Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 185.206
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza el recurso de apelación concedido con efecto diferido y se confirma la resolución de fecha 14.5.2025, imponiendo las costas de esta instancia al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
II. Se hace lugar al recurso de apelación de la parte actora, y se revoca la sentencia, declarando la nulidad del Acta de Asamblea de fecha 4.6.2024, sólo en cuanto consigna que el balance ha sido aprobado por mayoría (arts. 296 inc. a), 388, 389, 393, 394 segundo párrafo, 2026, 2062 y ccdtes. del CCCN).
III. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).
IV. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967.
Expediente nº 185.206 – Juzgado n.° 3 // En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “GUIRIDLIAN GUARINO Nichan Eduardo c.
CONSORCIO de PROPIETARIOS MARAL 29 s. Nulidad de acto jurídico”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la resolución de fecha 14.5.2025?
2. ¿Es justa la sentencia apelada?
3. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada el 14.5.2025 el Sr. Juez de primera instancia declaró abstracto el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Administración Pacífico SRL e impuso las costas a la parte actora.
Apeló el actor por las costas que le fueron impuestas, y el recurso que le fue concedido con efecto diferido, fue fundado al presentar la expresión de agravios por la apelación deducida contra la sentencia definitiva dictada el 29.9.2025 (art. 255 inc. 1 del CPCC), y contestado por el demandado..
Sostuvo que desde el inicio los autos fueron caratulados con el Consorcio Maral 29 como demandado, así lo demuestra la carátula ingresada en el registro informático, y se ve reflejado en la planilla de la Receptoría General de Expedientes, en la que sólo consta el CUIT del consorcio. La excepción, por ello, no tuvo fundamento pues era evidente que el demandado era el Consorcio de Copropietarios.
Indicó que el hecho de que en la demanda haya citado la razón social de la administración y su domicilio legal —que es también el del Consorcio—no implica que haya tenido la intención de demandar personalmente al administrador, sin perjuicio de que quien ocupa ese cargo no es totalmente ajeno, pues es el representante legal del consorcio.
También relativizó que en la cédula de notificación en la casilla correspondiente a “Nombre del requerido” hubiera escrito “Administración Pacífico SRL (Consorcio de Propietarios Edificio Maral 29)”, sosteniendo que la notificación fue dirigida al domicilio de quien ocupa la administración, “porque en la sede de Administración Pacífico SRL se pretendía notificar al Consorcio a quien representa la mencionada administración”, y que el hecho de que los domicilios denunciados de ambas personas jurídicas sean coincidentes “escapa a la responsabilidad de quien suscribe” (punto C) , tercer y cuarto párrafo).
Argumentó que, al interponer la excepción en forma personal, el administrador, Sr. Gulin, incurrió en contradicción con sus propios actos, porque en el mismo escrito contestó la demanda como representante del consorcio (con cita del art. 1067 del CCCN).
Señaló que pese a ello y a que se trata de una excepción dilatoria, el Juez decide que la cuestión se ha tornado abstracta, e “impone las costas en el orden causado, lo que también constituye el agravio” (punto D), párrafo décimo).
Solicitó que se hiciera lugar al recurso, y se impusieran las costas a la contraria porque la defensa carece de fundamento, o revela “un déficit de atención o de comprensión de textos o de un síndrome persecutorio o victimización personal” de parte del representante (Gulin).
I.1: En la resolución apelada se aplicó el criterio objetivo de la derrota, porque pese a declarar caída en abstracto la cuestión de la falta de legitimación pasiva planteada por el administrador del consorcio, Sr. Víctor Gulin —que justificaría la imposición de costas en el orden causado—, el Juez consideró que la falta de claridad respecto al sujeto demandado obligó al gerente de la sociedad administradora a plantear la defensa, lo que justificaba apartarse de la doctrina legal de la SCBA al respecto.
La lectura de la demanda presentada el 27.9.2024 permite advertir que en el sumario se indicó como demandado “Consorcio de Propietarios Maral 29 (Administración Pacífico SRL)”, con domicilio legal en calle Catamarca n.° 2128 de Mar del Plata.
En el “Objeto” dijo que venía a demandar al “Consorcio de Propietarios Maral 29 (Administración Pacífico SRL), denunciando el mismo domicilio legal, sin mencionar el art. 153 del CCCN como hace ahora en el agravio, y sin aclarar que la inclusión entre paréntesis de la sociedad administradora obedecía a que el domicilio en el que debía efectuarse la notificación de la demanda al consorcio era el de su representante legal (art. 2065 del CCCN).
Optó por ahorrar tiempo en la escritura sin efectuar las precisiones del caso.
