Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 39/03, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $5.000 por la representación procesal, y $8.000 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la dos primeras etapas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $2.116 equivalente a 0,24 UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $5.290, equivalente a 0,59 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
4Regular los honorarios del Contador Público Oscar Alberto Del Hoyo en la suma de $3.000 a cargo de la recurrente, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto ley 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-55576747-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Junio de 2022 Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 21.840-I caratulado “Guillermo Pedro Monserrat s/ apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Guillermo Pedro Monserrat interpone recurso de apelación que prevé el art 76, inc b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 39/03, dictada por la División Revisión y Recursos de la Región de Mendoza de la Administración Federal el 13 de junio de 2003, en la que se determina su obligación frente al impuesto al valor agregado por el periodo fiscal 10/2000, intimándoselo a pagar $9.643,86, más intereses resarcitorios y se le aplica multa de defraudación por $28.931,58 (art. 46, de la ley 11.683).
Sostiene en esta instancia la improcedencia de la pretensión fiscal originada en la impugnación de los créditos fiscales por las facturas emitidas por el proveedor CONAR CONSTRUCCIONES S.R.L (en adelante CONAR). Indica que el Fisco Nacional se aferró a un error que cometió CONAR en sus declaraciones juradas originales, que subsanó al presentar la declaración jurada rectificativa correspondiente al impuesto y periodo en cuestión e incluyó el saldo resultante en un plan de facilidades de pago. Entiende que si el proveedor pagó el débito fiscal, a ella no se le puede impugnar el crédito fiscal.
Agrega que en la rama de la construcción y en la subcontratación es regla la informalidad contractual, pero que a pesar de ello, aportó en la instancia administrativa previamente sustanciada las pruebas necesarias para justificar la veracidad de las operaciones realizadas con CONAR, en especial la declaración jurada rectificativa en la que ésta incluyó el débito fiscal.
En cuanto a la sanción aplicada, considera que es excesiva e irrazonable, argumentando que no existen constancias en autos que permitan sostener la comisión de la conducta defraudatoria prevista en el art. 46 de la ley 11.683.
Finalmente, plantea la nulidad de la Resolución, ofrece prueba y solicita que se la revoque.
II. A fs. 33/46 contesta el traslado el Fisco Nacional, el que por los argumentos vertidos en la Resolución solicita que se confirme, también con costas.
III. A fs. 59 se abre la causa a prueba en la que se hace lugar a la pericial técnica y a la prueba testimonial al representante legal de CONAR, sr. Luis Maia, cuyos resultados obran a fs. 65/76; respecto a la testimonial, si bien el recurrente a fs. 57 aportó el pliego de preguntas para el testigo no instó su producción. A fs. 81 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala; por último, a fs. 85 se ponen autos para alegar, solamente haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional a fs. 93.
A fs. 96 queda en estado de dictar la sentencia.
IV. Corresponde decidir entonces si la Resolución recurrida se ajusta al derecho, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras)
En el curso del procedimiento de fiscalización que se llevó a cabo al recurrente–cuya actividad principal es la construcción de obras civiles- se detectaron operaciones canceladas en efectivo a la empresa CONAR, dedicada también a servicios de construcción, sin empleados, razón por la cual se circularizó a dicha firma. La impugnación de los créditos fiscales tiene como fundamento que en la fiscalización practicada, se pudieron detectar operaciones registradas en el mes de octubre 2000, con la firma CONAR, las que carecían de elementos que permitieran dar certeza de las mismas y el incumplimiento de los demás requisitos formales para el computo del crédito fiscal.
A fs. 62/ 63 de las act. adm. surge que el sr. Luis Roberto Mahia, en carácter de gerente de la firma CONAR, declaró el 17 de mayo de 2001 ante la fiscalización que “…las operaciones reales son aquellas que ha registrado en el libro IVA ventas”. Y “…el resto de las facturas emitidas no corresponden a servicios prestados”, y además, ante la pregunta de por qué emitió facturas si no había prestado servicios, aclaró que “…las mismas fueron emitidas de favor a determinadas personas”. En lo que aquí interesa, en el libro IVA Ventas en el mes 10/2000 no habían facturas registradas con el sr. Monserrat.
