (arts. 1021; 1073 CCCN); obligación de integrar el contrato (art. 1122, inc c); interpretación más favorable al consumidor, etc.
En este concierto debe resolverse el presente conflicto, procurando determinar cuál es la prestación que debe hoy la administradora del plan de ahorros al actor; conservando el equilibrio económico original del contrato a la luz de las pautas que fija en el CCCN y la ley 24.240 y la Constitución Nacional.
Haciendo una interpretación global del contrato respecto de las obligaciones que asumen las partes, me ubica, indudablemente frente a una obligación de valor, de las reguladas en el 772 del CCCN.
A partir de esta interpretación, no puede accederse a lo peticionado por Volkswagen S.A. de cancelar su obligación con el depósito de las cuotas partes tomado como valor del bien la fecha original de la obligación; pues avalar eso importaría cambiar la naturaleza jurídica de la obligación de la administradora, convirtiéndola en una obligación dineraria, lo que importa una clara desproporción perjudicial para el consumidor.
Si las obligaciones que surgen del contrato nacen de valor, conservan siempre ese carácter. No puede, una de las partes, cambiarle su naturaleza porque provoca un desequilibrio económico en perjuicio en su contratante, consecuencia que se torna más gravosa, más aun, en tiempos de procesos inflacionarios. "...es posible inferir la distinta naturaleza jurídica de las obligaciones dinerarias y de valor, que amerita especial atención por parte del operador judicial. En esta tesitura, ante la coyuntura económica actual, ello adquiere singular relevancia puesto que, mientras en las deudas dinerarias rige el principio nominalista, este no aplica a las obligaciones de valor. Ello conlleva que ante los avatares financieros que provocan el fenómeno inflacionario, la obligación de valor se satisface con la equivalencia exacta de lo debido amén de que las oscilaciones del poder adquisitivo del dinero no modifiquen —en lo sustancial— la obligación." (Márquez Chada, Luis Francisco. El resarcimiento del daño como deuda de valor. RCCyC 2021 (octubre), 12/10/2021, 5 TR LALEY AR/DOC/2305/2021) Es evidente que el depósito que realiza la administradora, casi seis años posteriores al momento en el cual el consumidor debió recibir el pago, no cumple con el objeto del contrato, si le impidió -al consumidor- conservar el valor del 60% del mismo bien que él abonó en el plan.
Al respecto la jurisprudencia de nuestros tribunales viene diciendo: "La deuda de valor se caracteriza porque la prestación no está integrada por dinero sino por un valor, aunque se extinga la obligación pagándose una suma de dinero. Se debe un valor: un quid y no un quantum. Este valor debe ser traducido a una suma de dinero y para ello se procede a liquidar el crédito o beneficio para convertirlos en moneda que será el medio de satisfacerla (SCBA, C. 121.649, 21/12/2018, "Valentín, Norma Beatriz c/Rurisotti, Rodolfo y otros s/Daños"). El dinero no aparece in obligatione (lo debido no es dinero sino un valor) sino in solutione (dicho valor debe traducirse en dinero y pagarse en dinero). Se debe un valor, pero se paga en dinero (SCBA, C. 123.367, 21/10/2020, "Sandobal, Félix Gustavo /Gaida, Matías y otro s/Daños"). CC0201 LP 134902 RS179 S 27/06/2023 Carátula:
CAJA SEG. SOC. VETERINARIOS PCIA. BS.AS. C/ SIERRA VERONICA CAROLINA S/ APREMIO).
El equilibrio económico del contrato solo se conserva, si el consumidor, al momento del cobro, recibe un dinero equivalente al 60% por ciento del bien tipo (o el que lo reemplace). Todo lo que resulte inferior a esa suma implica un desequilibrio en favor de la administradora.
Por lo expuesto, lo resuelto por la Sra. Jueza de Primera instancia en relación al modo en que se debe calcular el valor de las cuotas a reembolsar y en la oportunidad que debe realizarse ese cálculo debe ser confirmado. De los intereses: En relación a los intereses por este rubro fijados en la sentencia y que llegan apelados, el recurso debe prosperar en esta parte. La Suprema Corte de la Provincia dijo" Cuando la sentencia determina el quantum indemnizatorio en valores actuales, en principio debe emplearse el denominado interés puro, a fin de evitar distorsiones en el cálculo, que esta Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires ha establecido en el seis por ciento (6%) anual, conforme el dies a quo fijado en la sentencia y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, conforme la doctrina que este Superior Tribunal estableció en las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginnossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016; conf. doctr. causas C. 120.536, "Vera", sent.de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera S.A.", sent. de3-V-2018).
