Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.165-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 65/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-11127-2005, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 31/100 CVOS. ($ 39.575,31.-), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 8 % a cargo de la actora y en un 92 % a cargo del fisco.
2Confirmar parcialmente el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XI del presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 31/100 CVOS. ($ 39.575,31.-). Asimismo, adeuda, al 16/06/2023, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINCE CON 76/100 CVOS. ($ 218.015,76.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 28 % a cargo de la actora y en un 72 % a cargo del fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-89027321-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 2 de Agosto de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “GUILFORD ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.165-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 65/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 1 de febrero de 2012, en la Actuación SIGEA N° 12197-11127-2005, en cuanto resuelve condenar a la firma GUILFORD ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a $ 43.030,94 y formularle cargo por el importe de $ 141.673,70 equivalente a tributos adeudados, en orden a la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, por el incumplimiento al régimen de importación temporaria en relación a la destinación N° 02 001 IT14 000217 R.
II. Fundamentos de la apelación:
A fs. 84/89 se presenta por apoderado GUILFORD ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos y antecedentes del sumario. A continuación, plantea la nulidad de la resolución, bajo el argumento de la violación al principio de congruencia procesal, toda vez que en los considerandos se hace mención a una DIT diferente de la incluida en el resolutorio. Por otro lado, afirma que ha dado cumplimiento a las obligaciones propias del régimen al que se acogió, adjuntando como prueba los correspondientes permisos de embarque y solicitud de CTC. Agrega que, en relación a esta última, el órgano competente no ha emitido dicho instrumento, enfatizando que la normativa aplicable le impone a dicha entidad emitir el documento en el plazo de noventa días. Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 117/123 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Hace una reseña de los hechos y examina los elementos del acto administrativo atacado, los cuales entiende que no ostentan vicio alguno que apareje la nulidad del acto. A continuación, analiza el instituto de la destinación suspensiva, hace hincapié en el carácter preferencial del régimen, en la carga de la prueba y en que esta pesa sobre el importador. Afirma que se encuentra probado que la actora no reexportó ni nacionalizó la mercadería, conforme se desprende de la Nota N° 346/12 producida por la Sección de Procedimientos Técnicos. Agrega que resulta imposible efectuar la descarga ya que no se cuenta con el CTC definitivo. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-11127-2005 se inician a fs. 1/5 con el acta de denuncia N° 1119/2005 por la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante DIT 02 001 IT14 000217 R. A fs. 6 se determina la clasificación arancelaria y valoración de la misma. A fs. 7 se efectúa liquidación de tributos. A fs. 11 se agrega el sobre contenedor de la DIT en trato. A fs. 13, en fecha 27/02/2007, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 14 se agrega nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 18, en fecha 29/04/2008, se dispone correr vista a la importadora y a la aseguradora AEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. a los fines de que ejerzan su derecho de defensa. A fs. 30/33 y 34/129 se presentan la aseguradora y la importadora y contestan las vistas conferidas. A fs. 131, a través de la Nota N° 346/12, la Sección de Procedimientos Técnicos informa que no es posible determinar la cancelación de la DIT, toda vez que no se visualiza el CTC involucrado. A fs. 132 se encuentra la cédula de notificación de la corrida de vista dirigida a la aseguradora, en fecha 14/07/2008. A fs. 134/136 lucen constancias del registro de infractores correspondientes a la recurrente. A fs. 138/139 se aduna la resolución aquí apelada y las constancias de su notificación (fs. 145 y vta.). A fs. 142 y 143 la actora da cuenta de la apelación ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 124 se abrió la causa a prueba, en fecha 28/10/2015. En fecha 10/07/2019 se tuvo por desinteresada a la actora de la única prueba a producir (informativa, ordenada a fs. 145 del expediente principal).
VI. Que en fecha 26/06/2023 se elevan los autos a la Sala “G” (PV-2023-72989152-APN- VOCXXI#TFN) y, finalmente, en fecha 28/06/2023 pasan a sentencia (IF-2023-73867586-APN- VOCXXI#TFN).
