Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2582/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1066764-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1201676-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2582/24-TSJ Interlocutorio N°: 3813 Actor: GUIRLAND YANINA GABRIELA Demandada: FOURNIER ARTURO RICARDO Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 12-06-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3813 FOLIO Nº 6940/6943 PROT. ELECT. TSS1 027 I.241
Río Gallegos, 12 de junio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “GUIRLAND YANINA GABRIELA c/ FOURNIER ARTURO RICARDO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° G-16.468/13 (G-2582/24-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Marta Soledad Quiroga (cfr.PE1066764-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación impetrado por la actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de Primera Instancia; hizo lugar a la demanda promovida por la Sra. Yanina Gabriela Guirland, condenando al Dr. Arturo Ricardo Fournier y a su aseguradora, Seguros Médicos S.A., a abonar a la actora la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000,00) en concepto de daño material, estético, moral y psicológico, más intereses calculados a la tasa del ocho por ciento (8%) anual desde la fecha de la complicación médica (16 de diciembre de 2010) hasta la fecha de la sentencia de Cámara y, luego, según la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el INDEC; determinó como monto limite de la póliza el valor de cobertura que dispone la Superintendencia de Seguros de la Nación a la fecha de cumplimiento de la obligación; rechazó la demanda promovida contra Clínica Cruz del Sur S.A. y su continuadora Integración Médica S.A. imponiendo a su respecto costas en el orden causado y, por último, impuso las costas del proceso al Sr. Fournier y Seguros Médicos S.A. (cfr. PE1037587-2023).- El codemandado Fournier, como así también la parte actora, plantearon recursos de aclaratoria contra la sentencia de Segunda Instancia (cfr. PE1049271-2023 y PE1051703-2023, respectivamente), disponiendo la Excma. Cámara en PE1136764-2023, en lo que aquí interesa, que el monto de la condena deberá actualizarse a partir de la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago conforme la tasa pasiva promedio mensual que elabora el Banco Central de la República Argentina.- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había rechazado la demanda promovida por la actora; imponiendo las costas a su cargo (cfr. PE208006-2021).-
II. Contra esta decisión la actora interpuso recurso de casación con fundamento en la: “...violación a la ley y a la doctrina legal sentada por el Excmo. Tribunal de Justicia (arts. 3 inc. a) Ley 1687)…”. Asimismo, señala que: “La impugnación de la sentencia...se sustenta en la violación del juego armónico de los artículos 1027 y 961 del Código Civil y Comercial (art. 504 y 1198 del CC), violentando por añadidura las normas propias del Derecho del Consumidor previstas por la Ley 24.240 y expresas garantías y derechos constitucionales tales como el derecho a la propiedad, de adecuado servicio de administración de justicia, de debida fundabilidad de los pronunciamientos judiciales y el principio de legalidad, todos ellos de raigambre constitucional (arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional) que justifican sobradamente la casación en un todo de acuerdo a lo establecido por el art. 3 inc. a) de la Ley 1687.” (cfr.
PE1066764-2023, págs. 1, 3).- Agrega la recurrente, que el rechazo parcial de la demanda, en cuanto descarta extender la responsabilidad a integración Médica S.A., no resulta una derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias debidamente acreditadas en la causa. También, precisa que al existir mala praxis del profesional que intervino en el acto quirúrgico dentro del centro asistencial automáticamente se torna procedente la responsabilidad de la firma Integración Médica S.A., deviniendo a todas luces, según interpreta, arbitraria la conclusión a la que arriba el Tribunal de Alzada sobre la responsabilidad que le corresponde a esa razón social. (cfr. PE cit. págs. 3/4).- Seguidamente, expresa que la sentencia de Segunda Instancia viola la doctrina legal de este Alto Cuerpo, en tanto y en cuanto, el punto 2 de la parte dispositiva dispone calcular los intereses de las sumas admitidas haciendo aplicación del 8% anual desde la fecha de la complicación médica sufrida (16 de diciembre de 2010) y hasta la sentencia y, a partir de allí y hasta su efectivo pago, los intereses se calcularán a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el INDEC, señalando que es criterio de este Excmo.
