Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-57496569-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la resolución apelada en tanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con costas.
II. Confirmar la multa aplicada, reduciéndola al mínimo de su escala con arreglo a lo señalado en el considerando V del voto del vocal preopinante. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por su orden en lo que se reduce.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-147400822-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Diciembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El EX-2022-57496569-APN-SGAI#TFN, caratulado “GUTIERREZ, Alicia Estela s/Recurso de Apelación”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Magallón dijo:
I. Que mediante RE-2022-57490448-APN-SGAI#TFN la Sra. Alicia Estela Gutierrez interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 45/2022 (DV RRES) emitida por la Dirección Regional Resistencia de la AFIP-DGI, mediante la cual se le determina con carácter parcial la materia imponible en el impuesto a las ganancias, periodos fiscales 2015 a 2019, en la suma de pesos tres millones ochocientos dieciséis mil cuarenta y cuatro con veintidós centavos ($3.816.044,22) con más la suma de pesos cinco millones doscientos tres mil novecientos noventa y tres con treinta y siete centavos ($5.203.993,37) y le aplica una multa en la suma de pesos tres millones ochocientos dieciséis mil cuarenta y cuatro con veintidós centavos ($3.816.044,22), encuadrando su conducta de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la ley Nro. 11.683.
Relata que se desempeñó desde el año 1987 y hasta el 1° de diciembre de 2020 como Jueza del Juzgado de Faltas Municipal de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco; y que, en el año 2003, conjuntamente con la Dra. Zulema Gialdroni, interpuso acción de amparo ante la Justicia Federal de Resistencia, a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley 24.631 que derogó la exención del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de los jueces.
Explica que la Justicia Federal de primera instancia hizo lugar a la demanda, y que dicho pronunciamiento fue apelado por la AFIP, siendo revocado por la Cámara de Apelaciones de Resistencia al entender que los Jueces de Faltas no tienen el mismo tratamiento que los jueces provinciales o nacionales, los que si se encuentran amparados por la Acordada Nro. 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Contra el referido fallo, las amparistas interpusieron recurso extraordinario federal ante el Máximo Tribunal, el que rechazó el remedio procesal intentado por resultar inadmisible (art. 280 del C.P.C.C.N).
Pone de manifiesto que, a consecuencia del resultado adverso en el amparo judicial intentado, el Organismo Fiscal inició una nueva fiscalización al considerar que se encuentra obligada a tributar el impuesto a las ganancias por las remuneraciones percibidas en su carácter de jueza de faltas municipal. Se agravia de la determinación de oficio practicada en tanto entiende que existen numerosos fallos que han proliferado en la justicia que no dejan lugar a dudas de que los jueces tanto del ámbito del poder judicial como del ámbito administrativo, están exentos del pago del impuesto a las ganancias. Entiende que tales antecedentes la llevan a pensar que su reclamo es absolutamente legítimo y que debería ser analizado a la luz de la doctrina jurisprudencial que cita.
Como argumento central de su petición, explica que existe un Poder Judicial Municipal que cumple con las garantías constitucionales y asegura el control de legalidad, dentro de un marco de respeto al derecho de defensa en juicio, y que, el control de sus pronunciamientos se efectúa a través de una instancia de apelación ante la justicia provincial. Ello así, considera que existe una justicia municipal independiente de las restantes autoridades que conforman el Poder Municipal y el nombramiento de los jueces municipales - según se establece en la Carta Orgánica- se realiza mediante un concurso.
Luego de una extensa exposición referida a la naturaleza jurídica de la justicia de falta municipal, concluye que el Juzgado Municipal de la ciudad de Resistencia se erige como un tribunal letrado e independiente de los otros departamentos comunales, con especialización suficiente como para resolver las cuestiones litigiosas devenidas de las incumbencias atribuidas al municipio, siendo también la inamovilidad de los jueces un elemento básico diferenciador de los órganos y funcionarios políticos que como tales tienen periodicidad en sus cargos. Así pues, las resoluciones que emite no son un acto administrativo definitivo proveniente del municipio, sino de un pronunciamiento judicial dictado dentro del marco procedimental y de competencia legal, que goza de independencia funcional respecto del ejecutivo municipal. Con respecto al fondo de la controversia, se agravia de la determinación de oficio rechazando el argumento según el cual el Fisco Nacional hace hincapié en que la materia tributaria se rige por principio de reserva de ley, siendo imposible reconocer por vía de analogía la exención que reclama, esgrimiendo que tal postura vulnera en modo manifiesto su derecho de igualdad.
