Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7920
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello la responsabilidad que se pretende atribuir a la codemandada es extracontractual desde que no existió un contrato entre la actora y la Clínica. Como indiqué más arriba no se alegó que El Dr. Fournier fuera dependiente de la codemandada. Sobre todo no se invocó que hubiera deficiencia en los actos paramédicos (en acciones preparatorias anteriores o en las posteriores de control del paciente por enfermería, o en la administración de los remedios indicados por el facultativo) ni deficiencias en los instrumentos o aparatos médicos. Tampoco se cuestionó la deficiencia en los actos extra médicos (hotelería hospitalaria, manutención etc.).
Por ello reitero: en estas condiciones no alcanzo a advertir fundamento alguno para extender la responsabilidad a la Clínica Santa Cruz o su continuadora hoy Integración Médica S.A. por los daños que informó el perito médico en su pericia. Como lógica conclusión tampoco procederá la acción con-tra su citada en garantía La Segunda Cia. de Seguros Generales aunque propongo que se tenga en cuenta que la actora no pudo conocer la relación entre el profesional y la Clínica y se imponga las costas entre la actora e Integración Médica S.A. y su citada en garantía en el orden causado de con-formidad con la facultad que acuerda el art. 68 del CPCC y entre Integración Médica S.A. y su asegu-radora por su orden por haber asumido la primera su defensa conforme clausula 12 de la póliza (fs. 261 vta.) conforme lo solicitado a fs. 279vta. Por estas …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7920 Sentencia: 3017 Actor: GUIRLAND, Yanina Gabriela Demandada: Arturo Ricardo Fournier / Clínica Cruz del Sur S.A.
Objeto: Daños y Perjuicios Fecha:17/08/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veintitrés se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co-mercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “GUIRLAND, Yanina Gabriela c/ FOURNIER, Arturo Ricardo y otros s/ daños y perjuicios” Expediente G16468 del año 2013 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad y tuvieran ingreso en esta instancia bajo el Nº 7920. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda Isabel Bard y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que con el escrito de fs. 36/45 se presenta la Dra. Marta Soledad Quiroga como apoderada de la Sra. Yanina Gabriela GUIRLAND y cumpliendo instrucciones de su mandante promueve demanda de daños y perjuicios en contra del Dr. Arturo Ricardo Fournier y contra la Clínica Cruz del Sur S.A. y/o quien resulte su continuadora y pide que oportunamente se las condene a abonar los daños y perjui-cios reclamados en el acápite V (daño material, daño moral, daño psicológico y daño estético), con-forme lo más o menos que surja de la prueba, intereses desde que dicha suma es debida y hasta el efectivo pago y costas. Pide como medida preliminar el secuestro de la historia clínica. Relata que, en el transcurso del año 2010, decidió realizarse una cirugía estética, una liposucción abdominal puesto que después del embarazo de su primer hijo hubo de bajar 30 Kg. y por ende quedó con un abdomen prominente que se deseaba quitar.
Por ello realizó una consulta con el Dr. Ricardo Fournier en la Clí-nica Cruz del Sur quien le indicó una cirugía estética (dermolispectomía) para quitar dichos colgajos de la zona abdominal. El demandado calificó de sencilla la operación y que con una internación de un día que podría reintegrarse al día siguiente de dada el alta con utilización de una faja y evitando la realización de esfuerzos. Describe el trabajo de su mandante en el Casino Club de la localidad, con afiliación de OSDE que cubría una cirugía plástica por año. Dice que la actora coordinó someterse a la práctica quirúrgica indicada durante su franco laboral, se realizó el prequirúrgico de rigor en noviembre de 2010 y el 1º de diciembre se lleva a cabo la cirugía en la clínica demandada con anestesia peridural.
Sostiene haber recibido el alta el 2 de diciembre y se le indicó la aplicación de una crema cicatrizante denominada FIODERM y asistir a controles post operatorios de manera diaria. Hace un relato de la evolución de la herida, no obstante haber concurrido a las curaciones con el médico tratante. Refiere la aparición de manchas negras alrededor del ombligo que el demandado procedió a quitar con un bisturí, lo que oca-sionó una infección generalizada y la apertura de las paredes subcutáneas en el área operada confor-me fotografías adjuntas. Sostiene que el demandado se limitó a hacer las curaciones hasta el día 14 de diciembre de 2010 pues tomaría vacaciones. Indica que no obstante las curaciones la infección no mejoraba sino que se acentuaba y le impedía movilizarse con normalidad.
Informa que su pareja la traslada a la ciudad de Madryn donde está radicada la familia de éste. Dice haber recorrido varias clí-nicas pues los profesionales no querían hacerse responsables del cuadro infeccioso y que el 17 de diciembre es atendida por el Dr. Nelson Castillo quien la somete a una intervención quirúrgica y la mantiene internada hasta su recuperación y que efectuó un seguimiento hasta los primeros días de enero de 2011 conforme copia de la historia clínica que adjunta. Por necesidad de asistencia se trasla-da a la capital de Corrientes con la autorización del médico interviniente. En esa ciudad es atendida por el Dr. Carlos M. Barreto donde debió continuar con curaciones diarias hasta que, con el alta el 27 de marzo, se reintegra a su empleo en el Casino Club después de haber permanecido 4 meses con bo-leta médica.
Transcribe el telegrama colacionado remitido al Dr. Fournier quien responde negando los hechos invocados y todo tipo de responsabilidad. Su parte rechaza la respuesta y ratifica su misiva anterior. Hace hincapié en que el demandado no es cirujano plástico sino cirujano general, sin especia-lidad en la materia y pide se tenga presente. Requiere la condena solidaria con el centro médico asis-tencial por los daños ocasionados en el acto médico del 01/12/10 conforme lo normado en los arts. 505 inc. 3, 511, 512, 1109 y concordantes del Código Civil. Funda la responsabilidad solidaria del centro médico asistencial en términos que se tiene presente. Detalla y funda los daños reclamados y su estimación económica.
Ofrece prueba y funda en derecho. Por providencia simple de fs. 46 se provee la demanda, se corre traslado y se libra oficio a la Clínica Cruz del Sur S.A. requiriendo la remisión de la historia clínica de la actora. Ante la no presen-tación se procede al secuestro de esta documentación por mandamiento de fs. 68.
II. Que con el escrito de fs. 142/148 se presenta la Dra. Ana Carolina Zilberberg en represen-tación de Integración Médica S.A., continuadora de Clínica Cruz del Sur S.A. a contestar la demanda solicitando el rechazo con costas. Formula una larga serie de negativas particulares que se tienen pre-sente. Reconoce que a la actora se le realizó una cirugía de reparación de pared abdominal y eventra-ción de un abdomen péndulo severo de gran tamaño por adelgazamiento de más de 30 Kg.. La cirugía se concreta, con todos los recaudos el 01/12/2010 tras consultas por consultorio externo con el Dr. Fournier y describe la cirugía según la historia clínica con buena evolución y alta el 02 de diciembre con indicación de controles por consultorio externo.
Afirma que no hubo culpa o error grave en el actuar del médico y encuadra dentro de los riesgos posibles a toda intervención quirúrgica. Se refiere a los requisitos que se deben acreditar para la procedencia de responsabilidad del médico por hechos cometidos en el ejercicio de su profesión y que la falta de uno de ellos es suficien-te para que el profesional quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad e insiste en que no existió impericia o negligencia en el caso. Recuerda que los médicos no se compro-meten a obtener un resultado sino solo a poner los medios adecuados para alcanzar la finalidad y que rige el principio de la discrecionalidad que se manifiesta en la libertad de elección que se debe reco-nocer al médico para la adaptación de los sistemas terapéuticos conocidos y a las particulares caracte-rísticas y reacciones del paciente sometidos a tratamiento.
Sostiene la carga probatoria en cabeza de quien alega un hecho ilícito y pretende una indemnización y explica que es quien debe probar. Invoca doctrina en el sentido que de la sola puesta de manifiesto del daño no puede deducirse el elemento subjetivo. Recuerda que la medicina no es una ciencia matemática lo que impide aplicar un criterio rígido de evaluación y los casos deben resolverse con un criterio de equidad. Sostiene que respecto de su cliente no se le puede endilgar responsabilidad objetiva en esta situación. Aclara que el Dr. Fournier no es, ni fue, dependiente de su mandante y como profesional autónomo desempeña sus actividades en el nosocomio y se relaciona en forma directa con sus pacien-tes, no informa a su mandante y factura directa y personalmente con la obra social.