Tribunal Superior, que los intereses de las sumas adeudadas se calculan según la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A.(cfr. PE cit. págs. 4/5).- Refiere que la sentencia atacada vulnera expresas garantías constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio, así como también el principio de legalidad, de debida fundabilidad de los pronunciamientos judiciales, de tutela judicial efectiva y búsqueda de la verdad objetiva. (cfr. PE cit. pág. 5).-
Cita abundante doctrina y jurisprudencia en sustento de sus planteos casatorios.-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1201676-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE778961-2024).-
III. Sentado lo anterior corresponde, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los recaudos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
A tal fin, no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Registro 3385, Folio 5667/5670, entre otros).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- En ese andarivel, se verifica que los planteos de la recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de típicas cuestiones de hecho y prueba (v. gr. extensión de responsabilidad contractual y/o extracontractual a la clínica codemandada) que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie.- A la luz de todas estas premisas, se advierte que la pieza recursiva obrante en PE1066764-2023 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En lo tocante a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada por la casacionista, debemos reiterar que resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Registro 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.-
En efecto, si bien se mencionan distintas normas presuntamente conculcadas por la Excma. Cámara (v. gr. arts. 504 y 1198 del Código Civil derogado y arts. 961 y 1021 del CCCN) , no se intenta una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente se denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia atacada.- Así, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia recurrida, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que la recurrente pretende lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta, desde luego, ajeno a esta instancia extraordinaria.-
Desde esta óptica, la actora se limita a expresar que una vez establecida la responsabilidad del galeno interviniente, automáticamente, se haría extensivo el deber de reparar el daño a la clínica en donde se realizó la práctica médica, sin siquiera suministrar mayores fundamentos que permitan individualizar, concretamente, donde residiría la violación legal o errónea aplicación de la ley insinuada.- Además, se debe señalar que la recurrente al citar profusa jurisprudencia en abono de su planteo casatorio, no intenta explicitar la relación lógica de esos precedentes con el caso de autos, es decir, no surge a primera vista la identidad que existiría entre la plataforma fáctica y jurídica analizada en esos casos con la tratada en el sub lite, tarea esta justamente reservada a la parte recurrente.-
V. Igual suerte sigue el planteo efectuado por la recurrente relativo a la supuesta violación en que habría incurrido la sentencia de Cámara respecto a la doctrina legal de este Cimero Tribunal.-
En dicho sentido, la violación de la doctrina legal se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.- Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...‘...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...’…” (cfr. Sentencia, Tomos XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio; XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370).- Ahora bien, al momento de resolver la aclaratoria articulada por la parte actora (cfr. PE1051703-2023), el Tribunal de Alzada dispuso, en lo que aquí interesa, que el monto de la condena debería actualizarse a partir de la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago conforme la tasa pasiva promedio mensual que elabora el Banco Central de la República Argentina. (cfr. PE1136764-2023), resultando coincidente este criterio con el sentado por este Alto Cuerpo en diversos pronunciamientos (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Registro 674, Folio 3910/3915, entre otros).- Por lo expuesto, la presunta violación de la doctrina legal acusada no tendrá acogida favorable.-
VI. En cuanto a la arbitrariedad denunciada, advertimos que la parte recurrente se limita a calificar de arbitraria la sentencia de Cámara sin siquiera intentar demostrar su concurrencia en autos.-
En ese sentido, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión,’ ‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanza’.’ (cfr. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.). De su lado, este Tribunal tiene dicho que: ‘...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’ (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Registro 3349, Folio 5590/5594).-
VII. Que, también resulta inatendible la pretendida denuncia de violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que, como inveteradamente ha sostenido este Alto Cuerpo, la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185, entre otros).-
VIII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1066764-2023, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1201676-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1066764-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1201676-2023.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1027I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3813 Folio N°: 6940/6943 Secretaría: 1
Fin de la sentencia