Conforme ello, en el caso, se modifica la sentencia en esta parte, estableciéndose que se aplicará a tasa de interés pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa.
II. b) El daño moral.
Como se resolviera oportunamente en la causa 145686 "SIMONETTA JOSE ROBERTO Y OT C/ BIG SUR SA Y OT S/ DAÑOS Y PERJ-RESP.EST-POR DELITOS Y CUASID.SIN USO AUTOMOT.. ", comparto la postura que sostiene la procedencia del reclamo y percepción del daño moral que se sufra a raíz de un incumplimiento contractual que tenga como fuente una relación de consumo (Navas, Sebastián “El agravio moral: ¿constituye un daño directo?” RCyS 2012-VI, 95).
En este punto, puede señalarse -siguiendo lo dispuesto por esta Sala en su anterior integración, (causa n° 150.416 RSD 170 F° 639 del 12/7/2012)- que el Juez, evaluando la prueba arrimada a la causa y demás circunstancias del caso, deberá acceder a este daño y cuantificarlo. Ello así, en función del principio de reparación integral que ostenta nuestro sistema positivo (art. 19 CN). Es ésta la interpretación que habrá de darse, pese a que, obedeciendo a circunstancias temporales, no podemos evaluar el daño moral -en este caso- desde la óptica del daño directo que establece el nuevo artículo 40 bis de la ley 24.240 (incorporado por ley 26.361, sancionada el 11/3/2008). El daño moral, para las nuevas concepciones consumeriles, constituye una consecuencia inmediata del incumplimiento en una relación de consumo y, como tal, deberá ser reparado, pues la LDC es amplia y abarca todo perjuicio causado al consumidor o usuario, teniendo en claro que en caso de duda, debe estarse por la procedencia del daño –art. 3 de la LDC-, incluyendo los daños materiales, a la personalidad, etc.; y dentro de estos últimos tanto la afección a los derechos personalísimos, como también la reparación de los agravios al estado de ánimo, el malestar, en suma, la afección al espíritu que el incumplimiento genera (Molina Sandoval Carlos “Reformas Sustanciales” obra colectiva “Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor” Director, Dr. Vázquez Ferreira Roberto, Ed. La Ley p. 107; Álvarez Larrondo Federico “El Impacto Procesal y de Fondo de la Nueva Ley 26.631 en el Derecho de Consumo” obra colectiva “Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor” cit.).
Asimismo, y por otra parte, una interpretación restrictiva y excluyente también sería contraria al art. 42 de la Ley Fundamental que garantiza la reparación de los daños al usuario o consumidor que el proveedor le cause en la prestación del servicio. El incumplimiento en una relación de consumo puede generar una afección espiritual que, cuando ocurre, no debe quedar impune y solamente puede estar cubierta con la reparación del agravio moral (Gelli María “Constitución de la Nación Argentina” comentada y concordada art. 42 La Ley p. 462; arg. Cám. 5° Civ. y Com Minas de Paz y Tributaria de Mendoza 28/12/2010 in re “Rodríguez Juan Alberto c/ Disco S.A.” 28/10/2010 RCyS 2011-V,170).
Sin embargo, y sin perjuicio de lo hasta aquí analizado, aun de admitirse una interpretación flexible y proclive a su admisión, no cualquier incumplimiento revelador de la culpa es suficiente para admitir el reclamo, debiendo el Juez tener en cuenta las circunstancias del caso y la prueba rendida.
Es que se trata de evaluar, con parámetros objetivos, si la índole del incumplimiento generador, pudo provocar un verdadero detrimento espiritual en el ánimo del perjudicado. Debe probarse la realidad del perjuicio, a excepción de aquellos casos en que aquél es presumible de acuerdo con el normal suceder de los hechos. Dicho de otro modo, el Juez deberá apreciar el hecho generador de las consecuencias dañosas y evaluar su procedencia (arg. Mosset Iturraspe “Responsabilidad por daños” T V cap. XV pto. 3 e), pág. 227 ed. 1999; cit. por Navas en la publicación citada).