Impugna el argumento según el cual no le corresponde el goce de la dispensa en el pago del tributo desde que la justicia de paz municipal no se encuentra en la esfera del Poder Judicial. Entiende que la postura asumida por la demandada es rígida, estrecha y dogmática, debiendo ser revocada por este Tribunal Fiscal. Por último, se agravia de la sanción que se le endilga. Afirma que nunca ha tratado de evadir o infringir sus responsabilidades tributarias, y que fundada en los antecedentes jurisprudenciales que cita en su defensa, ha considerado desde siempre que no se encontraba alcanzada por el tributo que se le reclama. Sostiene que resulta improcedente la aplicación de la multa desde que no se han configurados los elementos objetivo y subjetivo del tipo.
Formula Reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a bajo el IF-2022-108384340-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el recurso. Que por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas al recurrente. Acompaña los antecedentes administrativos y hace reserva de Caso Federal.
III. Que visto el estado de autos, bajo la PV-2023-124255809-APN-VOCIV#TFN se elevan a consideración de la Sala “B”, y mediante IF-2023-143975229-APN-VOCIV#TFN se ponen para el dictado de sentencia.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia del recurso interpuesto. Que como se ha reseñado en el relato de los hechos, la recurrente considera que las remuneraciones que percibió como Jueza de Faltas de la Municipalidad de Resistencia se encuentran exentas del impuesto a las ganancias, sustentándose en lo previsto en la Acordada Nro. 20/96 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las normas municipales que legislan al Poder Judicial Municipal, en virtud de las cuales entiende que se encuentra equiparada a los miembros del Poder Judicial de la provincia y de la Nación en lo que se refiere a prerrogativas, inmunidades y régimen de sueldos.
Que por su parte, el Fisco Nacional supone que un Juez de Faltas no reúne los requisitos dispuestos en el articulo 110 de la Constitución Nacional, pues no se trata de un juez de los tribunales inferiores de la Nación. Insiste en que la categoría de revista de la contribuyente no resulta asimilable a una categoría “igual o superior” a la de un juez de primera instancia, de acuerdo a lo establecido por el derogado art. 20 inc. p) de la ley del gravamen y de aplicación conforme la Acordada N° 20/96 de la CSJN, sino que corresponde a una categoría inferior, por lo que no resulta incluida en los beneficios que aquella otorga. Asimismo, hace hincapié en que la situación aquí discutida ya fue zanjada en segunda y tercera instancia de la Justicia, cuando la Cámara Federal de Resistencia desestimó el recurso de amparo intentado por la recurrente, pronunciamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que tal como se encuentra delimitada la controversia, se previene que la cuestión a decidir radica en determinar si la Acordada del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, teniendo en miras el ordenamiento jurídico local y municipal, permite aseverar que la recurrente se encuentra exenta del pago del impuesto a las ganancias, en virtud de la equiparación que invoca con respecto a los funcionarios del Poder Judicial provincial.
En ese aspecto, cabe recordar aquí que con la sanción del artículo 1 inc. a) de la ley Nro. 24.631, se dispuso la derogación del inciso p) del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias, y de tal manera, quedó sin efecto la exención en el tributo de la que gozaban los jueces y funcionarios judiciales, como asimismo los miembros del Tribunales de Cuentas y de los Tribunales Fiscales. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada Nro. 20/96 declarando la inaplicabilidad a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación de la norma que dispuso la citada derogación, lo que resultó extensible a los miembros de los poderes judiciales provinciales con la emisión de las respectivas acordadas de las Cortes provinciales.
En ese orden del razonamiento, y atendiendo al caso de autos, corresponde mencionar que el articulo 154 de la Constitución de Chaco, incluido dentro de la Sección 5ta. que legisla lo relativo al Poder Judicial provincial, dispone:
“Los magistrados y los representantes del ministerio público, conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta, cumplan sus obligaciones legales, no incurran en falta grave, mal desempeño o abandono de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, comisión de delito doloso o inhabilidad física o psíquica. Deberán resolver las causas dentro de los plazos que las leyes procesales establezcan y será causal de remoción, la morosidad o la omisión.