A fs. 92/97 del mismo cuerpo obra la presentación del Sr. Monserrat del 27.9.2001 en la que adjunta las DDJJ rectificativas presentadas por CONAR el 10.9.2001 por los períodos fiscales 10/1999, 11/1999 y 6/2000, y como integrante de UTES, las de otros períodos fiscales, ninguna de ellas corresponde al período fiscal 10/2000 que es el período base que fue objeto de determinación de oficio.
Las manifestaciones del gerente de CONAR dejan sin sustento los agravios de la recurrente, y aun cuando hubiera rectificado su propia declaración jurada al solo efecto de declarar las operaciones con el sr. Monserrat no puede dejar de señalarse que dicho acto no es espontáneo ni voluntario sino motivado en la inspección. No es ese el mecanismo de liquidación al que se refiere el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado cuando exige para el cómputo del crédito fiscal la configuración simultánea del débito fiscal en el vendedor, ni es tampoco su objetivo, en la forma que además lo interpretara este Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De cualquier modo, el Sr. Monserrat no acreditó la rectificación de la declaración jurada del proveedor del período fiscal 10/00 sino la del 10/99 y otros, es decir que su principal y único agravio carece de sustento. Cierto es que en esta instancia se produjo la prueba pericial técnica, en la que los peritos detallaron las facturas de las obras en las que fueron aplicados los servicios adquiridos a CONAR, pero sus resultados en modo alguno acreditan que las operaciones fueron realizadas con dicho proveedor y que las manifestaciones de su representante que dijo que emitió facturas de favor y sin un servicio o un bien en contraprestación son erróneas o impropias. A lo sumo, sus resultados demuestran que los materiales y servicios fueron provistos y es por ello que como se señala en el Informe Final que obra a fs. 140/145 de las act. adm., la fiscalización no impugnó el gasto en el impuesto a las ganancias dado que formaron parte del costo de las prestaciones de sus obras.
Cabe aquí recordar lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en más de una oportunidad en cuanto a que “…la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva” (Fallos 318:2555), principio rector en materia tributaria que impone a los contribuyentes la carga de respaldar el contenido de sus declaraciones juradas, deber que en el caso por todo lo expuesto anteriormente, no ha sido cumplido.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución recurrida tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella por aplicación del art. 37 de la ley 11.683.
V. Por último, respecto a la sanción de defraudación aplicada se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas con el deliberado propósito de evadir el cumplimiento exacto de sus obligaciones, conforme se expuso en los Considerandos precedentes.
En palabras de la Excma. Cámara, la conducta incurrida por la aquí recurrente “...excede, a todas luces, la tipificación culposa del art. 45 y trascienden al campo defraudatorio del art. 46 en tanto se sustentan en la utilización de facturas apócrifas (cfr. esta Sala, causa No 13.068/2010, in re "Ambulancias Privadas Argentinas SA (TF 20638-1) C / DGI", del 23/02/11; esta Cámara, Sala IV, causa No 7.094/2011, "Gramont SA (TF 25880-
I. c/DGI", del 29/11/11)” –“Cerealera Tres Arroyos S.A.”, del 3/3/2015-.
El Dr. Martín y la Dra Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 39/03, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $5.000 por la representación procesal, y $8.000 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la dos primeras etapas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $2.116 equivalente a 0,24 UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $5.290, equivalente a 0,59 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
4. Regular los honorarios del Contador Público Oscar Alberto Del Hoyo en la suma de $3.000 a cargo de la recurrente, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto ley 16.638/57.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.06.02 16:11:17 -03:00 Date: 2022.06.02 16:24:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.02 16:28:56 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.02 16:28:58 -03:00
Fin de la sentencia