Se explaya sobre el sistema de determinación de culpa en términos que se tienen presente. Recuerda que lo principal que no puede subestimarse es la actividad desempeñada por el galeno en función de la técnica opera-toria empleada sobre la utilización de elementos físicos instrumentales.
Argumenta que no se puede endilgar responsabilidad alguna a su mandante en autos toda vez que la cirugía que se realizó no fue una cirugía estética, sino una cirugía reparadora de pared abdomi-nal como consecuencia de una diastasis severa del (músculo) recto de la pared abdominal cumpliendo con todos los requisitos habituales y aplicando la técnica correcta realizado por un especialista en ci-rugía que es el Dr. Fournier. Niega responsabilidad por los viajes y operación posterior de la actora. Impugna la documental de la actora que detalla. Pide la citación como tercero de su aseguradora. Ofrece prueba y funda en derecho su responde.
La parte actora se expide sobre la documental presentada y da su conformidad con la citación en garantía de La SEGUNDA por lo que a fs. 153 se dispone la citación requerida.
III. Que con la documental de fs.165/167 y escrito fs. 168/187 se presenta el Dr. Arturo Ri-cardo Fournier por propio derecho con el patrocinio letrado de los Dres. Graciela B. Totino y Carlos A. Romanut a contestar la demanda, faena que comienza con una serie de negativas que se tienen presentes en este acto. Tras un prolegómeno sobre la vaguedad y contradicciones en el libelo de inicio sobre los hechos y las pretensiones y donde luego de explayarse sobre las obligaciones de medios que asumen los médicos y como lo interpretó la doctrina, se refiere a su actuación.
Reconoce haber examinado a la actora por consultorio externo en noviembre de 2010 y el diagnóstico de abdomen péndulo severo por adelgazamiento de más de 30 KG. en los últimos meses; que se efectúan estudios de rutina preoperatorios y se indica cirugía. Describe un abdomen globuloso con diastasis, con eventración y relata que el 1/1/2010 (en realidad el 1/12/2010) se opera, se hace una eventroplastia (que describe) y que al cabo de un día de buena evolución se otorga el alta de interna-ción el 2/12/2010 indicando continuar con controles y curaciones por consultorio externo.
Dice que la técnica empleada es la descripta en los libros de cirugía y aceptada por la lex artis (reglas del arte) y se encuentra detallada en la historia clínica que transcribe. Reconoce que la actora cumplió regularmente ocho veces con la cita a control y curación diaria hasta el 14 de diciembre de 2010 y acompaña cupones de la obra social. Indica que durante los controles y curaciones la paciente se encontraba sin fiebre, en buen estado general y sin manchas negras como aduce.
Comenta que luego del 14 de diciembre la paciente dejó de asistir a la consulta sin aviso pre-vio ni autorización médica ni alta definitiva. Argumenta que se pretende encubrir el abandono del tratamiento médico con el burdo argumento de las vacaciones del suscripto, lo que dice es mendaz.
Sostiene que del relato del escrito de demanda surge que la actora se ausentó en pleno trata-miento post operatorio y viajó a Puerto Madryn donde habría sido atendida el 17/12/2010 por una complicación que suele presentarse y se encuentra descripta en la literatura médica. Dice que poste-riormente es intimado por la actora en carta documento que contestó.
Procede luego a atacar los parámetros utilizados en la valoración de cuadro clínico de la actora, las inexactitudes de la demanda y la ausencia de daño resarcible e insiste en que se trató de una cirugía reparadora con fines terapéuticos tendiente a la corrección de defectos adquiridos y no estética. Se tiene presente estas argumentaciones y sus aclaraciones sobre su actuación y sobre cuestiones técni-cas.
Indica que como cirujano general se encuentra habilitado para la cirugía plástica reparadora realizada, que no es estética que son las reservadas para los cirujanos plásticos. Señala que la actora en Puerto Madryn fue asistida por un especialista en cirugía general y en Corrientes por un cirujano. Hace aclaraciones y señala que la confusión en la responsabilidad médica proviene del hecho que el pacien-te se encuentra dañado por la enfermedad, antes que el médico comience a tratarlo que en muchos casos no se discrimina claramente este diferente curso causal y cita jurisprudencia que se tiene presen-te.
Para el supuesto de entendérselo responsable impugna el monto estimado y la liquidación prac-ticada con cita de jurisprudencia. Se refiere a la improcedencia de los daños reclamados y los analiza con argumentación que se tiene presente.
Pide la citación en garantía de Seguros Médicos S.A., se opone a prueba, realiza una aclaración sobre la custodia de la historia clínica y ofrece la prueba de la que intentará valerse. Pide el rechazo de la demanda con costas.
Esta contestación a fs. 188 fue considerada extemporánea pero, tras el recurso de reposición presentado por el Dr. Carlos Alberto Romanut, quien se presenta como apoderado de fs. 196 por no haberse considerado el asueto decretado el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, en provi-dencia de fs. 197 se revoca por contrario imperio y se tiene por contestada la demanda.
IV. Que con la documental de fs. 212/230 y escrito de fs. 239/237 se presenta el Dr. Carlos Alberto Romanut como apoderado de SEGUROS MÉDICOS S.A. a contestar la citación en garantía y reconoce que a la fecha de los hechos su mandante se encontraba vinculada con el Dr. Arturo Ricardo Fournier por un contrato de seguros por responsabilidad civil emergente del ejercicio de la profesión de médico con una suma máxima asegurada de $ 250.000.- por la que responderá por todo concepto de ser condenado su asegurado conforme los términos de la póliza y será ejecutable contra la asegura-dora en la medida del seguro y cita jurisprudencia en este sentido que se tiene presente. Formula una serie de negativas y sostiene que cualquier intervención y/o atención posterior a la del asegurado interrumpe la relación de causalidad o nexo causal entre las atenciones de su asegu-rado y el supuesto daño.
Sostiene la falta de responsabilidad del Dr. Fournier y da la versión de los hechos que le hicie-ra saber el asegurado que se tiene presente. Cita jurisprudencia sobre el acto médico. Impugna los ru-bros indemnizatorios, ofrece prueba y funda en derecho con cita de jurisprudencia y doctrina. Reserva el caso federal y en forma subsidiaria para el supuesto de progresar la acción solicita la aplicación del art. 505 del Código Civil en cuanto a la limitación de la extensión de las costas. Pide que oportuna-mente se rechace la demanda.
V. Que a su turno con la documentación de fs. 253/264 y escrito de fs. 265/270 se presenta el Dr. Carlos Enrique Linares como apoderado de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Genera-les aseguradora de Integración Médica S.A. a contestar la demanda instaurada. Formula una serie de negativas y da su versión de los hechos reconociendo la intervención y los controles posteriores. Cali-fica de abandono del tratamiento indicado por el profesional la decisión de la actora de trasladarse a la localidad de Puerto Madryn. Señala que resulta falsa la afirmación de la actora con respecto que el Dr. Fournier se fue de vacaciones o que otros médicos se negaron a atenderla, sin aportar prueba. Sostiene que el desempeño del Dr. Fournier se encuentra encuadrado dentro de la práctica mé-dica correcta y adecuada para el tipo de dolencia cumpliendo con los requisitos habituales y emplean-do la técnica correcta sin existir a su respecto elemento atributivo de responsabilidad con relación a las consecuencias dañosas que alega haber sufrido la actora. Recuerda que cualquier complicación que pueda haber sufrido la actora se encuentra dentro de los riesgos propios de cualquier intervención quirúrgica, que fueran agravados por el abandono por la actora del tratamiento indicado. Expresa que estamos frente a una obligación de medios. Cita jurisprudencia.
Opone el límite de la póliza de $ 120.000 por acontecimiento suma a la que queda limitada la responsabilidad de su representada en el supuesto de condena, conforme art. 118 de la ley 17.418 con cita de jurisprudencia. Impugna los reclamos de la actora, ofrece prueba y hace la salvedad que los honorarios del profesional que patrocinó a su asegurada deberán ser soportados ella. Reserva el caso federal y solicita que en su oportunidad se rechace la demanda en todas sus partes.
VI. Tras rechazar la oposición a prueba planteada por la demandada en fs. 274, a fs. 285/286 se abre la causa a prueba y se provee la considerada pertinente ofrecida por las partes. Producida la obrante en autos de la que informa la Actuaria a fs. 569/570 a fs. 574 se ponen los autos en secretaría para alegar sobre el mérito de la prueba. Solo ejercen ese derecho la actora con la pieza de fs.590/591 y el profesional demandado y su aseguradora con la pieza de fs. 592/597. A fs. 589 obra el pase de los autos a despacho para dictar sentencia previa agregación de los alegatos referidos.