En el punto III solicitó la conexidad con la causa “Guiridlian Guarino Nichan Eduardo s. Diligencias Preliminares” (expd. n.° 8232/2024 de trámite ante el mismo Juzgado 3), ante “la negativa a permitir el acceso al libro de Actas de Asambleas, Libros de Administración y Libro de Registro de Copropietarios por parte de la Administración Pacífico SRL”
Ese proceso había sido iniciado con el objeto de “solicitar medidas preliminares, a fin de preparar la solicitud de nulidad de asamblea y/o rendición de cuentas contra la Administración Pacífico SRL y/o Victor Gulin, domiciliados en calle Catamarca N°2128 de Mar del Plata, respecto de la administración ejercida sobre el Consorcio del Edificio Maral 29 Las Heras N° 3089/Avellaneda N°1735” (www.scba.gov.ar, Mesa de Entradas Virtual, escrito del 24.6.2024; la cursiva me pertenece).
En el Acta de Cierre de Mediación presentada el 25.11.2024, la carátula consignada fue “Guiridlian Guarino Nichan Eduardo c. Consorcio Maral 29, Administración Pacífico SRL s. Nulidad acto jurídico”, y en el recuadro correspondiente al “Requerido”, nuevamente se lee que a continuación del Consorcio, luego de la coma, se consignó a la “Administración Pacífico SRL”.
En la cédula electrónica librada el 24.2.2025 para notificar la demanda, se advierte que fue dirigida a “ADMINISTRACIÓN PACÍFICO S.R.L. (Consorcio de Propietarios Edificio MARAL 29)”, invirtiendo esta vez el orden, y colocando entre paréntesis el nombre del consorcio (el nombre de la sociedad administradora está en mayúsculas en el original, y el del consorcio no, sólo la palabra Maral; la cursiva y negrilla me pertenecen). La cédula así librada fue notificada el 27.2.2025, según el informe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones agregado el mismo día, con la Observación en el sistema Augusta, “Rta de cédula administración pacífico”.
Así fue que el Sr. Gulin como socio gerente de la sociedad "Administración Pacífico S.R.L.”, administradora del Consorcio Edificio Maral 29 de calle Las Heras 3089, se presentó a oponer la excepción de falta de legitimación pasiva en virtud de que “el actor demanda al Consorcio Edificio Maral 29 pero también entre paréntesis agrega a la Administración Pacifico S.R.L. y notifica la demanda en su domicilio cuando ésta no tiene injerencia alguna como Administrador del Consorcio Edificio Maral 29 en cuanto a la nulidad de acto jurídico aquí solicitado” (punto 3 del escrito de fecha 18.3.2025, con cita del art. 369 del CCCN). .
El actor contestó el traslado ordenado, expresando que le asistía razón a la excepcionante en cuanto a la interpretación de los arts. 366 y 1320 del CCCN, y a la consecuente falta de legitimación pasiva del mandatario.
Señaló que esa circunstancia no había sido puesta en duda y no formaba parte de la controversia, porque la acción no fue dirigida contra la sociedad administradora ni contra Víctor Gulin, sino contra el consorcio (punto II del escrito de fecha 8.5.2025).
Solicitó que se resolviera la excepción como de previo y especial pronunciamiento, que se declarara la cuestión como de representación legal (art. 2065 del CCCN), no era necesario tratar la cuestión de su falta de legitimación pasiva, pero ello no implica liberar del pago de costas a la parte que generó la confusión, y llevó a la demandada a plantear la excepción con fundamento en los arts. 59 y 354 inc. 1 del CPCC (SCBA, Ac. 70.620 del 29.4.2015; esta Sala, exped. n.° 173.488, “Santanna Gabriela c. Cichello María y otra s. Desalojo por falta de pago s. Art. 250 del CPCC”, sent. del 2.12.2021). Considero por ello que las costas han sido correctamente impuestas al actor, y que debe confirmarse la resolución apelada (arts. 68 y 70 inc. 1, parte final del CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
II: En la sentencia dictada 29.9.2025 el Sr. Juez de primera instancia rechazó la demanda promovida por Nichan Eduardo Guiridlian Guarino contra el Consorcio de Propietarios Maral 29 y le impuso las costas.
Para decidir así consideró que resultaba aplicable el art. 2060 del CCCN, que establece que las decisiones de la asamblea de copropietarios se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales, y que para la aprobación del balance y la rendición de cuentas no existe una mayoría especial prevista en la ley, por lo que rige la regla general de la mayoría simple de los presentes en la asamblea siempre que se haya alcanzado el quorum necesario para sesionar.
Consideró que como la cuestión de las abstenciones no está regulada expresamente en el CCCN, corresponde estar a lo que dispongan los reglamentos internos, “o en su defecto, a los criterios que se adopten durante la propia asamblea con conocimiento de todos los presentes”, y que para ello era fundamental analizar “no sólo el criterio empleado sino también el comportamiento de los comparecientes” (considerando II, párrafos sexto y séptimo).
