Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 183.076
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la resolución del 9 de diciembre de 2024 y ordenar que se continúen los pasos procesales pertinentes para la cuantificación del rubro reconocido en el considerando «IV.1.» de la sentencia definitiva del 30 de mayo de 2024;
II. Las costas de ambas instancias se imponen a la firma Sancor Seguros (art. 68 del CPCCBA) III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
Expte. Nº 183076 - Juzgado Civil y Comercial N°10 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “GUTIERREZ, EMILIANO OSCAR C/ SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Dr. Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la resolución del 9 de diciembre de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 9 de diciembre de 2024, la Sra. Jueza de primera instancia, dejó sin efecto la designación de un perito contador. Argumentó, en línea con lo señalado por la demandada, que en el “acuerdo indemnizatorio integral” presentado por las partes se declaró que la percepción de lo allí consignado agotaba el reclamo de la parte actora, y nada más podía reclamarles a las accionadas.
II. Apeló el actor el 18 de diciembre de 2024 y fundó su recurso el 3 de febrero de 2025, con réplica de Sancor Seguros el 10 de febrero de 2025.
Los agravios de la accionante son los que siguen:
i) Alega que la magistrada no tuvo en cuenta que la sentencia definitiva se encontraba firme, por lo que los rubros reconocidos en ella “alcanzan definitivamente el carácter de propiedad y como tal gozan de toda la protección legal que se ha instituido en favor de la misma, la que va desde la Constitución Nacional hasta las leyes de fondo que se han dictado en consecuencia”.
ii) Afirma que, para liberar al deudor, debe mediar una renuncia expresa del acreedor, lo que no ha sucedido en el acuerdo presentado el 14 de febrero de 2014 respecto de los rubros que debían cuantificarse mediante el procedimiento dispuesto en la sentencia. Destaca que la renuncia de derechos no puede presumirse.
iii) Indica que el “acuerdo transaccional” fue específico, y contempló “únicamente (...) los rubros liquidados en la sentencia”, y que son el daño moral y el punitivo. El acuerdo, refiere, estuvo motivado por la discordancia que las partes tenían en torno a la liquidación de tales parciales.
iv) Manifiesta que nunca dio señales de abandonar la tarifación y cobro del rubro sujeto a cuantificación. Prueba de ello, dice, es la reserva que se hace en el párrafo final del escrito del 27 de junio de 2024 y la promoción de la incidencia el 14 de octubre de 2024.
v) Reclama que, de las dos interpretaciones posibles del acuerdo, debe optarse por aquella que concluye que no hubo renuncia, la cual —agrega— es la más favorable al consumidor.
III. La recurrente tiene razón.
a. Al momento en que las partes presentaron el acuerdo que denominaron “transaccional” en agosto de 2024 la sentencia definitiva ya se encontraba firme. Esto significa que no había posibilidad técnica de arribar a una transacción dado que no existía ni un derecho dudoso ni uno litigioso en los términos del art. 1641 del CCyC. La decisión de mérito, firme para las partes, había desmantelado la «res dubia», brindado certeza en torno a: (1) la existencia del derecho cuya existencia fue motivo de debate y (2) la calidad de deudores de los accionados condenados. Lo que hubo es un simple acuerdo de pago con relación a dos de los tres rubros reconocidos en una condena firme.
b. El problema surge porque la redacción del acuerdo fue extremadamente imprecisa.
Los letrados de las partes llamaron transacción a un acuerdo de pago celebrado en la etapa de ejecución de una sentencia firme; y lo denominaron integral cuando estaba haciendo referencia a una porción y no a la totalidad de los rubros reconocidos en la condena, sin explicar, mencionar o referir siquiera al crédito aún pendiente de cuantificación. Lo que debió ser un acto que facilite la percepción de una condena a favor del actor triunfante, se transformó previsiblemente en el origen de nuevas incidencias interpretativas a resolver por el órgano jurisdiccional. Como sea, generada ya la necesidad de interpretar la voluntad de los otorgantes, entiendo que tiene razón la actora: no hay elementos que permitan acreditar una voluntad expresa o tácita de renuncia a un derecho creditorio.
Tres motivos me persuaden de esta conclusión.
b.i. En primer lugar, la tesis sostenida por la demandada presupone equivocadamente que el debate interpretativo se da en un contexto transaccional del cual pretende inferir que la actora realizó algún tipo de concesión, de aquellas que recíprocamente hacen las partes para poner fin a un litigio. Ello no es así. La actora llega a ese acuerdo sin nada para transar, ni nada para conceder, pues había ganado el pleito y los tres rubros fueron reconocidos en una condena que se encuentra firme. No existiendo transacción, ni concesiones recíprocas de ninguna especie, era carga de las accionadas demostrar una clara e inequívoca voluntad abdicativa de la actora en torno al derecho preterido en el negocio. Y esa prueba queda limitada por las pautas de los arts. 948 y 951 del Código Civil y Comercial: la renuncia no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirla es restrictiva. b.ii. En segundo lugar, del texto del acuerdo —con los déficits de redacción ya apuntados— tampoco emergen elementos, actos, indicios o conductas que permitan inferir la voluntad de la accionante de remitir gratuitamente la deuda. Y digo gratuitamente porque no estaría claro cuál fue la contraprestación que Gutiérrez recibiría a cambio por la pretensa renuncia del tercer rubro no considerado, teniendo en cuenta la condena firme y previsible facilidad para cobrar su crédito frente a dos personas jurídicas de reconocida solvencia patrimonial.