Ya dentro del sistema digital en PE 208006 se dicta la sentencia que rechaza la demanda ins-taurada por la Sra. Yanina Gabriela GUIRLAND en contra del Sr., Arturo Ricardo FOURNIER y en contra de INTEGRACIÓN MÉDICA S.A. como continuadora de CLÍNICA CURZ DEL SUR S.A. en concepto de daños y perjuicios reclamados, con costas a cargo de la actora en su calidad de vencida por el principio objetivo de la derrota. Regula los honorarios de los profesionales dejando constancia que esas regulaciones no incluyen IVA. Determina la tasa de justicia y tiene presente el beneficio de litigar sin gastos concedido en expediente G.16.470/2013.
La parte actora apela la sentencia en PE 213993/2021 recurso que se le concede libremente y con efecto suspensivo en PE 159782/ 2021. Tras varias idas y vueltas los autos se elevan definitiva-mente con la certificación de estilo en PE 803296/2023. En PE 806574/2023 se integra Cámara. Por providencia de PE 826/092/2023 se llama autos para expresar agravios, llamado que la apelante cum-ple con el memorial de PE 849783/2023 del que se corre el traslado de ley que únicamente contesta la aseguradora de INTEGRACIÓN MÉDICA S.A. motivo por el que se les da por perdido el derecho de hacerlo a las restantes litigantes mediante PE 911772/2023 que dispone el pase a sentencia y establece el orden de estudio.
VII. Que la parte actora se agravia por el rechazo en un todo de la acción. Sostiene la existen-cia del nexo causal con los daños provocados por la intervención quirúrgica por ser una obligación de resultado. Acusa a la sentencia de realizar un estudio estanco de las pruebas al sostener que existió orfandad probatoria y pide se la revoque y se haga lugar a la acción promovida admitiendo los rubros reclamados contra los demandados. Realiza afirmaciones sobre los hechos invocados y los daños su-fridos por la actora como consecuencia inmediata de la intervención quirúrgica practicada por el de-mandado de autos. Se queja por haberse desestimado la declaración de la Sra. Fernanda Chaile testigo presencial del periplo de la actora en violación de lo dispuesto por el art. 364 del CPCC. Se refiere a las circunstancias personales de la actora y las circunstancias que la llevaron a so-meterse a una cirugía estética que le reconocía su obra social para obtener un vientre plano probado con la historia clínica.
Sostiene que el demandado reconoce en posiciones que la demandada sufrió graves complica-ciones en su herida de las que tenía pleno conocimiento como reconoce y las contradicciones con la pericia del Dr. Ocampo. Argumenta que la bacteria fue adquirida en la herida al presentar dehiscencias que no fueron tratadas debidamente con el complejo antibiótico que la lex artis (reglas del arte) indica en una conducta reprochable.
Transcribe un párrafo de la sentencia (carilla 18) para sostener que se encuentra en contradic-ción con lo resuelto insistiendo en que el demandado se obligó a un resultado (embellecer el abdomen de la actora) y le suma la falta de diligencia frente a la complicación sufrida de manera inmediata y entiende fueron circunstancias pasada por alto por la sentencia. Cita doctrina aplicable a cirugía estéti-ca. Insiste en que no se curaron las dehiscencias reconocidas en posiciones a fs. 406 y con referencias a doctrina sostiene que no puede concluirse que el demandado ha actuado conforme lo señala la bue-na praxis médica al no emplear los medios necesarios o un tratamiento adecuado para evitar que con-tinuara el proceso bacteriano, ni continuó la atención agravando una necrosis generalizada (en realidad de la zona operada, no generalizada aclaro). Ataca la posición 22 en argumentos propios de un alegato de bien probado, que se tienen pre-sente y que compara con las conclusiones el perito médico forense de fs. 553 in fine.
Afirma que no se siguió la buena praxis médica que indicó el médico forense y a las que se refiere, e indica que no habrían sido seguidas. Hace consideraciones sobre la historia clínica (que sos-tiene la clínica fue renuente en remitir, aunque fue intimada y luego se secuestró) y el consentimiento informado con cita doctrinaria. Argumenta que se acreditó la relación de causalidad entre las afeccio-nes en el cuerpo de la actora y los hechos denunciados y la mala cicatrización reconocida por el de-mandado. Sostiene que no se le dio el debido tratamiento para sostener la responsabilidad del médico demandado con apoyo en doctrina e insiste en que nos encontramos frente a una obligación de resul-tado por ser una cirugía estética o plástica reparadora con apoyo en doctrina y jurisprudencia donde no se imprimió el tratamiento antibiótico adecuado. Desde otra arista sostiene que el Dr. Fournier es un cirujano general que se comprometió a realizar una cirugía plástica reparadora y haberla dejado sin tratamiento o derivada a otro profesional lo que lo hace responsable solidariamente con la clínica. Hace notar que el demandado dio de alta a la actora al día siguiente de la cirugía realizándole luego curaciones por consultorio externo lo que evi-dencia un escaso control además de la falta de tratamiento antibiótico lo que fue reprochable.
Insiste en que no se analizó la prueba producida en su totalidad ni la contrastó con los hechos ni tuvo presente la declaración de la Sra. Fernanda Chaile de fs. 335/336 y transcribe respuestas de la testigo que considera de importancia. Como contradicción con la afirmación del cirujano sobre una evolución excelente expresa que le otorgó reposo laboral por diez días. Imputa impericia en el trata-miento al dejar que la actora sufriera complicaciones. Todo ello la lleva a concluir que el estudio efec-tuado por el Señor Juez de primera instancia es parcializado y estanco con falta de análisis criterioso y razonado. Considera inadmisible que se concluya no probado que la infección se produjo por el uso de un bisturí al intentar curar la infección en la zona operada y hace referencia a la respuesta del peri-to médico en la pregunta 5 de fs. 554. Se refiere a la historia clínica del Dr. Castillo de fs. 412/417 y saca conclusiones sobre negligencia del Dr. Fournier. Niega que su parte hubiera abandonado el trata-miento médico, pues padecía una necrosis generalizada que requería asistencia médica urgente y reite-ra que fue dejada sin atención por parte del médico tratante no obstante el cuadro bacteriano sufrido y por ello debió ser intervenida para cerrar la pared abdominal como se desprende del informe de la Clínica de la Ciudad de fs. 411/417. Hace hincapié en que la culpa médica estriba en obrar de un modo contrario al debido y exigi-ble. Es decir un comportamiento inadecuado para determinadas exigencias ordinarias.
Insiste en que no se llevó debidamente la historia clínica, ni se informó debidamente los ries-gos de la operación y prometido un resultado con invocación de doctrina. Dice que ha quedado acre-ditado, con la pericia, el daño padecido por la actora como consecuencia de la actitud poco diligente y alejada de la buena praxis médica. Y que se determinó una incapacidad del 12% como causa directa e inmediata de la operación además del daño psicológico. Efectúa una referencia a la pericia de fs. 462/465 “realizada por la Licenciada Vivían Burghi” (Burgi en realidad) de la que transcribe párrafos.
Tras hacer referencia al costo de cirugía plástica reparadora y citar jurisprudencia solicita se revoque la sentencia apelada y se haga lugar en todas sus partes a la demanda impetrada condenando a los demandados en forma solidaria a abonar los rubros materia de reclamo con más intereses desde el día de la cirugía y hasta el efectivo pago, con costas. Reserva el caso federal.
VIII. Que como se reseñara más arriba, únicamente contesta los agravios el apoderado de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales Dr. Carlos Enrique Linares. En su memorial nie-ga que el magistrado haya realizado un estudio estanco y parcializado de la prueba producida; que soslayó la responsabilidad del médico demandado; ni que existió una mala sutura. Dice que el profe-sional prescribió un tratamiento correcto, no tenía la obligación de derivarla a otro profesional, ni dejó a la actora sin atención médica lo que no es reprochable por lo que no corresponde condenar al de-mandado y menos en forma solidaria con el nosocomio.