Cuando se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación, podrán optar por su permanencia en el cargo que desempeña en ese momento, hasta haber cumplido los setenta años. Un nuevo nombramiento será necesario para mantener en el cargo a magistrados y funcionarios, una vez que cumplan esa edad. Se establecerá por ley la carrera judicial para magistrados, funcionarios y representantes del ministerio público, como así la capacitación permanente y la obligación inexcusable de brindar sus conocimientos y aportes de experiencia en beneficio de otros miembros de la magistratura y de los empleados judiciales. La ley creará un sistema integrado y público de estadísticas judiciales para el control ciudadano de la administración de justicia.
Gozarán de las mismas inmunidades de los legisladores. Su retribución será establecida por ley y no podrá ser disminuida con descuentos que no sean los que se dispusieren con fines previsionales, tributarios o con carácter general.
La inamovilidad comprende el grado y la sede. No podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento”.
En lo que aquí interesa, se advierte que la norma transcripta nada dice con respecto a los miembros de Tribunales de Faltas Municipales, pues su tratamiento se encuentra en la Sección 7ma. que dispone lo atiente al Regimén Municipal. Concretamente, su articulo 200 establece que “La ley orgánica municipal o Carta Orgánica respectiva, en su caso, preverán la creación de tribunales de faltas, su organización, funcionamiento, integración, atribuciones, condiciones de eligibilidad, remoción de sus miembros y competencias”. De la norma transcripta, se observa sin hesitación que los jueces de faltas no poseen similar tratamiento constitucional que el que se otorga a los jueces de la Provincia y/o de la Nación, mucho menos, que aquellos se encuentren equiparados a estos últimos.
A su turno, la Carta Orgánica Municipal tampoco lo dispone, pues su articulo 174 ordena que “Los jueces percibirán una remuneración que no podrá superar a la del Presidente del Concejo Municipal con más las bonificaciones comunes al personal municipal. Tendrán las mismas inhabilidades que los Concejales. No podrán participar en organizaciones ni actividades políticas; ni ejercer su profesión, o desempeñar empleo, funciones u otras actividades dentro o fuera de la Provincia y del Municipio, excepto la docencia universitaria”; y su articulo 175 que “(...) gozarán de las mismas inmunidades que las previstas para los Concejales ...”.
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal Nro. 4233 en su articulo 124 expresa que “Las municipalidades podrán crear tribunales de faltas municipales, los que estarán a cargo de un juez titular designado por la mitad más uno de los miembros de consejo municipal, a propuesta del Intendente. Sera inamovible mientras dure su buena conducta y cumpla con sus obligaciones legales.
Podrá ser removido, por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del consejo municipal respectivo, siempre que no se observe buena conducta, no cumpla con sus obligaciones legales o cometa delito doloso o por inhabilidad fisica y/o psiquica, aplicandose en estos casos el procedimiento establecido para las sanciones y remocion de los consejales”.
Que ello así, a los fines de dilucidar la controversia, corresponde analizar si el cargo que detenta la recurrente puede ser equiparado al de un juez del Poder Judicial provincial y/o Nacional, desde que las características de la Justicia Municipal que invoca -se comprende- no pueden ser interpretadas en forma aislada, a los fines de sustentar la exención cuyo goce pretende.
Que en efecto, de la lectura de las normas involucradas en la controversia -ya transcriptas, en lo sustancialse vislumbra que los funcionarios municipales no se encuentran comprendidos por la protección constitucional de la intangilibilidad de sus remuneraciones con la que sí se amparó a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial -aunque no de modo absoluto, conforme las excepciones consignadas en el 5° párrafo del art. 154 de la Constitución Provincial-. Tampoco lo hizo la Carta Orgánica Municipal, atendiendo a los límites circunscriben su competencia. En tales condiciones, no resulta admisible una interpretación extensiva por tratarse de una exención impositiva que no reviste carácter personal, toda vez que se le acuerda a la institución del Poder Judicial con particularísima consideración de la naturaleza de las funciones que constitucionalmente le fueron asignadas.