Valoró que el acta notarial n.°380 labrada por el escribano Pagni era un elemento probatorio “central” porque en ella se consignó textualmente que durante la votación del balance “se abstuvieron las unidades PB “G”, 3° “F”, 3° “A” y 1° “C”, se entendió por la administración que no puede haber abstenciones por lo que computó 10 votos por la aprobación y 8 por la no aprobación del balance y estado de cuentas” (cursiva en el original).
Señaló que en el libro de actas se anotó que “hay 8 oposiciones sobre un total de 18, queda aprobado el balance por mayoría”, omitiendo toda referencia a las abstenciones, y que el acta fue firmada por dos copropietarios sin dejar constancia de objeciones durante la asamblea.
Luego de señalar que la imprecisión sobre la cantidad de unidades funcionales en el planteo del actor (17 y no 18) “no puede considerarse intrascendente”, porque “la inconsistencia matemática en la suma de los votos presentes genera dudas sobre la exactitud del relato fáctico” (párrafo 5 del considerando III), destacó que del acta notarial surge que el cómputo correcto sería de 6 votos positivos (no 5 como indicó la actora), 8 negativos y 4 abstenciones, totalizando las 18 unidades presentes, y que si bien la diferencia no resulta determinante por sí sola para el rechazo de la pretensión, constituye un elemento adicional que debilita la solidez del planteo impugnatorio y evidencia cierta falta de rigurosidad en la postulación” (la cursiva me pertenece).
Consideró que no había una contradicción esencial entre ambas actas, porque la notarial “documenta el desarrollo fáctico de la votación y el criterio interpretativo aplicado por la administración, y el acta del libro del consorcio registra el resultado final adoptado tras la aplicación de dicho criterio” (la cursiva es propia). Valoró como “relevante” que el acta notarial no registrara desacuerdos, objeciones o cuestionamientos por parte de los presentes respecto de la interpretación dada por al administrador, y lo consideró decisivo porque “evidencia que el criterio fue expuesto públicamente, conocido por todos los asistentes y aplicado sin generar controversia en el momento de la deliberación” (párrafo 8 del considerando III). Entendió que el elemento probatorio más contundente surge del comportamiento de Mercedes Noriega (titular de la unidad 3° “A”), que fue una de las personas que se abstuvo según el acta notarial, y luego no sólo firmó el acta del libro que consigna aprobación por mayoría, sino que fue elegida para integrar el Consejo de Propietarios de conformidad al punto 5 del orden del día.
A continuación, concluyó que el silencio de los consorcistas era “elocuente”, pues ninguno objetó “esta decisión que modificaba sustancialmente el sentido de cuatro votos”, pues las abstenciones eran “transformadas” en votos afirmativos. Los que votaron en contra también guardaron silencio (la negrilla y cursiva me pertenecen).
Por ello, entendió que resultaba aplicable el art. 263 del CCCN, porque en el contexto de una asamblea “existe un deber elemental de objetar si se considera que tal modificación es incorrecta o lesiva de derechos. “El silencio frente a la transformación de abstenciones en votos afirmativos constituye aceptación tácita del procedimiento aplicado” (párrafo tercero del considerando IV; la negrilla es propia). Volvió sobre la conducta de Noriega señalando que configura el supuesto exacto del art. 393 del CCCN sobre confirmación tácita del acto, y que “la modificación del sentido de los votos podría haber constituido una irregularidad si hubiera sido objetada en el momento oportuno... al ser explicitada públicamente y aceptada por todos los presentes mediante su silencio, incluidos quienes ahora pretenden impugnarla, tal irregularidad quedó convalidada” (considerando IV, párrafo quinto; la cursiva y negrilla me pertenecen).
Pese a reconocer que podría discutirse en abstracto la “corrección” del criterio aplicado para computar las abstenciones, consideró que la pretensión de nulidad era inadmisible por mediar confirmación tácita del acto cuestionado.
III: Apeló el actor, el recurso le fue concedido libremente, expresó agravios el 3.11.2025, los que merecieron la respuesta de fecha 14.11.2025.
Sus críticas pueden sintetizarse así:
i) El acta notarial n.° 380 realizada por el escribano Pagni es un elemento probatorio “central” porque de ella surge que el Sr. Gulin, computó las cuatro abstenciones como votos afirmativos para la aprobación del balance.
Destacó que la administración carece de legitimación para imponer un criterio interpretativo como el que aplicó, que desnaturaliza y tergiversa el resultado de la votación.
En la asamblea del 4.6.2024 no sólo omitió someter a votación la elección del presidente y secretario de actas, sino que, “como parte de su modus operandi”, desconoció la existencia de cuatro abstenciones, aprovechando que durante la redacción del acta ninguno de los consorcistas tenía acceso al libro.
El voto, agregó, es un acto voluntario (art. 259 del CCCN), y esa voluntad no puede ser alterada por un tercero.
ii) Hay una divergencia entre el acta del Libro, en el que no se dejó constancia de las abstenciones y el acta notarial.