Sostiene que no existe prueba alguna que contradiga lo manifestado por el cirujano en autos ni que le haya dicho a la actora que la recuperación sería rápida. Expresa que no se encuentra probado que luego de la intervención quirúrgica la actora haya padecido de graves complicaciones de la herida y que el demandado (su representada) haya tenido pleno conocimiento de complicaciones en su heri-da pues el demando le otorgó el alta de internación con controles y curaciones diarias por consultorio externo, que hasta el día 14/12/2010 se presentaba afebril y en buen estado general. Pretende que el Dr. Ocampo manifestó que la evolución mala con infección y necrosis de la herida quirúrgica fue como consecuencia del abandono del tratamiento por parte de la actora. Argumenta que no se le pue-da imputar responsabilidad al galeno por la adquisición de una bacteria y menos en la zona de la heri-da reiterando que la actora abandonó el tratamiento siendo a partir de allí la única responsable de las consecuencias del abandono. Expresa que mientras la actora se sometió al tratamiento el demandado recetó debidamente con el complejo antibiótico que la lex artis (reglas del arte) indica, por lo que no se le puede atribuir una responsabilidad reprochable. Dice que no hay responsabilidad del galeno demandado porque se trata de una infección padecida luego de la intervención y que como consecuencia de dicha infección le aparecen a la actora manchas negras en el ombligo no acudiendo la actora a que las revisaran abando-nando el tratamiento. Expresa que no existe prueba que la actora haya vuelto a la consulta para que el demandado le revisara los puntos de sutura.
Recuerda que el magistrado entendió que la conducta del actor fue correcta y recomendada por el cuadro presentado por la actora ese día y por ello que se debe confirmar la sentencia. Afirma que no existe prueba que el galeno se haya obligado a un resultado o que haya actuado con falta de diligencia frente a la complicación sufrida. Recuerda lo resuelto por el juez en la sentencia respecto que nos encontramos frente a una obligación de medios y no se puede alegar que se le haya pasado por alto alguna circunstancia probada de lo ocurrido.
Expresa que la jurisprudencia invocada por la actora no es aplicable al caso pues la técnica del galeno ha sido la correcta y se contrajo una bacteria ha sido por el abandono del tratamiento y por ello no le pudo curar esas heridas. Expresa que el magistrado entendió que el demandado actuó en todo momento conforme la buena praxis médica y que se abandonó el tratamiento y que considera ciertos sus manifestaciones en posiciones sobre la salud excelente de la paciente. Dice que las pequeñas dehiscencias es una complicación no esperada y no impedía que la actora gozara de buena salud y que al galeno le resultó imposible tratar por el abandono del tratamiento que el juez atribuyó a la actora. Se pregunta como el Dr.
Fournier podía realizar un desbridamiento de las suturas con drenaje de las colecciones purulentas, aumentar la dosis de antibiótico, cultivo de las secreciones para identifi-car el germen causante de la infección, rotación de los antibióticos u curaciones permanentes (que indica el perito médico forense en su dictamen) ante el abandono del tratamiento por la actora y no tener pleno conocimiento de que la evolución no era la esperada. Sostiene que el galeno demandado dio a la actora el tratamiento adecuado, no se ha probado que dijera que el post operatorio y el reinte-gro al trabajo sería rápido ni prometió un resultado. Insiste en que el demandado reconoció haber rea-lizado los controles por consultorio externo sin observar ninguna complicación en los mismos, pues, de haberlo advertido hubiera indicado antibióticos.
Dice que el juez no deslingo la responsabilidad de forma liviana como se afirma. Niega que el nosocomio demandado hubiera sido reticente en remitir la historia clínica pues no se encuentra probado en autos que se le hubiera solicitado y que lo fue con el mandamiento de secuestro. Sostiene que la cita sobre la historia clínica de la expresión de agravios no resulta aplicable al caso ni constituye una crítica razonada y fundada de la sentencia. Vuelve sobre lo mismo e insiste en la falta de prueba del nexo causal entre el hecho médico y el daño sufrido por la actora. Reitera que no se encuentra probado que el Dr. Fournier haya prometido a la actora quitarle los colgajos existentes por haber subido más de 30 Kg. al someterla a una cirugía plástica reparadora y vuelve sobre que no resulta responsable del proceso infeccioso y que no estamos frente a una obliga-ción de resultado ni haberse comprometido a que la actora tuviera un vientre plano.
Considera inapli-cable al caso la jurisprudencia invocada y que no impidió la cirugía plástica reparadora por ser un ci-rujano general y niega la intención de embellecimiento.
Sostiene que el alta hospitalaria a las 24 horas de la cirugía y que las curaciones en consultorio externo no indican escaso control y falta de tratamiento de antibiótico al no estar probado que durante las visitas para la curación ya se presentaba la infección bacteriana. Razona que los dichos de la testi-go Chaile demuestran el abandono de tratamiento y que la falta de firma del consentimiento informa-do no le otorga al galeno responsabilidad por el hecho demandado. Sostiene que no se encuentra pro-bado que no le brindara toda la información sobre los riesgos de la operación. Manifiesta que nada le hubiera costado derivarla a otro profesional si se hubiera ido de vacaciones y sostiene que no se ha probado el obrar culposo. Alega que no hay párrafo de la historia clínica del Dr. Castillo que diga que el médico tratante evidenció una negligencia en su obrar y que la evolución posterior fue contunden-temente mala, o que no recibió el tratamiento médico adecuado. Alega también que no existe prueba que avale los dichos de la actora en la audiencia de posiciones. Refiere que el profesional no tuvo en ningún momento conocimiento del cuadro bacteriano sufrido “supuestamente” por la actora. Tras otras reiteraciones solicita se confirme la sentencia por no ser el médico ni la clínica Inte-gración Médica responsables del “supuesto” daño a la salud de la actora, con costas.
IX. Que las partes en la instancia han sido confusas en sus memoriales de agravio y de contes-tación, lo que me ha obligado a ser extenso en el resumen para no pasar por alto algún argumento desarrollado en el escrito. Es más, el representante de Integración Médica en sus argumentos se centra más en la actuación del Dr. Fournier, que en la responsabilidad que le cabe a su representada como Clínica.
Entiendo que, a fin de poner orden en estos autos separando toda la broza, debo recordar que en los casos de mala praxis médica es una materia en que las partes deben cooperar con los magistra-dos para llegar a la verdad objetiva. Y la buena práctica indicaba que se puede recurrir a la teoría de las cargas probatorias dinámicas, ahora admitida en el nuevo Código Procesal en las condiciones esta-blecidas el art. 355. En efecto estamos de acuerdo en que el principio general es que la carga de la prueba de la culpa recae en la actora, donde por un principio individualista una parte refugiándose en un interés particular con negativas obliga a la contraria a realizar el esfuerzo de la prueba especulando que pueda incurrir en fallas en esa tareas. Ello se encuentra dentro de las estrategias de la defensa, y es atendible sólo en los casos que las dos partes se encuentren en posiciones iguales pero no cuando no están en igualdad de condiciones. Y en al caso no se encuentran en esa igualdad.
Las nuevas teorías están adaptadas a una nueva cultura del proceso judicial, más real y solida-ria, reacia a aceptar, salvo los casos de igualdad de partes como indicara arriba, que solo la carga de la prueba determine el éxito de una acción convirtiendo a la actividad del magistrado en algo formal y automático realizando una aplicación mecánica de los principios procesales y de la carga de la prueba.
Tenemos códigos procesales modernos como la nueva ley de enjuiciamiento civil española (Ley 1 de 2000) al legislar sobre la carga de la prueba, ha establecido en el art. 217 inc. 6 que “para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en el litigio.” Y nues-tro Código Procesal Civil y Comercial (ley 3453) se encuentra dentro de esta línea, cuando el magis-trado estimare que una de las partes está en mejores condiciones de probar los hechos (aunque entró en vigor con posterioridad a la apertura a prueba), admitiendo una corriente jurisprudencial que se había abierto paso. En el caso que nos convoca existe, como indicara más arriba, una apreciable disparidad de posibilidades de satisfacer la carga de la prueba por haber ocurrido los hechos en una sala de opera-ciones o luego en el consultorio externo del profesional, sin posibilidades de reunir prueba. En estos casos quienes cuentan con la posibilidad de aclarar lo que ha pasado, es el equipo médico como prin-cipiales figuras participantes activos en el acto quirúrgico, frente al paciente que por regla general es tranquilizado, anestesiado que pasivamente entrega su cuerpo para una practica médica para obtener salud y cura.
Para ello el paciente debe ser informado sobre los riesgos que va a asumir, las posibilidades de mejorar su estado para que pueda prestar su consentimiento informado sobre el diagnóstico, pronósti-co, riesgos reales y las posibilidades de éxito. El Código de ética de la Confederación Médica de la República Argentina establece en su art. 77 que:
“El paciente tiene derecho a que se le brinde la información que permita obtener su consenti-miento comprensivo del diagnóstico, pronóstico, terapéutica y cuidados preventivos primarios y secundarios correspondientes a su estado de salud. Deberá firmar él, la familia o su represen-tante un libre 'consentimiento informado' cuando los facultativos lo consideren necesario”
Se sigue allí la tendencia de la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente” (34 Asamblea Mundial de 1981 enmendada en la 47 Asamblea General en Bali, Indonesia en 1995).