Efectuadas dichas consideraciones, entiendo que la procedencia del daño moral resuelta por la a quo es acertada y debe mantenerse.- En efecto, es innegable que el actor, a raíz del incumplimiento de las demandadas, debió iniciar una serie de reclamos, administrativos y judiciales en miras a obtener el cumplimiento debido por las accionadas, situaciones que, sin lugar a dudas, debieron provocarle, además de molestias e inconvenientes, un quebranto espiritual importante.- Todo ello ha sido debidamente demostrado En relación a la larga tramitación judicial y extrajudicial a la que el actor se vio obligado a transitar, basta con analizar las constancias de lo actuado ante la Dirección de Defensa del Consumidor, y obviamente, el propio expediente judicial que nos ocupa. Todo ese peregrinar administrativo y judicial, la incertidumbre acerca del resultado del pleito, para finalmente determinarse que asistía razón en su reclamo, resulta a mi parecer, suficiente para producir zozobra y angustia en el accionante.- En punto al quantum receptado en Primera Instancia, encuentro que el mismo es justo y proporcionado, por lo que entiendo que deben desestimarse los agravios en este sentido.
Debe tenerse presente que el artículo 1741 del Código Civil y Comercial consigna que el monto de la indemnización de consecuencias no patrimoniales “debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.” Como ha puesto de relieve la doctrina, en la actualidad el daño moral no se cuantifica sino que se cuantifica la satisfacción, de modo que “lo que hay que medir en números no es el daño espiritual sino el bienestar que puede generar la indemnización.” (González Zavala, R., “Funcionamiento del daño moral en juicio”, en Revista de Derecho de Daños –Responsabilidad por daño no patrimonial-, Rubinzal Culzoni, 2018, p. 509).
Las satisfacciones sustitutivas y compensatorias a las que se refiere la norma aluden al precio que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata de "proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle acceder a gratificaciones viables", confrontando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. (Iribarne, Héctor P. "La cuantificación del daño moral" Revista Derecho de Daños Nro 6 "Daño Moral p.197", citado por Galdós, Jorge M. en nota "El daño moral en la Responsabilidad contractual y extracontractual"). Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar o reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes distracciones, actividades, etc. que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación "obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio de los bienes extrapatrimoniales" (CSJN, RCyS 2011-VIII, 176, con apostilla de Galdos Jorge M).
No está de más, precisar que la reparación de daños morales, no admite fórmulas aritméticas o técnicas específicas que permitan compensar o recomponer en forma total y perfecta la lesión que se intenta indemnizar, desde que se trata de dolores y afecciones espirituales, que amén de ser complejos en su demostración, resultan sumamente personales y abstractos, y por ende, dificultosos de mensurar económicamente. Partiendo de dicha dificultad, y en aras de acercarnos lo más posible a una indemnización integral a favor de la reclamante (art. 1740 CCyC), se advierte que la pauta o principio rector a la hora de valorar este tipo de daño, teniendo en mira "las satisfacciones sustitutivas y compensatorias", nos lleva a preguntarnos e investigar acerca del probable destino o finalidad que aquella podría otorgarle a la suma en cuestión. Como bien explican Zavala de González y González Zavala, al no ser posible establecer una ecuación entre un mal existencial y la reparación dineraria, debe introducirse un tercer término, consistente en el valor de bienes para el consuelo, lo cual conduce a esclarecer los intereses que pueden satisfacerse con la indemnización (Zavala de Gonzáles, Matilde, González Zavala Rodolfo, Tomo III, pag. 93 y sgtes).
Estos autores, sostienen con acierto que "Indagar ese poder adquisitivo del monto tiene sustento real ya que, aunque no lo sepa ni lo quiera, todo magistrado se pregunta por la equivalencia aproximada entre la indemnización no patrimonial y el costo de bienes o servicios del mercado, a fin de esclarecer qué puede obtener la víctima con la suma reconocida.", agregando que es esencial que la víctima reciba un bien, porque la suma indemnizatoria debe ser instrumental para el acceso a esos intereses valiosos (Ob. citada, pag 94 y 95).
Por otra parte, la norma establece que el importe resarcitorio debe fijarse de acuerdo a los parámetros de valuación que indica, lo que permite aseverar el carácter imperativo y no discrecional del juez, a la hora tanto de otorgar como de fijar el monto de esta reparación, sin perjuicio de reiterar que se trata de una cuantificación muy dificultosa, que "presupone un margen de arbitrio que impone razonable prudencia, que por cierto no equivale a una estrechez opuesta a la directiva de plenitud indemnizatoria." (Ob. citada, pag. 85/86).