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 02 001 IT14 000217 R, de la firma GUILFORD ARGENTINA S.A. registrada ante la Aduana de Buenos Aires, el 10/01/2002, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 21/02/2003.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos. Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
A su turno, la Resolución N° 72/92 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos establecía en su artículo 9 que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO tendrá a su cargo dictaminar sobre las declaraciones juradas de insumos, mermas, sobrantes y residuos, presentadas por los beneficiarios del régimen sobre la base de la Declaración Jurada que hace referencia el Artículo 8º de la presente resolución y emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). Dicho Certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO queda facultada para solicitar de las reparticiones nacionales pertinentes, en virtud de su especialización y competencia para las mercaderías de que se trate, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de dictaminar sobre el tratamiento de las solicitudes de tipificación y clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen.” Que en virtud de estos artículos pueden inferirse una serie de obligaciones que contrae el importadorsustancialmente, presentar la declaración jurada referida, pero también en cabeza de la Secretaría actuante: emitir el correspondiente certificado, si la solicitud cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles.
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que previamente a efectuar la descarga correspondiente, es preciso efectuar algunas apreciaciones en relación a la documentación agregada en las actuaciones administrativas y en el expediente principal. Que no se encuentra controvertido que en el caso que nos ocupa no se ha expedido el C.T.C. definitivo como consecuencia de la solicitud aludida por la actora (S01 N° 0157260/02, fs. 75/82 del expediente principal).
Más aún, de la prueba producida ni siquiera pudo ser hallada la documentación vinculada a dicha solicitud (fs. 143 del expediente principal) y, posteriormente, se tuvo a la actora por desinteresada de la prueba informativa tendiente a incorporar aquella documentación.
Que más allá de poder tener en consideración la documentación obrante en autos relacionada con la solicitud de CTC, se desprende que dicha solicitud aplica para productos incluidos en las posiciones arancelarias precisadas en el formulario adjunto a fs. 82, a saber: 6002.30.10. Sin perjuicio de ello, la mayor parte, (excepto dos) de los permisos de embarque cuyas copias obran en las actuaciones administrativas poseen una posición arancelaria diferente: 6004.10.10. Es por ello que no puede efectuarse descarga en relación a aquellos.
Los únicos dos permisos que hacen referencia a la posición arancelaria aludida en la solicitud de CTC son los Nros. 02 073 EC03 003282 X y 02 001 EC03 009007 A. En las hojas de insumos correspondientes a esos permisos se encuentra identificada la DIT y el consumo total es de 48,14 y 1886,52 kg. respectivamente. Puede concluirse entonces que la mercadería fue reexportada parcialmente por 1934,66 kg. de un total de 12.896,24, por lo cual se encuentran en infracción 10.961,58 kg.
En relación a la solicitud S01-0156260/02 citada en algunos de los permisos, no se encuentra agregada en las actuaciones, por lo cual, no puede ser considerada.
Cuadro I: Insumos importados DIT FECHA ITEM P.A. KILOGRAMOS 10/01/2002 1 5205.23.10 12.896,24 Cuadro II: Descarga de insumos VTO. 21/02/2003 PERMISOS EN AA Solicitud DESCARGA FECHA PE PA UNID. OBS.
de CTC DIT NO S01-
01/07/2002 02073EC03006069Y 6004.10.10 1369,24 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO S01-
01/07/2002 02073EC03006071H 6004.10.10 337,90 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO ESTÁ S01- AGREGADA 05/07/2002 02073EC03006285Y 6004.10.10 95,47 NO 0156260/02 LA SOLICITUD S01- NO 23/07/2002 02073EC03006886V 6004.10.10 95,67 NO 0157260/02 COINCIDE P.A.
NO S01-
09/09/2002 02001EC03019262E 6004.10.10 1912,57 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO ESTÁ S01- AGREGADA 18/09/2002 02073EC03008958A 6004.10.10 2,66 NO 0156260/02 LA SOLICITUD NO S01-
01/07/2002 02073EC03006071H 6004.10.10 337,90 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO S01-
08/08/2002 02073EC03007454N 6004.10.10 48,24 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO S01-
08/08/2002 02073EC03007456P 6004.10.10 926,46 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO S01-
15/08/2002 02073EC03007677U 6004.10.10 4,05 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO S01-
12/06/2002 02001EC03012489X 6004.10.10 4097,47 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
NO S01-
26/06/2002 02073EC03005868U 6004.10.10 68,71 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
27/06/2002 02073EC03005946R 6004.10.10 131,95 S01- NO NO 0157260/02 COINCIDE P.A.
S01-
26/04/2002 02001EC03009007A 6002.30.10 1886,52 SI
0157260/02 NO
TIENE S01- Falta hoja de 03/05/2002 02073EC03003938Z 6004.10.10 NO HOJA DE 0157260/02 insumos INSUMOS NO S01-
15/05/2002 02001EC03010321Y 6004.10.10 373,37 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
S01-
16/04/2002 02073EC03003282X 6002.30.10 48,14 SI
0157260/02 NO S01-
24/05/2002 02001EC03011133Z 5402.32.90 617,72 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
PERMISOS EN DOCUMENTAL EXPEDIENTE PRINCIPAL NO S01-
30/06/2002 02073EC03004953Y 6004.10.10 871,81 NO COINCIDE
0157260/02 P.A.
TOTAL 1934,66 DESCARGADO MERCADERÍA EN
10.961,58 INFRACCIÓN
Por todo lo expuesto, en el caso de autos, la actora no ha logrado demostrar el cumplimiento total del régimen respecto de parte de la mercadería importada temporalmente, razón por la cual se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.), correspondiendo confirmar parcialmente la resolución apelada.
XI. Previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas.
Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional. Ello así, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
En el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 14 de las actuaciones administrativas. A los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 14 de las actuaciones administrativas, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, conforme se detalla a continuación:
ITEM 1 ITEM 1
10.961,58 10.961,58 BASE BASE
unidades en unidades en TRIBUTOS MULTA infracción infracción V.A EN $ 28.231,54 V.A EN $ 28.231,54 D.A 0% 0,00 D.A 0% 0,00 D.I 16% 5.148,21 D.I 16% 5.148,21 T.E 0,5% 141,16 T.E 0,5% 141,16 BASE BASE IVA 33.520,91 33.520,91 IVA IVA 21% 7.039,39 IVA 21% 7.039,39 IVA IVA ADIC 0% 0,00 0% 0,00 ADIC IIGG 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 12.328,76 TOTAL 12.328,76 TC 3,21 TC 3,21 TOTAL ADEUDADO POR LA ACTORA POR MULTA Y TRIBUTOS: $ 39.575,31.
XII. Que respecto de los intereses, toda vez que no surge constancia de notificación a la importadora de la corrida de vista, a los efectos del cómputo se tendrá en cuenta la fecha de contestación formulada (fs. 34/129 de las act. adm.) el 11/12/2008, por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 30/12/2008, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., formulo liquidación de los tributos e intereses al 16/06/2023, con los intereses desde el 30/12/2008:
Capital nominal total $ 39.575,31.
Intereses del 30/12/2008 al 16/06/2023 (s/ $ 39.575,31.-):
Se agrega a continuación la planilla de cálculo de intereses extraída de la página web:
http://www.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/resarcitorios_main.asp Capital + Interés: $ 39.575,31 + $ 218.015,76 = $ 257.591,07.- debido por la actora al 16/06/2023 en concepto de tributos más accesorios.
XIII. En relación a la multa impuesta, corresponde confirmarla en una (1) vez el importe de los tributos.
XIV. Que en cuanto a las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 65/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-11127-2005, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 31/100 CVOS. ($ 39.575,31.-), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 8 % a cargo de la actora y en un 92 % a cargo del fisco.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XI del presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 31/100 CVOS. ($ 39.575,31.-). Asimismo, adeuda, al 16/06/2023, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINCE CON 76/100 CVOS. ($ 218.015,76.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 28 % a cargo de la actora y en un 72 % a cargo del fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 65/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-11127-2005, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 31/100 CVOS. ($ 39.575,31.-), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 8 % a cargo de la actora y en un 92 % a cargo del fisco.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XI del presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 31/100 CVOS. ($ 39.575,31.-). Asimismo, adeuda, al 16/06/2023, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINCE CON 76/100 CVOS. ($ 218.015,76.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 28 % a cargo de la actora y en un 72 % a cargo del fisco.
Regístrese, notifíquese a las partes. Respecto al Dr. Ariel Alejandro Di Bartolo en su carácter de apoderado de la firma GUILFORD ARGENTINA S.A. notifíquese mediante oficial notificador al domicilio constituido en autos, a saber: La Pampa 1512, piso 7°, CABA, atento a que no se encuentra dado de alta en TAD. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2023.08.01 19:47:13 ART Date: 2023.08.01 19:54:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.02 00:24:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.02 00:25:52 -03:00
Fin de la sentencia