Esto viene a cuento por cuanto falta, en la Historia Clínica, el consentimiento informado fir-mado que constituye una presunción contra los demandados.
Por ello volviendo sobre el tema, en las cuestiones de alta complejidad, como son las acciones de daños y perjuicios que se originan en mala praxis médica, para llegar a la verdad determinan, como adelantara más arriba, la necesidad de flexibilizar el principio de la carga de la prueba, evitando una aplicación mecánica de los principios procesales. Así Morello en “la Prueba – Tendencias modernas” (pág. 55 y siguientes) propiciaba la aplicación de una visión solidarista de la carga de la prueba que permitan que el magistrado, de acuerdo con las particularidades del caso y la conducta de las partes cuando una quiebre el deber de cooperación (por ejemplo con una mera negativa de todo cuando está en mejores condiciones de aportar prueba), haga jugar la falta de cooperación en contra del infractor, con fundamento en el art. 164, inc. 5º apartado 2º del CPCC. En los juicios por daños y perjuicios por mala praxis médica se recurre también a la doctrina de las cargas probatorias dinámicas propiciadas por Jorge W, Peyrano ( Ver por ejemplo La Ley T. 1996-B-1027) que implica un desplazamiento del onus probandi (carga de la prueba) según las circunstancias del caso para hacerla recaer en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, más allá del emplazamiento como actor o demandado o de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modifica-tivos o extintivos. Demás está aclarar que esta doctrina se aplica con criterio residual y no general e indiscriminado toda vez que implica apartarse de la norma general del Código Procesal Civil y Comer-cial. Por ello solo funciona cuando la aplicación rígida o mecánica de la ley lleva a resultados disva-liosos o inicuos como se estableció en “G., F. M. y otro c/ Centro Médico Lacroze y otros” por la Cá-mara Nacional Civil, Sala D, el 28/02/96 (ver La Ley 1996/D/447/462.
X. Que establecido ello se está indicando el camino que seguirá mi examen de la causa que parte de la existencia y padecimiento por la actora de una infección en la zona que fuera materia de cirugía. Luego se debe examinar como se produjo la infección, sobre la base de su evolución cuando comenzó el proceso y, si para prevenirlo, se siguieron los pasos de una buena praxis médica. Para ello examinaré la historia clínica realizada por el demandado (ver fs. 65/67), las contestaciones de deman-da y la prueba producida, principalmente la historia Clínica del Dr. Fournier y la realizada en la se-gunda operación por el Dr. Castillo, la pericia realizada por nuestro médico forense obrante a fs. 550/554 y respuesta brindada a fs. 565 a la impugnación formulada por el Dr. Linares. Fuera de toda duda es la pericia realizada por el médico forense Dr. Ocampo la más importante (ver fs. 551/555 y respuesta a la impugnación (de fs. 565). En ella se contesta cada uno de los puntos de pericia formulados por cada parte, puntos que debemos hacer notar son, en algunos casos, indicati-vos u orientados a obtener una respuesta. Pero no obstante ello de los puntos de pericia puestos por los demandados queda claro que la técnica y los procedimientos empleados era la correcta, que un cirujano general puede realizar esa operación pues tiene los conocimientos necesarios, pero al respon-der el punto 6 de fs. 148 indica que los cirujanos generales pueden realizar la cirugía reparadora de pared abdominal con diástasis severa de recto “en tanto tengan suficiente experiencia o años realizan-do cirugías generales”. Es decir el Dr. Ocampo distingue entre conocimientos y experiencia y técnica y ejecución. Otro de los puntos aclarados por el experto es despejar las dudas y establecer que la dermole-pectomía y la sutura de los músculos rectos, la cirugía practicada a la actora, es considerada una ciru-gía reparadora no estética.
De las respuestas del perito surge que el cuadro clínico de la actora antes de la cirugía efectua-da por el Dr. Fournier era diastasis de los músculos rectos del abdomen más abdomen en péndulo de gran tamaño por descenso de peso. La complicación sobreviniente fue “infección y necrosis de la herida quirúrgica, de forma posterior inmediata a la cirugía practicada el 01/12/10.” Nos aclaró el ex-perto que “la evolución fue mala, con infección y necrosis de la herida quirúrgica” y “la causa de la necrosis en la zona de herida se debió a una infección bacteriana adquirida.” Por lo que “la actora fue sometida a una segunda intervención a raíz del proceso necrótico de la primera cirugía” y le atribuye “relación directa” a la cicatriz con la dermolepectomía realizada por el Dr. Fournier el día 01/12/10.” Y en otra respuesta insiste: “La relación es de CAUSA/EFECTO, la intervención generó en la actora las complicaciones descriptas.” También nos indicó nuestro experto que “Es posible que si no se realiza e indica una buena terapia con antibióticos surja una complicación como aquejó a la actora.” Pues “Se debe indicar un cuidado especial de la zona con controles estrictos de la evolución del proceso cicatrizal, por parte del profesional actuante.”
Señala el experto que “Son varios los factores que inciden en problemas de cicatrización, co-mo ser 1) escaso tiempo de internación, de manera de controlar el post operatorio, terapia antibiótica suficiente, curaciones adecuadas a la cirugía”.
El experto también nos indica que ante una infección de la herida quirúrgica “la conducta sería desbridamiento de las suturas, con drenaje de las colecciones purulentas, si las hubiere, aumento de las dosis de antibiótico, cultivo de las secreciones de las heridas a fin de identificar el germen preva-lente causante de la infección, rotación (cambio) de antibiótico, de ser necesario y curaciones perma-nentes.” Conducta que se ha acreditado en autos fueron las prácticas realizadas en la segunda opera-ción por el Dr. Castillo.
Expone el experto que la conducta de la actora de abandono del tratamiento “podría haber resultado de un empeoramiento de su cuadro de sobreinfección de la herida quirúrgica.”
Debo señalar como positivo que actora y el demandado Dr. Fournier, al absolver posiciones, no se limitaron a la común y escueta negativa de todas las posiciones sino que reconocieron algunas, otras las negaron y dieron explicaciones acordes con su versión de los hechos.
Llama la atención que dentro de los consumos autorizados por OSDE se puede encontrar a fs. 329 bajo el número 13.1.14 la autorización de “incisión y drenaje de absceso profundo subaponeuro-tico. Extracción de cuerpo extraño profundo.” Un oblito tal vez cabe preguntarse. (Según el Diccio-nario de la Real Academia Española: oblito (del latín oblitum olvidado) m. Med.) cuerpo extraño olvi-dado en el interior de un paciente durante una intervención quirúrgica.) Considero que se encuentra dentro de las complicaciones de cualquier cirugía donde el campo no es el que permite ver un olvido y que el instrumentista es quien debe llevar la cuenta de los efectos utilizados. Pero ante el cuadro de necrosis se debió llevar a cabo estudios y cultivos.
En la hoja de cirugía del Dr. Castillo (ver fs. 326 y fs. 419) se hace referencia a necrosis infec-tado de piel y tejido celular subcutáneo y drenaje de absceso profundo subaponeurotico y describe la técnica empleada. Indica la hoja de protocolo operatorio que “Se constata hallazgos”. Como testigo, este profesional declara conforme al acta de fs. 449 donde reconoce en lo principal la autoría y firma de los certificados de fs. 5 a 9 del exhorto (fs. 437/ 441 de autos). En cuando al diagnóstico, si bien recuerda el caso por los años transcurridos no puede detallar el procedimiento por no tener a mano la historia clínica, conforme lo dice el certificado “presencia de necrosis infectada de piel y tejido celular subcutáneo, secundario a un procedimiento quirúrgico.
Aclara que no fue derivada por ningún profe-sional supone fue operada en Caleta Olivia. Se limita a lo que surge de la historia clínica por no ser reciente. Supone es una complicación de una operación quirúrgica. Al responder a la décima pregunta indica que la paciente tenía una necrosis infectada de la pared abdominal con riesgo de complicacio-nes mayores. No recuerda si hicieron un solo procedimiento o en dos o tres veces, no recuerda en ese momento. Si que se hizo un tratamiento de la necrosis primero y en un segundo tiempo el tratamiento del tejido sano. En la siguiente pregunta aclara que la necrosis de pared es una complicación poco probable de ese tipo de cirugía. No es lo que le pasa a todos los pacientes.
Al responder a la séptima pregunta supone que se trata de una complicación quirúrgica y agre-ga “Yo no recuerdo si esta chica se había realizado una dermolipectomía electiva, es una cirugía esté-tica, que tiene una de las complicaciones posibles la necrosis de piel y tejido celular subcutáneo…”. (fs. 449 y vuelta).