El monto concedido lo entiendo razonable, entendiendo que cumple con los parámetros expresados anteriormente. Al efecto comparativo lo concedido es el dinero equivalente al necesario para realizar un viaje de placer familiar a Bariloche, por un plazo de 7 días incluyendo alojamiento y pasajes aéreos para 4 personas. (ver:
https://www.despegar.com.ar/trip/bundle/CIT_982/BRC_3620/2024-06-09/20 24-06-13/2?package_id=66932af250aaf4114a3c07e62a22b808bb3985b334 601b68edbc1b5b38c6b3dc&clickedPrice=ARS_468809&priceDate=1703689 457165&offerId=66932af250aaf4114a3c07e62a22b808bb3985b334601b68 edbc1b5b38c6b3dc&searchId=59510f1b33bd4c07a5f630799bdc030a&local e=es-AR&tripId=PC5815524f909d4b148eb278392381515728394830).
Por lo expuesto, la sentencia apelada debe confirmarse en este punto.
II c. En cuanto al agravio de la accionada basado en que la A quo ha contrariado el principio de congruencia -toda vez que otorgó a la accionante un importe mayor al solicitado en la demanda-, el mismo resulta manifiestamente improcedente, ya que a poco que se analiza la pretensión interpuesta, se observa que el actor, en el punto VII de su escrito de inicio se reserva el derecho a presentar liquidación diciendo " solo se estima pues la determinación final es facultad excluyente de V.S.", lo que, permite conceder importes indemnizatorios por encima de lo solicitado en la demanda, sin infringir el principio de congruencia.-
Así las cosas, corresponde desestimar los agravios deducidos por ambos litigantes en este parcial, y confirmar lo decidido por la sentenciante.-
II.d. El daño punitivo.
En esta Sala, en oportunidad de abordar la cuestión de la constitucionalidad de este tipo de daño en el Derecho Positivo Argentino, nos referimos justamente a las pautas y circunstancias que el Juez debe meritar y respetar a la hora de graduar este concepto.- (Expte. Nº 155547, sentencia del 11/06/2014, Reg. n. 114. F. n. 477).
En dichos autos se sostuvo que, de acuerdo a lo delineado por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria acerca de la imposición de la sanción en estudio, en su aplicación el Juez debe atender más al autor del daño que a la víctima, y valorar, entre otras circunstancias, la situación patrimonial del infractor, su participación en el mercado, las repercusiones del hecho, etc. Asimismo, y específicamente en referencia a su graduación, si bien el Juez goza de discrecionalidad a la hora de establecer el importe de la condenación punitiva -la que, por otra parte, no necesariamente debe guardar relación o concordancia con la sanción reparatoria- deberá recurrir a la prudencia y equilibrio a los fines de cuantificar el importe de esta sanción, agregando que "en definitiva, al igual que a efectos de la imposición de esta multa, al momento de graduarla, la propia Ley impone merituar la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Entre las pautas a tener en cuenta, se han recomendado, entre otras, las siguientes: a) la índole de la conducta del dañador; b) el beneficio obtenido por éste; c) su caudal económico; d) la repercusión social de la inconducta o daño ocasionado; e) la existencia de otros damnificados con derecho a reclamación; f) actitud del dañador con posterioridad al hecho que motivara la pena (XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999)".
Comparto la apreciación efectuada por la magistrada de origen respecto a que la conducta desplegada por las demandadas, las que sin dudas violentaron las previsiones de la ley 24.240. El incumplimiento excesivamente tardío de Volkswagen S.A. que desvirtúo la naturaleza de la obligación original y obligó al actor a desplegar el recorrido administrativo y judicial para hacer efectivo su crédito. Esos incumplimientos merecieron condena y la aplicación de la sanción por daño punitivo viene por añadidura. "...estamos frente a un instituto que funciona como una herramienta jurídica, destinada a castigar y disuadir conductas de una gravedad subjetiva muy particular. De lo contrario, de aplicarse todo el tiempo, y casi por cualquier razón, la herramienta se iría desgastando progresivamente, hasta perder ese “impacto psicológico” que lleva a que las personas, y especialmente las grandes empresas, se abstengan de realizar determinadas acciones, o, por lo menos, que lo piensen varias veces antes de llevarlas a cabo."( CHAMATROPULOS Demetrio Alejandro. “LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR COMENTADA" Pag. 393).
Asentado en este esquema, y en la compleja tarea de establecer un quantum que guarde adecuada proporcionalidad entre la base fáctica probada, los intereses económicos puestos en juego y los fines perseguidos de no vaciar de contenido al instituto, entiendo que el quantum fijado por la Sra. Jueza de la instancia es excesivo, por lo que propongo hacer lugar parcialmente al recurso, fijando el monto en concepto de daño punitivo, en el equivalente a diez (10) Canastas Básicas Totales (CBT), para hogar tipo 3. (art. 52 bis de la ley 24.240).