Que a este respecto, para la interpretación de las normas en pugna corresponde remitirse a la doctrina legal sentada por nuestro Máximo Tribunal en “SZELAGOWSKI, Ricardo C. c/ Estado Nacional-AFIP” de fecha 28/09/2010 (Fallos 333:1841) (ver también “Fernández Arias c/ Poggio” (Fallos 247:656) ratificado -en lo sustancial- en “Angel Estrada y Cía. S.A”, sentencia de fecha 05/04/2005), en la que se dijo que, la equiparación de aquellos funcionarios que no necesariamente forman parte del Poder Judicial radica en el carácter de las funciones que cumplen dentro del órgano que integran, e interpreta que aquellas prerrogativas otorgadas no lo son en miras de la persona sino de la institución. Que en lo que aquí interesa, no es dable transpolar aquella intangibilidad prevista inicialmente por la ley de ganancias, en el artículo 20, inciso p) -luego derogado- al cargo detentado por la Sra. Gutierrez, desde que ab initio la dispensa alcanzaba únicamente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de Cuentas y tribunales Fiscales de la Nación y las provincias.
Que de la lectura de las normas involucradas en la controversia, se observa que las prerrogativas constitucionales otorgadas por la Constitución de Chaco a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, no incluye a aquellos que forman parte de los órganos creados y regidos por la Carta Orgánica Municipal, los que tienen sus propias normas de elección y remoción, se encuentran equiparados a los miembros del Consejo Municipal. En suma, los funcionarios municipales no gozan, a nivel constitucional, de la garantía de intangibilidad en sus remuneraciones, por lo que invocar una equiparación resulta a todas luces carente de sustento.
En este orden del razonamiento, no debe perderse de vista que como lo subrayó la Corte Nacional en los antecedentes citados, las prerrogativas se acuerdan a la institución y no a la persona o el cargo que detenta. Desde tal optica, ocurre en el caso de autos que las normas que rigen la creación y demas pormenores relativos a los jueces que conforman el poder judicial municipal, no lo han amparado con las garantias que si poseen los jueces del poder judicial provincial, o en su caso, nacional, y no corresponde a este Tribunal hacer una interpretación extensiva como lo requiere la recurrente, pues escapa al ámbito de su competencia.
En ese sentido, no caben dudas de que la que se propone es la correcta interpretación de la norma, toda vez que resulta clara al establecer expresamente como parámetro para la exención los sueldos de los Jueces de Primera Instancia, resultando inapropiado e improcedente efectuar una interpretación basada en una inexistente analogía y alterar indirectamente los términos de la letra de la ley. Recordemos aquí que la razón de ser de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones no es concedida a modo de privilegio personal sino en mérito a la institución “poder judicial”, es decir, no tiene como destinatarias a las personas que ejercen la magistratura, sino a la totalidad de los habitantes que gozan del derecho a acceder a un servicio de justicia configurado bajo las pautas que rigen el sistema republicano de gobierno establecido por la Ley Fundamental (conf. Fallos 176:75).
Que por último, en su defensa la apelante no invoca jurisprudencia surgida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hubiere sentado una interpretación distinta a la aquí propuesta, debiendo este Tribunal limitarse al análisis de las normas en cuestión a la luz de la doctrina emitida por aquel Máximo Tribunal, arribando a la conclusión de que la equiparación que requiere la apelante a los fines del goce de la exención carece de sustento legal que la fundamente.
Asimismo, se advierte en el caso el compromiso de las normas municipales y el régimen federal de gobierno, que tampoco es facultad ni competencia de este tribunal jurisdiccional, no pudiendo pronunciarse sobre la procedencia de equiparar jueces municipales a aquellos que conforman los Poderes judiciales de provincia y de la Nación.
Que en este orden de razonamiento y no existiendo otros agravios contra la determinación de oficio que impugna -destacándose que al momento de requerirse informacion y correr la vista de las actuaciones, la recurrente no brindó los datos solicitados por el Organismo Fiscal- corresponde confirmar la resolución recurrida por encontrarse alcanzadas por el impuesto a las ganancias las remuneraciones percibidas por el Sra. Alicia Gutierrez, en su carácter de Jueza de Faltas de la Municipalidad de Resistencia.
V. Que en mérito a lo resuelto en el considerando precedente, corresponde ahora dar tratamiento a la multa aplicada en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, graduada en el ciento por ciento del tributo dejado de ingresar.
Que la infracción en cuestión requiere para su configuración, la concurrencia de dos elementos: por un lado, la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable. Que se trata de una conducta típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan como contribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal.
Que la actora alega que jamás ha tratado de evadir o infringir sus responsabilidades tributarias, y que ha mantenido un accionar coherente a lo largo de su trayectoria como jueza, entendiendo que no era contribuyente del impuesto a las ganancias. Ello así, afirma que no se verificó ni objetiva ni subjetivamente la intensión de no cumplir con sus obligaciones tributarias.
Que no obstante, de las constancias de autos no surge que la recurrente hubiera arrimado prueba que justifique su planteo, advirtiendo este Tribunal que como se expuso en el considerando precedente, las normas en cuestión eran claras y no merecían mayores inconvenientes para su aplicación e interpretación.
Por ello, el planteo no puede prosperar.
En cuanto a la escala punitiva aplicada, corresponde indicar que la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal respecto de la razonabilidad del acto sancionatorio, y en el caso concreto, entendemos que la sanción no ha sido adecuadamente graduada por aquel, pues teniendo en cuenta el hecho de que el contribuyente de autos carece de antecedentes infraccionales, corresponde reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva.
La solución que se adopta proyecta efectos prácticos sobre las multas aplicadas respecto de los periodos fiscales 2015 y 2016 durante los cuales el texto del art. 45 de la Ley 11.683 -modificado más tarde por art. 197 de la Ley N° 27.430 (B.O. 29/12/2017)- establecía un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del impuesto omitido.
Por lo merituado, corresponde confirmar la multa aplicada, reduciéndola al mínimo legal de su escala. El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al relato de los hechos que efectúa el Vocal preopinante más no las conclusiones a las que arriba en su voto.
Que no escapa al suscripto lo resuelto por la Cámara Federal de Resistencia en el amparo incoado por la aquí recurrente. No obstante, cabe tener presente que dicho decisorio se produce en el marco limitado de conocimiento de una acción de amparo, en tanto aquí se encuentra en discusión la resolución determinativa emanada de la AFIP-DGI con posterioridad a aquel proceso, debiendo este Tribunal, en el marco del procedimiento tributario reglado por la Ley 11683 y con las amplias facultades que la misma otorga a este Tribunal para resolver el caso, decidir -en el marco de su competencia- la procedencia o no del ajuste determinado a la luz de la normativa aplicable. Por otra parte, cabe tener presente que conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 16.986, la sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.
Por lo tanto, corresponde al suscripto analizar la cuestión traída a decisión de este Tribunal. Que cabe tener presente que de conformidad con los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, cada provincia debe dictar su propia Constitución bajo el sistema representativo republicano, y que asegure su administración de justicia y su régimen municipal, entre otras condiciones, asegurando la autonomía municipal reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. El principio republicano de gobierno implica que debe asegurarse la división de poderes tanto a nivel provincial como municipal.
La propia Constitución provincial o las propias leyes o cartas orgánicas municipales deben asegurar la división de poderes, que hace a la forma republicana de gobierno, reconociendo un poder judicial local que tendrá como finalidad esencial el juzgamiento de las controversias que se susciten del ejercicio de la competencia local.
Cabe destacar que la autonomía municipal a partir de las consideraciones vertidas por la CSJN al resolver la causa “Rivademar” (Fallos 312:326) y la reforma constitucional del año 1994, le reconoce a las municipalidades el ejercicio de un poder pleno y completo, abarcativo de las diversas funciones que comprometen la actividad estatal.
En tal sentido, el artículo 182 de la Constitución de la Provincia del Chaco establece que “Todo centro de población constituye un municipio autónomo, cuyo gobierno será ejercido con independencia de otro poder, de conformidad con las prescripciones de esta Constitución, de la ley orgánica que dicte la Cámara de Diputados o de la Carta Orgánica municipal, si correspondiere”.
Por su parte, el artículo 200 de la misma dispone que “La ley orgánica municipal o la Carta Orgánica respectiva, en su caso, preverán la creación de tribunales de faltas, su organización, funcionamiento, integración, atribuciones, condiciones de elegibilidad, remoción de sus miembros y competencia”. La legislatura provincial dictó la Ley Orgánica Municipal -Ley 4233-, la cual en su artículo 1 aclara que dicha ley “...regirá: a) En los Municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica; y b) en los Municipios que no hayan dictado su Carta Orgánica, estando facultados para hacerlo”.