Establecido ello, y con referencia a si el Dr. Fournier salió de vacaciones o no, por la doctrina de las cargas probatorias dinámicas referida era él quien estaba en mejores condiciones para probar que continúo trabajando con posterioridad al 14 de diciembre. Era él por otro lado quien estaba en condiciones de probar que cumplió con la obligación de informar a la actora antes de la operación sobre los riesgos que va a asumir, las posibilidades de mejorar su estado para que pueda prestar su consentimiento informado sobre el diagnóstico, pronóstico, riesgos reales y las posibilidades de éxito. No se encuentra en la historia clínica el consentimiento informado y firmado por la actora. Debió aportarlo.
Tampoco trajo el Dr. Fournier un detalle de los antibióticos suministrados, si se realizó cul-tivos de tejido para determinar la bacteria y el antibiótico ideal para combatirla al comienzo del cua-dro. Entiendo que no estamos ante un cuadro de 24/48 hs. por lo que debió advertirlo. Sobre todo cuando la testigo Fernanda Audelina Chaile en su declaración de fs. 335 al responder a quinta pregun-ta respecto de si sabe y le consta que la actora sufriera algún tipo de complicación luego de ser inter-venida por el Dr. Fournier indica: “ Si ella después de la operación a los días de las curaciones en esos momentos ella ni dijo que se sentía mal, se levanta su remera y me muestra como que se le hizo un agujero aparte de esa sentía olor a podrido a infección, ella en ese momento como se sentía mal y no podía caminar me pidió se la podía acercar hasta la clínica.” Al responder a la décima pregunta indica que el estado de la actora era muy malo.
Esta testigo fue repreguntada y dio explicaciones claras que hacen su creíble su declaración sobre todo respecto a las complicaciones sufridas por la actora con posterioridad a la cirugía practicada por el Dr. Fournier que son corroboradas por la pericia del Dr. Ocampo. Aclarado ello y volviendo sobre la responsabilidad del Dr. Fournier debo manifestar, como lo hice en varias oportunidades, que el profesional médico debe tener una formación y organización que le permita hacer frente a una consecuencia no deseada en el ejercicio de su profesión e incluso a los imprevistos. Queda por ello atado y obligado, por su profesión, frente su paciente al ocurrir un contra-tiempo. Y dentro de estas obligaciones está la de actuar con sinceridad informando al paciente (o sus parientes) lo ocurrido, pues éste no es una cosa inerte.
Es una persona que ha confiado en el profesio-nal y a la que se le tiene que explicar lo que ha pasado en la sala de operaciones y en la evolución posterior. Como solucionarlo, realizando consultas de profesionales. Existe lo que se conoce como discrecionalidad terapéutica, pero, ante lo ocurrido no se indicó el camino que el profesional tenía en mente para diagnosticar la complicación y la terapia para solucionarla. Desde el alta hospitalaria solo limitó su accionar a curaciones en su consultorio. Admito que pueda no haber considerado de riesgo el cuadro que días más tarde llevó a la acto-ra a tener que someterse a una nueva operación al presentar una necrosis infectada de la pared abdo-minal, con riesgo de complicaciones mayores como declaró el Dr.
Castillo.
Hay a mi juicio responsabilidad del Dr. Fournier y de su aseguradora y debe responder a la actora por el daño causado.
Esta última responderá en la medida del seguro, que en función de la desvalorización de la moneda y no haber depositado esa suma al contestar la demanda deberá reajustarse en orden a la pér-dida del valor de la moneda al momento del pago. Conforme lo decidido en los autos “MUNICIPA-LIDAD DE PUERTO DESEADO C/SANDOVAL CARLOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº 22024 con relación al límite de Cobertura hemos dicho con relación a este planteo, habida cuenta que la póliza de seguros contempla una suma que delimita el límite de cobertura. Al respecto sostuve la aplicación de ese límite de conformidad con los valores de cobertura que dispone la Super-intendencia de seguros de la Nación para este tipo de seguro a la fecha de cumplimiento de la obliga-ción.
Debo considerar que desde la fecha en que se produjo el accidente hasta el día de hoy, han transcurrido diez años, pretender limitar el resarcimiento de los perjuicios causados al límite de la co-bertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro (01/10/2010) constituye un verdadero abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora, toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio que es la depreciación de nuestro signo monetario. Debo recordar que "la Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Na-cional y Los tratados de Derechos Humanos.
La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o límites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequita-tivo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente "sub-judice" de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vul-nerables. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, Sala: I, González Silvana Daniela c/ Fuoco Ángel Gabriel y otros s/ daños y perjuicios, 30 de noviembre de 2021, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU - M - 135673 - AR | MJJ135673|MJJ135673).
Esta forma de efectivizar la repa-ración del daño es una de las herramientas posibles para lograr un equilibrio entre las prestaciones asumidas por las partes en el contrato, considerando además que las primas actuales son proporciona-les a los montos asegurados actualmente y es una forma de lograr una reparación plena como lo exige nuestra legislación. Por tal razón se utilizará como monto límite de la póliza al valor de cobertura que dispone la Superintendencia de Seguros de la Nación para este tipo de contrato de seguro a la fecha de cumplimiento de la obligación. A distinta solución arribo con relación a la codemandada Integración Médica S.A.
En el libelo de inicio no se indica claramente el fundamento de la responsabilidad solidaria que se pretende. Se trata de fundarlo a fs. 39 vta. capítulo V se hace referencia con cita doctrinaria seña-lando que puede ser un hecho positivo, una acción por comisión o un hecho negativo o de acción por comisión. Se explaya en este capítulo en una larga transcripción doctrinaria sobre la responsabilidad del médico para concluir a fs. 41 en que la responsabilidad debe hacerse extensiva a la Clínica Cruz del Sur conforme pacífica doctrina y jurisprudencia en la materia. Solo indica a fs. 37 que decidió efectuar una consulta con el Dr. Ricardo Fournier en la Clínica Cruz del Sur y que el 1º de diciembre de 2010 se llevó a cabo la cirugía en la Clínica Cruz del Sur y que debió asistir a las curaciones diarias por consultorio externo. No se ha invocado que el Dr. Fournier fuera dependiente de la Clínica Cruz del Sur (hecho negado y con prueba positiva fácil de producir para rebatir la negativa) o que el daño fuera causado por las cosas de la que el cirujano se sirvió o que las tiene a su cuidado supuestos previstos por el art. 1113 del Código Civil de Vélez Sarsfield que se cita como fundamento de derecho de la demanda.
De fs. 330 se desprende que la actora era socia de la Obra Social OSDE quien autorizó la ciru-gía. De fs. 317 se desprende que la autorización se otorga al Dr. Arturo Fournier para “practica en institución Sanatorial”, no a la Clínica codemandada expresamente.
Por ello la responsabilidad que se pretende atribuir a la codemandada es extracontractual desde que no existió un contrato entre la actora y la Clínica. Como indiqué más arriba no se alegó que El Dr. Fournier fuera dependiente de la codemandada. Sobre todo no se invocó que hubiera deficiencia en los actos paramédicos (en acciones preparatorias anteriores o en las posteriores de control del paciente por enfermería, o en la administración de los remedios indicados por el facultativo) ni deficiencias en los instrumentos o aparatos médicos. Tampoco se cuestionó la deficiencia en los actos extra médicos (hotelería hospitalaria, manutención etc.).
Por ello reitero: en estas condiciones no alcanzo a advertir fundamento alguno para extender la responsabilidad a la Clínica Santa Cruz o su continuadora hoy Integración Médica S.A. por los daños que informó el perito médico en su pericia. Como lógica conclusión tampoco procederá la acción con-tra su citada en garantía La Segunda Cia. de Seguros Generales aunque propongo que se tenga en cuenta que la actora no pudo conocer la relación entre el profesional y la Clínica y se imponga las costas entre la actora e Integración Médica S.A. y su citada en garantía en el orden causado de con-formidad con la facultad que acuerda el art. 68 del CPCC y entre Integración Médica S.A. y su asegu-radora por su orden por haber asumido la primera su defensa conforme clausula 12 de la póliza (fs. 261 vta.) conforme lo solicitado a fs. 279vta. Por estas consideraciones entiendo que la sentencia en crisis no es justa y debe ser revocada admitiendo parcialmente la demanda instaurada contra el Dr. Fournier y su aseguradora.
Establecido ello ingresaré en el examen de los rubros reclamados a saber: Daño material, daño moral, daño psicológico y daño estético (fs. 36 in fine).