III. El recurso de Romera Hnos. S.A.
I. Inicio recordando que el art. 40 de la ley 24.240 dice:
"Responsabilidad Solidaria. Si el daño al consumidor resulta del vicio o defecto de la cosa o de la prestación del servicio responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que corresponda. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena."
En el caso, la relación se entabla a partir de la suscripción de un contrato (ahorro previo) ofrecido y comercializado por Romera Hnos. de un producto de Volkswagen S.A. y el daño al consumidor previene de un inadecuado cumplimiento en las prestaciones contractuales.
Es evidente que existe una cadena de comercialización que involucra a Volkswagen S.A. y Romera Hnos. S.A por medio de la cual los consumidores acceden al plan de ahorros.
Dice Gonzalez Vila que la concesionaria es el agente colocador o productor de sistemas de venta mediante los planes de ahorro previo, siendo agentes de comercio mandatarios de las empresas administradoras con facultad de contratar en su representación, asumiendo de una manera estable el encargo de promover ventas, generalmente en una zona predeterminada, percibiendo una compensación proporcional a la importancia de los negocios concluidos con su intervención. Por ello, si bien la concesionaria no reviste el carácter de contratante directo con el consumidor, como intermediaria en estos sistemas destinados a la colocación de planes de ahorro y a la entrega de los rodados por cuenta de la sociedad administradora, constituye un nexo insoslayable entre ambas partes, participando de esa actividad y compartiendo un mismo interés económico. En definitiva, la concesionaria integra la organización económica y obtiene beneficios; existe una actuación conjunta generadora de obligaciones ante terceros, y se aviene a efectuar en conjunto una prestación de servicios (GONZALES VILA, Diego S., La Tutela del Consumidor en los Planes de Ahorros Automotor. E. ASC 2021, Pag 158). En el caso está acreditado que entre Romera Hnos. S.A. y Volkswagen S.A. existe una vinculación comercial, y contractual (en sentido amplio) tendiente a que ambas empresas capten clientes y logren, de modo coordinado, alcanzar sus objetivos comerciales.
El contrato de concesión comercial tiene un muy especial protagonismo dentro de los contratos de distribución en sentido amplio, pues es la forma de distribución adoptada desde hace más de setenta años por dos de las más grandes e importantes industrias mundiales, la automotriz y la de venta minorista de combustibles. (CABANELLAS DE CUEVAS, Guillermo. SEREBRINSKY Diego Hernán. Derecho de la distribución comercial. Thomson Reuters. La Ley P. 549).
Sostienen los autores antes citados que, en este vínculo, entre la empresa automotriz y el concesionario existe un contrato, generalmente de adhesión sujeto a cláusulas predispuestas.
Si bien la autonomía del concesionario es un elemento del contrato de concesión, esta se encuentra en este contrato particularmente modalizada por la naturaleza misma de la relación jurídica que se establece; ello ya que el concesionario al contratar con el concedente pasa a formar parte de su organización en forma verticalmente integrada. Y esta integración tiene consecuencias jurídicas importantísimas a la hora de establecer las reglas de interpretación aplicables en caso de conflicto. (CABANELLAS DE CUEVAS, Guillermo. SEREBRINSKY Diego Hernán.
Derecho de la distribución comercial. Thomson Reuters. La Ley P. 565) La solidez de la argumentación sobre la que asienta su posición Romera S.A., cruje a la luz de la evolución de la doctrinaria, legislación y jurisprudencia actual. La pretensión de que se analice y juzgue su participación en forma autónoma y desacoplada del contrato de ahorro previo, contraviene el espíritu del Código Civil y Comercial de la Nación como de la Ley de Defensa del Consumidor.
Está acreditado que estamos un caso típico de contrato de adhesión, con cláusulas de contratación predispuestas o formularios sometidos a consideraciones generales; todo esto, en el marco de una relación de consumo.
También está probado que el consumidor suscribió un plan de ahorros con Volkswagen, que le ofreció y contrató, a través de Romera S.A. En dicho sentido, y por aplicación del art. 40 de la ley 24.240, citado al inicio de este apartado, la condena solidaria del fabricante y la concesionaria, se ajusta al marco jurídico vigente.
II. Pero, ademas de ello, por aplicación de las disposiciones de los art. 1 y 2 del CCCN, que nos impone a los jueces el diálogo de fuentes en la interpretación y resolución de los casos, debo, necesariamente observar la realidad negocial con una visión más amplia, teniendo en cuenta los principios del Soft Law, rompiendo la mirada tradicional contrato -centrista, valiéndome para ello de la constitución, las leyes y principios aplicables al caso.