Al responder el memorial, la demandada destacó una y otra vez el vocablo “integral”. Pero no encuentro allí un dato relevante del cual pueda inferirse una voluntad abdicativa de la reclamante. O bien esa denominación fue equivocada (pues de integral nada tenía, considerando que faltó incluir al tercer rubro preterido), o bien esa denominación queda circunscripta a lo que en ese negocio fue motivo de acuerdo. Es decir, el acuerdo fue integral con relación al pago de los rubros explícitamente contemplados en su texto. Del título del negocio no puede la accionada pretender inferir que todo lo no expresamente acordado o mencionado queda automáticamente renunciado. Esa lectura, a mi juicio, es inaceptable a la luz de lo normado en los arts. 948 y 951 del CCyC.
De hecho, el negocio fue presentado pocos días hábiles después de generada una incidencia en torno a una liquidación que exclusivamente refería al daño moral y al daño punitivo. No parece casualidad, entonces, que en ese particular contexto el acuerdo también refiera a esos mismos dos rubros, sin mencionar siquiera al tercer crédito de la actora que aún estaba pendiente de cuantificación (y sobre el cual, naturalmente, tampoco podía existir aún una incidencia o debate en torno a su liquidación). Este dato contextual me lleva a pensar que todo el acuerdo debe ser entendido con relación a los rubros cuyo cobro allí estaban pautando, sin que sea extrapolable a otros conceptos aun pendientes de cuantificación por parte de la jueza (los cuales, por ese motivo, y no por otro, las partes no contemplaron al acordar). b.iii. En tercer lugar, e íntimamente vinculado a lo anterior, no comparto los argumentos de la demandada con relación a las expresiones contenidas en el punto 6 del acuerdo.
Es cierto que la actora dijo no tener más que reclamar a las demandadas, una vez percibida las sumas (punto 6 del acuerdo). Pero no encuentro en esta frase un dato determinante que oriente la decisión en la forma en que propone la demandada. En rigor, la frase completa —interpretando el punto 6 conjuntamente con lo dispuesto en el punto 4— es que la actora nada más tendría para reclamar a las demandadas una vez percibidas las sumas que serían abonadas dentro de los 30 días de presentado judicialmente el acuerdo, cosa que nunca ocurrió dado que Chevrolet S.A. pagó en forma defectuosa y vencido el plazo que ella misma se procuró en el negocio (art. 871 inc. "b" del CCyC). Sancor Seguros hace una lectura selectiva y parcelada del negocio, enfatizando la parte que considera que le favorece (que la percepción de las sumas vedaban a la actora de realizar otros reclamos) e ignorando la que no le conviene (que el pago debía ser realizado en un plazo que ella misma incumplió).
Segundo, y más allá de lo anterior, no encuentro razones de peso para interpretar que el giro “nada quedará por reclamar por parte de los actores” incluye una mención implícita a un rubro aún no cuantificado y que el negocio siquiera contempla, lo que —a criterio de la demandada— implicaría una voluntad de abdicación de un derecho. En el marco de perplejidad que genera la redacción del acuerdo, y considerando las variables ya descriptas, me inclino a pensar que el giro nada quedará por reclamar refiere exclusivamente a los rubros que allí son objeto de acuerdo de pago (y no de transacción) sin que existan razones para considerar que el verbo “reclamar” comprendía al tercer rubro preterido, que no fue objeto de acuerdo o de consideración siquiera (ni tampoco formaba parte de la incidencia de liquidación que se había gestado pocos días antes de la celebración del negocio). c. En suma, son las demandadas que pretenden hacer valer ahora una supuesta renuncia las que debieron procurar una redacción más clara del acuerdo en el que pretenden hallar la causal de extinción del crédito del actor. Aquí no hay voluntad abdicativa alguna que emerja del instrumento mal llamado transaccional, y tampoco encuentro actos, conductas o elementos que permitan inferir la remisión —gratuita, por cierto— de un derecho creditorio reconocido en una sentencia firme (art. 948 y 951 del CCyC).
Propondré al acuerdo revocar la resolución del 9 de diciembre de 2024 y ordenar que se continúen los pasos procesales pertinentes para la cuantificación del rubro reconocido en el considerando «IV.1.» de la sentencia definitiva del 30 de mayo de 2024. Las costas de primera y segunda instancia se imponen a la firma Sancor Seguros en su calidad de vencida (arts. 68 y 274 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo: Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la resolución del 9 de diciembre de 2024 y ordenar que se continúen los pasos procesales pertinentes para la cuantificación del rubro reconocido en el considerando «IV.1.» de la sentencia definitiva del 30 de mayo de 2024; II) Las costas de ambas instancias se imponen a la firma Sancor Seguros (art. 68 del CPCCBA) III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la resolución del 9 de diciembre de 2024 y ordenar que se continúen los pasos procesales pertinentes para la cuantificación del rubro reconocido en el considerando «IV.1.» de la sentencia definitiva del 30 de mayo de 2024; II) Las costas de ambas instancias se imponen a la firma Sancor Seguros (art. 68 del CPCCBA) III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGISTRAR Y NOTIFICAR al Ministerio Público y a las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA).
Oportunamente, devuélvase.
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Fin de la sentencia