DAÑO MATERIAL: Tras una serie de consideraciones en negrita la actora cita jurisprudencia respec-to de incapacidades que gravita en las actividades habituales, la alteración del organismo que no podrá ser restituido a su plenitud pues la integridad psicofísica tiene un valor indemnizable. Por ello pidió se la indemnice con el costo de una cirugía plástica y por otro lado se le indemnice por las complicacio-nes y la cicatriz que posee en su abdomen. La pericia que valoro en su eficacia probatoria conforme la competencia del perito, los principios científicos y técnicos en que se funda y aplicando las reglas de la sana crítica y observación formulada, estimó el porcentaje de incapacidad en un 12% parcial y permanente, tomando entre otros parámetros el tamaño de la cicatriz, pigmentación y condición de mujer. Si bien la implicancia de la cicatriz puede mejorar con una cirugía plástica, esta práctica es una decisión que debe tomar la actora quien no se ha manifestado dispuesta a asumir el riesgo (ver pericia psicológica de la licenciada Vivian Burgi, sobre todo fs. 464). Al no tener acreditado el valor de la cirugía plástica y teniendo en cuenta el 12% de incapacidad, en función de la facultad otorgada por el art. 166 del Código Procesal Civil y Comercial estimo al estar acreditado el daño conforme pericia de fs. 550/554 y aclaración de fs. 565.Por ello considero prudente para reparar este rubro otorgar la suma actualizada de pesos un millón ($1.000.000).- DAÑO ESTÉTICO: Se trata de un daño indemnizable, pero ha sido considerado en la pericia realiza-da por el Dr. Ocampo (ver fs. 551/554 y 565) hace muchos años que la actora soporta este daño en su cuerpo y su implicancia en su cuerpo, su autopercepción, su relación con la propia feminidad y sexua-lidad, su seguridad personal, su función materna, sus esperanzas y proyectos personales como nos señala la licenciada Vivian Burgi a fs. 465 vta. in fine. Por la dificultad en establecer el quantum lo determinaré en conjunto con el daño moral por estar íntimamente relacionados.
DAÑO MORAL: (o consecuencias no patrimoniales como lo designa el Código Civil y Comercial en su art. 1741) Las consecuencias no patrimoniales que ocasionara a la actora las complicaciones sufri-das como consecuencia directa y con relación de causalidad de la práctica médica realizada por el Dr. Fournier ese lejano 1º de diciembre de 2010, agravadas por su condición de joven mujer, que provo-cara necrosis infectada de la pared abdominal, y la cirugía posterior a la que debió someterse para reparar sus efectos, con las consiguiente angustia, dolor, incomodidades por el post operatorio y cura-ciones, afección a su vida de madre, esposa, joven de 22 años que debe ser indemnizado ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
Pongo a consideración del Acuerdo otorgar la suma actualizada de pesos seiscientos mil($600.000).- DAÑO PSICOLÓGICO: En autos se produjo una pericia realizada por la licenciada Vivian Burgi en una entrevista realizada casi seis años después del evento dañoso. Resume el relato de la actora de los recuerdos posteriores a la cirugía los primeros síntomas en su cuerpo que algo no andaba bien, que define como puntitos negros que le eran retirados sin anestesia en el consultorio por el médico que realizó la cirugía curaciones suspendidas cuando el cirujano le reconoció que tal vez era necesario que vea a otro médico, que no creería que ninguno de Caleta la pudiera ayudar que él ya no podía y las dificultades de encontrar en Puerto Madryn un médico que quisiera atender y solucionarle por el cua-dro infeccioso y la cercanía de fin de año hasta encontrar quien le hace otra intervención y le retira el tejido negro y putrefacto.
Refiere la experta que, por vergüenza, en Corrientes solo se dejaba ver la panza por su padre y su hermana. Indicó que durante los dos meses que duró la convalecencia no podía alzar a su hijo que no caminaba y que ello la angustiaba. Manifestó que al observar su cuerpo como quedó y entiende que desde lo estético le quedó horrible, no puede ponerse una biquini como quería y que ahora no tiene ombligo y las inhibiciones para ser vista por cualquier persona ocultando su intimidad aún con su esposo con parapetos (la luz etc.) para no ser vista en la zona afectada y con-dicionando su sexualidad y su miedo a encarar otro embarazo. Siente culpa ligada a su deseo de verse linda y por las dificultades que ocasionó a los parientes que la cuidaron cuando ella necesitó asisten-cia.
Expresa la licenciada que algo del orden de lo ajeno en el propio cuerpo se juega como sinies-tro en la auto percepción. Dice que no se ha reducido a su cuerpo sino que le ha quitado las ganas de mejorar en todo, que volvió a abandonar sus ideales estéticos y sus proyectos y que muestra corrientes de una elaboración no tramitada en torno a las pérdidas que la subsume en una cuestión depresiva que ella no registra y de la cual no tiene conciencia. Se refiera a la estructura de base con un Yo integrado, con criterio de la realidad sin producción de patologías. Una producción más bien neurótica y conflic-tos con el cuerpo con idealización de los aspectos corporales más que intelectuales: ser fuerte y liviana como ideal contrariado y empobrecimiento de la sublimación.
Indica dependencia afectiva, escasa tolerancia a la frustración. Como defensas señala represión, formación reactiva, evitación. Tendencia a canalizar la agresión hacia si misma, aspectos depresivos latentes, repliegue sobre si misma y sensa-ción generalizada de fracaso. Como aspectos ligados al trauma señala temor a ser cortada, ignorada, usada, a lo siniestro de su cuerpo vuelto “carne descompuesta” sin catectización como propio. Formu-la consideraciones psicológicas sobre la cirugía constituido en ella en un evento disruptivo en su vida al tener una evolución inesperada al no vivir un postoperatorio esperable que amenazó su integridad física y distorsionó su hábitat cotidiano. Estas condiciones irrumpieron en la vida de anímica de Yani-na Vanesa Guilard que adquirieron la cualidad por el tipo de impacto subjetivo de trauma psíquico que condicionó no sólo su cuerpo, su autopercepción, su relación con la propia feminidad y sexuali-dad, su seguridad personal, su función materna, sus esperanzas y proyectos que han generado para ella consecuencias aún presentes.
En sus conclusiones la licenciada determina que la Sra. Yanina Vanesa Guilard ha sufrido un evento disruptivo- consecuencias de la cirugía aquí valorada-en su psiquismo que la impactado hasta la fecha con connotaciones de trauma psíquico din elaboración. Recomienda tratamiento psicológico individual de dos años promedio con una frecuencia semanal e indica los costos de sesión a la fecha de su pericia (octubre de 2016).
Esta pericia no ha merecido reparos de las partes y acepto su fuerza probatoria teniendo en cuenta la competencia de la experta, los principios científicos y técnicos en que se funda, la concor-dancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de la causa (pericia del Dr. Ocampo, declaración de testigos, historias clínicas etc.).
Con ella se ha probado el daño psicológico causado a la actora que debe ser reparado con el tratamiento recomendado por la licenciada Burgi. El tiempo transcurrido desde la pericia ha quitado valor a los costos indicados por la experta y a falta de valores actuales y en uso de la facultad otorga-da por el art. 166 del CPCC propongo establecer el monto por el que progresará el rubro en la suma actualizada a la fecha de pesos cuatrocientos mil ($400.000).-
INTERESES: si mi propuesta es aceptada en cuando a establecer la condena en una suma actualizada a la fecha considero procedente el reclamo de intereses desde la fecha de operación de la necrosis, 16 de diciembre de 2010, (conforme lo dispone el art. 1748 del CCyC) y hasta la fecha de la presente sentencia. Estimo justo establecer que los intereses se calcularán, durante ese periodo, a la tasa del 8% anual aceptada para monedas estables. A partir de allí y hasta el efectivo propongo que los intereses, siguiendo la posición del suscripto en el tema conocida en el foro, se calculen conforme la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina como ha deter-minado el Excmo. Tribunal Superior de Justicia entre otros en autos “VARAS, ENRIQUETA MAR-GARITA c/ PARDO, ANOTNIO BALOIS y otro s/ Laboral” Prot. Elect. TSSI S 002S.211. Al proponerlo así quiero aclarar que respeto el criterio mantenido por la Dra. Bard que no comparto y que no se me escapa la realidad económica, pero tengo en cuenta que las tasas bancarias contienen ingredientes ajenos al costo puro del dinero, tales como gastos financieros y administrativos de los bancos al prestar el dinero, gastos de personal e infraestructuras, cargas previsionales e imposi-tivas además de los riesgos de los incobrables sobre el interés que ellos abonan a los depositantes. Así lo propongo al Acuerdo.
COSTAS: Atento la suerte de las acciones acumuladas propongo al Acuerdo establecer que en la ac-ción de la actora contra el Dr. Fournier y su aseguradora las costas estarán a cargo de las vencidas por aplicación del principio objetivo de la derrota, sin perjuicio de lo cual la responsabilidad de las costas que soportará cada parte se limitará al límite del art. 505 del Código Civil, hoy art. 730 del Código Civil y Comercial, sin perjuicio del derecho del profesional a reclamar a su asistido la deferencia de la regulación. En la acción de la actora Yanina Gabriela Guirland contra Integración Médica S.A y su aseguradora La Segunda Cia de Seguros Generales al haberse establecido en considerandos que ellas sean en el orden causado y atento el planteo de fs. 270 vta. con fundamento en la cláusula 12 de la póliza cada parte atenderá los honorarios de los profesionales que la asistieron. (art. 68 del CPCC). Por estas razones respondo en forma negativa a la primera cuestión propuesta al Acuerdo por considerar que la sentencia en crisis no resulta justa y debe ser revocada haciendo lugar parcialmente a la acción promovida. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. Coincido parcialmente con el voto que antecede en la principal respuesta que brinda a los agravios de la actora y en la injusticia de la sentencia en crisis, pero discrepo en lo solución que aplica en el tema de la tasa de interés a aplicar a partir de esta sentencia y hasta el efectivo pago. Como es sabido en el foro, con el preopinante, tenemos asumida una distinta posición como lo hemos sostenido en los casos que existe agravio sobre el tema, tal en autos “ARGOTA, Héctor Raúl y otros c/ ANTO-NIO BARILLARI S.A. s/ laboral” Tomo XCVI sentencias, Reg. 2961 Prot. Elec. A201 143 S.221 o “CARRIZO, Julio César c/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE LA UNIÓN LTDA y otros s/ laboral”. Propongo al Acuerdo disponer que se aplique en el caso, desde la notificación de la sentencia y hasta el efectivo pago, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para salvaguardar el crédito del actor como lo sostuve en distintos pronunciamientos. Así lo voto, debiendo darse intervención al Dr. Olivera para que dirima la disidencia existente en el tema de la tasa de interés.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XIII. Soy convocado como subrogante a dirimir la disidencia entre los integrantes de la Cáma-ra respecto de la tasa de interés. El tema ya ha sido materia de varios pronunciamientos por parte del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, entre ellos el citado por el primer votante y en los casos que fui convocado para expedirme por el tema de la tasa de interés me pronuncié por la aplicación de la tasa pasiva. Adhiero pues al voto del Dr. Monelos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIV. Que en función de las razones expuestas al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios vertidos por la actora en PE 849783/2023 y en consecuencia revocar la sentencia recurrida (PE 208006/21). 2º) Ha-cer lugar a la demanda promovida por YANINA GABRIELA GUILAND contra el Dr. ARTURO RI-CARDO FOURNIER condenando al nombrado y a su aseguradora SEGUROS MÉDICOS S.A. a abo-nar a la actora la suma actualizada a la fecha de este pronunciamiento de pesos dos millones ($2.000.0000) por los rubros daño material, daño estético, daño moral y daño psicológico. Esta suma será incrementada con intereses que se calcularán a la tasa del ocho por ciento (8%) anual desde la fecha de la complicación (16 de diciembre de 2010) y hasta esta sentencia y a partir de allí y hasta el efectivo pago los intereses se calcularán a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el INDEC. 3º) Determinar como monto límite de la póliza al valor de cobertura que dispone la Superin-tendencia de Seguros de la Nación para este tipo de contrato de seguro a la fecha de cumplimiento de la obligación, rechazando el planteo de Seguros Médicos S.A. de limitar su responsabilidad a la suma asegurada. 4º) Rechazar la demanda promovida por YANINA GABRIELA GUIRLAND contra CLÍ-NICA CRUZ DEL SUR S.A. hoy continuada por INTEGRACIÓN MÉDICA S.A. imponiendo las cos-tas en el orden causado por las razones expuestas en los considerandos y admitiendo el planteo de la aseguradora con fundamento en la cláusula 12 de la póliza. 5º) Revocar los honorarios de la sentencia y diferir las regulaciones hasta tanto obre en autos liquidación aprobada. 6º) Modificar la tasa de justi-cia estimada en el punto 3 del fallo revocado y determinarla en la suma de pesos cincuenta mil dos-cientos ($50.200). 7º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 849783/2023. 8º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XV. en atención a la disidencia formulada estimo se debe dictar el siguiente pronunciamiento que pongo a consideración del Acuerdo: 1º) Admitir parcialmente los agravios vertidos por la actora en PE 849783/2023 y en consecuencia revocar la sentencia recurrida (PE 208006/21). 2º) Hacer lugar a la demanda promovida por YANINA GABRIELA GUILAND contra el Dr. ARTURO RICARDO FOURNIER condenando al nombrado y a su aseguradora SEGUROS MÉDICOS S.A. a abonar a la actora la suma actualizada a la fecha de este pronunciamiento de pesos dos millones ($2.000.0000) por los rubros daño material, daño estético, daño moral y daño psicológico. Esta suma será incremen-tada con intereses que se calcularán a la tasa del ocho por ciento (8%) anual desde la fecha de la complicación (16 de diciembre de 2010) y hasta esta sentencia y a partir de allí y hasta el efectivo pago los intereses se calcularán a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el INDEC. 3º) Determinar como monto límite de la póliza al valor de cobertura que dispone la Superintendencia de Seguros de la Nación para este tipo de contrato de seguro a la fecha de cumplimiento de la obliga-ción, rechazando el planteo de Seguros Médicos S.A. de limitar su responsabilidad a la suma asegura-da. 4º) Rechazar la demanda promovida por YANINA GABRIELA GUIRLAND contra CLÍNICA CRUZ DEL SUR S.A. hoy continuada por INTEGRACIÓN MÉDICA S.A. imponiendo las costas en el orden causado por las razones expuestas en los considerandos y admitiendo el planteo de la asegura-dora con fundamento en la cláusula 12 de la póliza. 5º) Revocar los honorarios de la sentencia y dife-rir las regulaciones hasta tanto obre en autos liquidación aprobada. 6º) Modificar la tasa de justicia estimada en el punto 3 del fallo revocado y determinarla en la suma de pesos cincuenta mil doscientos ($50.200). 7º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 849783/2023. 8º) Regístre-se, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XVI. Conforme lo expresara al responder a la primera cuestión adhiero al voto del Dr. Mone-los.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 17 de agosto de dos mil veintitres
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir parcialmente los agravios vertidos por la actora en PE 849783/2023 y en conse-cuencia revocar la sentencia recurrida (PE 208006/21).-
2. Hacer lugar a la demanda promovida por YANINA GABRIELA GUILAND contra el Dr. ARTURO RICARDO FOURNIER condenando al nombrado y a su aseguradora SEGUROS MÉDICOS S.A. a abonar a la actora la suma actualizada a la fecha de este pronunciamiento de pesos dos millones ($2.000.0000) por los rubros daño material, daño estético, daño moral y daño psicológico. Esta suma será incrementada con intereses que se calcularán a la tasa del ocho por ciento (8%) anual desde la fecha de la complicación (16 de diciembre de 2010) y hasta esta sentencia y a partir de allí y hasta el efectivo pago los intereses se calcularán a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el INDEC.-
3. Determinar como monto límite de la póliza al valor de cobertura que dispone la Superin-tendencia de Seguros de la Nación para este tipo de contrato de seguro a la fecha de cumplimiento de la obligación, rechazando el planteo de Seguros Médicos S.A. de limitar su responsabilidad a la suma asegurada.-
4. Rechazar la demanda promovida por YANINA GABRIELA GUIRLAND contra CLÍNICA CRUZ DEL SUR S.A. hoy continuada por INTEGRACIÓN MÉDICA S.A. imponiendo las costas en el orden causado por las razones expuestas en los considerandos y admitiendo el planteo de la asegura-dora con fundamento en la cláusula 12 de la póliza.-
5. Revocar los honorarios regulados en la sentencia y diferir las regulaciones hasta tanto obre en autos liquidación aprobada.-
6. Modificar la tasa de justicia estimada en el punto 3 del fallo revocado y determinarla en la suma de pesos cincuenta mil doscientos ($50.200).-
7. Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 849783/2023.-
8. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.-FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta- Juan Pablo Olivera –Juez de Càmara Subrogante-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201029S.231 Tomo: XCIX Sentencia: 3017 Folio Nº: 013/032 Secretaria: 1
Fin de la sentencia