En esta línea el Dr. Carlos A. Hernández, valiéndose de citas de Glodschmidt y de Nicolau, dice: "Para la búsqueda de respuestas eficaces y justas, la codificación del S. XXI impone un diálogo de fuentes con las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos, y se vale de los principios generales del ordenamiento, que actúan como normas abiertas que se constituyen en instrumentos para las estimaciones de los valores implicados (Glodschmidt). En similares palabras, se dice que "estos principios permiten alcanzar soluciones más justas para los casos concretos...(Nicolau)"( lo subrayado es agregado propio) (HERNANDEZ Carlos Alfredo. El Contrato Marco. Aportes desde una perspectiva transversal de la teoría del Contrato. Ed. Thomson Reuters. La Ley. 2021, p 8)
Tanto la legislación consumeril, como el CCCN, han evolucionado en un sentido similar cuando se trata de interpretar cuestiones contractuales. Particularmente respecto el efecto relativo de los contratos (art. 1021), donde, en determinadas situaciones pierde vigencia para ceder paso a criterios más protectorios.
El caso nos presenta por un lado el contrato del plan de ahorros, pero por otro lado existe, evidentemente, otra vinculación contractual que liga a Volkswagen S.A. con Romera S.A.
A partir de ello, entiendo que la relación nos ubica ante la figura de contratos conexos regulados en el art. 1073, 1074 y 1075 del C.C.C.N., que dice: "...hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido...".
Esta construcción de red de nexos y obligaciones conexas deriva en una flexibilización al principio del efecto relativo de los contratos, debilitando la idea de "aislamiento del contrato." (SOZZO, Gonzalo; "El fenómeno de la incorporación de terceros al contrato", publicado en Código Civil y Comercial: Contratos, Suplemento Especial; Director: Rubén S. Stiglitz, página 132, Editorial La Ley, Buenos Aires, del mes de Febrero de 2015).
Es indudable que, con esta nueva redacción del CCCN, se plasmó, la intención de ampliar la protección de los derechos de los consumidores. Muestra de ello es lo dispuesto por el art. 1075 del CCCN, el que establece: "Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común" Se amplió la legitimación para reclamar y con ello se extendió el paraguas de la responsabilidad frente a terceros.
CHOMER explica el entramado contractual diciendo:" Para graficar esa comunión (...) puede acudirse a la idea de una maquinaria, en la que cada contrato individual hará las veces de los distintos engranajes o piezas mecánicas cuya función primaria será diferente, más siempre encaminada a que la maquina funcione adecuadamente y, por fin, fabrique el producto planeado, que, en el caso, será alcanzar la finalidad común preestablecida (facilitar la compraventa o prestación de un servicio que, de otro modo, sería económicamente inalcanzable)" (ALTERINI Jorge H. Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético 2° Edición actualizada y Aumentada. Luis F. P. Leiva Fernández. Tomo V.; Thomson Reuters. La Ley 2016).
Lorenzetti, menciona que las reglas contractuales no pueden obligar a terceros. Este denominado "principio del efecto relativo" tiene su origen dogmático en que el contrato es un acto jurídico bilateral con fuente en la autonomía privada y solo causa obligaciones para quienes lo celebran, pero, advierte, que el art. 1021 del CCCN admite excepciones. "Han aparecido las denominadas redes contractuales, en las que hay numerosos contratos que solo tienen sentido si están unidos en un sistema: redes de franquicia, de concesionarios, de asegurados, de tomadores de crédito, etc...".
En su opinión, hay que analizar la cuestión desde dos perspectivas: 1) perspectiva del consumidor: El problema se caracteriza por una restricción a la libertad de elegir el contratante. Desde este punto de vista debe determinarse si hay una restricción relevante: a mayor restricción mayor responsabilidad; 2) Perspectiva del empresario: Colaboración estratégica. Desde este lugar los contratos coligados son un asunto de colaboración. Cada uno aporta lo suyo sin perder individualidad: no desean construir una sociedad, sin embargo quieren tener un vínculo para que el mismo produzca un excedente cooperativo. Es una zona intermedia de relacionamiento transitorio basado en la colaboración.
Este autor describe la conexidad contractual a partir de la presencia de una causa fuente individual (cada contrato causa obligaciones distintas); causa fin individual (Cada contrato tiene su propio fin) y una causa "supracontractual", donde la operación global tiene una "causa" que es la razón por la cual dos (o más) contratos están vinculados entre sí. A partir de esta conexidad, Lorenzetti concluye: "La existencia de contratos coligados puede dar lugar a acciones extracontractuales directas de un tercero damnificado, como ocurre con el caso del consumidor que demanda contra el fabricante, o con el tercero dañado por hechos del subcontratista de obra que demanda al locatario principal de la obra" ( LORENZETTI Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Parte General. Tercera edición ampliada y actualizada con el Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Rubinzal Culzoni pag. 583-590).