Por ello el actor pidió dejar constancia en esta última de que hacía la reserva de pedir la nulidad de la asamblea en los términos del art. 2062 tercer párrafo y 2064 del CCCN.
iii) Cuestionó que el Juez, para sostener la validez del sentido de los votos, haya establecido como requisito que hubiera controversia en el momento de la deliberación.
Esa controversia, afirmó, no era necesaria: los votos fueron emitidos y de ellos quedó constancia en el acta notarial y debió quedar constancia en el Libro de actas.
La interpretación arbitraria que hizo la administración, “es total y absolutamente irrelevante por su improcedencia”, porque el administrador no puede deliberar como si fuera un copropietario. Señalar, como se hace en el fallo, que el criterio fue aplicado “sin generar controversia en el momento de la deliberación” no sólo no es real, sino que tampoco tendría sentido, pues la realidad quedaría evidenciada en al acta notarial, y para ello, precisamente, se convocó al notario, para evitar controversias, disputas e intervenciones innecesarias que suelen ser en alta voz.
Frente a la realidad de los hechos —la no aprobación del balance—resultan intrascendentes las interpretaciones efectuadas por quien ni siquiera está autorizado a votar, y por ello, tampoco era necesario contradecirlo en el acto.
La cuestión a resolver, sostuvo, es la naturaleza jurídica de la votación, preguntándose si la realidad fáctica podía estar escindida de su alcance jurídico y ser modificada con posterioridad.
iv) Pese a reconocer que la administración modificó el sentido de los votos, el magistrado impuso un “plazo oportuno” para cuestionar lo que se transcribió en el Libro de actas, que sería el de la “inmediatez” y no el contemplado por el art. 2060 del CCCN.
v) El Juez impone una obligación de pronunciarse en el momento — pese a que no se tuvo conocimiento exacto de lo plasmado en el acta—, lo que constituye un requerimiento excesivo y no contemplado en la ley. Adujo que el silencio que se le atribuye en el fallo, queda desmentido por el inicio —a los pocos días y no “meses después”—del expediente de Diligencias Preliminares para conocer efectivamente lo que se había anotado en el Libro de actas.
Reiteró que la presencia del escribano hizo que no fuera necesario dejar constancia de los intercambios de gritos y recriminaciones, pues los hechos señalados en el acta notarial son de por sí elocuentes y dejan en evidencia la tergiversación palmaria de la voluntad de los consorcistas por parte de la administración.
vi) El magistrado entiende que no hay una contradicción esencial que configure una falsedad ideológica entre el acta notarial y el Libro de actas, negando la realidad y aceptando un hecho absolutamente ilegítimo como válido, la aplicación del criterio interpretativo de la administración al resultado de la votación.
Señaló que éste es el agravio más importante, pues la omisión esencial que contiene el Libro de actas, no tiene relevancia alguna en la sentencia.
vii) En el fallo se alude a una “inconsistencia matemática” que genera dudas sobre la exactitud del relato del accionante, cuando el acta notarial resulta inequívoca: el administrador sumó las cuatro abstenciones a los votos positivos para obtener 10 votos “por la aprobación” del balance contra 8 negativos.
El Juez, restando importancia a la realidad, y pese a admitir que puede discutirse la corrección de tal criterio, concluyó que la nulidad es inadmisible porque ha habido una confirmación tácita. Señaló que hay razones graves y probadas para declarar la nulidad, pues el Libro de actas no refleja lo que realmente sucedió y contiene una omisión que tergiversa y distorsiona el sentido de los votos de los consorcistas en una cuestión trascendente como es la aprobación de un balance.
viii) La acción de nulidad se planteó dentro del plazo de caducidad de 30 días, y no meses después de la celebración del acto, como se señala en el fallo para imputarle una contradicción con sus propios actos.
No se tuvo en cuenta, además, que fue necesario un mandamiento de secuestro ordenado en el expediente de diligencias preliminares para tomar vista del Libro de actas, y aun así hubo resistencia por parte de la administración.
El silencio no fue tal, y así lo demuestra lo expresado por su parte en la asamblea.
ix) Se le ha dado relevancia a la conducta de la Sra. Noriega, sin advertir que la firma del acta es consecuencia de la designación efectuada al principio de la asamblea.
En cuanto a aceptar la designación para el Consejo de Propietarios, podría interpretarse como la intención de seguir de cerca y controlar el desempeño de la administración —al punto que el propio apelante lo integraba al momento de expresar agravios—, por lo que considerar que la firma del acta es una confirmación tácita de la modificación arbitraria del voto, “podría calificarse como tan arbitraria y concordante con aquella efectuada por la administración”.
Concluyó señalando que, aún si se considerara a la firma de la Sra. Noriega como una confirmación tácita de la alteración del sentido de su voto, tampoco sería suficiente para modificar el resultado de la votación, porque habría ocho (8) votos negativos y tres (3) abstenciones (restando la de la Sra. Noriega), sobre un total de dieciocho (18) votantes para la consideración del balance.
x) En el expediente penal no se sometieron a consideración los hechos de la asamblea, sino situaciones previas, que tenían que ver con los gastos efectuados por el consorcio, por ello, no es cierta la afirmación del magistrado en el sentido de que en la IPP n.° 9438-24 “no existió configuración de delito alguno en el procedimiento asambleario cuestionado”.
Destacó que la denuncia allí efectuada contra Víctor Gulin no era aislada y así lo demuestra la IPP n.° 1961722, “Rivero y otros c. Gulin s. Defraudación por turbación de la posesión” que fue parte de la prueba aportada en los autos “Alba Tejada Vanina y otros c. Gulin Víctor s. Convocatoria a Asamblea Consorcio” (exped. n.° 177.488 de esta Sala II, en la que con fecha 17.8.2023 se dictó sentencia contra el demandado).
Concluyó con una enumeración de lo que considera irregularidades en el obrar de la administración, que constituye su modus operandi.
Solicito la revocación de la sentencia y que se haga lugar a la demanda, con costas.
IV: La sentencia debe ser revocada.
Tiene razón el apelante cuando argumenta que ha habido una errónea valoración de los hechos y de las pruebas producidas.
IV.1: La comparación entre el acta notarial n.° 380 otorgada por el escribano Carlos Martín Pagni el 4 de junio de 2024, y el acta obrante a fs. 169 del Libro de Actas de Asamblea del consorcio demandado (art. 2062 primer párrafo del CCCN), revela una diferencia esencial, contrariamente a lo que se sostiene en el fallo.
En la primera, el notario dejó constancia que luego de un intercambio de opiniones respecto a obras, “el administrador pone a consideración el balance [punto II del Orden del día, “Aprobación del estado de cuentas al 31/03/24, sobre liquidaciones de expensas oportunamente emitidas y Balance de cuentas que se acompaña”], resultando presentes por sí y por poder las siguientes unidades PB C; PB G; 1°B; 1°G, 1°H; 1°i; 2°B; 2°C; 2°D; 3°A; 3°B; 3°D; 3°F; 4°C; 4°D; 4°E; 4°F; y 4°i. Por la no aprobación del balance se manifestaron las UF: 4°C; 2°B; 4°i; 1°G; 2°D; 4°D; 1°B; y PB C; se abstuvieron las unidades: PB G; 3°F; 3°A; y 1°C; se entendió por la administración que no puede haber abstenciones por lo que computo 10 votos por la aprobación y 8 por la no aprobación del balance y estado de cuentas” (la cursiva, negrilla y subrayado me pertenecen). A fs. 170 del Libro de actas, luego de hacer referencia a las manifestaciones del actor, se consignó “4°C, 2°B, 4°i, 1°G, 2°D, PB C, 4°D y 1°B NO aprueban el balance. Queda aprobado por mayoría”.
El acta notarial no ha sido redargüida de falsedad (art. 296 inc. a) del CCCN), por lo que hace plena fe entre partes y respecto a terceros sobre los hechos que el notario enuncia como cumplidos ante su presencia.
Ello determina que carece de sustento jurídico el planteo del abogado del consorcio al contestar los agravios, en el sentido de que su valor probatorio es “testimonial, pero no puede prevalecer sobre el acta consorcial asentada en el Libro correspondiente que constituye el único documento auténtico y obligatorio para el consorcio junto el libro de registro de firmas de los copropietarios…”, y que, por ende, la existencia de una versión distinta o complementaria “no altera la validez del acto asambleario ni autoriza a invalidar la votación correctamente asentada en el libro de actas” (punto III), apartado b) del escrito de fecha 14.11.2025; la cursiva y negrilla son propias). La comparación fue introducida en esta instancia, ya que el valor probatorio del acta notarial no fue discutido al contestar la demanda (punto 5 del escrito de fecha 18.3.2025), en la que, por otra parte, se negó expresamente que “el acta de asamblea omite enunciar las abstenciones y señale que el balance fue aprobado”.
Por ello, considero que las actas no son compatibles por registrar distintos aspectos de la votación, una su “desarrollo fáctico” y el “criterio interpretativo aplicado por la administración”, y la otra, “el resultado final adoptado tras la aplicación de dicho criterio”. Se trata de un mismo hecho —la votación—y la omisión de las abstenciones en el “resultado” inserto en el Libro de actas es ostensible (art. 2062 párrafo tercero del CCCN, sobre cómo deben redactarse las actas), y está debidamente acreditada por un instrumento público que hace plena fe al respecto.
Por ello, el “resultado” así asentado, que, como el mismo sentenciante reconoce, cambió el sentido del voto, determina la nulidad relativa del acto jurídico sometido a votación, que fue la aprobación de las cuentas y el balance (art. 388 del CCCN).
IV.2: Es cierto que la cuestión de las abstenciones en las votaciones de las asambleas de los consorcios no está regulada en el CCCN, y no se ha acompañado en este expediente el Reglamento de Copropiedad para constatar si tiene alguna disposición al respecto.
En el fallo se indica como tercera opción, la de los “criterios que se adopten durante la propia asamblea al respecto”. Es una variable aceptable siempre que la cuestión sea sometida a consideración de la asamblea, cumpliendo con los requisitos que impone el art. 2059 del CCCN, o en los casos de excepción que allí se mencionan.
Lo que no puede equipararse de ninguna manera son los criterios adoptados legalmente por la propia asamblea, con los criterios que adopte o imponga el administrador, cuya conducta es la que se está valorando a la hora de aprobar las cuentas y el balance consecuente. Dentro de los derechos y obligaciones que la ley le asigna (art. 2067 del CCCN), se encuentra el de ejecutar las decisiones de la asamblea (inc. b), y el de llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registro de firmas, y cualquier otro que exija la reglamentación (inc. i).
El art. 2062 presenta “una minuciosa descripción fáctica y operativa de cómo debe labrarse el acta, quienes deben firmar la asistencia, el cotejo de las firmas con el libro de registro de firma de los propietarios, quién debe confeccionar el acta, qué debe contener y quiénes deben firmarla” (Costantino Juan Antonio, “La propiedad horizontal en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, ed. Hammurabi, Buenos Aires 2015, pág. 174). Estas prevenciones “… alejan la posibilidad de una redacción tendenciosa, como podría ocurrir en caso de que sean siempre confeccionadas por la misma persona, quien en algún tema podría tener interés en resistir la decisión asamblearia” (Zelaya Mario, en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2015, Tomo IX, pág. 538; esta Sala, exped. n.° 172.876, “Kuperberg Israel y otros c. Consorcio Bolívar 2250 s. Nulidad de acto jurídico”, sent. del 22.5.2025).
Costantino (ob. cit., pág. 175), sostiene que el art. 2062 es “muy fácilmente entendible”, y que el secretario de actas debe ser elegido por los propietarios, “con lo cual se acaba con algunas perniciosas maniobras de administradores no correctos que se atribuían de hecho, o por cláusula reglamentaria, la potestad de redactarlas, o la utilización de alguna persona empleada de la administración para la redacción y a posteriori la misma omitía reflejar aspectos negativos explicitados por los propietarios con relación a la tarea de la administración”.
El autor agrega que, aunque el artículo no lo menciona, partiendo del principio de que el presidente resulta una figura más importante que la del secretario de actas, ya que conduce la asamblea, los propietarios también tienen derecho a designar al presidente, “aun cuando reglamentos preexistentes puedan disponer que la presidencia la ejerce el administrador”.
El administrador no tiene facultades para imponer, adoptar o establecer “criterios interpretativos”, y mucho menos, para alterar el resultado de las votaciones al aplicarlos.
IV.2.1: La problemática de la conducta o comportamiento omisivo, no debe ser confundida con la del silencio en el derecho, y considero —ante la falta de previsiones en la Ley o en el Reglamento— que es en el ámbito de las asambleas de las sociedades por acciones donde se han producido los mayores desarrollos doctrinarios, y, por ende, el campo en que se puede investigar cuál es el sentido de la abstención en el voto.
En un recordado artículo sobre el tema, Fargosi señalaba que el acto omisivo se califica como un comportamiento voluntario, y recordaba a Jellinek, para quien “sólo vota en forma afirmativa quien responde “sí” y que la abstención debe ser incluida entre los votos negativos, juntamente con el “no”, la ausencia o la negativa a votar”; y a Giuseppe Sena, quien argumentando sobre la naturaleza jurídica del voto, entiende que la abstención constituye un comportamiento voluntario y omisivo no equiparable a una manifestación tácita de voluntad y que implica una emisión de voto negativo en cuanto puede impedir la obtención de las mayorías necesarias (Fargosi Horacio P., “La abstención de voto en las asambleas de las sociedades anónimas”, en “Derecho Comercial Sociedades Doctrinas Esenciales”, Tomo III, pág. 513, La Ley 140-1021, cita on line TR LALEY AR/DOC/198072008, citas en notas 38 y 11). El autor entendía que, una vez obtenida la formación de la mayoría para el quorum, las declaraciones que no comportan asentimiento con la decisión, “deben ser conceptuadas como declaraciones contrarias o negativas, salvo que prescindamos de la naturaleza misma de la deliberación y del proceso propio del acto colegial” (enumeraba en la doctrina argentina a Halperin y Alegría entre quienes consideraban a la abstención como un voto negativo, y que en relación al derecho de receso, consideraban que la abstención funcionaba como un voto en contra, Siburu, Cámara, Fernández y Odriozola. Garo sostenía la tesis de que los votos abstenidos no debían ser computados por el hecho mismo de la abstención, pero en materia de derecho de receso, recordaba que la mayoría de la doctrina estimaba que debían equipararse a los accionistas que se abstienen con los disidentes, porque implica un voto en contra de la reforma).
En la moderna doctrina, Grispo al estudiar el tema de la legitimación del socio que se abstiene para plantear la nulidad de la asamblea (art. 251 de la Ley General de Sociedades), señala que “la abstención no es un voto favorable a la decisión aprobada por la mayoría necesaria, y es precisamente esa circunstancia la que torna admisible que el socio que se abstuvo pueda ejercer la acción de impugnación. La abstención constituye un comportamiento voluntario y omisivo, no equiparable —más que forzadamente— a una manifestación tácita de voluntad” (Grispo Jorge Daniel, “Ley General de Sociedades”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2017, Tomo III, págs. 726 y 727, comentario al art. 251.1 de la LGS; la cursiva y el resaltado me pertenecen). El autor afirma a continuación, que, por ello, “puede afirmarse que no constituye un voto positivo, por cuanto no integra la mayoría legal, pero tampoco resulta equiparable al voto negativo, por cuanto expresamente quien se abstuvo de votar lo hizo habiendo podido emitir un voto negativo y negándose a hacerlo”, no expresa una aceptación ni un rechazo de la propuesta, y por ello considera que el voto abstenido no puede convertirse tampoco en voto negativo, que el accionista no quiso emitir y no emitió.
Concluye que puede ser titular de la acción de nulidad quien se haya abstenido de votar, “ya que abstenerse no es dar conformidad, y debe interpretarse entonces con derecho a promover la impugnación” (ob. cit., pág. 728; en igual sentido, Nissen Ricardo A., “Curso de derecho societario”, ed. Hammurabi, Buenos Aires 2015, pág. 485; Mariani de Vidal Marina, Abella Adriana, “Algunas reflexiones sobre las asambleas en la propiedad horizontal”, en TR LALEY 0003/015219; le niega legitimación para hacerlo Verón Alberto Víctor, “Sociedades Comerciales”, ed. Astrea, Buenos Aires 1986, Tomo 3, pág. 922).
El sucinto análisis efectuado, demuestra que la conducta de quien se abstiene de votar no puede interpretarse como un voto afirmativo.
Aun si en el mejor de los casos, coincidiéramos con Garo, que consideraba que no debían computarse (Garo Francisco, “Sociedades Anónimas”, ed. Ediar, Buenos Aires 1954, Tomo II, pág. 85), postura que sostiene el abogado de la demandada en su contestación del recurso (punto III, “Contesta primer agravio”, apartado c; y “Contesta tercer agravio”, apartado b), en el sentido de que la abstención es “jurídicamente neutra y no afecta el resultado de la votación, debiendo computarse únicamente los votos afirmativos y negativos emitidos” (con cita de Fernández y de Gabás), el resultado sería de ocho (8) votos negativos y seis (6) positivos.
De ninguna manera coincide con el resultado asentado en el Libro de actas a fs. 170, pues no se alcanzó la mayoría necesaria para la aprobación del balance.
V.3: Discrepo con el razonar judicial que entendió que “el silencio frente a la transformación de abstenciones en votos afirmativos constituye aceptación tácita del procedimiento aplicado”, esto es, del “criterio interpretativo” del administrador.
La regla general que sienta el art. 263 del CCCN (art. 919 del CC), es que el silencio “aun cuando siga a un acto o a una interrogación proveniente de terceros” no es considerado como una manifestación de voluntad, salvo en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes (Rivera Julio César, “Instituciones de Derecho Civil. Parte general”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2020, Tomo II, pág. 176 y sgtes.; Fabiano Aidilio G., en “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, Edgardo Saux Director, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2018, págs. 156 y sgtes.; Cifuentes Santos, “Negocio jurídico”, ed. Astrea, Buenos Aires 1986, pág. 73 y sgtes.). No encuentro configurado el deber legal o convencional de expresarse en el marco de una asamblea consorcial, donde no sólo cabe la abstención sino también la ausencia.
En la regulación de la Propiedad Horizontal en el Código Civil y Comercial, sólo encuentro un deber legal de expresarse en el supuesto del art. 2060 segundo párrafo, en el que las decisiones propuestas por la mayoría de los presentes en la asamblea quedan aprobadas, si los propietarios ausentes no manifiestan su voluntad negativa antes del cumplimiento del plazo que allí se establece.
V.4: No coincido tampoco en que ha habido una confirmación tácita (arts. 393 y 394 segundo párrafo del CCCN) del criterio adoptado por el administrador respecto a las abstenciones, que el sentenciante infiere del silencio que habrían guardado los consorcistas.
Si no hay obligación legal o convencional de manifestarse, ni un criterio sometido a decisión de la asamblea con todos los requisitos legales para ello (arts. 2059 y 2060 del CCCN), no puede concluirse que ha habido una manifestación de voluntad válida (arts. 262 a 264 del CCCN). En cuanto a que no hubo objeciones, del acta notarial n.° 380, cuyo valor probatorio no ha sido cuestionado, surge que el actor hizo expresa reserva de solicitar la nulidad de la asamblea con fundamento en los arts. 2062 tercer párrafo y 2064 del CCCN.
La relevancia que se le concede en el fallo a la conducta de la Sra. Noriega, no tiene en cuenta que la elección de dos consorcistas para firmar el acta integró el punto 1 del orden del día, por lo que ningún efecto convalidatorio tiene respecto a los restantes co propietarios.
En cuanto a que haya aceptado formar parte del Consejo de Administración (fs. 171 del Libro de Asamblea y punto 5) del acta notarial), no es indicio de conformidad alguna con los actos cuestionados, porque como el mismo apelante señaló, al momento de expresar agravios, él mismo lo integra (ver punto 5) del acta notarial 212 de fecha 3.9.2025).
La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto (art. 394 del CCCN), pero debe reunir los requisitos que el mismo artículo enumera en su primer párrafo para que haya confirmación expresa (Rivera Julio César, ob. cit., Tomo II, pág. 803).
El fundamento de la confirmación tácita se ha encontrado en la doctrina de los propios actos (art. 1067 del CCCN), pero en caso de duda sobre si hay confirmación o no, debe optarse por no admitirla, ya que al igual que el acto de renuncia, no se presume (art. 948 del CCCN), y la interpretación debe ser restrictiva.
Es cierto que Noriega firmó el acta sin efectuar aclaración alguna, y en todo caso, esa conducta podría restarle legitimación para plantear una nulidad sobre el resultado de la votación, pero de ninguna manera es representativa de la voluntad general.
Y aun si compartiera el razonar del Juez respecto a ella, el resultado seguiría siendo 8 votos negativos y 7 positivos, lo que no coincide con el texto del acta ni con lo efectivamente ocurrido. V.5: El rechazo de la acción no se fundó en la interposición fuera del plazo legal, pero entiendo que el agravio relativo a que fue interpuesta en término (art. 2060 último párrafo del CCCN), está fundado en las alusiones que en el fallo se hacen a que la nulidad fue invocada “meses después” (considerando IV, párrafos quinto y séptimo).
En virtud de ello, y ante el inicio del expediente de Diligencias Preliminares para conocer el contenido exacto del acta que se quería impugnar, el 24.6.2024 (ver www.scba.gov.ar, “Mesa de Entradas Virtual), ante el mismo Juzgado n.° 3, el agravio no debe ser objeto de tratamiento (art. 260 del CPCC).
Por los argumentos expuestos, considero que, de acuerdo a lo pedido en la demanda (punto I. “Objeto”) debe declararse la nulidad parcial del acta de asamblea de fecha 4 de junio de 2024, sólo en la parte que consigna que el balance queda aprobado por mayoría (arts. 2060 y 2062 del CCCN; fs. 170 del Libro de Actas de Asamblea).
Al tratarse de una nulidad parcial (arts. 389 del CCCN), no hay ningún impedimento legal para que el acto asambleario conserve su validez en todo lo que no ha sido objeto de cuestionamiento.
Por ello, propondré al acuerdo que se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la sentencia de primera instancia.
VOTO POR LA NEGATIVA
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación concedido con efecto diferido y confirmar la resolución de fecha 14.5.2025, imponiendo las costas de esta instancia al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
II. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, y revocar la sentencia, declarando la nulidad del Acta de Asamblea de fecha 4.6.2024, sólo en cuanto consigna que el balance ha sido aprobado por mayoría (arts. 296 inc. a), 388, 389, 393, 394 segundo párrafo, 2026, 2062 y ccdtes. del CCCN). III) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del CPCC). IV) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos dados en el acuerdo que antecede se dicta la siguiente sentencia: I) Se rechaza el recurso de apelación concedido con efecto diferido y se confirma la resolución de fecha 14.5.2025, imponiendo las costas de esta instancia al apelante vencido (art. 68 del CPCC). II) Se hace lugar al recurso de apelación de la parte actora, y se revoca la sentencia, declarando la nulidad del Acta de Asamblea de fecha 4.6.2024, sólo en cuanto consigna que el balance ha sido aprobado por mayoría (arts. 296 inc. a), 388, 389, 393, 394 segundo párrafo, 2026, 2062 y ccdtes. del CCCN).
III. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del CPCC). IV) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967. Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21). Devuélvase
Fin de la sentencia