Además dicha ley en su artículo 124 expresa: “Las municipalidades podrán crear Tribunales de Faltas Municipales, los que estarán a cargo de un Juez titular designado por la mitad más uno de los miembros del Concejo Municipal, a propuesta del Intendente. Será inamovible mientras dure su buena conducta y cumpla con sus obligaciones legales. Podrá se removido, por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Municipal respectivo, siempre que no observe buena conducta, no cumpla con sus obligaciones legales o cometa delito doloso o por inhabilidad física y/o psíquica, aplicándose en estos casos el procedimiento establecido para las sanciones y remoción de los concejales”. El artículo 125 requiere para el desempeño del cargo “... tener como mínimo veinticinco (25) años de edad, cinco (5) de ejercicio de la ciudadanía, ser abogado, residencia en el municipio; debiendo prestar juramento de fiel desempeño de su cargo ante el Intendente del Municipio. Su remuneración será establecida en el presupuesto comunal”. El artículo 126 establece las incompatibilidades y el artículo 127 su competencia, señalando: “El Juez Contravencional tendrá a su cargo el juzgamiento de las faltas, infracciones o contravenciones municipales que se cometan dentro del municipio, pudiendo dictar las órdenes de allanamiento para la aplicación del artículo 206 inciso 8) de la Constitución Provincial 1957-1994, que resulten violatorias a las prescripciones del Código de Faltas Municipal y/u ordenanzas y resoluciones y de todo aquello cuya aplicación y represión corresponda a la municipalidad por vía ordinaria o delegada.”
Por su parte, la ciudad de Resistencia, en cuya justicia de faltas se desempeñaba la aquí actora, dictó su Carta Orgánica legislando sobre el gobierno municipal en su Título Segundo, disponiendo que el mismo se compone de un Departamento Legislativo (Concejo Municipal) -Capítulo Segundo de ese Título-, Departamento Ejecutivo (Intendente Municipal) -Capítulo Quinto- y un Departamento Judicial -Capítulo Octavo-.
En su artículo 170 establece que el Departamento Judicial será ejercido por una Cámara Municipal de Apelaciones, y los Jueces Municipales de Faltas. Surge del mismo artículo que los Jueces serán designados por el Concejo Municipal, previo concurso público de antecedentes y oposición, de entre los tres postulantes que obtuvieren el mayor puntaje. Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta. Por su parte el artículo 171 regula sobre su competencia, señalando que tendrán a su cargo el juzgamiento de las faltas, infracciones o contravenciones a las ordenanzas del Municipio, leyes provinciales o leyes nacionales cuya aplicación, por delegación o concurrencia, competa al Municipio y toda otra competencia prevista en esta Carta Orgánica.
En cuanto a los requisitos para ocupar el cargo el artículo 172 establece que se requerirá ser argentino nativo o naturalizado, tener veintisiete años de edad, cinco de ejercicio en la ciudadanía e igual residencia en el Municipio; título de abogado expedido por Universidad Nacional o revalidado en el país, con más de cinco años de antigüedad en el ejercicio activo de la profesión o de la magistratura. El artículo 174 legisla sobre su remuneración, inhabilidades e incompatibilidades. Surge allí que los jueces percibirán una remuneración que no podrá superar a la del Presidente del Concejo Municipal con más las bonificaciones comunes al personal municipal. Tendrán las misma inhabilidades que los Concejales. No podrán participar en organizaciones ni actividades políticas; ni ejercer su profesión, o desempeñar empleo, funciones u otras actividades dentro o fuera de la Provincia y del Municipio, excepto la docencia universitaria. El artículo 175 establece que gozan de las mismas inmunidades que las previstas para los Concejales y que estarán sujetos a Juicio Político por las siguientes causales: incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo; incurrir en falta grave, mal desempeño o abandono de sus funciones; desconocimiento inexcusable del derecho; comisión de delito doloso; inhabilidad psíquica o física sobreviniente y morosidad en resolver las causas a su cargo. Entre sus atribuciones además el artículo 176 les otorga las siguientes: 1. elaborar su propia partida presupuestaria anual en acuerdo de Jueces, que luego giraran al Intendente Municipal para su incorporación al Presupuesto del Municipio; 2. designar, previo concurso público de antecedentes y oposición, y con arreglo a la reglamentación específica dictada sobre la base de los principios de estabilidad, idoneidad, capacitación y especialización permanente, y a la partida presupuestaria asignada, a los Secretarios, funcionarios y demás personal auxiliar de los juzgados; 3. presentar ante el Concejo Municipal proyectos de ordenanza relacionados con su organización y funcionamiento; 4. las demás facultades establecidas en el Código Procesal Municipal. Por último el artículo 177 les otorga poder de Policía, estableciendo que la Justicia Municipal será auxiliada, cuando así sea necesario, por la fuerza pública municipal y provincial para hacer cumplir sus fallos.
Ello así, desde el punto de vista institucional, se advierte que se ha instaurado un órgano dotado de autonomía funcional, inamovilidad e independencia en relación a los otros estamentos que componen la municipalidad. Ello lleva a concluir que cualquiera sea su posición escalafonaria en la organización comunal, la justicia municipal de faltas ejerce funciones jurisdiccionales en un marco de incumbencias determinadas y separadas de los órganos ejecutivo y deliberante municipal, siendo claramente alcanzada por la protección de la garantía de intangibilidad cuya finalidad no es otra que mantener y asegurar su independencia funcional.
Por último, en cuanto al argumento de que el sueldo de los jueces de falta son menores al de un juez de primera instancia y que, por consiguiente, no cumplen con el requisito del artículo 20, inc. p), quedando fuera del universo definido para el alcance de la exención y que retoma la Acordada Nº 20/96 de la CSJN, no puede perderse de vista que las escalas remunerativas de los distintas jurisdicciones no responden a una concepción uniforme, encontrándose sujetas a las posibilidades presupuestarias de aquellas. Aferrarse a la estricta etimología de los términos arriesga a engendrar inequidades irritantes en el tratamiento fiscal aplicable como así también una intromisión indebida en la organización de cada Jurisdicción (véase en tal sentido sentencias de la Sala “D”, in re “Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro s/apelación”, del 11/9/2006, y “ALLOLIO Isabel Norma s/apelación”, del 18/3/2019). Por otra parte, la referencia del citado inciso a los montos de los jueces de primera instancia se encuentra en la segunda oración de la norma, en cuanto declara alcanzados por la exención a los restantes funcionarios judiciales siempre que sus salarios sean iguales o superiores a los de los jueces de primera instancia. Que en función de lo expuesto, del análisis de las normas reseñadas a lo largo del presente voto, se advierte que la justicia de faltas es un órgano que tiene asignadas funciones jurisdiccionales que deben ser resguardados con todos los principios constitucionales que aseguren su independencia, entre ellas la intangibilidad de sus remuneraciones. La especialización técnica que requiere la actividad jurisdiccional que tiene asignada exige una separación de la función política del gobierno municipal. Ello así, cabe concluir que los jueces de faltas ejercen funciones jurisdiccionales y no pueden ser caracterizados como simples funcionarios administrativos, en tanto han sido instituidos como órganos dotados para el cumplimiento de sus cometidos, de autonomía funcional e independencia, en relación a los restantes departamentos que componen el municipio. Por lo tanto, voto por revocar el acto recurrido en esta instancia. Las costas por su orden, atento las particularidades del caso traído a decisión. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero al relato de los hechos que efectúa el Dr. Magallón como así también a las conclusiones extraídas, compartiendo en lo sustancial los argumentos utilizados por mi distinguido colega de Sala para arribar a las mismas.
Concretamente respecto del fondo de la cuestión, entiendo que el derogado inciso p) del art. 20 de la ley del Impuesto a las Ganancias y la Acordada 20/96 de la Corte Suprema que declaró inaplicable dicha derogación, en ningún momento hacen alusión a jueces de faltas o funcionarios municipales. Tampoco la normativa provincial ni municipal reseñada hace si quiera una equiparación de remuneraciones con jueces alcanzados con el marco exentivo mencionado.
Por lo expuesto, concluyo que, en relación a la recurrente, como jueza de faltas de la Municipalidad de Resistencia, no existe norma vigente alguna que establezca directa o indirectamente –por equiparación de remuneraciones por ejemplo- un trato exentivo respecto de sus retribuciones en el Impuesto a las Ganancias.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
I. Confirmar la resolución apelada en tanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con costas.
II. Confirmar la multa aplicada, reduciéndola al mínimo de su escala con arreglo a lo señalado en el considerando V del voto del vocal preopinante. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por su orden en lo que se reduce.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.12.11 10:51:06 ART Date: 2023.12.11 15:15:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.11 20:29:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.11 20:30:07 -03:00
Fin de la sentencia