Pues bien, en este tren de marcha, es necesario contraponer la situación fáctica, al marco jurídico presentado.
i) Existencia de dos o más contratos: Esta acreditado que en el caso existen dos contratos involucrados. Por un lado, el suscripto entre el consumidor y Volkswagen y el que vincula a las dos demandadas (que es de público y notorio).
ii) Autonomía contractual: También es claro que estos contratos, en principio son autónomos y de ellos se desprenden obligaciones individuales.
iii) Causa "supracontractual".
Como ya expusiera anteriormente, y tal como se describe en la cita de Diego González Vila, la finalidad económica común (causa supracontractual) entre las compañías cae por su propio peso. Ambas empresas utilizan recursos de la otra para potenciar su presencia en el mercado y captar nuevos clientes.
Conforme el recorrido hasta aquí hecho, concluyo que: a) Existió una relación de consumo; b) Hay una violación en perjuicio de un consumidor en los términos de la ley 24.240; c) En la relación se utilizó un contrato de adhesión que contienen clausulas predispuestas; d) Está acreditada la existencia de una red contractual de las reguladas en el art. 1073 del CCCN.
III. Habiendo plasmado las bases, tanto fácticas como jurídicas del caso, resta establecer los criterios interpretativos y aplicables que corresponderán.
El punto de partida nos viene dado por el art. 1074 del CCCN.
"Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido". La norma en análisis debe ser completada con las reglas generales sobre interpretación contractual. (arts. 1061 a 1068).
Suma a ello, que los contratos deben interpretarse de buena fe (art. 961); además, los celebrados por adhesión tienen sus propias normas (art. 987) y los contratos de consumo con sus disposiciones en materia interpretativa (art. 1094 y ss.).
Ante la conexidad, la interpretación debe realizarse analizando la causa sistémica, que resulta ser una finalidad económico social, que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión con los restantes. (ALTERINI Jorge H. Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético 2° Edición actualizada y Aumentada. Luis F. P. Leiva Fernández. Tomo V.; Thomson Reuters. La Ley 2016. Pag 488). Por su parte, el art. 1075 CCCN, establece que, probada la conexidad, esto es, en los casos en que la conexidad reconoce fuente legal, convencional o la misma es interpretada, las vicisitudes que padezca uno de los contratos puede extenderse al resto de los sujetos que integran el sistema.
Así que el efecto relativo de los contratos, del cual surge que la eficacia contractual impacta en el patrimonio de los sujetos negociales y excepcionalmente en los terceros no contratantes (art. 1021) en este caso puede expandirse a todos los sujetos vinculados al sistema, más allá de que no sean formalmente partes contratantes de alguno de los demás contratos que integran la pluralidad negocial necesaria para que este régimen jurídico sea de aplicación.
El principio del efecto relativo de los contratos, por el cual sus beneficios, perjuicios y demás consecuencias, solo alcanza a las partes contratantes y con alguna excepción a los terceros, se ve claramente conmovido ante la conexidad.
Cuando el sistema de contratos conexos se sitúe en el marco de una relación de consumo, deberá aplicarse, además, la regla interpretativa específica del consumidor (LORENZETTI Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Parte General. Tercera edición ampliada y actualizada con el Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Rubinzal Culzoni., Pag. 595). En relación a la cuestión consumeril, MOSSET ITURRASPE nos recuerda la trayectoria que ha seguido el Derecho del Consumidor en nuestro país: “primero fue la normativa específica, dentro de un microsistema de protección a la parte débil del contrato o de la relación de consumo; luego, con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, el derecho de los consumidores y usuarios se ‘publiciza’, adquiriendo relevancia o jerarquía máxima, pasando a integrar la categoría de los ‘derechos fundamentales’; y ahora, como respuesta a ese mandato constitucional del artículo 42…se pone de resalto la jerarquía de la persona humana y su necesaria protección con base en su debilidad, inexperiencia o ligereza, además de necesidad, y la ampliación de los supuestos contemplados, apuntando a alcanzar a personas que antes se encontraban fuera de la tutela, excluidas por no haber sido partes del contrato de consumo, aunque padecieras las consecuencias". (MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Introducción al Derecho del Consumidor”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, pag. 15).
A su vez, complementando esta idea protectoria, en relación a los contratos por adhesión con cláusulas predispuestas el art. 37, apart. 4 de la ley de Defensa del consumidor establece que “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”.
Chamatropolus avanza y profundiza el concepto de situaciones jurídicas abusivas. El Cód. Civ. y Com. trae una novedad: la situación jurídica abusiva (art. 1120). Se trata de un concepto superador de las cláusulas abusivas pues en éstas la atención suele enfocarse de manera aislada sobre ellas y no sobre el negocio jurídico en general.
Dice: “se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos”. La norma parece apuntar sólo a contratos conexos que, a priori, no evidencian contenido abusivo individualmente considerados, pero cuando se los interrelaciona, éste último queda exteriorizado.
La norma ordena al juez que cuando se acredite la existencia de una situación jurídica abusiva derivada de actos conexos aplique lo dispuesto en el art. 1075 del referido Código. Según este último, el contratante (en nuestro caso el consumidor) puede oponer excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún ante a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Dicho precepto expresa que, atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica en el caso de que la extinción de uno de los contratos produzca la frustración de la finalidad económica común." (CHAMATROPULOS Demetrio Alejandro. “LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR COMENTADA” Pag 271/72).
Todo este entramado de normas confluyen, finalmente, en el establecimiento de un esquema de atribución de responsabilidad y obligación de reparación solidaria entre los distintos involucrados en el proceso. (art. 40 ley 24.240)
IV. En breve síntesis, recuerdo, que Romera Hnos. S.A. en su apelación sostiene que la condena solidaria impuesta no es justa, en tanto la obligación de restituir las cuotas partes es una obligación contractual entre el actor y Volkswagen y que Romera resulta ajena a dicho vinculo.
La vinculación contractual entre Romera Hnos. S.A. y Volkswagen es evidente. Como también lo es, que el consumidor accede al plan a través de un contrato ofrecido y promocionado por la concesionaria. Sostiene LORENZETTI que la cuestión de la responsabilidad en el ámbito del Derecho del Consumidor exhibe una autonomía teórica (aún no terminada) que se manifiesta en la supresión de la esferas contractual y extracontractual y en la eliminación de la diferencia entre obligaciones de medio y de resultado. Esto último porque “el hacer no es mera diligencia, sino expectativa creada” (LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, 2ª edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009 , pag481)
Por su parte Chamatropulos, hablando de la extensión de responsabilidad agrega que, será tan amplia y extensa como compleja sea la realidad negocial captada por la norma. (CHAMATROPULOS Demetrio Alejandro. “Ley de defensa del Consumidor Comentada. Pag 307)"
En merito a lo expuesto, acreditada la conexidad contractual, la relación de consumo surgida a partir de un contrato de adhesión sujeto a clausulas predispuestas, el incumplimiento de las demandadas a las obligaciones emanadas de la ley 24.240 que originaron el daño al consumidor, dan fundamentos más que suficientes para rechazar el recurso en esta parte y confirmar lo resuelto por la Sra. Jueza de Primera instancia Por lo expuesto, ASÍ LO VOTO.-
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde: i) reanudar los plazos procesales ii) modificar parcialmente la sentencia del 7/12/2022 en relación a los intereses fijados en el rubro reembolso de cuota partes, estableciendo que se aplicara la tasa de interés pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, iii) modificar parcialmente la sentencia del 7/12/2022 en relación al rubro daño punitivo y establecer que Volkswagen S.A. para fines de ahorro determinado y a Romera Hnos. S.A en forma solidaria deben abonar al actor, el equivalente a diez (10) Canastas Básicas Totales (CBT), para hogar tipo 3. (art. 52 bis de la ley 24.240). iii) Fijar las costas de la presente instancia a las apelantes (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se reanudan los plazos procesales. II.) Se modifica parcialmente la sentencia del 7/12/2022 en relación a los intereses fijados en el rubro reembolso de cuota partes y estableciendo que se aplicará a tasa de interés pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa. III.) Se modifica parcialmente la sentencia del 7/12/2022 en relación al rubro daño punitivo y se establece que Volkswagen S.A. para fines de ahorro determinado y a Romera Hnos. S.A en forma solidaria deben abonar al actor, el equivalente a diez (10) Canastas Básicas Totales (CBT), para hogar tipo 3. (art. 52 bis de la ley 24.240). IV.) Se fijan las costas de la presente instancia a las apelantes (art. 68 CPCC).; V.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); VI.) Notifíquese la presente por el (Ac. 4039 SCBA). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia